En aras de la transparencia que exige el sistema democrático a sus instituciones y a quienes las representan, es indispensable que el presidente saliente del Tribunal Constitucional (TC), César Landa Arroyo, explique al país las razones de su renuncia.


Se señala extraoficialmente razones de índole personal. Pero, algunos magistrados del TC han dejado entrever otros problemas, rencillas internas e incluso cuestionables injerencias políticas, lo cual exige una aclaración frontal. Así, resulta preocupante que se diga que Landa "no estaba dispuesto a (realizar) algunos cambios en el sistema de trabajo" del tribunal, y que percibía que el resto de magistrados no estaba conforme con su labor.


Estos dimes y diretes no contribuyen a la transparencia y credibilidad del TC. Por el contrario, tienden innecesariamente un manto de duda sobre la imagen de una institución trascendental, máxima instancia responsable del control de la Constitución, que debe caracterizarse precisamente por su impecabilidad, autonomía e independencia.


Lo más grave es que esta aparente crisis se da cuando el TC debe pronunciarse sobre asuntos de enorme relevancia, como la matanza de El Frontón, perpetrada en el primer gobierno aprista.


Por ello, el TC y el propio doctor Landa deben deslindar posiciones, más ahora cuando la presidencia del TC ha recaído en manos de Carlos Mesía, ex miembro del Apra y ex asesor de esa bancada, a quien tiene que exigírsele, como a todos los tribunos, una actuación imparcial y acorde a derecho. La autonomía y el respeto del TC dependen también de la justeza y coherencia de sus fallos.