Diversas son las interpretaciones que dan los abogados constitucionalistas, respecto al fallo de la Séptima Sala Civil del PJ, que resolvió a favor de los fonavistas ordenando la convocatoria a un referéndum.

El constitucionalista Domingo García Belaunde calificó de “irrelevante” la resolución del Séptimo Juzgado Civil del PJ a favor del referéndum, ya que la última sentencia del Tribunal Constitucional establece otras opciones para la devolución de los aportes del Fonavi, que es justamente lo que pretende el gobierno con la inscripción de los fonavistas.

“La parte judicial está de más, pues el Ejecutivo ya está avanzando un programa de implementación de la (última) resolución del TC. ¿Qué tiene que hacer ahí el juez?”, manifestó.

García Belaunde sostuvo que “los fallos se interpretan como una unidad” y, por ende, el último fallo es el que prima sobre los anteriores, por lo cual consideró que hay un problema de interpretación por parte de los fonavistas.

“La última sentencia no anula (el fallo anterior), pero sí lo precisa y da otras alternativas (…) hay tres sentencias, hay que interpretarlas conjuntamente. El primer fallo era tajante a favor del referéndum, las otras sentencias han cambiado el panorama dando otras opciones”, expresó.
Señaló además que lo importante no es hacer un referéndum, sino que los fonavistas reciban una compensación, pero no interesa de qué manera.

Agregó que la inscripción previa de los fonavistas permitirá hacer un balance de lo que se ha hecho, y determinar quiénes son los beneficiarios. “Los referéndums son simplemente expresiones políticas de un deseo y punto”, dijo.

Distinta fue la opinión del constitucionalista César Valega, quien señaló que el último fallo del TC, que plantea otras opciones para la devolución de los aportes del Fonavi, es simplemente una recomendación y no modifica en nada la decisión plasmada en la primera resolución del TC, que falla a favor del referéndum.

“Siendo una recomendación, no es obligatoria, eso no modifica su acuerdo inicial porque además las resoluciones del Tribunal no pueden ser modificadas”, subrayó.

Remarcó que el TC nunca ha rechazado el referéndum, pero ante la presión y la polémica que generó el tema, este organismo estableció una recomendación en su última sentencia, “pero eso no cambia la decisión anteriormente tomada”.

Consideró que el Congreso debería emitir una ley ordenando el pago de estos aportes, a fin de acabar con la polémica que ha generado un eventual referéndum, “entonces el referéndum queda sin efecto”.
Vilma Ayala. Expreso