17/05: El dilema no resuelto
Por Sinesio López para la revista Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad CISEPA – PUCP 5
La década de 1990 fue un ciclo antipartido, actitud impulsada tanto por el gobierno como por la sociedad misma. Fue la respuesta a la incapacidad del sistema político peruano de los años 1980, sostenido por los gobiernos democráticos y los partidos de entonces, para resolver los graves conflictos de ese periodo: agotamiento de la industria sustitutiva de importaciones (ISI) como modelo de desarrollo, el problema de la deuda externa y la violencia terrorista.
Con la caída de Fujimori —que se debió a la crisis recesiva de 1997-2000, al descubrimiento de una enorme corrupción sistémica y a la movilización democrática de amplios sectores sociales y políticos (la Marcha de los Cuatro Suyos)—, los partidos políticos tuvieron la oportunidad de volver a la escena. El gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua contribuyó a crear un clima adecuado para la participación partidaria. Todo parecía indicar que se iniciaba un nuevo ciclo partidario acompañado por un nuevo outsider que, sin embargo, no se consideraba antipartido: Alejandro Toledo. Este se impuso con una victoria más amplia en la primera que en la segunda vuelta.
Se inició, entonces, un período de frágil consolidación democrática que debía enfrentar y resolver una pesada herencia autoritaria de diez años: recesión, altos niveles de pobreza y extrema pobreza, profundización de la desigualdad, cuantiosa deuda externa, baja presión tributaria, crímenes de lesa humanidad, corrupción escandalosa, centralismo, gobierno sin mayoría parlamentaria, bajo nivel de institucionalización de los partidos —sobre todo del partido de gobierno—, liderazgos poco creíbles y una Constitución cuestionada por la mayoría de los peruanos. Salvo la recesión, los crímenes y el centralismo, ni el gobierno ni la oposición —en el nivel que les correspondía— han sabido enfrentar y resolver estos problemas que se mantienen e, incluso, se han profundizado en algunos casos. Las políticas económicas, por ejemplo, han favorecido a las clases altas, pero han mantenido intacta —cuando no han deteriorado— la situación precaria de las clases medias y de los sectores populares, sobre todo de los estratos pobres y de extrema pobreza. Los gastos en políticas sociales durante este gobierno han estado por debajo de los realizados durante el fujimorismo.
1 ¿Con qué derecho y con qué moral las fuerzas políticas del sistema democrático, que han gestionado, respaldado o permitido políticas económicas y sociales que no han favorecido o han perjudicado a vastos sectores de la sociedad pueden exigirles a esos mismos sectores que sean leales al sistema democrático y que respalden las candidaturas que ellas impulsan?
En el Perú y en América Latina se presenta el dilema hasta hoy no resuelto: la necesidad de consolidar la democracia y las exigencias de una gestión eficaz de las políticas económicas neoliberales. Una de las posibilidades de superar ese dilema es el diseño de políticas públicas que permitan negociar el gana-pierde de las políticas económicas.
¿Ha fracasado la consolidación democrática en el Perú?
Aún no, pero las posibilidades de fracaso son altas. Lo que sí aparece claro es que la incapacidad para resolver los graves problemas de la herencia autoritaria y los resultados de las políticas económicas y sociales —poco o nada beneficiosas para las clases medias y medias y populares, sobre todo para los pobres y los muy pobres— han desprestigiado al gobierno, a las instituciones del Estado y a los partidos mismos, creando un clima propicio para la emergencia de los outsiders. Estos son el producto de la incompetencia y el mal desempeño de los gobiernos y los partidos.
Una racionalidad pragmática
La extensión del sufragio a las clases populares del Perú en 1980, específicamente a los analfabetos y a los jóvenes mayores de 18 años, no dio origen a nuevos partidos políticos como en otros países, pero produjo una pequeña revolución política: la elección de las autoridades recae, desde entonces, en las manos de los estratos pobres, que constituyen la mayoría del país. Ellos tienen el derecho al voto y eligen a las autoridades, independientemente de lo que digan los grandes medios, y algunas veces en contra de ellos. Alcaldes de Lima —Alfonso Barrantes, Ricardo Belmont— y presidentes —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo— fueron elegidos sin contar con el favor de los grandes medios, especialmente de la televisión.
La tesis de Schumpeter, quien sostenía que las autoridades democráticas no son elegidas sino que se hacen elegir, ha sido desmentida en el caso peruano. Todo se produce como si los estratos pobres y muy pobres contaran con un sistema propio e informal de información que los induce a tomar una decisión colectiva, que avanza como un reguero de pólvora por todo el país, de apoyar a determinado outsider. Más que por una representación política e ideológica, estos sectores optan por una representación sociológica de identidad, combinada con cierta racionalidad pragmática. Escogen a alguien que se parece sociológicamente a ellos y apuestan a obtener de él, cuando esté en el gobierno, ciertos beneficios con bajos costos de apoyo.
Si no obtienen lo esperado, lo abandonan y buscan a otro que lo sustituya en el próximo gobierno. Si logran lo buscado, tratan de mantenerlo, como sucedió con Fujimori, quien, a juicio de estos sectores, no les falló, pese al autoritarismo, a la violación de los derechos humanos y a la corrupción escandalosa. Robó, pero hizo obra, será la frase justificatoria de una cultura pragmática y permisiva que se repite en el Perú y en América Latina.
Fujimori, sin embargo, ya fue abandonado. Preso en Chile, ya no les sirve. Han buscado a otro que lo sustituya y ese es, a todas luces, Ollanta Humala. No es que los pobres hayan dejado de ser ideológicamente fujimoristas, como antes habrían dejado de ser apristas o izquierdistas, para ser ahora humalistas. Lo que sucede es que ellos han usado pragmáticamente a esos outsiders y a los mismos partidos para sus propios fines, y una vez que ya no les sirven, los abandonan. Si los partidos no logran empatar con estos sectores sociales, electoralmente decisivos, a través de sus propuestas, políticas, acciones y organizaciones, el juego de los outsiders no se detendrá.
Izquierdas light e izquierdas duras
Hasta ahora, el más exitoso de los outsiders es Ollanta Humala. ¿Qué factores explican su relativo éxito?
La mayoría de la población no conoce su discurso ni sus propuestas, solo conoce dos hechos que la gente le atribuye:
La insurrección militar en los estertores del gobierno fujimorista y la toma, por parte de su hermano Antauro, de la comisaría de Andahuaylas, el 1. º De enero de 2005, pidiendo la renuncia del presidente Toledo.
Las personas que lo respaldan, al tomar en cuenta esos hechos, le están dando a su apoyo el sentido de una protesta contra el sistema político, contra el gobierno y contra el sistema de partidos. Eso es más o menos claro. Lo que no es claro es si ese respaldo tiene un sentido antisistema, esto es, de rechazo abierto al sistema económico, social y político imperante. En todo caso, ese apoyo parece albergar un sentimiento ambiguo y contradictorio.
Puede ser que a algunos humalistas —los menos, probablemente— les interese un comino el sistema actual e invoquen una revolución o un golpe de Estado, pero puede ser también que a otros —la mayoría, probablemente— les interese participar en el juego político democrático. De hecho, lo están haciendo al respaldar a Ollanta Humala como candidato presidencial. Ollanta Humala ha venido acumulando apoyos a partir de los actos de insurgencia, pero, en adelante, su crecimiento dependerá mucho de los discursos coherentes, las propuestas radicales pero viables y la imagen creíble de gobernante exitoso que proyecte ante la opinión pública.
Esto es difícil para un outsider, pero no imposible. Podría tener éxito como candidato si acompaña los vientos izquierdistas que soplan en toda América Latina, descontenta con el modelo económico que se le ha impuesto desde la década de 1980 en adelante. Pero su viabilidad posterior, como gobernante en caso de que ganara las elecciones, es más complicada porque depende de un hábil manejo de la compleja relación entre la economía y la política.
Hasta ahora, las izquierdas viables son aquellas que administran programas económicos de derecha, pero les imprimen un toque distributivista a través de una consistente reforma tributaria. Estas son las izquierdas light, que gobiernan varios países de América Latina. Las izquierdas duras no parecen ser viables hasta ahora en América Latina porque es difícil, si no imposible, cambiar un modelo económico que no está en una crisis terminal, y no ha surgido otro modelo que cuente con las fuerzas económicas, sociales y políticas, nacionales e internacionales, que lo sustenten.
La década de 1990 fue un ciclo antipartido, actitud impulsada tanto por el gobierno como por la sociedad misma. Fue la respuesta a la incapacidad del sistema político peruano de los años 1980, sostenido por los gobiernos democráticos y los partidos de entonces, para resolver los graves conflictos de ese periodo: agotamiento de la industria sustitutiva de importaciones (ISI) como modelo de desarrollo, el problema de la deuda externa y la violencia terrorista.
Con la caída de Fujimori —que se debió a la crisis recesiva de 1997-2000, al descubrimiento de una enorme corrupción sistémica y a la movilización democrática de amplios sectores sociales y políticos (la Marcha de los Cuatro Suyos)—, los partidos políticos tuvieron la oportunidad de volver a la escena. El gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua contribuyó a crear un clima adecuado para la participación partidaria. Todo parecía indicar que se iniciaba un nuevo ciclo partidario acompañado por un nuevo outsider que, sin embargo, no se consideraba antipartido: Alejandro Toledo. Este se impuso con una victoria más amplia en la primera que en la segunda vuelta.
Se inició, entonces, un período de frágil consolidación democrática que debía enfrentar y resolver una pesada herencia autoritaria de diez años: recesión, altos niveles de pobreza y extrema pobreza, profundización de la desigualdad, cuantiosa deuda externa, baja presión tributaria, crímenes de lesa humanidad, corrupción escandalosa, centralismo, gobierno sin mayoría parlamentaria, bajo nivel de institucionalización de los partidos —sobre todo del partido de gobierno—, liderazgos poco creíbles y una Constitución cuestionada por la mayoría de los peruanos. Salvo la recesión, los crímenes y el centralismo, ni el gobierno ni la oposición —en el nivel que les correspondía— han sabido enfrentar y resolver estos problemas que se mantienen e, incluso, se han profundizado en algunos casos. Las políticas económicas, por ejemplo, han favorecido a las clases altas, pero han mantenido intacta —cuando no han deteriorado— la situación precaria de las clases medias y de los sectores populares, sobre todo de los estratos pobres y de extrema pobreza. Los gastos en políticas sociales durante este gobierno han estado por debajo de los realizados durante el fujimorismo.
1 ¿Con qué derecho y con qué moral las fuerzas políticas del sistema democrático, que han gestionado, respaldado o permitido políticas económicas y sociales que no han favorecido o han perjudicado a vastos sectores de la sociedad pueden exigirles a esos mismos sectores que sean leales al sistema democrático y que respalden las candidaturas que ellas impulsan?
En el Perú y en América Latina se presenta el dilema hasta hoy no resuelto: la necesidad de consolidar la democracia y las exigencias de una gestión eficaz de las políticas económicas neoliberales. Una de las posibilidades de superar ese dilema es el diseño de políticas públicas que permitan negociar el gana-pierde de las políticas económicas.
¿Ha fracasado la consolidación democrática en el Perú?
Aún no, pero las posibilidades de fracaso son altas. Lo que sí aparece claro es que la incapacidad para resolver los graves problemas de la herencia autoritaria y los resultados de las políticas económicas y sociales —poco o nada beneficiosas para las clases medias y medias y populares, sobre todo para los pobres y los muy pobres— han desprestigiado al gobierno, a las instituciones del Estado y a los partidos mismos, creando un clima propicio para la emergencia de los outsiders. Estos son el producto de la incompetencia y el mal desempeño de los gobiernos y los partidos.
Una racionalidad pragmática
La extensión del sufragio a las clases populares del Perú en 1980, específicamente a los analfabetos y a los jóvenes mayores de 18 años, no dio origen a nuevos partidos políticos como en otros países, pero produjo una pequeña revolución política: la elección de las autoridades recae, desde entonces, en las manos de los estratos pobres, que constituyen la mayoría del país. Ellos tienen el derecho al voto y eligen a las autoridades, independientemente de lo que digan los grandes medios, y algunas veces en contra de ellos. Alcaldes de Lima —Alfonso Barrantes, Ricardo Belmont— y presidentes —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo— fueron elegidos sin contar con el favor de los grandes medios, especialmente de la televisión.
La tesis de Schumpeter, quien sostenía que las autoridades democráticas no son elegidas sino que se hacen elegir, ha sido desmentida en el caso peruano. Todo se produce como si los estratos pobres y muy pobres contaran con un sistema propio e informal de información que los induce a tomar una decisión colectiva, que avanza como un reguero de pólvora por todo el país, de apoyar a determinado outsider. Más que por una representación política e ideológica, estos sectores optan por una representación sociológica de identidad, combinada con cierta racionalidad pragmática. Escogen a alguien que se parece sociológicamente a ellos y apuestan a obtener de él, cuando esté en el gobierno, ciertos beneficios con bajos costos de apoyo.
Si no obtienen lo esperado, lo abandonan y buscan a otro que lo sustituya en el próximo gobierno. Si logran lo buscado, tratan de mantenerlo, como sucedió con Fujimori, quien, a juicio de estos sectores, no les falló, pese al autoritarismo, a la violación de los derechos humanos y a la corrupción escandalosa. Robó, pero hizo obra, será la frase justificatoria de una cultura pragmática y permisiva que se repite en el Perú y en América Latina.
Fujimori, sin embargo, ya fue abandonado. Preso en Chile, ya no les sirve. Han buscado a otro que lo sustituya y ese es, a todas luces, Ollanta Humala. No es que los pobres hayan dejado de ser ideológicamente fujimoristas, como antes habrían dejado de ser apristas o izquierdistas, para ser ahora humalistas. Lo que sucede es que ellos han usado pragmáticamente a esos outsiders y a los mismos partidos para sus propios fines, y una vez que ya no les sirven, los abandonan. Si los partidos no logran empatar con estos sectores sociales, electoralmente decisivos, a través de sus propuestas, políticas, acciones y organizaciones, el juego de los outsiders no se detendrá.
Izquierdas light e izquierdas duras
Hasta ahora, el más exitoso de los outsiders es Ollanta Humala. ¿Qué factores explican su relativo éxito?
La mayoría de la población no conoce su discurso ni sus propuestas, solo conoce dos hechos que la gente le atribuye:
La insurrección militar en los estertores del gobierno fujimorista y la toma, por parte de su hermano Antauro, de la comisaría de Andahuaylas, el 1. º De enero de 2005, pidiendo la renuncia del presidente Toledo.
Las personas que lo respaldan, al tomar en cuenta esos hechos, le están dando a su apoyo el sentido de una protesta contra el sistema político, contra el gobierno y contra el sistema de partidos. Eso es más o menos claro. Lo que no es claro es si ese respaldo tiene un sentido antisistema, esto es, de rechazo abierto al sistema económico, social y político imperante. En todo caso, ese apoyo parece albergar un sentimiento ambiguo y contradictorio.
Puede ser que a algunos humalistas —los menos, probablemente— les interese un comino el sistema actual e invoquen una revolución o un golpe de Estado, pero puede ser también que a otros —la mayoría, probablemente— les interese participar en el juego político democrático. De hecho, lo están haciendo al respaldar a Ollanta Humala como candidato presidencial. Ollanta Humala ha venido acumulando apoyos a partir de los actos de insurgencia, pero, en adelante, su crecimiento dependerá mucho de los discursos coherentes, las propuestas radicales pero viables y la imagen creíble de gobernante exitoso que proyecte ante la opinión pública.
Esto es difícil para un outsider, pero no imposible. Podría tener éxito como candidato si acompaña los vientos izquierdistas que soplan en toda América Latina, descontenta con el modelo económico que se le ha impuesto desde la década de 1980 en adelante. Pero su viabilidad posterior, como gobernante en caso de que ganara las elecciones, es más complicada porque depende de un hábil manejo de la compleja relación entre la economía y la política.
Hasta ahora, las izquierdas viables son aquellas que administran programas económicos de derecha, pero les imprimen un toque distributivista a través de una consistente reforma tributaria. Estas son las izquierdas light, que gobiernan varios países de América Latina. Las izquierdas duras no parecen ser viables hasta ahora en América Latina porque es difícil, si no imposible, cambiar un modelo económico que no está en una crisis terminal, y no ha surgido otro modelo que cuente con las fuerzas económicas, sociales y políticas, nacionales e internacionales, que lo sustenten.
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