El Comercio
El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, saludó la iniciativa legislativa que pretende que los alumnos egresados de colegios particulares paguen una pensión en las universidades estatales. Sin embargo, manifestó que las propias casas de estudio tienen que ser más agresivas para buscar nuevos medios de financiamiento.

"El costo por estudiante en el Perú es de 2 mil dólares, mientras que en Brasil, Argentina y Chile está por encima de los 5 mil dólares. La asignación del presupuesto público al sistema universitario, si bien es importante, es difícil de aumentar porque también se tiene que financiar la educación básica", precisó a elcomercio.com.pe.

La Comisión de Educación del Congreso debatirá hoy, miércoles, el proyecto de ley presentando por la parlamentaria Martha Hildebrandt, que propone que las universidades nacionales cobren una pensión a los estudiantes que provengan de escuelas privadas.

La iniciativa plantea modificar el artículo 4 de la Ley General de Educación (Ley 28044) y establecer que se cobre un 50% del monto que el alumno pagó en su anterior centro de estudios. Solo quedan exonerados de esta medida aquellos estudiantes que prueben que la capacidad económica de su familia ha disminuido.

Díaz aseguró que en los últimos años las universidades "han estado un poco dormidas" en lo referido a buscar nuevos mecanismos de financiamiento, debido a la poca costumbre que tienen de trabajar con las empresas privadas, las cuales suelen financiar importantes investigaciones en otras partes del mundo.

"Muchas universidades esperan recibir los recursos asignados por el Estado y obtienen una importante fuente de financiamiento de sus academias pre-universitarias. Hay que ser más agresivas para captar recursos", sostuvo.

A pesar de que diversos especialistas se han pronunciado a favor de la propuesta de una educación pública con pensiones, en el Congreso el proyecto parece que tendrá una oposición mayor. El presidente de la Comisión de Educación, Pedro Santos, rechazó la iniciativa al sustentar que "esta fórmula legal es discriminatoria, pues si es universidad pública, es pública para todos".

Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que el fondo de la propuesta es saludable, ya que permitirá tener mayores recursos a las universidades. Sin embargo, precisó que para ello debe existir un sistema que realmente permita evaluar el nivel socioeconómico de quienes ingresan a las universidades públicas y determinar si tienen capacidad para aportar dinero a su nuevo centro de estudio.