Sinesio López Jiménez
Lo que está sucediendo en la Residencial San Felipe del distrito de Jesús María es una fiel reproducción en pequeña escala de lo que pasa actualmente en el país en grande: Una empresa (Supermercados Peruanos) que quiere expandir su negocio, afectando el bienestar y la tranquilidad de sus moradores; un alcalde patrimonialista que cree que la propiedad privada de condominio es pública (del estado) para venderla como si fuera su chacra y los residentes de clase media que se han movilizado para frenar la voracidad de la empresa y del alcalde con imaginativas dramatizaciones: cacerolazos diarios a las 8 de la noche, desfiles sabatinos frente a la tienda de Santa Isabel, participación masiva y alegre de los jóvenes y de los niños y acalorados debates en las páginas Web, sazonados con un cierto humor democrático. Todo eso atrae la atención de los medios que ayudan a iluminar los juegos ocultos del poder económico y político local y a potenciar la fuerza de las dramatizaciones de los moradores. Cada actor, como es obvio, tiene sus propias intereses y motivaciones que chocan y definen el escenario del conflicto. Aprovechando la corriente “nacionalista” que emergió en Lima con la venta de las Tiendas Wong a una empresa chilena, Supermercados Peruanos busca crecer aumentando su inversión comercial y sus ganancias, lo que puede ser legítimo. Eso trae consigo, sin embargo, el cambio del carácter residencial de San Felipe y su transformación en zona comercial con todas las incomodidades y pérdidas que eso implica para sus residentes, lo que hace ilegítima la pretensión empresarial. El alcalde apoya el proyecto de Supermercados porque, dice, trae progreso para el distrito y sus moradores y, en nombre de ese supuesto progreso (construcción de la alameda, el ágora, el bulevar y el centro comunal), pretende privatizar la propiedad del condominio de San Felipe, acusando a sus opositores de ser radicales y de politizar el proyecto empresarial. Para llevarlo adelante ha organizado una “pequeña coalición” con Supermercados y ha dejado, de ese modo, de representar los intereses de los ciudadanos (de San Felipe) para defender los de la empresa. Esa coalición ilumina los reales y oscuros intereses del alcalde y compañía. Muchas investigaciones en el Perú y en el mundo han demostrado la estrecha asociación existente entre las privatizaciones y las concesiones y las diversas formas de corrupción de los funcionarios. Ante la resistencia de los moradores, el alcalde pretende legitimar su decisión convocando a una consulta ciudadana con la supervisión de la ONPE y de Transparencia, lo que es legalmente improcedente dado el carácter privado del condominio.

Y ¿qué es lo está en juego por el lado de los residentes? La Residencial San Felipe constituyó, en la década del 60, una forma imaginativa de incorporar a las clases medias al mercado de vivienda. La idea, que seguramente orientó a los creativos arquitectos que la diseñaron, fue construir un conjunto residencial que equilibrara armoniosamente las viviendas con el comercio, los bancos, los servicios, los colegios, los centros de salud y el centro cultural, esto es, establecieron una racional y agradable distribución funcional del espacio urbano. Todo ello acompañado de hermosas áreas verdes que constituyen el pulmón del conjunto residencial y del distrito. Un joven biólogo ha estudiado la fauna que ha emergido de estas áreas verdes y ha encontrado una rica variedad de especies (incluida un pequeña serpiente ciega no venenosa) que forma parte de los atractivos del conjunto residencial. Después de todo, a los moradores nos resulta agradable ser despertados por el trinar competitivo de los pájaros y no por el espantoso rugido motorizado de la chatarra limeña. Lo que los residentes rechazan es la pretensión de Supermercados y del alcalde de quebrar la relación armoniosa y equilibrada de las viviendas con su entorno moderno de servicios y áreas verdes en el Conjunto Residencial San Felipe para instaurar una especie de Mall que seguramente incrementará sus ganancias, pero que vulnerará indefectiblemente la propiedad, el bienestar y la tranquilidad de sus moradores.

Como todo conjunto residencial, la convivencia social plantea algunos problemas que se resuelven a través del diálogo y a veces de debates agitados. Aquí señalo brevemente dos: la tensión entre lo público (que deriva del hecho de vivir en colectividad) y lo privado y la cuestión de la intimidad. No hay linderos precisos entre lo público y lo privado. Ellos son establecidos por la convivencia social misma. He aquí un ejemplo: En un edificio del conjunto residencial, el portero se separó de la esposa. Algunas señoras estaban en contra de esa separación. Asamblea de los residentes y debate público. Acuerdo: Lo que pasa en los departamentos es privado y lo público es la limpieza del edificio, el cuidado de los jardines, la seguridad, el buen trato entre los vecinos. Una señora acusó al portero de enamorar a todas las empleadas del hogar. Acuerdo: si el portero se transforma en el terror de las empleadas del hogar, eso es un asunto público y hay que llamarlo al orden. La intimidad, a su vez, no está totalmente salvada, pero es mejor preservada en los departamentos amplios de San Felipe que en las cajas de fósforo que promueve el Ministerio de Vivienda.

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