Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.

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