Marco socio-histórico de la sociedad peruana

La Comisión ha sostenido como hipótesis de su trabajo la existencia de una acumulación histórica de la violencia, que ha formado parte de la configuración social y del Estado, entrabando el desarrollo integrado, coherente y democrático de ambas cosas. Este proceso, que se explica por la organización de sistemas de relación social y de poder, basados en la dominación interna y en la interferencia de los sucesivos centros de poder internacional que impusieron patrones de dependencia, significó para el Perú agudas desigualdades sociales, fragilidad del Estado y situaciones de pobreza e injusticia. El país, rico en sus potencialidades, quedó, como señala Basadre, atrapado en problemas irresueltos y en posibilidades nunca realizadas. Para el pueblo peruano este estado de cosas significó frustración; no debe extrañar, por tanto, los periódicos estallidos de violencia que expresaban el reclamo por un orden más justo y por una sociedad y un Estado realmente democráticos.

El incumplimiento de esta aspiración colectiva ha derivado en una mayor acumulación de violencia, la misma que, en el desborde popular que caracteriza las últimas décadas, no ha podido ser más contenida apelando a los mecanismos tradicionales de control social y represión del sistema puesto en cuestión. A pesar de la nueva Constitución de 1979 y de un régimen que por sus orígenes eleccionarios y su continuidad institucional, quiere expresar un compromiso democrático, las demandas y las propuestas sociales son de tal magnitud, que sobrepasan la capacidad de respuesta a corto plazo de un Estado atravesado por limitaciones estructurales de todo tipo, lleno de deficiencias en su organización administrativa, centralista, asediado por las presiones de intereses minoritarios y que no está equipado ni dotado del consenso que lo convierta en el director de un proyecto nacional de cambio, democracia y justo desarrollo. En este contexto, la sociedad insatisfecha tiende a convulsionarse más y los individuos y los grupos desencadenan comportamientos autónomos que vehiculizan a su modo y muchas veces con producción de violencia activa, las exigencias a un protagonismo antes existente y a una reinserción social alternativa.

La Comisión estima que esas energías populares, inclusive aquellas en que la protesta social se expresa con violencia, están cargadas con signos positivos, son el desenlace de la injusticia estructural y bien encaminadas en un proceso abierto, nacional y autocrítico de cambio y participación, pueden ser el sustento sólido para la transformación sustantiva de la sociedad y el Estado peruano. Por esta misma razón, la Comisión distingue entre esta energía popular exacerbada, que aunque en casos puede rebasar los límites legales, significa la voluntad mayoritaria nacional por justicia, paz y democracia y la aparición de formas de violencia ilegítimas, portadas por grupos minoritarios, que aprovechan este desenlace de la violencia estructural, para fomentar el caos, la anarquía, dar rienda suelta a los instintos primarios, atentar contra la vida, obtener provechos personales, sembrar la inseguridad colectiva y, en el caso más extremo, imponer al Perú, por la vía más sanguinaria, una dominación tiránica, antidemocrática y totalitaria. Esta violencia ilegítima se expresa fundamentalmente en múltiples formas de violencia urbana, en el narcotráfico y en grupos alzados en armas que practican el terrorismo.