13/02/08: TC ratifica que los arbitrajes son voluntarios y no obligatorios
TC piensa que arbitraje no debe ser obligatorio
El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesia, dijo que la institución que él integra no está desconociendo de ninguna manera el arbitraje, pero sí cree que esta modalidad no puede ser obligatoria sino voluntaria y que la Superintendencia de Banca y Arbitraje debe señalarle al demandante que puede recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos si así lo desea.
De esta manera contestó la denuncia que hiciera días antes Milagros Maraví, árbitro de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), quien dijo que el TC pone en peligro la existencia del arbitraje que realiza la SEPS al haber determinado que este sistema es costoso y no es obligatorio a pesar de haber sido creado por la ley de modernización de la seguridad social en el Perú.
“El TC no está desconociendo el arbitraje, lo que el tribunal cree es que el arbitraje no puede ser obligatorio sino voluntario y que lo que tiene que hacer la Superintendencia de Banca y Arbitraje es señalarle primero al demandado que él puede ir al Poder Judicial, porque el arbitraje es voluntario, no puede ser obligatorio, menos cuando se trata de un derecho a la salud”, indicó el magistrado.
Además dijo que el denunciante debe tener el derecho de escoger el árbitro para tener mayores ventajas.
También indicó que a pesar de que un arbitraje cuesta aproximadamente 200 soles, muchos de los demandantes, que son en su mayoría mineros, no tienen esa cantidad y tendrían que dejar de comer para poder financiar el proceso.
“El TC no pone en peligro la institución del arbitraje sino que lo refuerza porque le está diciendo a ese minero –que muchas veces es analfabeto y que se tiene que enfrentar a compañías como Rímac, Pacífico–: si tú quieres puedes ir al arbitraje sino puedes ir al Poder Judicial, pero él escoge; lo que está mal es que la ley lo obligue a él a ir a un arbitraje”, indicó.
El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesia, dijo que la institución que él integra no está desconociendo de ninguna manera el arbitraje, pero sí cree que esta modalidad no puede ser obligatoria sino voluntaria y que la Superintendencia de Banca y Arbitraje debe señalarle al demandante que puede recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos si así lo desea.
De esta manera contestó la denuncia que hiciera días antes Milagros Maraví, árbitro de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), quien dijo que el TC pone en peligro la existencia del arbitraje que realiza la SEPS al haber determinado que este sistema es costoso y no es obligatorio a pesar de haber sido creado por la ley de modernización de la seguridad social en el Perú.
“El TC no está desconociendo el arbitraje, lo que el tribunal cree es que el arbitraje no puede ser obligatorio sino voluntario y que lo que tiene que hacer la Superintendencia de Banca y Arbitraje es señalarle primero al demandado que él puede ir al Poder Judicial, porque el arbitraje es voluntario, no puede ser obligatorio, menos cuando se trata de un derecho a la salud”, indicó el magistrado.
Además dijo que el denunciante debe tener el derecho de escoger el árbitro para tener mayores ventajas.
También indicó que a pesar de que un arbitraje cuesta aproximadamente 200 soles, muchos de los demandantes, que son en su mayoría mineros, no tienen esa cantidad y tendrían que dejar de comer para poder financiar el proceso.
“El TC no pone en peligro la institución del arbitraje sino que lo refuerza porque le está diciendo a ese minero –que muchas veces es analfabeto y que se tiene que enfrentar a compañías como Rímac, Pacífico–: si tú quieres puedes ir al arbitraje sino puedes ir al Poder Judicial, pero él escoge; lo que está mal es que la ley lo obligue a él a ir a un arbitraje”, indicó.
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César escribió:
Me gustaría saber si algún lector de este blog tiene un presedente similar para que pueda orientarle sobre el mismo, por que hoy menos que nunca estamos dispuestos a continaur haciendo valer nuestros derechos como trabajadores.