El problema de términos y su implicancia jurídica:

Para el Perú la negociación con EE.UU. es un Tratado. Sin embargo, para este país es un acuerdo. La diferencia es que en la legislación de ese país el acuerdo tiene menor rango jurídico que el tratado. Por ello es que encontramos en su legislación: “.. la legislación de los Estados Unidos prevalece en caso de conflicto.- (1) Ninguna disposición del Acuerdo, ni su aplicación a cualquier persona o circunstancia que sea inconsistente con cualquier ley de los Estados Unidos, tendrá efecto. (2) Nada en esta ley será interpretado”.
En cambio en el Perú, en caso de conflicto entre una ley y el tratado, prevalece el tratado.
Esto nos afecta de sobremanera pues condiciona la manera en como llevaremos nuestras leyes. Es también una cuestión de soberanía. La solución no estaría en que EE.UU. cambie sino que nosotros disminuyamos también el rango jurídico del tratado, para que no influya en nuestra organización.


Sobre las patentes de las plantas:

Se debe aclarar que las patentes deben ser resultado de una INVENCIÓN. Las plantas se descubren, no se inventan. A este grupo también se añaden las plantas modificadas por métodos tradicionales.
El TLC dice: cualquier parte “que no otorgue protección mediante patentes de plantas hará todos los esfuerzos razonables” para darla. Parecería que podemos no hacer todos los esfuerzos, sin embargo, otras partes nos dicen que el Perú ha tomado compromisos para que las transnacionales obtengan derechos en semillas y plantas. El Perú se ha comprometido a adherirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Este tratado funciona como un régimen de patentar plantas. Es decir, a pesar de que hemos firmado el Tratado de Libre Acceso a los Recursos Genéticos de la FAO (acceso facilitado a 35 productos trascendentales para la humanidad) y de que los Países Andinos excluyen las patentes de las plantas amparándose en la cláusula 27.3.b del APDIC (Acuerdos de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual) aceptando el TLC se pondrían patentar nuestras plantas y sin poder retroceder.
El gobierno peruano logró que se firme “la carta de entendimiento” la cual habla sobre la importancia de nuestra biodiversidad, la distribución equitativa, etc. pero EE.UU. al firmarla no se compromete a nada pues la carta termina diciendo: “puede ser adecuadamente atendido a través de contratos”. En pocas, palabras, no se consiguió nada.


El TLC y el agro:

Supuestamente las diferencias entre EEUU y Perú (país que casi no puede compensar las pérdidas de los afectados) serían justificadas con la gradualidad en la desgravación arancelaria.
A pesar de eso, dos tercios del comercio han sido desgravados inmediatamente. Sólo en lácteos, arroz, carne de bovino y cuartos traseros de pollo se aceptaron plazos largos. Aunque, para compensar esto se ha dado la concesión, en algunos casos, de ingresar grandes cuotas liberadas del pago de arancel.

EEUU entró al Tratado con la intención de eliminar la franja de precios (esta se aplica para proteger a ciertos productos agrarios. El motivo es que hay una gran variación en los precios de los productos del agro, entonces ella estabiliza los costos de importación y protege la producción y el consumo). En el capítulo II del TLC se dice: “Perú no deberá aplicar ningún sistema de banda de precios (Sistema de Franjas de Precios) a mercancías agrícolas importados de los Estados Unidos”. A pesar de ello, el MINCETUR dice que la franja se podrá aplicar por la diferencia que hay entre el arancel base acordado con EE.UU. y el arancel total vigente (ej. 52% y 25% en el arroz). Sin embargo está diferencia significa ya una disminución en comparación al consolidado ante la OMC que es de 68% para los productos en la franja. Esto significa que nos expondremos a las consecuencias de estas fluctuaciones. Para contrarrestar esto se creó la SEA (Salvaguarda especial agropecuaria), reconocida por la OMC. Esta pararía fenómenos imprevistos no necesariamente vinculados al TLC. Hasta aquí, todo suena como una buena solución. Los países andinos propusieron que esta salvaguardia sea permanente y que se debería activar “en la forma de derecho o arancel, con un disparador por precios o por volumen” . Pero EE.UU. logró que esta salvaguardia exista sólo durante el período de desgravación (es decir, cuando estamos más vulnerables, ella no existirá). Además, sólo se aplicará a 36 partidas arancelarias. A esto hay que agregarle que si se llega a activar la salvaguardia sólo se restaurarían los aranceles originales e irían decreciendo.

Con respecto a la aplicación de cuotas, se establecieron las abiertas, es decir, aumentan cada año. Por ejemplo, la cuota anual de arroz es de 74 mil toneladas que ingresan sin pago de arancel. Esta aumentará cada año 6%. En cinco años serán 100 toneladas. En el caso del maíz es peor, pues al cabo de 5 años entrarán aproximadamente 670 mil toneladas y sin la posibilidad de una salvaguarda especial.

Esto se debe contrastar con las condiciones dadas a EE.UU.:“EE.UU. Sólo acepta eliminar subsidios a la exportación en el comercio bilateral, condicionando a que terceros países tampoco puedan acceder a nuestro mercado apelando a este tipo de subsidios; en caso de ocurrir esto último, EE.UU. se reserva el derecho de reimplantar sus subsidios a la exportación” Bueno, esto significa que se nos condiciona con quien vamos a negociar después. Y yo que pensaba que lo de “libre” comercio era verdad.

No se puede esperar un cambio en la política de los subsidios por parte de EE.UU. ya que su programa fiscal multianual 2002-2011 garantiza los recursos para los programas de apoyo directo al productor norteamericano. Además, su ley agrícola determina la aplicación de esos recursos hasta el 2007, habiendo ya comenzado la elaboración del presupuesto para el próximo período.

Se debe agregar que los productos que exportamos a EE.UU. no son agrícolas. Los principales son el oro (28.7%) y los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (12%). Por ello, no esperemos que a partir del TLC comencemos a exportar productos agrícolas hacia un mercado que ya tiene cubierta esa demanda.

Según la revista de Agraria “el problema central radica en que las concesiones (...) son incompatibles con cualquier programa de fortalecimiento de capacidades productivas que incluya sinceramente a la mayor parte del universo de productores agrarios. Se pretendería transformar la agricultura en una actividad reservada para ciertas elites, que deberían abocarse a producir solo productos de exportación orientados a mercados- nicho, con el empleo generalizado de alta y costosa tecnología”. Me parece que esta posición está más que demostrada al ver las consecuencias negativas en la mayoría de nuestros productos agrícolas y al ver que no todos los agricultores pueden ser agroexportadores (requisitos: identificación de nicho de alta rentabilidad, importante inversión, largo tiempo de maduración, requerimientos agronómicos (tierra, clima..), requerimientos tecnológicos (riego) y economías de escala ).

Es obvia la diferencia entre el trato que le damos nosotros a sus productos y el que ellos nos dan. Esto provoca costos- económicos y sociales- que no podrán ser compensados por ningún boom agroexportador. Además, los más afectados son los que menos posibilidad tienen de enfrentarse a las consecuencias: los pequeños productores, los campesinos. ¿La brecha entre ricos y pobres se debe hacer más profunda acaso para que reaccionemos?

Mayte Dongo Sueiro

Datos obtenidos gracias a las publicaciones de CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales).