Por Ernesto Velit Granda. Analista político. El Comercio

El año 1919, en su célebre discurso "La política como vocación", Max Weber planteaba la relación entre la moral y la política, afirmando, entre otros, que es posible exigir una misma moral para todas las esferas de la vida, incluida la política. Y hablaba de los criterios éticos por los que debe orientar su conducta el político, principalmente el gobernante.

Así diferenciaba la "ética de la responsabilidad" de la llamada "ética de la convicción". En la primera, el político sopesa los efectos que pueden acarrear sus actos; y en la segunda, no toma en cuenta las circunstancias y termina, por ello, culpando de sus fracasos a quienes no lo saben seguir, al destino, pero jamás a su responsabilidad.

La ética política democrática, nos enseña de la igualdad en los derechos y dignidad de la persona humana, que las autoridades elegidas por voluntad popular no tienen calidad de soberanos sino son servidores del verdadero soberano que es el pueblo; también que el primer deber del Estado es el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y que, para todo esto, debe organizarse la institucionalidad pública por los agentes del Estado.

Estas reflexiones las recogemos a propósito del clima de agitación social que pareciera ganar terreno en países vecinos al nuestro, y también entre nosotros, particularmente al interior del país, donde las demandas de poblaciones aparentemente olvidadas por el Estado parecieran no ser escuchadas por los obligados a hacerlo. Nos da la impresión de que esos compatriotas reclaman sus derechos ante la falta de interlocutores, y por ello buscan lograr legitimidad política para, por ese camino, hacer respetar sus derechos.

Las posiciones ideológico-políticas se han distorsionado entre nosotros, y los partidos políticos han entrado en una etapa de decadencia aparentemente irrevocable.

Los socialismos, los nacionalismos, los liberalismos e incluso los anarquismos, que hasta hace poco fueron dominantes, hoy no han sido capaces ni de controlar siquiera los abusos del poder político. Consecuencia de esta situación es un legado de violaciones a los derechos humanos que caracteriza a sociedades como la nuestra.

La ética política democrática, como dice José Zalaquett, prestigioso abogado chileno defensor de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, nos habla del cómo debe ser el "ámbito político" cuando se trata del monopolio de la fuerza que detenta el Estado, la transparencia y el combate a la corrupción, la conducta de los agentes públicos, etc.

Las sociedades organizadas políticamente delegan su representación en las autoridades elegidas y en el ejercicio del derecho, son estas las que deben asumir su responsabilidad ante el juicio del electorado a quien se comprometieron a servir. Toda actitud contraria a este compromiso significa traición al soberano.

Es urgente construir democracia al interior del Estado y de las organizaciones, así como educar en lo que significa libertad, justicia, transparencia.

Aparecer entre los países más corruptos del planeta, como señalan al Perú, es recordarnos la herencia perversa que estamos trasladando a quienes vienen detrás de nosotros, es reconocer que la transición democrática aún no ha comenzado en el país.

No se trata de procrear infundados pesimismos, pero ahora que la ruta del desarrollo comercial y financiero parece librarse de obstáculos, bien valdría la pena trabajar por adecentar la política especialmente desde los fueros del poder.