Condenan al Reino Unido por impedir a un preso tener un hijo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy al Reino Unido por haber impedido a un preso tener un hijo por inseminación artificial, después de que éste y su esposa recurrieran una primera sentencia de la corte. Los magistrados juzgaron que el Gobierno británico violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida privada y familiar.

EL PERIODICO MEDITERRANEO - EFE.- Kirk Dickson, nacido en 1972, fue declarado culpable en 1994 de asesinato y sentenciado a cadena perpetua, con la obligación de cumplir al menos 15 años de prisión. En 1999, conoció a Lorraine, 14 años mayor que él, a través una red de correspondencia entre presos. Se casaron dos años después y pidieron autorización para recurrir a la inseminación artificial arguyendo que era la única forma de tener un hijo, dada la condena del marido y la avanzada edad de ella.


Ante el rechazo de su demanda, primero por el Gobierno, y después por la justicia británica, la pareja se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en abril de 2006 falló a favor del Reino Unido. Sin darse por vencidos, los Dickson recurrieron ante la Gran Sala de la corte de Estrasburgo, que hoy les dio finalmente la razón.


Los jueces contradijeron los argumentos del Gobierno británico para oponerse a la petición de la pareja, entre ellos la necesidad de mantener una buena imagen del sistema penitenciario de cara a la sociedad. "La privación automática de los derechos de los detenidos no puede fundarse únicamente en lo que podría chocar a la opinión pública", sostuvo la Gran Sala del Tribunal.


Los jueces agregaron que, aunque el castigo se mantiene como una de las finalidades del encarcelamiento, las políticas penales de Europa "evolucionan" y otorgan una mayor importancia a la "reinserción" de los detenidos una vez purgadas sus penas. Estimaron además que la petición de inseminación artificial "no habría implicado" para el Estado "ninguna carga importante en materia de seguridad" ni sobre el "plano financiero". Por estos motivos, la Gran Sala condenó al Reino Unido a pagar 5.000 euros a la pareja en concepto de perjuicio moral y casi 19.000 euros por gastos judiciales.