Lima, dic. 13 (ANDINA).- El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) declarándose competente para resolver el conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua, “fortalece” la posición peruana en su controversia con Chile, afirmó hoy el embajador Hugo de Zela.

Explicó que con esa decisión La Haya desatiende la posición de Bogotá que, al igual que Chile respecto al Perú –según dijo- pretendió desconocer la existencia del diferendo.

La Haya se declaró hoy competente para dirimir en el conflicto entre Colombia y Nicaragua sobre su frontera marítima en el Caribe; aunque reconoció que el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928-30 estableció la soberanía de Bogotá sobre tres islas que reclama Managua.

Consideró que, ad portas de la presentación de la demanda peruana ante La Haya en su controversia con Chile, éste fallo, y el que fijó una nueva frontera marítima entre Nicaragua y Honduras, constituyen señales alentadoras a favor de los planteamientos peruanos.

“Esta nueva resolución fortalece una vez más la posición peruana frente al diferendo que el Perú tiene con Chile”, indicó al recordar que es meridianamente claro que entre ambos países no existe un tratado de límites en regla que fije la frontera marítima.

Indicó que con las resoluciones de la Corte de la Haya en el caso Nicaragua-Colombia y el de Nicaragua-Honduras se están sentando precedentes importantes para el Perú.

“Lo importante es presentar pronto la demanda peruana ante La Haya pues Chile va a intentar diferir más este asunto planteando la incompetencia de ese tribunal. Pero creo que, al igual que en el caso Colombia-Nicaragua, La Haya se declarará competente para resolver el diferendo”, indicó.

Nicaragua elevó en 2001 este contencioso contra Colombia ante la Corte, basando su denuncia en el artículo 31 del "Pacto de Bogotá" de 1948, en el que Bogotá y Managua se comprometieron a reconocer la competencia de la CIJ en la resolución de conflictos relacionados con el Derecho Internacional o la interpretación del Tratado.

Bogotá negó la existencia del problema, pues considera que la frontera entre los dos países quedó fijada en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-30.

En octubre pasado, la CIJ estableció una nueva frontera marítima entre Nicaragua y Honduras sobre una línea bisectriz, reconociendo parte de los reclamos presentados por Managua y dando la razón parcialmente a Tegucigalpa sobre la soberanía de cuatro islas en el Caribe.

Al margen del desacuerdo Nicaragua-Honduras, hay otras cuatro causas presentadas por países latinoamericanos en La Haya que se encuentran pendientes de resolución, además de una petición de revisión de fallo.

Uno de esos pleitos es el que enfrenta a Nicaragua y Colombia. La nación nicaragüense también tiene abierto un tercer caso, con Costa Rica, por derechos de navegación del río San Juan y derechos anexos (2005).

El restante caso pendiente es el que enfrenta desde 2006 a Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo junto a un río de soberanía compartida.

La CIJ juzga los desacuerdos entre Estados, especialmente territoriales. Si bien sus decisiones son definitivas, el tribunal no está capacitado legalmente para obligar a ningún país a ejecutarlas.