(RPP) El congresista del Partido Aprista, Jhony Peralta, presentó una denuncia constitucional contra tres ex magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a quienes sindicó como presuntos responsables del delito de prevaricato e infracción a varios artículos de la Constitución.

Indicó que Javier Alva Orlandini, Magdiel Gonzales y Juan Bardelli emitieron un expediente mediante el cual se sentenció a favor de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP) en un recurso contrario a la Carta Magna.

Estos plantearon la realización de un referéndum para que se devolviese el dinero a quienes aportaron durante años al ahora fenecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Peralta explicó que no pueden ser sometidas a referéndum aquellas normas de carácter tributario, y en el caso del Fonavi se trataba de un tributo o contribución que rigió para los trabajadores en años anteriores.

Criticó el afán “indebido" e "improcedente” de los dirigentes de la ANFPP que reclaman la devolución de los aportes.

El legislador explicó que esa devolución, si hipotéticamente se materializara, significaría que el Estado tendría que pagar 70 mil millones de soles, cantidad muy parecida al Presupuesto General de la República proyectado para el año 2008, el cual asciende a más de 71 mil millones de soles.

“Tenemos el deber constitucional de velar porque las medidas que se dicten tengan equilibrio presupuestal y financiero, y que además se asegure la estabilidad fiscal en el país”, expresó.

En su denuncia, Peralta sostuvo que los ex magistrados habrían perpetrado el delito de prevaricato tipificado en el artículo 418º del Código Penal, y también habrían infringido los artículos 32º, 38º, 43º, 74º, 139º incisos 2) y 3), 142º y 181º de la Constitución.

Recordó que la ANFPP presentó una solicitud de convocatoria a referéndum para la devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Añadió que el Jurado Nacional de Elecciones, en su oportunidad, declaró improcedente esa solicitud por las razones antes mencionadas.

El parlamentario refirió que, frente a ello, la asociación insistió y el asunto fue derivado hasta el Poder Judicial y posteriormente hasta el ámbito del Tribunal Constitucional.

Opinó que en este caso habría un conflicto de intereses de por medio, y es que, según sostuvo, los cuestionados magistrados culminaron su período en el TC el 18 de septiembre pasado, 15 días después de que fuera emitida la controvertida sentencia.