En mayo del presente año, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social emitió el DS. 005-2007-MIMDES, que declaró la extinción del Programa Nacional contra la Violencia Física y Sexual (PNCVFS) y el Programa Wawa Wasi, y que a su vez creaba la Dirección de Protección Social para que asumiera las competencias de los mismos.

En nuestra opinión, la desaparición del PNCVFS contradice la voluntad del Estado de proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, erradicar el trato discriminatorio que han recibido históricamente en nuestro país, así como prevenir y evitar la impunidad frente a la vulneración de derechos como la vida, la integridad de las peruanas.


En efecto, dicho programa fue creado en el año 2001 y respondió a una estrategia que buscó dar cumplimiento a una serie de compromisos internacionales que el Perú había asumido y en atención a la necesidad de crear un órgano encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, siguiendo la perspectiva de género.
Frente a ello, varios sectores han manifestado su desacuerdo con dicha medida, y en concreto, la Comisión de la Mujer y Desarrollo del Congreso de la República ha aprobado un dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1520/2007-CR por el que, entre otras cosas, se propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 005-2007-MIMDES. De aprobarse dicho dictamen se evitará que el Estado incurra en una omisión al no contar con un espacio o programa especifico para planificar y ejecutar medidas contra la violencia contra la mujer.

Sin embargo, la eventual aprobación por el Pleno del Congreso, no supone que lo referido a la vigencia del PNCVFS se haya solucionado; por el contrario, aun hay un gran trecho por recorrer. Al respecto, es necesario que dicho programa haga incidencia en zonas rurales, y que además aborde otras formas de violencia contra la mujer como son el acoso sexual, y el feminicidio.

De otro lado, se hace necesario que –a diferencia de los últimos años- se enfoque a la violencia familiar y sexual como expresiones de la violencia de género antes que como problemas vinculados a la institución de la familia, ya que ello permitirá que no se pierda de vista la defensa de los derechos de las mujeres, ni el análisis de las causas estructurales, culturales, históricas que sustentan la existencia de la violencia en nuestro país.