Incentivando el privilegio laboral

Tal vez para desviarnos un poco del papelón que sistemáticamente está cometiendo el ejército, su ejército, con el caso de la emboscada senderista en la selva del Cusco, nuestro mandatario Ollanta Humala, salió el martes a anunciar al país la puesta en marcha del segundo tramo de la promesa electoral consistente en la elevación del salario mínimo vital. Es decir, de 650 soles, el mínimo es ahora de 750 soles.
El anuncio se dio en medio de la celebración del Día Internacional de Trabajo, y eso podría ser muy significativo si realmente en nuestro país el trabajo fuese un derecho consagrado para la gran mayoría de peruanos. Como sabemos, no es así; al contrario, el trabajo está elevado a la categoría de privilegio del que gozan cerca del 40% de la población que está en edad y condiciones de trabajar; el resto, un gran 60%, están simplemente en condición de informales. Es decir, el rimbombante anuncio hecho por el presidente en el Día del Trabajo, sólo beneficia a pocos trabajadores, podríamos decir a una elite, calificación a la que se llega por tener un empleo adecuado en el sector formal, derechos laborales, pensión y seguridad social.
Si ese es el panorama en el país, a nivel de nuestra región, la cosa no varía mucho, pues entre desempleados y subocupados, el porcentaje se acerca al 60%, y si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado la tasa de empleabilidad, al 47%, hay que ver que lo ha hecho básicamente en el sector comercio y servicio (42%), y aunque eso parezca beneficioso no lo es, pues ese dato pone de manifiesto que es el sector terciario el que más ha crecido en nuestra región generando puestos de trabajo que se reducen a vendedores. En otras palabras, hay menos trabajo productivo, hay más empleo en ventas, ocupados mayoritariamente por jóvenes cuyas remuneraciones son misérrimas.
Lo peor es que el esa situación tienda a agudizarse, perjudicando principalmente para nuestros jóvenes, pues tras el anuncio hecho por el presidente el martes, el de la elevación del mínimo vital, lo más probable que desanime aún más a ese empresario que encuentra en nuestra legislación laboral una maraña de obstáculos que hace que nuestro país sea uno de los más engorrosos en generar puestos de trabajo mínimamente formales. Por eso es que cerca de diez millones de trabajadores en nuestro país sobreviven sin un empleo adecuado.
Ahora, hay que reconocer que el problema del desempleo no ocurre sólo aquí, sino que es una molestia mundial que se ha agudizado con la globalización, ya que con este nuevo tipo de sociedad, ganó el capital y perdió el trabajo, y esa es una situación irreversible frente a la que hay que estar preparados para adaptarnos mucho mejor. Es decir, más que anunciar pequeños aumentos del mínimo vital, que sólo benefician a una elite laboral; o antes de estar haciendo jugarretas legales para seguir engrosando a nuestro celulítico Estado con temas como el CAS, el gobierno debería estar preparando y educando, principalmente a los jóvenes, para estar lo suficientemente capacitados para enfrentar a los nuevos retos del trabajo productivo que es el que hay que promover y desarrollar. Esa debe ser nuestra mira en el campo laboral para tener la seguridad de un desarrollo sostenible. Todo lo contrario a esa otra visión gubernamental de privilegiar a la élite laboral con mínimos vitales, o engordando el Estado con trabajo inútil como lo es usualmente la función del burócrata de gobierno.
Si ese es el panorama en el país, a nivel de nuestra región, la cosa no varía mucho, pues entre desempleados y subocupados, el porcentaje se acerca al 60%, y si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado la tasa de empleabilidad, al 47%, hay que ver que lo ha hecho básicamente en el sector comercio y servicio (42%), y aunque eso parezca beneficioso no lo es, pues ese dato pone de manifiesto que es el sector terciario el que más ha crecido en nuestra región generando puestos de trabajo que se reducen a vendedores. En otras palabras, hay menos trabajo productivo, hay más empleo en ventas, ocupados mayoritariamente por jóvenes cuyas remuneraciones son misérrimas.
Lo peor es que el esa situación tienda a agudizarse, perjudicando principalmente para nuestros jóvenes, pues tras el anuncio hecho por el presidente el martes, el de la elevación del mínimo vital, lo más probable que desanime aún más a ese empresario que encuentra en nuestra legislación laboral una maraña de obstáculos que hace que nuestro país sea uno de los más engorrosos en generar puestos de trabajo mínimamente formales. Por eso es que cerca de diez millones de trabajadores en nuestro país sobreviven sin un empleo adecuado.
Ahora, hay que reconocer que el problema del desempleo no ocurre sólo aquí, sino que es una molestia mundial que se ha agudizado con la globalización, ya que con este nuevo tipo de sociedad, ganó el capital y perdió el trabajo, y esa es una situación irreversible frente a la que hay que estar preparados para adaptarnos mucho mejor. Es decir, más que anunciar pequeños aumentos del mínimo vital, que sólo benefician a una elite laboral; o antes de estar haciendo jugarretas legales para seguir engrosando a nuestro celulítico Estado con temas como el CAS, el gobierno debería estar preparando y educando, principalmente a los jóvenes, para estar lo suficientemente capacitados para enfrentar a los nuevos retos del trabajo productivo que es el que hay que promover y desarrollar. Esa debe ser nuestra mira en el campo laboral para tener la seguridad de un desarrollo sostenible. Todo lo contrario a esa otra visión gubernamental de privilegiar a la élite laboral con mínimos vitales, o engordando el Estado con trabajo inútil como lo es usualmente la función del burócrata de gobierno.

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