De la procedencia de la acción amparo contra lo resuelto en un proceso arbitral, inexigibilidad del agotamiento de la vía previa, una interpretación singular

de la STC Nº 02851-2010 AA/TC emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional

Por: César Jesús Pineda Zevallos


En la últimas semanas, nuevamente el Tribunal Constitucional ha sido materia de arduas y duras críticas por parte de aquellos defensores de la cosa juzgada en un proceso arbitral, ello se debe a la expedición por parte del Tribunal Constitucional de la STC Nº 02851-2010 AA/TC, mediante la cual el Supremo Interprete de la Constitución, deja, “sin efecto” el precedente vinculante Cantuarias Salaverry, sobre la exigibilidad del agotamiento de la via previa para la interposición de una demanda de acción de amparo contra un laudo arbitral. En tal sentido, si bien el Tribunal Constitucional no señala de manera expresa que se deja sin efecto el citado precedente vinculante Cantuarias Salaverry, lo cierto es que en materia de regulación de amparo contra laudos arbitrales, se expide una nueva resolución la cual formula un nuevo presupuesto procesal para este tipo de casos, sentencia la cual, incluso, fue emitida por el pleno del Tribunal Constitucional. Hechos, que pone en duda, la aplicación del citado criterio jurisprudencial por parte de los operadores de la administración de justicia, en determinar si efectivamente, el citado precedente vinculante, ha sido dejado sin efecto mediante una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, que no la deja sin efecto de manera expresa, considerando así un posible overruling tácito o no.

Ahora bien, el principio de unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional se encuentra reconocido en el Art. 139°, inciso 1 de la Constitución, donde se prescribe que: “No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso judicial por comisión o delegación”. En atención a ello, la Constitución ha establecido, como regla general, que corresponde al Poder Judicial el avocamiento único y singular del estudio y solución de los diversos tipos de conflictos jurídicos, prohibiéndose al legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial. Por ello es que tradicionalmente se ha reservado el término “jurisdicción” para designar la atribución que ejercen los órganos estatales encargados de impartir justicia y aplicar las disposiciones previstas en la ley para quien infringen sus mandatos. Sin embargo, el Art. 139º, inciso 1 de la Constitución Política consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual contexto, el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una jurisdicción privada.

Bajo ese contexto y conforme lo haya señalado el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia Cantuarias Salaverry STC 6167-2005 HC/TC Fund. Jurid. 9, señala que: “la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso”.

En tal sentido y siendo la primera sentencia del Tribunal Constitucional que regulaba la facultad de interposición de acciones de garantía constitucional (acción de amparo) contra lo resuelto en un proceso arbitral (laudo arbitral) estableció como requisito previo a la demanda de amparo constitucional el agotamiento de la vía previa, mediante el recurso de apelación y anulación, tal como lo dispone en su Fund. Jurid. 14 “este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible (artículo 1º de la Ley General de Arbitraje), con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, debe ser ejercido ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previstos en la Ley General de Arbitraje. Por su parte, el control constitucional deberá ser canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional; vale decir que tratándose de materias de su competencia, de conformidad con el artículo 5°, numeral 4 del precitado código, no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, si lo que se cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, de manera previa a la interposición de un proceso constitucional, el presunto agraviado deberá haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo”.

Sin embargo dichas reglas incoadas por el Tribunal Constitucional, desde su primera regulación en la Sentencia Cantuarias Salaverry STC 6167-2005 HC, fueron evolucionando, de acorde con una correcta interpretación de los derechos fundamentales de los justiciables y en aplicación de los principio pro homine, pro libertates y pro actione, que son principios bases para una correcta interpretación de los derechos constitucionales, tal como se puede denotar del contenido de sus principales sentencias, STC 1567-2006 AA/TC, caso Compañía de Exploraciones Algamarca c/ compañía Minera Almarca S.A., STC, Nº 6149-2006 AA/TC, caso Minera Sulliden Shahuindo, STC Nº 4972-2006 AA Caso Corporación Meir SAC, STC 10063-2006 AA/TC caso Gilberto Padilla Mango, STC Nº 7352-2006 AA/TC, caso Lider Group EIRL, STC Nº 02513-2007 AA/TC, caso Ernesto Casimiro Hernández Hernández, STC Nº 0061-2008 AA/TC, caso Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, pasa así llegar a la sentencia Nº 02851-2010 AA/TC emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional, quien el pasado 15 de marzo de 2011 emitió la última sentencia que regula en materia de acciones de amparo contra laudos arbítrales, para así “modificar” el precedente vinculante dispuesto en el Fundamento Jurídico 14 de la Sentencia caso Cantuarias Salaverry, disponiendo en consecuencia una nueva regla en cuanto a la procedencia de demandas acciones de amparo frente a lo desarrollado en un proceso arbitral, es decir, disponiendo la no exigibilidad del agotamiento de la via previa en determinados supuestos que no estén contemplados taxativamente en la Ley General de Arbitraje para recurrir vía recurso de anulación a la instancia judicial ordinaria.

Ahora bien la citada sentencia del 15 de marzo de 2011 señala en sus fundamentos Jurídicos 03 a 07 “que si bien de autos se advirtió que pese a haberse admitido a trámite la demanda de amparo y de haberse corrido traslado de ella a las partes para que hagan valer su derecho de defensa y expresen sus posiciones, así como alegatos de forma y fondo, los órganos del Poder Judicial optaron por emitir pronunciamientos inhibitorios fundamentándose exclusivamente en que “la recurrente no ha cumplido con agotar todos los recursos pertinentes dentro del Proceso Arbitral al no haber interpuesto del recurso de anulación de Laudo””.

Para ello el Pleno del Tribunal Constitucional comparte que si bien el proceso de anulación de laudo arbitral constituye, en principio, una vía previa al amparo, conforme a la regulación contenida en la décimo segunda disposición complementaria de la Ley General de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071), (STC Nº 6167-2005-HC, fundamento 14); ello no considera que aquel signifique prescindir de atender el hecho de que, conforme a su Art. 63°, sólo se puede impugnar un laudo en base a una lista cerrada de causales. En tal sentido, el Pleno del Tribunal Constitucional atiende y reformula el precedente vinculante antes expuesto en el Fund. Jurid. 14 al señalar en concordancia con el Fund. Jurid. 09 de esa misma sentencia (STC Nº 6167-2005-HC) que “si una afectación que no esté contemplada como causal de anulación de laudo y que compromete seriamente algún derecho constitucionalmente protegido a través del proceso de amparo, no puede ni debe tramitarse como un recurso de anulación, de modo que para estos supuestos queda habilitado el amparo como medio eficaz de defensa de los derechos comprometidos”. Esto es por la yana y sencilla razón de que si se pretende impugnar judicialmente, vía recurso de anulación, un laudo arbitral por causales que no estén taxativamente dispuestas en la Ley General de Arbitraje, la misma será declarado improcedente, ello claro esta, porque el juzgador ordinario no va a encontrar dicha causal taxativa dispuesta en el Art. 63 de la Ley General de Arbitraje, a pesar que dicho laudo arbitral pueda ser manifiestamente violatorio a un debido proceso como a sus mínimas garantías constitucionales que se le exige a un juzgador lo que trae como consecuencia una posible irreparabilidad del derecho constitucional alegado y que los justiciables solicitamos de manera urgente ante un proceso constitucional.

En aquel sentido el Tribunal Constitucional señala en su STC 4195-2006 AA que lo afirmado anteriormente no quiere decir que todas las violaciones al debido proceso o demás derechos fundamentales, aun cuando ya exista un laudo, puedan ser impugnadas por medio del recurso de anulación, pues como ya quedó dicho, y la propia norma así lo prevé, las causales para interponer el recurso de anulación se encuentran contempladas de manera taxativa y sería arbitrario pensar que procede la interposición de una acción de amparo sin el agotamiento de la vía previa, cuando la Ley General de Arbitraje establece que esa misma causal de violación es una causal taxativa que es de conocimiento mediante sede judicial ordinaria via recurso de anulación, como también es ilógico y arbitrario disponer la obligatoria procedencia de un recurso de anulación frente a un laudo arbitral que ha ocasionado una violación flagrante a los derechos constitucionales de los recurrentes como al debido proceso, a sabiendas que el mismo será declarado improcedente por no esta inmerso en algunas de las causales taxativas que dispone el Art. 63 de la Ley General de Arbitraje, asciendo innecesario y perjudicial su paso por ella, cuando existe un derecho constitucional y/o fundamental que puede devenir en irreparable por la ejecución inmediata del citado laudo arbitral, y esto es básicamente porque para nuestra Constitución Política no existen islas fuera del control Constitucional de nuestra Carta Magna y que frente a la violación de algún derecho constitucional, se denote la procedencia de una acción de amparo, criterio el cual fue sentado incluso por la doctrina de la Corte Interamericana de Derecho Humanos ( ) y asumida por el propio Tribunal Constitucional, al señalar que en un Estado de derecho no existe actividad exenta del control y, sobre todo, del control jurisdiccional previsto para la defensa de los derechos fundamentales. Dicho de otro modo, es doctrina unánime que, dentro del Estado de Derecho, cualquier actividad donde se ventile un derecho, que suponga una violación de derechos fundamentales de los ciudadanos es pasible de ser acusada, procesada y corregida por la vía de las acciones de garantía constitucional, de las acciones previstas para la defensa de la libertad, al decir deL Maestro Mauro Cappelletti, en un Estado de Derecho no hay “islas” sin control constitucional o que estén blindadas al control constitucional. En consecuencia, y aunado a que en nuestro ordenamiento jurídico, no hay islas exentas de control. Esto quiere decir, que a la luz de la defensa de los derechos fundamentales dentro del Estado constitucional, todos los actos funcionales o jurisdiccionales o arbitrales, pueden ser válidamente cuestionados, en tanto órgano del Estado de derecho, pueden ser materia del control jurisdiccional por la vía del amparo constitucional, y ese control está reservado por la Carta Constitucional al Poder Judicial. Es por ello que lo anterior, como bien lo señala el Tribunal Constitucional, no implica, por lo demás, que exista un vacío normativo o una zona donde no haya control de la arbitrariedad (en cualquiera de las etapas del proceso arbitral), sino que tal control no se podrá llevar a cabo mediante el recurso de anulación, sino a través un proceso de amparo.

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