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Las comunidades campesinas son organizaciones muy importantes desde varios puntos de vista y, por ello, su problemática debiera interesarnos a todos y dejar de ser una preocupación aislada de comuneros y de especialistas. Uno de los temas importantes que tienen que encarar las comunidades es el relativo a los derechos de posesión que establecen al interior de sus instituciones y sobre lo cual trataremos en esta nota.

Como información general mencionamos que las comunidades campesinas extienden a sus comuneros, un documento denominado “certificado de posesión” que los convierten, a sus poseedores, en comuneros posesionarios de una determinada parcela, reservándose la comunidad campesina el derecho de propiedad (que puede o no estar acreditada por algún organismo del Estado). El certificado de posesión, dentro de una comunidad campesina, es un documento que goza de credibilidad, porque simplemente expresa una realidad reconocida y respetada por los comuneros que saben quienes son comuneros, qué parcelas poseen, sus extensiones y sus colindancias.

Las limitaciones del certificado de posesión se revelan más bien fuera de las comunidades campesinas y nos referimos a las limitaciones para ser usado en el ámbito comercial y bancario, a las exigencias de entidades privadas o a las objeciones de varios organismos públicos. Efectivamente existen fuertes restricciones para vender, arrendar, colocar como garantía, etc. las parcelas de un comunero. Incluso el Estado, para realizar una obra en territorio comunal exige que la Comunidad le extienda un documento especial en que la comunidad acepta que el territorio en que se asienta la obra estatal pase a ser propiedad pública. A lo anterior se suman algunos representantes del Poder Judicial que otorgan poca o ninguna validez a estos documentos de posesión y que con frecuencia avasalla la autonomía de las comunidades en lo concerniente al uso y disposición de sus tierras.

A los problemas señalados se suma algo que todavía es más perjudicial para la validez de los certificados de posesión: las campañas gubernamentales para negarle o restarle valor a la propiedad comunal en general y al certificado de posesión en particular. Una de estas campañas masivas la protagonizó Fujimori, sus ministros de Agricultura, algunos de sus congresistas y uno que otro de sus teóricos (como Hernando de Soto). Esta campaña se dio como parte de la ofensiva neoliberal para desbrozar el camino al proceso de reconcentración de tierras que tuvo su punto de partida en los noventa y que impulsaría con mucho entusiasmo el ex Presidente García Pérez. Ahora estamos sintiendo los efectos de tal campaña.

En un contexto de esta naturaleza – años 1992 – 1998 -- el Instituto de Desarrollo Regional (INDER) trabajó una propuesta – concertada con varios dirigentes comuneros -- de modificación del modelo de certificado de posesión en base a dos objetivos muy precisos: cooperar con la decisión de los comuneros de mantenerse como tales, defender la unidad territorial de sus comunidades, y brindar mayor seguridad jurídica a los comuneros posesionarios. Basado en un estudio de los documentos de posesión de varias comunidades, consultado el tema en varios eventos y recabando la opinión de varios profesionales, se concluyó formulando un nuevo modelo de certificado de posesión al que se le denominó “Título de Posesión Comunal”

El nuevo documento otorgaba derechos de posesión “de duración indefinida” al comunero, pero lo condicionaba a que mantuviera su condición de comunero, lo que implicaba cumplir con las obligaciones y beneficiarse de los derechos que el Estatuto de la Comunidad le reconocía. Se incorporaba el componente de “posesión familiar” que en cierta forma garantizaba a la familia cierta seguridad en la posesión de la parcela ya que antes el único beneficiario era el titular. El título de posesión aludía a la asamblea general de comuneros que autorizaba la expedición de tal documento, poniendo restricciones a las libertades que tenía el presidente de la comunidad. El documento debería llevar por lo menos tres firmas de los representantes de la comunidad (presidente, secretario y fiscal) y la propia firma del titular.

Si bien es cierto las normas vigentes hablaban de un padrón de parcelas, ninguna comunidad lo había puesto en práctica, por ello se contempló la necesidad que el título de posesión debiera tener un origen más formal: el Libro de Parcelas de la Comunidad, que pasaba a ser el documento de origen del derecho de posesión y que debería ser legalizado, foliado e impreso de tal manera que cualquier adulteración del mismo sería rápidamente visualizado. De esta manera, el título que se le entregaba al comunero, era una “copia literal” del documento que constaba en el Libro de Parcelas. Adicionalmente se elaboró un modelo más moderno, menos susceptible de ser adulterado y mucho mejor presentado.

Este nuevo documento de posesión fue aprobado por la mayoría de comunidades campesinas de Lambayeque y algunas del norte del país, que es el ámbito al que podía llegar la institución que promovía tales cambios. Lamentablemente organizaciones nacionales del campesinado y asociaciones especializadas en comunidades tenían, en ese tiempo, otras prioridades y otros temores y no abordaron el tema de manera específica, impidiendo un cambio global en un documento tan importante para las comunidades que hubiera ayudado mucho a una acción común tan necesaria en esos tiempos y en los actuales.

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* Artículo publicado en el Semanario Expresión Nº 732.)