El pasado 25 de agosto se dio la exposición sobre la Política y Programa General de Gobierno ante el Congreso de la República a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la que se basa en cuatro “horizontes del gobierno” o “ejes de administración“ los cuales son: primero, el crecimiento con inclusión social en democracia; segundo, la igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales alineadas con los objetivos del milenio; tercero, la concertación económica y social en el ámbito nacional regional y local; y cuarto, el rencuentro histórico con el Perú rural. En este discurso también se expusieron políticas para la gran transformación:

(i) Crecimiento, políticas sociales e infraestructura para la inclusión;
(ii) Empresas del Estado competitivas y eficientes;
(iii) El gasoducto surandino;
(iv) La soberanía energética;
(v) Las principales ofertas en política social;
(vi) La Política Agraria;
(vii) El Fomento del empleo para el alivio a la pobreza;
(viii) La Universalización del acceso a la salud;
(ix) Las Políticas de género y combate frontal contra el feminicidio y la violencia contra los niños;
(x) La Reducción del déficit habitacional;
(xi) Aprovechar la apertura comercial;
(xii) El Flujo de Tres millones y medio de turistas;
(xiii) La Reducción de la brecha de la Infraestructura;
(xiv) Las Redes estatales para el Perú rural;
(xv) Las grandes regiones territoriales para el desarrollo;
(xvi) Pacto para un futuro limpio;
(xvii) La Revolución educativa;
(xviii) Seguridad para todos;
(xix) Democratización del Estado y Reforma Política;
(xx) Ataque frontal contra la corrupción;
(xxi) Política exterior para la integración;




La política de lograr Empresas del Estado competitivas y eficientes nos dice su aparente exclusividad en materia de competitividad, pues se orienta solamente a las Empresas del Estado no especificando si serán algunas de derecho público (Banco de la Nación, FONAFE); o algunas de derecho privado (COFIDE, ENAPU, SEDAPAL, CENTROMIN PERU, PETROPERU, ELECTROSUR, SIMA-PERU, etc) sabiendo que este concepto de competitividad y eficiencia no es privilegio de un grupo de empresas sino que involucra a otros objetivos como son la modernización y la simplificación administrativa aplicables a cualquier tipo de organización más aún en aquellas que lo requieran con mayor incidencia.

Hubiese sido oportuno que dicha política sobre competitividad y eficiencia no sólo se dirija a las Empresas del Estado a través de la mejora del gobierno corporativo reinvirtiendo sus utilidades u ofertando porcentajes de sus acciones en Bolsa como una opción de financiamiento, sino que también haya comprendido al resto de Entidades del Estado que también necesitan estar inmersas en ese concepto de “competitividad”, “eficiencia” y trato “gerencial”, como son: los Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, Programas y Proyectos, Universidades; así como las organizaciones del Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales y Locales. Estas otras Entidades son las que mayormente dan la cara al ciudadano o cliente externo individual y necesitan el apoyo del Estado en materia de competitividad y eficiencia. Puede inferirse que no todas las Empresas del Estado como una PETROPERU tienen contacto directo con el ciudadano o algún cliente individual, salvo excepciones – según su misión - como son el Banco de la Nación o SEDAPAL.

Por otro lado, en el rubro de “Democratización del Estado y Reforma Política” del Programa de Gobierno expuesto por la PCM, se menciona que “el gobierno iniciará una Reforma Democrática del Estado. Nos proponemos desprivatizar, modernizar, democratizar y generar eficazmente el aparato del Estado, organizándolo para todos los ciudadanos, haciendo que funcione con eficacia, que la justicia y políticas lleguen al país, e impulsar el desarrollo de una carrera pública de calidad”, dando vistos de preocupación sobre las otras Entidades del Estado en el tema. No obstante a ello, no se distingue finalmente como se articulará esta política con los avances existentes en modernización del aparato Estatal, más bien se menciona una “Reforma Democrática” que tampoco permite inferir cómo se realizará. Duro reto a tratar, dado que en la gestión pública los procesos de organización y dirección son los más pesados de modificar debido a la estructura rígida ya estandarizada del aparato estatal y presupuesto que involucra. Los procesos de organización y dirección también son los que generan mayor afectación sobre el recurso humano debido a factores como aspectos de carrera pública, diversidad de regímenes laborales, procedimientos administrativos existentes y conducción del personal.

Siendo así, se releva la necesidad de conocer cuál sería el enfoque y objetivo macro con los cuales deba abordarse de manera integral y común los ejes y políticas del discurso de la PCM para el caso del resto de Entidades Públicas, sin perder de vista la Modernización del Estado y la Simplificación Administrativa como elementos para lograr Competitividad y Eficiencia. En la gestión pública sin embargo, los procesos de planificación, ejecución y control si permiten un alto alineamiento con la razón de ser y filosofía de trabajo de cualquier Entidad del Estado: el ciudadano, administrado o beneficiario (como quiera identificársele), en otras palabras, el “recibidor” de todo servicio público brindado o, servicio dirigido directa o indirectamente por todo el aparato estatal. Esto es como algo análogo a una política de calidad sobre clientes externos que obra como motor de los servicios que ofrece la empresa privada exitosa o en constante mejora.

Teniendo en cuenta la existencia de la definición de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento (Decreto Supremo N° 027-2007-PCM) que en su art° 10 establece la Política en materia de Simplificación Administrativa y el Decreto Supremo N° 025-2010-PCM que modifica el numeral 10 de su artículo 2°, que establece como ámbito de aplicación a todas las Entidades que conforman la Administración Pública, señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley N° 27444. Siendo así, ¿por qué entonces el Programa de Gobierno sólo considera a las Empresas del Estado en materia de eficiencia y competitividad, y no mencionó también al resto de Entidades del Estado?, ¿cómo se articularán las políticas de obligatorio cumplimiento que ya se han venido trabajando con las del Programa de Gobierno de la PCM?.




Cabe anotar que, en el marco de la intención que también se desprende de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658) publicada en el año 2002, se ha dado esfuerzos de trabajo progresivos generados desde las diversas Entidades del Estado, no sólo desde las Empresas del Estado; a ello se suman otros esfuerzos generados desde la propia PCM en diversos campos de aplicación a la sociedad mediante servicios integrados muy interesantes muchos ya implementados y otros aún en proceso. Por ejemplo, tenemos al Portal de Servicios al Ciudadano – Ventanilla Única del Estado, MAC (Centro de mejor atención al ciudadano), TRAMIFACIL (Portal Electrónico, que brinda información sobre los avances de la Simplificación Administrativa en el país, así como las normas y herramientas técnicas que facilitan el rediseño de los trámites que vinculan a las empresa con el Estado contribuyendo a mejorar el clima de negocios en el Perú), VUCE (Ventanilla única de Comercio exterior) así como la VUS (Ventanilla Única Social) o el proyecto RUFE (Registro Único de funciones del Estado), entre otros resultados, todos en pro de facilitar una llegada mejorada y adecuada al ciudadano, basados en una articulación de los servicios brindados por todas las Entidades del Estado. A estos avances se suman otras disposiciones como por ejemplo, la aplicación de normas de inclusión ciudadana como la Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones (Decreto Supremo N° 042-2011 – PCM) o la aprobación de lineamientos estratégicos como el Plan Nacional de Simplificación Administrativa (Art° 3 del DS N° 025-2010-PCM) y su supervisión (Art° 4 del DS N° 025-2010-PCM).

Siendo así, muchas de las entidades de la administración pública en sus distintos niveles de gobierno han venido tomando acciones en materia de mejora y modernización, desde antes de la publicación de estas últimas disposiciones. Una muestra de ello puede verse en el Concurso anual de Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por la Asociación Ciudadanos al Día que ya se ha convertido en un referente de gestión pública y que desde el año 2005, identifica, reconoce, califica y premia experiencias estatales exitosas así como a los funcionarios públicos que las hicieron posible; promueve también el Ranking CAD, que es una herramienta de evaluación que mide la satisfacción que brindan las entidades públicas. Este concurso es una gran vitrina para que la ciudadanía conozca los esfuerzos que hace el Estado por ella, no obstante, si preguntásemos a la ciudadanía si realmente conoce estos esfuerzos muy probablemente la respuesta sería negativa. Sin embargo, si le preguntásemos sobre la percepción de calidad que tiene respecto a los servicios públicos brindados por el Estado, el mayor porcentaje de la ciudadanía opinaría que la atención que brindan las Entidades Públicas se mantiene igual, resultado que aún se encuentra por encima de alguna mejora perceptible (RankinCAD 2008, 2010).




Surgen algunas preguntas aún válidas: ¿por qué entonces, habiendo entidades que ya han mostrado cambios en sus procedimientos y servicios a través de innovaciones o mejora de prácticas, aún no se percibe una sustancial mejora de los mismos a nivel de aparato estatal por parte del ciudadano?, ¿qué falta entonces?, ¿será un tema de decisión política, gerencial o de desarrollo de capacidades operativa y ejecutora?, ¿será el factor de competencias funcionales dentro de la organización o de competencias del recurso humano directivo, gerencial y técnico?, ¿será que el asedio de las acciones de control institucional y auditorias continúen permitiendo interpretaciones a las normas internas que no sintonizan con las acciones de simplificación y/o mejora continua que se proponen implementar?, ¿será que habrá resistencia por temores ocultos y razonables?, ¿acaso la normativa interna o externa así como la experiencia interna dentro de la administración pública contribuye a generar resistencias a los cambios e iniciativas?, ¿cómo se dará la continuidad en materia de Simplificación administrativa y mejoramiento continuo en el aparato estatal respecto a los avances del gobierno anterior?.



Fuente (1)

Al final, cada Entidad puede desarrollar mejoras importantes en sus procesos y procedimientos internos, tal como se viene demostrando en la realidad, más allá de la exigencia normativa y temor a interpretarla como ella muchas veces supone toda vez que, prevalece un principio de mejoramiento continuo en cada entidad, principio que corresponde al concepto de Competitividad y Eficiencia que hace alusión el Programa de Gobierno de la PCM y que a la fecha aún no se explota como debería ser. No es posible que, si existe una Política o norma que de lineamientos o directivas para proceder en materia de simplificación y mejora administrativa, se piense que por su existencia, las entidades públicas se encuentren obligadas a acatarla de manera indubitable sin opción de generar aportes adicionales o acciones que la complementen y que con estas se logren mejoras internas. Lamentablemente hay entornos en la administración pública que aún piensan que la norma en esta materia es la ley definitiva productos del daño ocasionado por infortunadas experiencias fiscalizadoras y sancionadoras. Las ideas de normar internamente los modelos del managemet aplicado debe ser tomado con cuidado; siempre habrá formas de mejorar desde los enfoques más elevados a nivel estado, a nivel institucional y a nivel de procesos internos para lo cual se necesita decisión y apoyo. Una conclusión que podemos tener en torno a esto es que, para fijar cambios y mejoras tendríamos que apoyarnos no solo en las decisiones técnicas sino también, recurrir al apoyo político en cada entidad para implementar mejoras y lograr competitividad.

Se puede decir entonces que, sólo a través de un permanente monitoreo y evaluación del funcionamiento de las entidades, de sus programas, proyectos y otras actividades desarrollados por la reciente gestión gubernamental, nos darán respuesta clara de tales interrogantes en materia de Simplificación Administrativa , Mejora Continua, eficiencia y Competitividad sobre TODAS las Entidades del Estado, ayudando a detectar el nivel avanzado sobre la calidad de cambio en los servicios públicos percibidos desde la ciudadanía o beneficiario, lo cual debe permitir precisamente, mirar a cada una de estas acciones bajo un enfoque de procesos de servicios atado al tema de Políticas de Simplificación administrativa y Modernización del Estado.

Ricardo Camacho. 31-08-2011
(1): http://reporterow.com/2010-08-17-colas-desde-las-5-am-en-el-banco-de-la-nacion-de-san-ignacio-noticia_4370.html