La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado Peruano tomar acciones inmediatas a favor de la salud de la población de La Oroya. La decisión la tomó el pasado 31 de agosto, acogiendo la solicitud de medida cautelar presentado en noviembre del año 2005 por el abogado Carlos Chirinos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Earthjustice y CEDHA. Las medidas solicitadas incluyen la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de los pobladores de la Ciudad de La Oroya, por la grave contaminación ambiental generada por el Complejo Metalúrgico de la Empresa Doe Run Perú. la CIDH también ordena al Estado Peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Doe Run. Al mismo tiempo, se solicita al Gobierno Nacional proveer de tratamientos médicos especializados para cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable. El pronunciamiento de la CIDH se sustenta en la ausencia regulatoria del Estado Peruano, frente a las graves violaciones a los derechos humanos que los pobladores de La Oroya sufren por la contaminación ambiental que padecen.

Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA, una de las instituciones solicitantes, señaló que "Las medidas son fundamentales pues reiteran lo dicho por el Tribunal Constitucional de Perú, quienes consideraron insuficientes las acciones de prevención y atención de la salud promovidas hasta ahora. Es esencial continuar insistiendo en las demás acciones para controlar la contaminación " Por su parte, Carlos Chirinos, de la SPDA manifestó que esperaba tener una coordinación fluida con las autoridades del Estado para garantizar la aplicación transparente y eficaz de estas medidas. "El soporte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras entidades es crucial", aseguró.

El Presidente Regional de Junín, Vladimiro Huaroc, saludó esta decisión y señaló la necesidad de tomar medidas inmediatas, a fin de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.

Sin duda, este hecho, sumado a la sanción impuesta por OSINERGMIN hace algunas semanas y la posición firme que las autoridades locales y regionales vienen mostrando, generan un escenario diferente al que se ha vivido durante muchos años respecto de este caso, por lo que se abren posibilidades reales de alcanzar soluciones efectivas al problema de la contaminación ambiental de La Oroya. Esto es especialmente significativo cuando nos encontramos cerca de celebrar el décimo aniversario de la presencia de DOE RUN PERU en la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Ivan Lanegra