Conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, Steven Levitsky acuñó una de las expresiones más recurridas en este periodo de campaña de la segunda vuelta: “de Humala tenemos dudas, de Keiko (Fujimori) tenemos pruebas”. El politólogo de Harvard aludía con ello a las credenciales democráticas (o, más bien, antidemocráticas) de ambos candidatos.

Más allá que luego se haya discutido sobre si lo que Levitsky dijo se refería al pasado (lo que antes habían hecho) o al futuro (lo que harían en caso de ser gobierno), lo cierto es que dicha frase expresó muy bien la percepción que mucha gente tenía respecto de ambos candidatos, inmediatamente después de la primera vuelta. Me incluyo entre esa gente.


Confirmando las certezas sobre Keiko Fujimori

Según esa percepción, habían pruebas irrebatibles y abundantes sobre el estilo de gobierno del fujimorismo (en esta ocasión representado por la hija del dictador), caracterizado por su irrespeto a las instituciones democráticas, por su proclividad a violar los derechos humanos y las libertades fundamentales, por su uso clientelar de los programas sociales y por la corrupción institucionalizada. Por tanto, no había y no hay la menor duda, sino la absoluta certeza, sobre la naturaleza autoritaria y cleptocrática del fujimorismo.

Conscientes de ello, en los predios del fujimorismo han pretendido hacerle creer a los peruanos que Keiko Fujimori nada tiene que ver con el gobierno de su padre y que no es culpable de sus “errores” o crímenes. Sin embargo, el problema de Keiko no es el hecho genético de ser la hija biológica de dictador, sino que es su heredera política, y como tal ha asumido la conducción formal de la misma organización político-criminal creada por su padre y su siamés político Vladimiro Montesinos, se ha rodeado de la misma gente, de sus mismos operadores políticos y mantiene sus mismas redes.



Es más, el propio Alberto Fujimori ni siquiera ha salido de juego, y más bien se mantiene atrás de la escena como hábil titiritero, participando activa y directamente en la campaña de su hija, para lo cual su condición de “presidiario” no ha sido óbice, gracias a la complicidad del gobierno. Así como muchos criminales (marcas, injertos, destructores, secuestradores, etc.) siguen dirigiendo a sus bandas de delincuentes y cometiendo sus fechorías desde la prisión; Alberto Fujimori sigue dirigiendo las riendas de su organización desde la Diroes, que, como todos sabemos, además de ser una especie de local central de campaña, es un centro de peregrinación de los fujimoristas, como lo ha confesado Rolando Souza, uno de sus voceros oficiales.

La hija del dictador pretendió seguir maquillando la realidad señalando, en el debate de candidatos, que es ella quien toma las decisiones en su partido y que ha elegido a su equipo y a los candidatos. Si eso es así, sería peor todavía, porque habiendo tenido la oportunidad de decidir por cuenta propia y armar un equipo que genere confianza, más bien conformó una plana mayor con el mismo elenco que acompañó a su padre o con gente que defiende sus mismos métodos: Rafael Rey (candidato a primer vicepresidente), el de los decretos de la impunidad que iban a permitir la libertad de los integrantes del Grupo Colina y al que no le consta que Montesinos sea un asesino; Jaime Yoshiyama (candidato a segundo vicepresidente), uno de los hombres más poderosos durante el fujimorato; José Chlimper (jefe de campaña), ministro de agricultura en el momento en que el fujimorato estaba en plena descomposición, quien además cree que los trabajadores que hacen huelga son unos malnacidos y que las huelgas deben solucionarse a balazos; Jorge Trelles (vocero defenestrado por ser muy sincero) quien afirmó, muy suelto de huesos, que ellos mataron menos que en los gobiernos anteriores, y que durante el fujimorato no todos robaron; Martha Chávez (lideresa histórica del fujimorismo), quien no se cansa de amenazar al juez San Martín por haber sentenciado a Don Alberto; Milagros Maraví (equipo técnico), quien no tiene ningún problema de conciencia en decir que “Keiko” (así, sin apellido), respetará los derechos humanos y luchará contra la corrupción, a pesar que a fines de la década de los noventa coordinaba con Vladimiro Montesinos para defender a los violadores de derechos humanos. Podría seguir mencionando un sinfín de nombres, pero esto se convertiría en un testamento.



Que hay gente nueva en su equipo, seguramente, pero esos son sólo los extras utilizados para pretender blanquear al fujimorismo; no son los que tienen el poder de tomar las grandes decisiones.

Respecto de Keiko Fujimori, pues, las mismas certezas que teníamos al inicio se mantienen incólumes. Que una organización con esas características llegue al poder, qué duda cabe, es la más grande amenaza que tiene nuestra democracia; además de significar un gran daño a la dignidad y autoestima nacional, ya que simbolizaría la reivindicación moral del crimen y la corrupción como prácticas políticas válidas.


Despejando las dudas sobre Ollanta Humala

Respecto del candidato Ollanta Humala, inicialmente existían dudas sobre cómo se comportaría en un eventual gobierno; dudas que se originaban es sus pasadas simpatías por Hugo Chávez o los gobiernos que están en su eje; los hechos insurreccionales en los que ha estado involucrado; en su programa de gobierno original, meridianamente claro respecto de sus fines (lograr un crecimiento económico con inclusión social), pero que originaba muchas dudas o resquemores respecto de los medios que proponía para alcanzar tales fines; o, incluso, en su formación castrense o en sus relaciones familiares. No obstante, mi percepción ha cambiado.

¿Qué es lo que Ollanta Humala ha hecho en este tiempo para que cambie mi percepción? Para empezar, ha realizado un verosímil desplazamiento del extremo izquierdo del espectro político, que implica un radicalismo que puede ser amenazante para la estabilidad democrática, a la centro-izquierda, espacio en que se pueden hacer ajustes importantes a la política económica para lograr una mayor inclusión social, sin poner en riesgo la estabilidad económica, ni amenazar la democracia política.



Ese desplazamiento no ha sido sólo discursivo, sino se ha expresado en hechos concretos como la elaboración de un nuevo plan de gobierno (la denominada Hoja de Ruta), que se ha realizado con la activa colaboración de un gran equipo de técnicos, que vienen de las canteras liberales o socialdemócratas, que se ha sumado a su candidatura en esta segunda etapa, y que será la base para conformar su equipo de gobierno.

Este nuevo plan de gobierno es el resultado de un verídico esfuerzo de concertación con los sectores del país que no comulgaban con el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones; que coinciden respecto de la necesidad de lograr un crecimiento económico con inclusión social, pero no comparten muchas de las medidas específicas señaladas en dicho plan para lograr ese objetivo ineludible e impostergable. En tal sentido, lo que sus detractores presentan como un defecto: cambiar de plan de gobierno, es por el contrario una virtud, ya que expresa la capacidad de dialogar y no imponer, de ceder posturas iniciales en aras del consenso, de asumir compromisos en busca de la unidad nacional. En suma, es la manifestación de una conducta democrática y no autoritaria.

Al respecto, sus detractores dicen que la conversión de Humala no es real, que sólo lo hace por conveniencia para ganar las elecciones, y que una vez en el poder sacará sus garras autoritarias. Como señalamos en una nota del diario El Comercio (del 12 de abril pasado), “que la moderación de Humala sea real o fingida queda en lo especulativo.” Personalmente yo le creo. Pero, más allá de lo que yo crea, que es subjetivo, lo objetivo es que el mundo de la política es el arte de lo posible. Una cosa es lo que los candidatos quieran hacer, otra lo que pueden efectivamente hacer, de acuerdo a las correlaciones de fuerzas, y a los apoyos que tengan en el parlamento y en otros sectores; en suma, de acuerdo a las condiciones, contexto y circunstancias.



Como sustentó muy bien Levitsky en el debate que sostuvo con Fernando Rospigliosi en la PUCP (el 25 de mayo pasado), el carácter de los políticos no determina ciento por ciento su comportamiento en el poder; lo que importa es el contexto. Una ruptura autoritaria no sólo requiere de un autócrata, sino de condiciones favorables al autoritarismo. Concretamente, respecto de Humala, Levitsky señala que las condiciones no son favorables para que realice un giro radical o autoritario, primero porque no estamos en un contexto de crisis y segundo porque tiene desventaja en los equilibrios de poder. Por tanto, si quisiera dar un giro autoritario lo más probable es que su gobierno caiga, por lo que también es más probable que opte por la moderación.

Lo que personalmente deduzco de nuestro contexto, y de la actuación que en medio del mismo ha tenido Ollanta Humala en las últimas semanas, es que este ha llegado a la conclusión, y actúa en consecuencia de ello, que mucho más rentable políticamente le resulta girar al centro, como lo ha hecho, y quedarse en él.

Que lo ha hecho para ganar las elecciones, pero por supuesto. Pero también lo ha hecho porque no quiere salir de su gobierno por las patas de los caballos; porque efectivamente quiere hacer un buen gobierno, lo que en la actual situación del país pasa por lograr mucha más inclusión social y por universalizar derechos sociales a través de servicios públicos de calidad; porque efectivamente ha entendido que los fines que pretende no podrán lograrse con medidas radicales, que más bien tienen efectos contraproducentes, sino con un programa más moderado, pero que claramente tenga por objeto poner el Estado al servicio del ciudadano.

Y su plan de gobierno sí apunta en esa dirección, a diferencia del plan (¿o habría que decir “no plan”?) de Keiko Fujimori, que se sustenta en mantener las cosas tal como están, en no mover nada el sacrosanto “modelo económico”, que propone atender las demandas sociales sólo con asistencialismo; es decir, cuya esencia es mantener el actual Estado, cuya orientación principal no es servir a los ciudadanos, sino a los intereses particulares de reducidos grupos de poder.

Todo ello ha hecho que, en lo personal, se despejen las dudas iniciales que tenía sobre Ollanta Humala. Ahora, más bien, considero que, en estas circunstancias, su gobierno sería la mejor opción para el país. No sólo el mal menor.