Los resultados de la primera vuelta electoral han originado una multiplicidad de análisis en los últimos días. A riesgo de ser repetitivo y poco original, me lanzo con algunas apreciaciones acerca del significado de la jornada del 10 de abril y de las perspectivas que tendremos que considerar en las próximas semanas (y años).

Para mucha gente de determinados círculos de clase media limeña (el limitado espacio en el que suelo moverme cotidianamente), los resultados del 10 de abril son considerados un desastre, en ciertos medios circula la impresión de que ha sido el peor de los escenarios posibles, y varios suscriben la idea que los peruanos nos hemos visto obligados a elegir entre el cáncer y el sida. Estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. En lo personal puede no gustarme nada el resultado, pero creo que una elección debe ser significativa, es decir plantear disyuntivas claves que reflejen problemas serios para el país y posiciones diferentes respecto de cómo enfrentarlos. De eso se trata una elección significativa, de situarse en la disyuntiva de optar entre posiciones claramente diferenciadas.

La campaña electoral empezó con discusiones acerca de quién se corta el pelo; quién se droga con qué; quién es más machito para debatir con uno u otro en determinado lugar; cuánto wiskey se toma en palacio de gobierno; cómo son los genitales de un candidato; etc., y terminó poniendo sobre el tapete temas como: el problema de la pobreza; la (in)eficacia pasada o presente de los programas sociales; la desigualdad; la viabilidad social del modelo económico primario exportador; el rol del Estado; la corrupción y la reforma de las instituciones; las libertades ciudadanas; etc.

Estos problemas emergieron en el debate político cuando los candidatos “moderados” o “prosistema” empezaron a anularse entre sí y fueron “flanqueados” por Keiko Fujimori y Ollanta Humala. La incapacidad de Toledo, PPK y Castañeda para coordinar entre sí o plantear ofertas electorales claramente distintas; la eficacia de Fujimori para mantenerse firme en su base; y la buena estrategia electoral de Humala para salirse de la suya, nos han permitido a los peruanos confrontarnos nuevamente con los problemas y disyuntivas cruciales de nuestra sociedad, que no se han desvanecido a pesar de que “el Perú avanza”. Además hay que considerar que estamos confrontando estos problemas no debido a un protesta social violenta, un impasse político institucional o un golpe de Estado, sino gracias a un proceso electoral democrático, conducido ejemplarmente por la ONPE y el JNE (que se están reivindicando luego de su mediocre performance en las elecciones municipales).

Otro punto a considerar es que han pasado a segunda vuelta aquellos candidatos que tienen mayor arraigo en los sectores populares y que su discurso de campaña ha estado especificamente dirigido a ellos. Obviamente ofreciendo cosas desde posiciones muy diferentes, aunque el común denominador es que ambos apelaban al recuerdo o la promesa de un Estado que esté más del lado de los “ignorados”, ya sea asistencialistamente o “redistributivamente”.

De acuerdo con el INEI, en el año 2009 el ingreso per cápita promedio mensual de los hogares del decil 5 era de 285 soles. Eso quiere decir que el 50% de los peruanos contaba en promedio con menos de 10 soles diarios para vivir (comer, pagar los servicios, movilizarse, vestirse, etc.). El ingreso promedio diario del decil más rico (el 10% de peruanos con más ingresos) era de 57 soles, casi seis veces más.

Fujimori y Ollanta le hablaron y fueron más escuchados por esos peruanos que tienen menos de 10 soles diarios para vivir, mientras que los otros candidatos se peleaban por la paternidad del modelo económico que beneficia más a los que están varios soles más arriba que eso.

Una pregunta central de esta elección es por qué los candidatos “moderados” no logran llegar y sobre todo convencer a una proporción más importante de los peruanos que están en el lado menos favorecido de la brecha social. No es un problema de falta de comunicación de los beneficios del modelo (¿hay que avisarle a la gente que el “Perú Avanza”?) sino de lo que efectivamente el Estado en manos de los “moderados” hace por cerrar las brechas y ponerse realmente del lado correcto de las mismas.

En estos primeros días post primera vuelta hemos visto que los radicales de ambas orillas se moderan, van hacia el centro, hablan de concesiones y de garantías para atraer a quienes no votaron por ellos. El hecho de que tienen que llegar al poder convenciendo a más gente de la que votó por ellos los está obligando a asumir esas conductas y compromisos. No lo hacen porque es “realmente” lo que quieren hacer, sino porque las instituciones democráticas (una elección) los están forzando o “incentivando” a ello. Y así es como se supone que deben funcionar las instituciones democráticas, generar incentivos para que los actores políticos asuman determinadas conductas que apunten a que “el sistema político” siga funcionando, y no estalle en mil pedazos por la intransigencia o la imposición por la fuerza de uno sobre otro.

Las instituciones y procedimientos democráticos sirven para que los políticos que buscan o llegan al poder no hagan lo que les da la gana, sino lo que les permiten las reglas del juego democrático. Una de ellas es que si no se tiene mayoría hay que llegar a acuerdos, compromisos y alianzas. Claro, algunos dirán que no son sinceros, que “en el fondo” quisieran otra cosa y probablemente tengan razón, pero querer no es poder, y la democracia funciona cuando los políticos tienen que actuar según las posibilidades que les ofrecen las reglas, el contexto y las circunstancias y no porque son buena gente (elegimos a políticos, no a santos, y dicho sea de paso, los santos no son elegidos por la gente sino por Dios).

Las elecciones han obligado a los políticos (perdedores y ganadores) a escuchar al pueblo, el que votó por ellos y el que no votó por ellos, para ver si esta vez hacen algo que realmente le sirva al pueblo (o a una buena parte de él, por lo menos). Otras instituciones, como el congreso, el poder judicial, la prensa, la opinión pública, pueden generar nuevos incentivos para que los políticos ganadores no hagan lo que les de la gana sino lo que es posible, necesario y razonable de lograr. Es obvio que nuestras instituciones democráticas (del Estado y la sociedad civil) son débiles y a veces no hacen las cosas que se supone deberían hacer, pero de vez en cuando funcionan cuando la gente las hace funcionar: hemos podido deshacernos de un dictador; se han derogado leyes impopulares (la ley de la selva por ejemplo); algunos ministros malos han sido censurados o han tenido que renunciar (algunos buenos también); se han destapado varios casos de corrupción; etc. Seguramente es insuficiente, pero la alternativa es que alguien patee el tablero o busque imponerse sin ningún tipo de control.

Tal vez podemos mejorar estos incentivos y generar algunos que hagan que los ciudadanos sean escuchados con más frecuencia o más fuerza por los políticos y por otros que tienen poder: ¿elecciones parlamentarias intermedias?; ¿fortalecer organizaciones sociales para negociar acuerdos?; ¿sindicatos?; ¿partidos políticos?.

Hay que darle una oportunidad a la democracia para que funcione y produzca resultados (contenidos y no solo formas). Ya sabemos cómo es cuando no hay democracia. Esperemos que en esta segunda vuelta los políticos tengan buenos incentivos para ofrecerle a la ciudadanía opciones realmente significativas y diferenciadas para escoger. Cada quién escogerá en función de su mejor parecer (mis amigos de Facebook ya saben hacia donde me inclino...)