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Foto: Tsunami en Japón - AFP

En la recta final de la campaña electoral, todos los candidatos siguen adelante con sus promesas, exponiendo el mismo cúmulo reducido de ideas. Ciertamente no se puede pedir que abarquen muchos temas en los medios de comunicación, pero hay algunos de los que no hemos escuchado una palabra o un plan concreto. Todas las ideas se basan en un funcionamiento del país en condiciones normales; las catástrofes parecen no contar en los discursos ni formar parte de las exigencias de los votantes.




Sismos como el de Japón no sólo nos plantean la pregunta de si estamos preparados, pues ciertamente no lo estamos; sino, qué hacemos para estarlo. El simulacro nacional de sismo y tsunami que se llevó a cabo el 26 de febrero fue poco más que una anécdota; no obstante el sismo de 5 grados en la escala de Richter que ese mismo día sacudió la capital peruana a las 12:02 pm. Pocos comercios evacuaron a sus clientes y menos familias siguieron las recomendaciones dadas por las autoridades.

Quién tiene a la mano linternas, quién tiene frazadas, radio a pilas, provisiones no perecibles; quién tiene un plan de evacuación en su edificio o casa. Pocos, lamentablemente. Quizá los más preparados sean los edificios de oficina, pero ante una desgracia nocturna, esos planes servirán de poco.

Hoy se ha publicado una entrevista al Ing. Javier Piqué del Pozo, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Las noticias no son alentadoras. El Ing. Piqué señala que se esperan dos sismos fuertes en Perú y en buena cuenta, nos tomará por sorpresa pese a estar avisados. Los elementos que constituyen esta falta de prevención no son solo familiares o de poca previsión del gobierno; se advierte además un daño colateral producido por la simplificación administrativa en el sector construcción, generada muy posiblemente por un lobbie de las constructoras en el congreso.

Ciertamente los edificios menores a cinco pisos tienen actualmente, gracias a una legislación dada por el presente gobierno, un régimen que les permite a sus constructores obtener una licencia sin una revisión previa del proyecto, so pretexto de la simplificación administrativa.

La simplificación administrativa no debe convertirse en un atentado a la integridad de la ciudadanía, lo decimos no sólo para el caso del sector construcción sino de industrias riesgosas como la del petróleo, por ejemplo. El gobierno y las entidades públicas no deben plantear la simplificación administrativa irresponsablemente, para obtener créditos políticos o liberarse de responsabilidades.

La simplificación administrativa es un mecanismo para agilizar los trámites en los diversos sectores de la administración pública (y con ello lograr que la obtención de licencias y permisos no se convierta en un camino tortuoso e interminable para los ciudadanos), pero sin relajar los rigores de supervisión necesarios en ciertos sectores.

Una verdadera simplificación administrativa no significa dejar de hacer para reducir tiempos, significa que las entidades públicas deben hacer su trabajo en menos tiempo y con menor carga para los administrados. Mientras no mantengamos esa visión, la simplificación administrativa seguirá siendo una oportunidad para que los funcionarios trabajen menos y se hagan menos responsables de los permisos que otorgan.

Prevengamos los desastres, preparándonos en casa, incentivando a los nuestros, dialogando con los vecinos y participando de los simulacros para saber qué hacer cuando llegue el momento; exijamos también a nuestras autoridades acciones concretas que vayan más allá del simplismo burocrático, que a veces raya con la irresponsabilidad.