24/07/07: Las regiones se rebelan (y con justa razón)
Fuente: La República
Presidentes regionales rechazan ser inhabilitados por hacer huelga
• La mayoría de las autoridades califican el decreto legislativo Nº 982 de "autoritario", "represivo" e incluso "anticonstitucional".
Por Carolina Martín y Alonso Ramos.
Foto: Christian Salazar.
La mayoría de presidentes regionales rechaza ley de García y presentarán acción legal para que sea derogada.
Lo sintieron como un ataque directo a la descentralización y a la democracia, y así lo hicieron saber al país. La mayoría de los presidentes regionales rechazaron ayer rotundamente el decreto legislativo N° 982 que establece que cualquier "funcionario público con poder de decisión" que participe en una huelga será sancionado con la inhabilitación.
Y aunque la ministra de Justicia, María Zavala, trató de calmar los ánimos en la mañana especificando que la norma sólo se aplicará cuando el objetivo de la protesta sea la obtención de beneficios "económicos o de cualquier otra índole", la amplitud e indefinición de este último rubro no ayudó a que cambiaran de opinión.
El hecho de que el decreto fuera oficializado poco tiempo después de las numerosas huelgas y paros que, apoyados por los presidentes regionales, tensaron la mayor parte del país las últimas semanas, sumado a la inclusión de la medida como una forma de combatir la extorsión al gobierno, no gustó nada a una gran parte de las autoridades departamentales, que la sintieron como una medida represiva e, incluso, dictatorial.
Reacción en contra
Los presidentes regionales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno, Tacna y Ucayali ya se pronunciaron en contra del decreto. Las más duras en sus declaraciones fueron, sin duda, las autoridades de Arequipa, Loreto, Tacna y Ucayali, quienes hablaron incluso de "inconstitucionalidad".
"Es una norma innecesaria y autoritaria, que limita los derechos fundamentales de la persona", aseveró Juan Manuel Guillén, presidente regional de Arequipa, con quien estuvo de acuerdo el alcalde de la Ciudad Blanca, Simón Balbuena, que anunció que ambos presentarán el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.
En la misma línea se expresó Jorge Velásquez, presidente de Ucayali, quien dijo que la medida era muy drástica. "Está directamente dirigida contra nosotros", señaló. Y el presidente de Loreto manifestó que al promulgar estas leyes "el gobierno no le hace ningún bien al sistema democrático". No fueron los únicos.
Quieren silenciarnos
El presidente de Áncash, César Álvarez, dijo que "la norma limita y atenta contra la libertad de expresión" y trata de "silenciar a las autoridades regionales", mientras que el presidente de Cajamarca, Jesús Coronel, sostuvo que "ofende la dignidad de los gobiernos regionales y locales".
En Puno la respuesta fue similar, y Hernán Fuentes declaró que la disposición es una medida desesperada del gobierno central que "agravia la autonomía de las regiones" y "demuestra que el gobierno está actuando con prepotencia y debilidad". El presidente de Moquegua, Jaime Rodríguez, dijo que estaría orgulloso de ser sancionado si era por defender a su pueblo, y en Tacna Hugo Ordóñez afirmó que la norma estaba digitada contra todas las autoridades que son apristas y reclaman al Ejecutivo.
El presidente de Lambayeque, Yehude Simon, se mostró preocupado, pero pidió tiempo para analizar bien el decreto.
Aunque la tónica fue de rechazo, también hubo presidentes regionales que estuvieron de acuerdo, como los de Lima, Ayacucho, La Libertad y Madre de Dios.
El independiente Nelson Chui, presidente de Lima, argumentó que las regiones no eran sindicatos y no les correspondía legalizar las huelgas; y José Murgia, presidente de La Libertad, también estuvo a favor de "que se pongan límites".
Las autoridades de las restantes regiones, al cierre de esta edición, aún no habían emitido opinión. Se supo, eso sí, que la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, presidida por Vladimiro Huaroc, convocó mañana a una reunión en Lima para analizar el tema y pronunciarse al respecto.
El decreto de la polémica
1. Decreto Legislativo N° 982 que modifica el Código Penal. Aprobado por Decreto Legislativo N° 635.
-Artículo 200. Extorsión. El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución política del Perú, participa en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1) y 2) del artículo 36 del Código Penal.
2. Artículo 36 del actual Código Penal de la República del Perú . Inhabilitación-Efectos. Incisos a los que hace referencia el Decreto Legislativo N° 982.
-Inciso 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
-Inciso 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
Presidentes regionales rechazan ser inhabilitados por hacer huelga
• La mayoría de las autoridades califican el decreto legislativo Nº 982 de "autoritario", "represivo" e incluso "anticonstitucional".
Por Carolina Martín y Alonso Ramos.
Foto: Christian Salazar.
La mayoría de presidentes regionales rechaza ley de García y presentarán acción legal para que sea derogada.
Lo sintieron como un ataque directo a la descentralización y a la democracia, y así lo hicieron saber al país. La mayoría de los presidentes regionales rechazaron ayer rotundamente el decreto legislativo N° 982 que establece que cualquier "funcionario público con poder de decisión" que participe en una huelga será sancionado con la inhabilitación.
Y aunque la ministra de Justicia, María Zavala, trató de calmar los ánimos en la mañana especificando que la norma sólo se aplicará cuando el objetivo de la protesta sea la obtención de beneficios "económicos o de cualquier otra índole", la amplitud e indefinición de este último rubro no ayudó a que cambiaran de opinión.
El hecho de que el decreto fuera oficializado poco tiempo después de las numerosas huelgas y paros que, apoyados por los presidentes regionales, tensaron la mayor parte del país las últimas semanas, sumado a la inclusión de la medida como una forma de combatir la extorsión al gobierno, no gustó nada a una gran parte de las autoridades departamentales, que la sintieron como una medida represiva e, incluso, dictatorial.
Reacción en contra
Los presidentes regionales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno, Tacna y Ucayali ya se pronunciaron en contra del decreto. Las más duras en sus declaraciones fueron, sin duda, las autoridades de Arequipa, Loreto, Tacna y Ucayali, quienes hablaron incluso de "inconstitucionalidad".
"Es una norma innecesaria y autoritaria, que limita los derechos fundamentales de la persona", aseveró Juan Manuel Guillén, presidente regional de Arequipa, con quien estuvo de acuerdo el alcalde de la Ciudad Blanca, Simón Balbuena, que anunció que ambos presentarán el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.
En la misma línea se expresó Jorge Velásquez, presidente de Ucayali, quien dijo que la medida era muy drástica. "Está directamente dirigida contra nosotros", señaló. Y el presidente de Loreto manifestó que al promulgar estas leyes "el gobierno no le hace ningún bien al sistema democrático". No fueron los únicos.
Quieren silenciarnos
El presidente de Áncash, César Álvarez, dijo que "la norma limita y atenta contra la libertad de expresión" y trata de "silenciar a las autoridades regionales", mientras que el presidente de Cajamarca, Jesús Coronel, sostuvo que "ofende la dignidad de los gobiernos regionales y locales".
En Puno la respuesta fue similar, y Hernán Fuentes declaró que la disposición es una medida desesperada del gobierno central que "agravia la autonomía de las regiones" y "demuestra que el gobierno está actuando con prepotencia y debilidad". El presidente de Moquegua, Jaime Rodríguez, dijo que estaría orgulloso de ser sancionado si era por defender a su pueblo, y en Tacna Hugo Ordóñez afirmó que la norma estaba digitada contra todas las autoridades que son apristas y reclaman al Ejecutivo.
El presidente de Lambayeque, Yehude Simon, se mostró preocupado, pero pidió tiempo para analizar bien el decreto.
Aunque la tónica fue de rechazo, también hubo presidentes regionales que estuvieron de acuerdo, como los de Lima, Ayacucho, La Libertad y Madre de Dios.
El independiente Nelson Chui, presidente de Lima, argumentó que las regiones no eran sindicatos y no les correspondía legalizar las huelgas; y José Murgia, presidente de La Libertad, también estuvo a favor de "que se pongan límites".
Las autoridades de las restantes regiones, al cierre de esta edición, aún no habían emitido opinión. Se supo, eso sí, que la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, presidida por Vladimiro Huaroc, convocó mañana a una reunión en Lima para analizar el tema y pronunciarse al respecto.
El decreto de la polémica
1. Decreto Legislativo N° 982 que modifica el Código Penal. Aprobado por Decreto Legislativo N° 635.
-Artículo 200. Extorsión. El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución política del Perú, participa en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1) y 2) del artículo 36 del Código Penal.
2. Artículo 36 del actual Código Penal de la República del Perú . Inhabilitación-Efectos. Incisos a los que hace referencia el Decreto Legislativo N° 982.
-Inciso 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
-Inciso 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
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