Las protestas del SUTEP se han generalizado a lo largo del país y se van a prolongar en la medida en que no desistan de la idea de ser "formalizados" y así acceder a una capacitación permanente que les permita ser evaluados, para que conforme su perfil, accedan a una mejor remuneración y posición en el escalafón magisterial.

Sin embargo, el SUTEP considera que sus derechos están siendo violados en forma constante y persistente, sobre todo respecto de su posición gremial y respecto de la estabilidad laboral.

La provisionalidad en las plazas magisteriales en el Perú asciende a más del 50% de plazas. La mitad son magistrados nombrados y buena parte son docentes que vienen ejerciendo la profesión sin contar con los elementos profesionales previstos: concurso público y título profesional.

El acceso a "chauchilla" en la docencia se produjo en el primer gobierno de Alan García, cuando a iniciativa de Mercedes Cabanillas se aprobó el proyecto por el cual se daba posibilidad el ingreso a la carrera magisterial a "personajes" públicos y "aptos" para la docencia escolar.

Así ingreso a la magistratura una serie de elementos de dudosa reputación académica (inclusive bastaba con ser egresado de secundaria en algunos casos en provincia sobre todo) y personajes que cantaban valses con García. El zambo Cavero es un ejemplo. Por más artista que fuese, eso no le da la categoría para impartir clases de arte en un colegio, si no tiene la preparación mínima para ello.

Esta iniciativa adicional a "promover" el ingreso a la carrera docente de muchos "profesionales", tuvo la intención de hacer ingresar a miles de apristas a este sector público y así retribuir el voto popular a quien había prometido "un compromiso con el Perú y con todos los peruanos".

Sabes que ese compromiso fue para la suya y después se fugó a Paris a decir oh la la!, dejándonos a una sarta de incompetentes en los colegios.

Las paradojas del destino, se han puesto veinte años después de esta iniciativa populista. El APRA debe resolver el problema que creó.