30/10/10: Así es el Fúltbol: Los riesgos de la participación en democracia
En su última columna de opinión en el diario Correo (ver aqui), Carlos Meléndez critica algunos de los mecanismos de participación ciudadana que existen en nuestro país, haciendo incapié sobre los efectos perversos que podrían tener. Carlos nos recuerda, y nos consta a quienes solemos leer sus interesantes columnas (al margen de estar o no de acuerdo con sus argumentos), que desde hace tiempo critica a quienes consideran que “la participación per se tiene efectos positivos para el fortalecimiento del régimen democrático, cuando en la última década ha quedado demostrado que puede resultar contraproducente en varios sentidos”. Como ejemplos, Carlos menciona que algunos mecanismos de participación ciudadana (como los presupuestos participativos) generan un excesivo incremento en las expectativas de la ciudadanía que cuando no se ven satisfechas, merman la legitimidad de las instituciones de la democracia representativa (como la elección de autoridades). Carlos afirma que el resultado que pueden tener estos experimentos de participación ciudadana es la baja legitimidad de las instituciones democráticas y los conflictos sociales.
Asimismo, Carlos menciona que iniciativas de ciudadanos que buscan tener una presencia más activa o visible en la política, como “adoptar a un congresista” y el plantón que convocó Susana Villarán el lunes pasado para reclamar mayor celeridad al JNE en la resolución de las actas observadas, terminan deslegitimando a instituciones importantes para la democracia como el parlamento y las autoridades electorales. Es más, respecto del plantón, Carlos comparte las críticas del PPC-UN, voceros del gobierno y algunos periodistas de que se trataba de un hecho de “presión politica en pleno proceso electoral” lo que contribuye “al descrédito de nuestra democracia”.
Me gustaría en este post discutir algunos de los argumentos propuestos por Carlos Meléndez. En primer lugar, yo no estoy seguro si la participación efectivamente contribuye a la deslegitimación de las instituciones democráticas y al incremento de los conflictos sociales, aunque tampoco creo (y en eso coincido con Carlos) que la participación per se fortalezca a la democracia. Más bien considero que la participación y el conflicto social son fenómemos propios de una sociedad democrática, es decir hechos que ocurren cuando la gente tiene derecho a protestar, a criticar, a reclamar, independientemente de si estamos o no de acuerdo con sus protestas o reclamos. Si la gente no protestara es obvio que las instituciones gubernamentales estarían más “tranquilas” o “libres de presión”, lamentablemente la gente protesta, está descontenta, y lo seguirá haciendo y estando, por una multiplicidad de razones, coherentes o no.
Es cierto que muchas protestas o reclamos pueden estar fundados en prejuicios o planteen propuestas que no van a solucionar los problemas que motivan el descontento ciudadano. Por ejemplo, es bastante común afirmar entre quienes son víctimas de la delincuencia común o de las pandillas juveniles que las fuerzas armadas deberían intervenir en la lucha contra la delincuencia o que si hubiera servicio militar no habría tantos pandilleros. Los especialistas saben que esas medidas no van a solucionar los problemas, pero aún así la gente tiene derecho a plantearlas y a ejercer “presión” ante las autoridades y las instituciones democráticas para ser escuchadas. La deslegitimidad de las instituciones democráticas no se da porque la gente protesta, reclama o hace pataletas en la calle. Más bien creo que es más probable que la falta de legitimidad de las instituciones democráticas en el Perú esté relacionada con el hecho de que las instituciones no solucionan los problemas que motivan el descontento ciudadano o son ineficientes en el cumplimiento de sus funciones.
Este argumento me hace pensar a veces en los momentos en que quiero darle una medicina a mi hija de 1 año y medio. Si ella no protestara, no se moviera y forcejerara me sería mucho más fácil cumplir con mi “función de padre” de cuidarla y velar por su mejoría. Pero todos los padres que nos hemos visto confrontados con esa situación sabemos que es casi inevitable que nuestros hijos protesten, nuestra alternativa es tratar de calmarlos para que tomen su medicina (intentar razonar, dialogar, ser pacientes) aunque imagino que algunos padres tratarán de usar la fuerza, cosa que a la larga resulta peor para todos (especialmente para los hijos).
Con esta analogía no quiero insinuar que hay una relación padre-hijo entre autoridades e instituciones democráticas y la ciudadanía (no se me vaya a acusar de paternalista), sino llamar la atención de que de nada le sirve a las instituciones y a las autoridades quejarse porque la gente esté descontenta, reclame o busque participar, ese lamento no va hacer más fácil el trabajo o la función de las autoridades, ya que justamente su chamba es lidiar con los problemas que motivan las protestas y quejas de la ciudadanía. Haciendo otra analogía, esta vez futbolística, al equipo de nuestros amores le sería mucho más fácil ganar sus partidos si no hubiera un equipo contrario tratando de meternos goles, sin embargo, así es el fútbol y a no ser que queramos jugar otro deporte, no nos queda sino aceptar esas reglas.
Lamentarnos por “el exceso de participación” creo que no apunta al corazón del problema. Tampoco lo soluciona (y ahí concuerdo con Carlos Meléndez) promover sólo la participación ciudadana. Las instituciones representativas, el estado de derecho, etc., son claves para el funcionamiento de la democracia. Una democracia “directa”, “puramentemente participativa” a la larga puede terminar legitimando regímenes plebiscitarios y autoritarios. La regla democrática de la mayoría (que nos sirve para elegir autoridades o tomar algunas decisiones) no puede desengancharse del Estado de Derecho, que establece procedimientos diseñados para promover la reflexión, el diálogo y la protección de los derechos de las minorías (especialmente su derecho a protestar y a manifestar su descontento).
Otro elemento sobre el cual me gustaría encontrar mayores evidencias (y tal vez Carlos Meléndez las tenga), es sobre su afirmación de que los mecanismos participativos terminan siendo contraproducentes para las instituciones democráticas porque las deslegitiman más. Me queda claro que ello puede suceder si se busca reemplazar de plano mecanismos de democracia representativa por los de la democracia directa, pero ¿es así cuando coexisten ambas formas de participación democrática?, ¿las instituciones democráticas en Suiza se deslegitiman porque hay mecanismos de participación ciudadana como los referendums? (a pesar de que algunas decisiones tomadas en esos referendums sean equivocadas desde varios puntos de vista: por ejemplo la prohibición de nuevas mezquitas).
No se si existe evidencia sistemática (ahí declaro mi ignorancia) de si en municipios donde funcionan procesos de presupuesto participativo hay más conflictos y menor legitimidad que en aquellos donde no se promueven tanto. ¿La alta aprobación de algunos alcaldes se debe a que no promueven procesos participativos y no ceden a la presión de ciertos grupos por mayor transparencia en su gestión? ¿alta aprobación es sinónimo directo de legitimidad?
Finalmente, me llama la atención de que Carlos confunda procesos y mecanismos participativos (como los presupuestos participativos o pedidos de revocatoria de autoridades) con manifestaciones públicas de opiniones y descontento de la ciudadanía o acciones que podemos llamar de “vigilancia ciudadana”. ¿Acaso los políticos no son “ciudadanos vigilantes”?, ¿no deberíamos esperar que lo sean?, ¿sólo los políticos inscritos en un partido o electos para un cargo representativo tienen derecho a ejercer la “vigilancia ciudadana”?
Que las instituciones políticas sean criticadas no merma su legitimidad democrática, más bien creo que su ineficiencia y el hacer oídos sordos a las críticas (y en post anteriores he criticado la ineficiencia del JNE y la ONPE) es lo que genera la desconfianza y su distanciamiento respecto de la ciudadana. La crítica (fundada o no) al desempeño de las instituciones es parte consustancial de los derechos democráticos a la libertad de expresión y que yo sepa, Susana Villarán y Fuerza Social en ningún momento insinuaron que las funciones que cumple la ONPE o el JNE no sean escenciales para la democracia. Lo que criticaron (junto con muchas otras personas incluyéndome) es que en su desempeño se cometieron una serie de errores muy graves, que no significan intención de fraude, pero que tienen consecuencias políticas negativas en la confianza ciudadana a esas instituciones. Tal vez Carlos Meléndez piensa que la ONPE y el JNE hicieron bien su trabajo y por eso no hay que criticarlos o “presionarlos”, o que a pesar de haber hecho un mal trabajo no hay que cuestionarlas porque sería poner en cuestión a la todavía frágil democracia peruana (tiene todo el derecho de pensar así). Mi evaluación, como se deduce de mis post anteriores, es más matizada: en ciertos temas cruciales hicieron lo que deben hacer (ser transparentes y resolver las observaciones de acuerdo a la ley y la constitución); en otros temas cometieron errores graves y me gustaría que exista una “presión ciudadana” para que esos errores no vuelvan a repetirse.
Asimismo, Carlos menciona que iniciativas de ciudadanos que buscan tener una presencia más activa o visible en la política, como “adoptar a un congresista” y el plantón que convocó Susana Villarán el lunes pasado para reclamar mayor celeridad al JNE en la resolución de las actas observadas, terminan deslegitimando a instituciones importantes para la democracia como el parlamento y las autoridades electorales. Es más, respecto del plantón, Carlos comparte las críticas del PPC-UN, voceros del gobierno y algunos periodistas de que se trataba de un hecho de “presión politica en pleno proceso electoral” lo que contribuye “al descrédito de nuestra democracia”.
Me gustaría en este post discutir algunos de los argumentos propuestos por Carlos Meléndez. En primer lugar, yo no estoy seguro si la participación efectivamente contribuye a la deslegitimación de las instituciones democráticas y al incremento de los conflictos sociales, aunque tampoco creo (y en eso coincido con Carlos) que la participación per se fortalezca a la democracia. Más bien considero que la participación y el conflicto social son fenómemos propios de una sociedad democrática, es decir hechos que ocurren cuando la gente tiene derecho a protestar, a criticar, a reclamar, independientemente de si estamos o no de acuerdo con sus protestas o reclamos. Si la gente no protestara es obvio que las instituciones gubernamentales estarían más “tranquilas” o “libres de presión”, lamentablemente la gente protesta, está descontenta, y lo seguirá haciendo y estando, por una multiplicidad de razones, coherentes o no.
Es cierto que muchas protestas o reclamos pueden estar fundados en prejuicios o planteen propuestas que no van a solucionar los problemas que motivan el descontento ciudadano. Por ejemplo, es bastante común afirmar entre quienes son víctimas de la delincuencia común o de las pandillas juveniles que las fuerzas armadas deberían intervenir en la lucha contra la delincuencia o que si hubiera servicio militar no habría tantos pandilleros. Los especialistas saben que esas medidas no van a solucionar los problemas, pero aún así la gente tiene derecho a plantearlas y a ejercer “presión” ante las autoridades y las instituciones democráticas para ser escuchadas. La deslegitimidad de las instituciones democráticas no se da porque la gente protesta, reclama o hace pataletas en la calle. Más bien creo que es más probable que la falta de legitimidad de las instituciones democráticas en el Perú esté relacionada con el hecho de que las instituciones no solucionan los problemas que motivan el descontento ciudadano o son ineficientes en el cumplimiento de sus funciones.
Este argumento me hace pensar a veces en los momentos en que quiero darle una medicina a mi hija de 1 año y medio. Si ella no protestara, no se moviera y forcejerara me sería mucho más fácil cumplir con mi “función de padre” de cuidarla y velar por su mejoría. Pero todos los padres que nos hemos visto confrontados con esa situación sabemos que es casi inevitable que nuestros hijos protesten, nuestra alternativa es tratar de calmarlos para que tomen su medicina (intentar razonar, dialogar, ser pacientes) aunque imagino que algunos padres tratarán de usar la fuerza, cosa que a la larga resulta peor para todos (especialmente para los hijos).
Con esta analogía no quiero insinuar que hay una relación padre-hijo entre autoridades e instituciones democráticas y la ciudadanía (no se me vaya a acusar de paternalista), sino llamar la atención de que de nada le sirve a las instituciones y a las autoridades quejarse porque la gente esté descontenta, reclame o busque participar, ese lamento no va hacer más fácil el trabajo o la función de las autoridades, ya que justamente su chamba es lidiar con los problemas que motivan las protestas y quejas de la ciudadanía. Haciendo otra analogía, esta vez futbolística, al equipo de nuestros amores le sería mucho más fácil ganar sus partidos si no hubiera un equipo contrario tratando de meternos goles, sin embargo, así es el fútbol y a no ser que queramos jugar otro deporte, no nos queda sino aceptar esas reglas.
Lamentarnos por “el exceso de participación” creo que no apunta al corazón del problema. Tampoco lo soluciona (y ahí concuerdo con Carlos Meléndez) promover sólo la participación ciudadana. Las instituciones representativas, el estado de derecho, etc., son claves para el funcionamiento de la democracia. Una democracia “directa”, “puramentemente participativa” a la larga puede terminar legitimando regímenes plebiscitarios y autoritarios. La regla democrática de la mayoría (que nos sirve para elegir autoridades o tomar algunas decisiones) no puede desengancharse del Estado de Derecho, que establece procedimientos diseñados para promover la reflexión, el diálogo y la protección de los derechos de las minorías (especialmente su derecho a protestar y a manifestar su descontento).
Otro elemento sobre el cual me gustaría encontrar mayores evidencias (y tal vez Carlos Meléndez las tenga), es sobre su afirmación de que los mecanismos participativos terminan siendo contraproducentes para las instituciones democráticas porque las deslegitiman más. Me queda claro que ello puede suceder si se busca reemplazar de plano mecanismos de democracia representativa por los de la democracia directa, pero ¿es así cuando coexisten ambas formas de participación democrática?, ¿las instituciones democráticas en Suiza se deslegitiman porque hay mecanismos de participación ciudadana como los referendums? (a pesar de que algunas decisiones tomadas en esos referendums sean equivocadas desde varios puntos de vista: por ejemplo la prohibición de nuevas mezquitas).
No se si existe evidencia sistemática (ahí declaro mi ignorancia) de si en municipios donde funcionan procesos de presupuesto participativo hay más conflictos y menor legitimidad que en aquellos donde no se promueven tanto. ¿La alta aprobación de algunos alcaldes se debe a que no promueven procesos participativos y no ceden a la presión de ciertos grupos por mayor transparencia en su gestión? ¿alta aprobación es sinónimo directo de legitimidad?
Finalmente, me llama la atención de que Carlos confunda procesos y mecanismos participativos (como los presupuestos participativos o pedidos de revocatoria de autoridades) con manifestaciones públicas de opiniones y descontento de la ciudadanía o acciones que podemos llamar de “vigilancia ciudadana”. ¿Acaso los políticos no son “ciudadanos vigilantes”?, ¿no deberíamos esperar que lo sean?, ¿sólo los políticos inscritos en un partido o electos para un cargo representativo tienen derecho a ejercer la “vigilancia ciudadana”?
Que las instituciones políticas sean criticadas no merma su legitimidad democrática, más bien creo que su ineficiencia y el hacer oídos sordos a las críticas (y en post anteriores he criticado la ineficiencia del JNE y la ONPE) es lo que genera la desconfianza y su distanciamiento respecto de la ciudadana. La crítica (fundada o no) al desempeño de las instituciones es parte consustancial de los derechos democráticos a la libertad de expresión y que yo sepa, Susana Villarán y Fuerza Social en ningún momento insinuaron que las funciones que cumple la ONPE o el JNE no sean escenciales para la democracia. Lo que criticaron (junto con muchas otras personas incluyéndome) es que en su desempeño se cometieron una serie de errores muy graves, que no significan intención de fraude, pero que tienen consecuencias políticas negativas en la confianza ciudadana a esas instituciones. Tal vez Carlos Meléndez piensa que la ONPE y el JNE hicieron bien su trabajo y por eso no hay que criticarlos o “presionarlos”, o que a pesar de haber hecho un mal trabajo no hay que cuestionarlas porque sería poner en cuestión a la todavía frágil democracia peruana (tiene todo el derecho de pensar así). Mi evaluación, como se deduce de mis post anteriores, es más matizada: en ciertos temas cruciales hicieron lo que deben hacer (ser transparentes y resolver las observaciones de acuerdo a la ley y la constitución); en otros temas cometieron errores graves y me gustaría que exista una “presión ciudadana” para que esos errores no vuelvan a repetirse.
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carmen ilizarbe escribió:
Pero ¿quién propone "democracia directa y puramente participativa" como una alternativa a la democracia representativa que existe en el Perú? Tú señalas que ese es un aspecto en el que estás de acuerdo con Carlos, pero ninguno de ustedes identifica con claridad a los defensores del supuesto pensamiento "participacionista". En el artículo de Carlos, parece atribuirle esta lógica a Susana Villarán, lo cual es evidentemente una caricatura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quiénes son los "participacionistas"?
Yo por lo menos no puedo identificar a nadie con ese discurso, pero sí veo que la caricatura se utiliza para defender la prevalencia que las instituciones deben tener sobre el ejercicio ciudadano, lo cual resulta siendo un argumento profundamente anti-democrático. Sabemos bien que las instituciones se corrompen, se ponen al servicio de dictaduras, no siempre están al servicio de la Ley y no son ni democráticas ni garantía de representación en si mismas. Pero la caricatura pareciera asumir que las instituciones son esencialmente democráticas mientras que la participación ciudadana (popular) no.
La caricatura nos plantea entonces que hay dos pensamientos opuestos, el representacionista y el participacionista, y que hay quienes abogan por la democracia representativa (con instituciones, entre las cuales las más importantes se consideran los partidos políticos) en un lado, y a los que abogan por los espacios de participación ciudadana directa (para lo cual hay distintos medios que van desde canalez institucionalizados hasta el derecho a la protesta) del otro. Esa es una polarización absurda que apunta a descalificar a los llamados "participacionistas" por un supuesto sesgo anárquico. Es innegable que hay una crisis de representatividad, a varios niveles, siendo probablemente la peor de todas la de los partidos políticos, las instituciones que cierta teoría política ha convertido en piedra angular de la "gobernabilidad" (Huntington), pero en vez de rasgarnos las vestiduras porque la realidad no se acerca a lo que creemos que debería existir, hay que tener la mente un poco más abierta a la posibilidad de indentificar elementos que puedan configurar nuevas formas de representación y participación. Las caricaturas sólo ayudan a evadir la complejidad de los temas.