Desde los últimos tres años se han desarrollado aproximadamente 285 conflictos sociales, cuyo escenario ha sido nacional. Algunos de los casos más reconocidos o recordados pueden ser Ilave, Majaz, Yanacocha, el Arequipazo, y más recientemente, Tocache, el Mercado de Mayoristas de Santa Anita y el paro regional de Loreto.

Entre enero del 2004 y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado 285 conflictos sociales, es decir casi siete conflictos por mes, tomando en cuenta que la Defensoría del Pueblo considera como conflicto social toda aquella manifestación donde se incurra a actos de violencia y/o se violen los derechos fundamentales protegidos por el Art. 2 de nuestra Constitución Política.

Como explicó Jean Carlo Huároc, profesional especialista de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría, los conflictos sociales son clasificados en tres rubros, conflictos con autoridades locales y/o regionales, conflictos con entidades prestadoras de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.) y de extracción de recursos naturales (mineras) y conflictos sobre políticas de Estado con el Gobierno Central. Siendo los conflictos que alcanzan este último grado los que más aparecen en los medios de comunicación y son de conocimiento de la opinión pública.

Para Jean Carlo Huároc existe una fuerte relación entre la pobreza y el surgimiento de conflictos sociales. La pobreza, dijo, “no es determinante, pero si es una parte importante de un conflicto. Las personas en situación de pobreza o pobreza extrema buscan canales de reclamo para sus necesidades. La desatención, no atención o atención insuficiente genera protestas, reclamos y una serie de medios violentos por satisfacer estas necesidades básicas”. Esta afirmación se ve confirmada con los datos registrados por la Defensoría, donde figuran los departamentos más pobres del país como las zonas de mayor frecuencia de desarrollo de conflictos .

Entre enero y mayo de este año se han registrado más de 77 conflictos sociales en todo el país, incluyendo un paro a nivel nacional.

No. de conflictos sociales por Departamento 2004 - Mayo de 2007. Fuente: Defensoría del Pueblo

Los departamentos con mayor número de registros son: Ancash, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Huanuco, Huancavelica, Moquegua y Puno.

No. de Conflictos sociales por escenario. Fuente: Defensoría del PuebloLos escenarios más frecuentes en los que se llevan a cabo estos conflictos son el ambiental (referido mayormente a conflictos entre poblaciones y empresas que explotan los recursos naturales –mineras en la mayoría de los casos -),los cuestionamientos a autoridades locales, los conflictos entre comunidades por delimitación propiedad y recursos a nivel local y regional, las reivindicaciones laborales o gremiales – conflictos sindicatos- y los conflictos con agricultores de hoja de coca por la política gubernamental de erradicación de cultivos.

Los problemas -temas o escenarios- que encontramos en el panorama actual se repiten desde mediados del 2004, así como las estrategias –paros, huelgas y protestas- de los grupos promotores para poder, en un primer plano, llamar la atención del Estado, y en un segundo, poder negociar con él.

La negociación a través del conflicto social tiene causas similares o cercanas para algunos actores de posiciones distintas dentro de la escena política, pero la presión que estos grupos ejercen sobre el Estado a través de estos sistemas de negociación traería consecuencias diversas, según cada punto de vista.

Jean Carlo Huároc coincide con Carlos Reyna, sociólogo y analista político, en que la expresión de los conflictos se da gracias a “un contexto de siete años de democracia, luego de los diez años donde no había manifestación alguna de las demandas sociales”, manifestó desde un enfoque positivo.

En una entrevista Carlos Reyna afirmo que los conflictos sociales “son demandas sociales largamente acumuladas, largamente contenidas y reprimidas” . Ahora se expresan por encontrarnos en un periodo de democracia y prosperidad económica, ya que durante el periodo de Fujimori el país se encontraba, por un lado, en un contexto de terrorismo, y ,por el otro, teníamos un Estado represor.

Para Oscar Alarcón, responsable del Departamento de Organización de la Confederación Central de Trabajadores del Perú (CGTP), las marchas, huelgas, paros, son recursos efectivos para llamar la atención del Estado y los medios de comunicación, una vez agotadas las vías de diálogo tradicionales.

¿Cuáles cree que son las razones de los conflictos sociales?

Jean Carlo Huároc
Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo

“Las principales están relacionadas asociadas a razones de pobreza estructural, el desempleo, la ausencia del Estado[…] que hace que la demanda de la población se vea insatisfecha”

Oscar Alarcón
Responsable del Departamento de Organización de la CGTP

“Nosotros acudimos a la movilización de los trabajadores porque se agota toda posibilidad de solución vía diálogo”

Carlos Reyna
Sociólogo y Analista Político

“Lo que está influyendo también es este crecimiento de la economía. Como se habla tanto de los medios de la prosperidad económica del país, estos sectores quieren tener participación en ese crecimiento”

Gobierno y desgobierno

La actuación del Gobierno – tanto en el periodo de Toledo como en el actual – ha estado teñida por la desorganización, la falta de prevención y la improvisación. En los conflictos más resaltantes –Ilave (2004), “El Andahuaylaso” (2005), Yanacocha (2006) y Tocache (2007)- hemos visto que la intervención o la presencia del Estado se ha dado luego de que los actos alcanzaron un alto grado de violencia. La respuesta del Estado frente a los conflictos no es articulada y deriva en equivocaciones, negaciones y rectificaciones entre sus partes, afectando su propia imagen, la gobernabilidad y la estabilidad del país.

El ambiente de conflicto coincide con las caídas o la baja popularidad del Gobierno y suele ser – erradamente – atribuido a un afán de derrocamiento por parte de los actores o la oposición del Gobierno. Este año García bautizó a las crecientes protestas sociales como el complot político contra su gobierno.

Estas acusaciones no tienen mayor fundamento y caen en la satanización de las protestas sociales. Si bien las organizaciones gremiales buscan coincidir sus actividades para que estas tomen una mayor fuerza, como explica Oscar Alarcón (CGTP), derrocar al gobierno no está dentro de su agenda. Como indica el un informe de la Oxfam del 2006, las organizaciones gremiales están lejos de provocar la caída de algún gobierno por dos razones fundamentales: no existe una Oposición política articulada que los respalde y las organizaciones gremiales no logran consolidarse en el espacio político (regional o nacional)* .

Para Carlos Reyna lo preocupante es el mecanismo de respuesta del Gobierno –una política inmediata de atender las demandas sociales una vez generada la protesta- , ya que en algún momento podría ocurrir una protesta que el Estado no podrá aplacar tan fácilmente. La figura de “apaga incendios” tiene efectos dañinos a largo plazo, “ya que el Estado se va agotando y desgastando sin alcanzar avances en lo más importante” afirmó.

Según Jean Carlo Huároc, el Estado y el Gobierno en general se encuentran en un proceso de aprendizaje positivo del manejo de los conflictos sociales, tomando en cuenta el corto tiempo de vida democrática del país.

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