26/06/07: Las lecciones que dejó la elección del TC según Pásara
Este es un artículo publicado en Perú 21, con la utoría de Luis Pásara.
TC: cuatro lecciones aprendidas
El primer intento de nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ha traído un importante aprendizaje sobre política y vigilancia social.
El esfuerzo que, con la complicidad de casi toda la dirigencia política, se ha desplegado para nombrar mañosamente a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional es un episodio aleccionador. Pese al alto costo, el país capitaliza un aprendizaje.
A lo largo de los cinco meses transcurridos desde que se publicara la convocatoria, se ha podido confirmar los principales rasgos del funcionamiento del sistema político peruano. Y no hay nada de qué alegrarse.
Lo nuevo y esperanzador es la presencia de un actor que cada vez cuenta más. Llámesele opinión pública, sociedad civil o como se quiera, el caso muestra que es posible poner socialmente algún freno al desempeño de una dirigencia política que aunque cambie de rostros, sigue buscando, por sobre todo, servir sus propios intereses.
1 EL CONGRESO NO ES UNA INSTITUCIÓN. Es apenas un lugar, un edificio donde 120 personas, que recibieron un mandato ciudadano para ejercer funciones de importancia, las desempeñan sin respeto alguno por reglas establecidas, criterios objetivos y procedimientos aceptables. El hecho no es nuevo, pero se ha agravado y resulta más ostensible. Constatarlo tampoco es novedoso, pero hay cada vez menos voluntad social de tolerarlo.
La falta de respeto a las reglas también se ha hecho evidente -en paralelo, mientras transcurría el escandaloso proceso de selección de magistrados- en los nombramientos irregulares de personal de apoyo por una decena de congresistas. Pero, siendo grave, en este caso estamos, en principio, ante conductas individuales.
En cambio, en el nombramiento de los magistrados del TC, ha sido el cuerpo de congresistas el que ha optado por hacer aquello que les pareció más favorable a sus intereses o a los de sus patrocinadores, dentro y fuera del partido o movimiento al que pertenezcan. Cada vez se ha hecho más claro: el proceso fue una farsa. No contó la evaluación de trayectorias o méritos personales. Y se mantuvo la información en secreto porque lo único importante fue la negociación de nombres entre los grupos políticos.
Ha sido algo así como un intercambio de figuritas: ¿Qué me das tú a cambio de lo que puedo darte yo? Es posible que detrás de ese juego esté la rumoreada reforma constitucional para que Alan García pueda reelegirse -en el estilo de Fujimori, Chávez o Evo Morales-, que en su momento necesitaría del TC un visto bueno, jurídicamente improbable. Pero, probablemente, la mayor parte de los congresistas ni siquiera sepa si se trata o no de eso. Su juego es el de todos aquéllos a quienes estorba un TC independiente, como el surgido después de la dictadura fujimorista.
Porque el Congreso no es una institución, en estas semanas ha vuelto el tema de su disolución. Ha regresado como chantaje, en un momento en el que el desprestigio parlamentario ha crecido.
2 LOS POLÍTICOS NO CAMBIAN, SEAN O NO DE PARTIDO. Uno de los aspectos más aleccionadores de estos meses de desnudamiento del Congreso ha sido la coincidencia fundamental entre todos los grupos. Aparte de unas cuantas figuras aisladas, todos los sectores han tomado parte en una negociación descarada para imponer a "su" candidato, a cambio de aceptar cualquier cosa. En esa mesa de intercambios y pujas apareció Javier Ríos, el nombre escandaloso que hizo estallar el proceso.
No hay, pues, distinción entre las gentes de partido y los recién llegados. Ni los partidos funcionan como mecanismos de depuración y contención, ni aquéllos elegidos que amenazaban con patear el tablero son distintos a los demás. Los nuevos nombres se han incorporado rápidamente a las viejas prácticas, para disputarse el botín.
La enfermedad que padece la dirigencia política nacional no se resolverá, pues, sustituyendo unos nombres por otros. Eso es lo que se ha intentado hacer desde 1990, cuando se prefirió al desconocido Fujimori. Y así le ha ido al país.
3 LA INSTITUCIONALIDAD NO LES IMPORTA. La farsa se ha montado poniendo en riesgo a una de las instituciones que mejor desempeño ha tenido en el aparato estatal durante los últimos años y que, por eso mismo, goza de más confianza ciudadana -según las encuestas- que muchas otras, incluidos el Poder Judicial y el Congreso mismo. A los congresistas, el valor de esa institución los tiene sin cuidado.
Para los académicos, el logro del TC en el Perú requiere una explicación. Hace poco recibí, para opinar sobre él, un artículo sometido para publicación a una revista inglesa, especializada en asuntos latinoamericanos. El autor o la autora (los textos sometidos a arbitraje se envían sin autoría) plantea que el TC peruano constituye un caso notable de independencia judicial, a ser explicado en razón de dos factores: la pluralidad política en el Congreso y las reglas de elección de los magistrados.
Hasta hace unas semanas, esta explicación lucía útil para aclarar por qué, en medio de su desgraciada vida política de estas décadas, el país pudo generar en los cinco últimos años una institución respetable. Pero el circo parlamentario de estas semanas demuestra que la pluralidad política sólo obliga a una negociación desvergonzada y las reglas pueden ser puestas de lado sin pudor, cuando así se obtiene alguna ventaja.
4LA VIGILANCIA SOCIAL SÍ CUENTA. En medio de estas lecciones amargas, lo logrado por diferentes grupos sociales organizados -desde abogados hasta empresarios-, que obligaron al Congreso a dar marcha atrás, es un triunfo democrático.
Porque los diversos grupos e instituciones que impugnaron el manoseo parlamentario de los nombramientos no lo han hecho para favorecer a tal o cual candidato. Su planteamiento ha sido de defensa de las reglas del juego, de reclamo de transparencia, de exigencia de que sean los méritos y no los padrinazgos los que prevalezcan. De allí que la coincidencia entre diversos actores y sectores haya sido posible en este reclamo. Y esa defensa compartida de normas y criterios, oportunamente amplificada por algunos medios de comunicación, es signo de buena salud democrática en la sociedad.
Pero no parece haber sido suficiente. Bastó una nueva reunión entre negociadores de los grupos, bajo el auspicio de Alan García, para que se decidiera anular, de la farsa, sólo la última escena, que ahora se amenaza con repetir el miércoles. Ir a la votación con 16 nombres, luego de saberse cómo trabajó la Comisión Pastor para llegar a ellos, es inaceptable y el resultado será ilegítimo. El desprestigio recaerá, por supuesto, sobre el Congreso, resultando aumentados sus niveles de desaprobación y rechazo. ¿A quién beneficia esto?
TC: cuatro lecciones aprendidas
El primer intento de nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ha traído un importante aprendizaje sobre política y vigilancia social.
El esfuerzo que, con la complicidad de casi toda la dirigencia política, se ha desplegado para nombrar mañosamente a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional es un episodio aleccionador. Pese al alto costo, el país capitaliza un aprendizaje.
A lo largo de los cinco meses transcurridos desde que se publicara la convocatoria, se ha podido confirmar los principales rasgos del funcionamiento del sistema político peruano. Y no hay nada de qué alegrarse.
Lo nuevo y esperanzador es la presencia de un actor que cada vez cuenta más. Llámesele opinión pública, sociedad civil o como se quiera, el caso muestra que es posible poner socialmente algún freno al desempeño de una dirigencia política que aunque cambie de rostros, sigue buscando, por sobre todo, servir sus propios intereses.
1 EL CONGRESO NO ES UNA INSTITUCIÓN. Es apenas un lugar, un edificio donde 120 personas, que recibieron un mandato ciudadano para ejercer funciones de importancia, las desempeñan sin respeto alguno por reglas establecidas, criterios objetivos y procedimientos aceptables. El hecho no es nuevo, pero se ha agravado y resulta más ostensible. Constatarlo tampoco es novedoso, pero hay cada vez menos voluntad social de tolerarlo.
La falta de respeto a las reglas también se ha hecho evidente -en paralelo, mientras transcurría el escandaloso proceso de selección de magistrados- en los nombramientos irregulares de personal de apoyo por una decena de congresistas. Pero, siendo grave, en este caso estamos, en principio, ante conductas individuales.
En cambio, en el nombramiento de los magistrados del TC, ha sido el cuerpo de congresistas el que ha optado por hacer aquello que les pareció más favorable a sus intereses o a los de sus patrocinadores, dentro y fuera del partido o movimiento al que pertenezcan. Cada vez se ha hecho más claro: el proceso fue una farsa. No contó la evaluación de trayectorias o méritos personales. Y se mantuvo la información en secreto porque lo único importante fue la negociación de nombres entre los grupos políticos.
Ha sido algo así como un intercambio de figuritas: ¿Qué me das tú a cambio de lo que puedo darte yo? Es posible que detrás de ese juego esté la rumoreada reforma constitucional para que Alan García pueda reelegirse -en el estilo de Fujimori, Chávez o Evo Morales-, que en su momento necesitaría del TC un visto bueno, jurídicamente improbable. Pero, probablemente, la mayor parte de los congresistas ni siquiera sepa si se trata o no de eso. Su juego es el de todos aquéllos a quienes estorba un TC independiente, como el surgido después de la dictadura fujimorista.
Porque el Congreso no es una institución, en estas semanas ha vuelto el tema de su disolución. Ha regresado como chantaje, en un momento en el que el desprestigio parlamentario ha crecido.
2 LOS POLÍTICOS NO CAMBIAN, SEAN O NO DE PARTIDO. Uno de los aspectos más aleccionadores de estos meses de desnudamiento del Congreso ha sido la coincidencia fundamental entre todos los grupos. Aparte de unas cuantas figuras aisladas, todos los sectores han tomado parte en una negociación descarada para imponer a "su" candidato, a cambio de aceptar cualquier cosa. En esa mesa de intercambios y pujas apareció Javier Ríos, el nombre escandaloso que hizo estallar el proceso.
No hay, pues, distinción entre las gentes de partido y los recién llegados. Ni los partidos funcionan como mecanismos de depuración y contención, ni aquéllos elegidos que amenazaban con patear el tablero son distintos a los demás. Los nuevos nombres se han incorporado rápidamente a las viejas prácticas, para disputarse el botín.
La enfermedad que padece la dirigencia política nacional no se resolverá, pues, sustituyendo unos nombres por otros. Eso es lo que se ha intentado hacer desde 1990, cuando se prefirió al desconocido Fujimori. Y así le ha ido al país.
3 LA INSTITUCIONALIDAD NO LES IMPORTA. La farsa se ha montado poniendo en riesgo a una de las instituciones que mejor desempeño ha tenido en el aparato estatal durante los últimos años y que, por eso mismo, goza de más confianza ciudadana -según las encuestas- que muchas otras, incluidos el Poder Judicial y el Congreso mismo. A los congresistas, el valor de esa institución los tiene sin cuidado.
Para los académicos, el logro del TC en el Perú requiere una explicación. Hace poco recibí, para opinar sobre él, un artículo sometido para publicación a una revista inglesa, especializada en asuntos latinoamericanos. El autor o la autora (los textos sometidos a arbitraje se envían sin autoría) plantea que el TC peruano constituye un caso notable de independencia judicial, a ser explicado en razón de dos factores: la pluralidad política en el Congreso y las reglas de elección de los magistrados.
Hasta hace unas semanas, esta explicación lucía útil para aclarar por qué, en medio de su desgraciada vida política de estas décadas, el país pudo generar en los cinco últimos años una institución respetable. Pero el circo parlamentario de estas semanas demuestra que la pluralidad política sólo obliga a una negociación desvergonzada y las reglas pueden ser puestas de lado sin pudor, cuando así se obtiene alguna ventaja.
4LA VIGILANCIA SOCIAL SÍ CUENTA. En medio de estas lecciones amargas, lo logrado por diferentes grupos sociales organizados -desde abogados hasta empresarios-, que obligaron al Congreso a dar marcha atrás, es un triunfo democrático.
Porque los diversos grupos e instituciones que impugnaron el manoseo parlamentario de los nombramientos no lo han hecho para favorecer a tal o cual candidato. Su planteamiento ha sido de defensa de las reglas del juego, de reclamo de transparencia, de exigencia de que sean los méritos y no los padrinazgos los que prevalezcan. De allí que la coincidencia entre diversos actores y sectores haya sido posible en este reclamo. Y esa defensa compartida de normas y criterios, oportunamente amplificada por algunos medios de comunicación, es signo de buena salud democrática en la sociedad.
Pero no parece haber sido suficiente. Bastó una nueva reunión entre negociadores de los grupos, bajo el auspicio de Alan García, para que se decidiera anular, de la farsa, sólo la última escena, que ahora se amenaza con repetir el miércoles. Ir a la votación con 16 nombres, luego de saberse cómo trabajó la Comisión Pastor para llegar a ellos, es inaceptable y el resultado será ilegítimo. El desprestigio recaerá, por supuesto, sobre el Congreso, resultando aumentados sus niveles de desaprobación y rechazo. ¿A quién beneficia esto?
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leslie acosta mas escribió: