Meta Política

Este breve ensayo sintetiza algunos de los principales temas de gobernabilidad a través del análisis de la coyuntura nacional (2005), considerando los acontecimientos socio-económicos y políticos, ocurridos en el período del gobierno de Alejandro Toledo; y en general, sobre los retos referentes al desarrollo de la gobernabilidad democrática.

Antes de profundizar sobre los temas de gobernabilidad es necesario entender el contexto global que sin duda alguna guarda cercana relación con la situación interna del país. La economía mundial vive al ritmo de las potencias EE.UU., China y UE, un proceso de expansión; Esto en tiempos de globalización, gran desarrollo tecnológico y acontecimientos sociales de trascendencia. El Perú goza, por su parte, de la mejor balanza comercial de su historia, mayores reservas internacionales, crecimiento económico por encima del 5%, déficit fiscal moderado, índice de riesgo país bajo etc. En síntesis una excelente ‘performance’ macroeconómica, propicia para tomar medidas trascendentales que pudieran quebrar ‘las estructuras disfuncionales’ de la economía y sociedad peruana, articulando funcionalmente lo económico, político y sociocultural.

El malestar microeconómico era evidente en el grueso poblacional, que escuchaba a su presidente hablar de ‘chorreo’ aunque nada en sus vidas mejoraba; contradictoriamente una ardua campaña publicitaria narraba casi epopéyicamente cada logro macroeconómico de este gobierno, en los medios de comunicación . La sensación de malestar se explica en la inequidad de la distribución de riquezas, en la paupérrima situación del 54% de peruanos (20% de ellos en situación de pobreza extrema), en la deficiente cobertura de salud, en la escasa infraestructura nacional (pueblos aislados) en el escandaloso nivel educativo (penúltimos de América latina), en el olvido de la serranía etc. A esta crítica situación se suman los escándalos políticos: corrupción por parte del entorno presidencial, desacreditación de los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial), y ensañamiento de los opositores políticos, que quizá esperaron ser llamados a cogobernar tras la firma del acuerdo nacional, y al no lograrlo hicieron carga montón sistemático contra el talón de Aquiles de este gobierno “sus muchas promesas electorales”; agravando así el estado de ingobernabilidad existente tras la seguidilla de protestas, paralizaciones de trabajadores, bloqueo de carreteras, oposición a las privatizaciones (nacionales y regionales), amotinamientos en minas etc.



La gobernabilidad democrática legitima las acciones de un gobierno (implica estado de derecho y participación ciudadana); Sin embargo, a pesar de que el actual gobierno ha abierto el diálogo a través del acuerdo nacional y las mesas de concertación (consenso que reúne a miembros de la sociedad civil, diversas instituciones y gobierno) que respaldó, no ha logrado combatir a debilidad institucional, la corrupción sistémico-institucional del poder judicial, la ineficiencia del gasto público, ni la alta burocracia. Por el contrario, el gobierno de Toledo se hizo ilegítimo al no contar con el respaldo poblacional ; Tanto por incumplir las promesas electorales de combatir la corrupción, mejorar el nivel educativo, aumentar los sueldos (sector salud, policías, maestros etc), como por la ausencia de liderazgo político que planteara estratégicamente un rumbo social y económico claros.

Las apreciaciones sobre el concepto de ‘desarrollo’ y ‘funciones del estado’ han evolucionado desde la segunda guerra mundial hasta el post-consenso de Washington, en el cual se planteó mejorar la calidad de las inversiones. En los 50’s se entendía por desarrollo el mero crecimiento económico, ahora, se entiende de modo integral; valora la mejora de la calidad de vida en términos de capacidades humanas (tal como lo sustenta Amartya Sen), salud etc. Por otra parte se ha cambiado la idea de un 'estado de bienestar’ que tenía mucho en que inmiscuirse como en el período post-guerra a un estado que ahora sólo debe cumplir funciones básicas (negativas y positivas), y dejar que el mercado sea quien regule lo restante (neo liberalismo en lo económico).
Seguir las recetas al pie de la letra ha traído nefastos fracasos sociales; En los setentas hubo endeudamiento, inmanejable y perjudicial, a causa de los petrodólares, que sobrevino en crisis estatal generalizada (Eco, URSS y otros), emergencias mundiales etc. El Perú no se ha visto ajeno a éstos sucesos, puesto que ha sufrido la oscilación o cambios gubernamentales entre sistemas de “democracia” y ‘autoritarismo' que tomaron posiciones extremas, desde la total estatización velasquista hasta la apertura económica neoliberal de Fujimori, que terminaron por pasar la factura de alto costo social (se agudizó la pobreza, empresas mal privatizadas, retroceso de la participación ciudadana, extremada flexibilización laboral que agravó la informalidad etc).

Este gobierno se ha comprometido a trabajar en pos de alcanzar las metas del milenio acordadas en la cumbre de naciones unidas, que intentan reducir la pobreza medida en función del ingreso, niveles de la salud, educación etc. Se consideran las recetas del consenso de Washington (posición del BM y FMI) que implican disciplina presupuestaria; reorientación del gasto público a la enseñanza primaria y las infraestructuras, reforma fiscal, apertura comercial y otros más; Según algunos expertos las implementaciones del post-consenso de Washington (llamado consenso con rostro humano) resultaron contradictorias con algunas de las medidas iniciales; puede evidenciarse el caso extremo de la crisis argentina (período 2001- 2002) hasta el casi colapso del gobierno de Toledo, que tras las continuas demandas sociales ha tenido que responder con algunos programas temporales de asistencia económica y empleo poco viables. Aún quedan pendientes las reformas en políticas de estado: aparato estatal menos burocrático y descentralizado, incentivo de la productividad del sector privado, incorporar el capital social dentro del diseño y ejecución de políticas institucionales; Y en defensa, combatir frontalmente el narcotráfico, terrorismo y delincuencia respetando el ‘estado de derecho’.

Las políticas sociales deben ser congruentes con la política económica y contar con instrumentos de control (sistemas institucionales dotados de medidas normativas y preventivas ante la corrupción). Cuando el gasto fiscal es mayoritariamente asistencialista y discrecional es susceptible a manipulaciones políticas en épocas pre electorales u otros males típicos de nuestra cultura política); por ello se debe lograr equilibrio del gasto entre las necesidades de corto plazo y la inversión de largo alcance que supone mejores retornos, en beneficio de la sociedad, medibles en el mediano plazo. Por ello, el estado esta obligado a descentralizar tanto el poder político como los recursos económicos; resulta inaudito que los cánones mineros y petroleros estuviesen siendo recaudados exclusivamente para el gobierno central (Lima) sin que las regiones o localidades en las cuales se explotan los respectivos recursos naturales se beneficiasen de este ingreso. En ese sentido, el gobierno de Toledo ha dado pasos trascendentales ya que ha delegado tanto ‘poder político’ como recursos económicos a las respectivas regiones; Sin embargo, el manejo político del proceso de regionalización no ha sido claro, en tanto no se definió lo que significaba. La descentralización implica que se dé de modo horizontal y vertical; No basta con que los gobiernos regionales se hayan “empoderando”, sino que es importante normar adecuadamente para evitar la duplicidad de funciones, para que se asigne mejor los recursos, y que finalmente, a través del trabajo coordinado en cada nivel jerárquico, se mejore la precaria condición del interior del país.

Por su parte, la sociedad civil tiene no sólo un rol fiscalizador y legitimador, como contrapeso de las acciones del gobierno, sino también una dimensión protagónica al formular planteamientos a través de las diversas instituciones desde ONG’s, la voz de líderes de opinión, cámaras de comercio y otros. Sobre todo la participación a nivel regional es vitalísima ya que existen muchas actividades que coordinar; Por ello el estado puede utilizar como instrumento la ‘democracia participativa’, permitiendo así la ‘inclusión social’ en sus distintos niveles: regional, departamental, provincial, municipal, distrital etc en materias educativas, productivas y de orden cívico. Asimismo, el empresariado juega un rol importantísimo en el desarrollo productivo; el estado debe brindar por lo menos el marco adecuado para promover la articulación económica entre la costa, sierra y selva (transversalidad), e impulsar así el desarrollo de sectores como la agricultura o industrias manufactureras que generen mayor encadenamiento entre los sectores productivos y puedan generar empleo sostenible (depende técnicamente de la elasticidad producto-empleo del sector). Asimismo es necesario que se termine con los favoritismos a ciertos sectores empresariales que gozan de beneficios tributarios extraordinarios o de favores políticos, ya que esto deslegitima a cualquier gobierno.

Es necesario incentivar el ahorro e inversión nacional, a través de una mejor política de tributación, que amplié la base tributaria en lugar de gravar las utilidades con altas tasas impositivas que desincentiva la inversión. También abordar la situación laboral que encierra varios aspectos, desde la baja productividad hasta los altos costos de estabilidad laboral; Para poder lograr una medida saludable debe tenerse en cuenta la alta tasa de informalidad y subempleo, asimismo debe normarse una ley general en cuanto a las cuestiones básicas que deba gozar todo trabajador pero a la vez debe quedar algún margen de flexibilidad para la ágil incorporación de trabajadores a la formalidad; Es decir una total estabilidad, dadas las circunstancias, agravan el problema y por otra parte la total flexibilización atenta contra los derechos del trabajador de tener un empleo digno.

La gobernabilidad democrática debe enfrentar la diversidad de partidos políticos. En este sentido se ha avanzado paulatinamente en la institucionalización del sistema electoral y de los partidos políticos, al normar con precisión y mesura sobre la valla electoral y procedimientos para el desarrollo pre electoral de los partidos; Por ejemplo ahora se demanda una cuota de presencia nacional lo cual resulta saludable ya que impulsa a revertir de algún modo el ‘franquiciado’ existente en provincias. Por otra parte se debe lidiar con la cultura política nacional que dista mucho de poder tener un accionar digno, equiparable al del pacto de la ‘Moncloa’, donde se logró superponer los intereses de partido en favor de los nacionales al abordar temas de fondo de modo claro con precisión y voluntad. Deberá también incentivar la escasa participación ciudadana en temas políticos (función legitimadora y de contra peso).Asimismo los medios de comunicación tienen un rol importante en la sociedad, dado su poder de influyente sobre la opinión pública. Para evitar que sean objeto de manipulación se ha propuesto la creación de un organismo autónomo que pueda regular bajo ciertos principios normativos que logren poner fin a esta caótica situación y cooperar a fin de crear conciencia ciudadana.
Finalmente, la cohesión social, y el de desarrollo nacional, requiere de un proceso gradual de descentralización efectiva e integración articulada, que incorpore a todos los actores de la sociedad, que respete la multiculturalidad e idiosincrasia en la programación de los años escolares según los períodos productivos regionales, que se implementen medidas económicas coherentes sobre la base de nuestra realidad, que se maximice el uso del capital social en sectores donde el estado no logra dar cobertura ya sea por sus altos costos de operación o por simple desatención.