El título mismo de este post anuncia la idea central que quiero sugerir: Ninguno de nuestros principales "males" sociales, especialmente aquellos que atañen a lo que conocemos como ética pública, podrán encontrar una solución efectiva si primero no somos capaces de mirar nuestras propias prácticas y especialmente, aquellas que tienen que ver con el modo de relacionarnos con las demás personas.

Existe un consenso sobre cuáles son los principales problemas que nos aquejan como sociedad, entre ellos la corrupción, la inseguridad (es decir, las distintas formas de violencia urbana), la desconfianza; así como todas aquellas relativas a la falta de acceso a bienes primarios, tales como la educación, la salud y la justicia. Sin embargo no existe un acuerdo acerca de cómo lograr superar estas limitaciones que nos mantienen en una situación de precariedad colectiva desde hace mucho.

Sin lugar a dudas el Estado tiene una gran responsabilidad, en tanto debe asegurar a los ciudadanos, el acceso igualitario a los bienes primarios, sin embargo, las políticas y las normas formales no son suficientes si los propios ciudadanos hemos incorporado en nuestros modos de ser la idea de que trasgredir es más efectivo para alcanzar nuestros fines particulares, al margen de lo que establece la propia ley.

El ideal de realización individual es un horizonte necesario para todas las personas. Sin embargo, dicho ideal no es posible fuera de un marco normativo mínimo, capaz de otorgar garantías y establecer ciertas reglas de juego para que dicha realización se vea posibilitada, sin el riesgo de que se nos impida dicha, o obstaculicemos a otros la concreción de sus planes de vida y el sentido de autorealización individual, al que legítimamente aspiramos todos. En otras palabras, la ética de mínimos y de máximos resultan ser ambas caras de una misma moneda

Es en este sentido que el video de Baltazar Caravedo orienta su reflexión. "¿En qué momento se arregló el Perú?" es una breve reflexión de la manera tan torpe y cínica que tenemos los peruanos para trasladar en aquellos que ejercen el poder -exclusivamente- los males, transgresiones y formas de sacarle la vuelta que debilitan nuestra convivencia social. Al mismo tiempo, muestra como ciertas prácticas se han terminado por constituir en hábitos y han terminado por constituir un determinado carácter social.

La reinvención como experiencia moral, por lo tanto, resulta necesaria para convertinos en una mejor colectividad. Y con ello, quizas, en mejores individuos. O al revés. Dejo el link del video para los interesados.


http://www.youtube.com/watch?v=oJIhNHIC95Q&feature=email

Iniciativa y concepción del proyecto: Baltazar Caravedo Molinari - Guión y Dirección: Bacha Caravedo. - Producción General: Carolina Denegri.- Investigación: Carolina Denegri, Willy Ilizarbe y Bacha Caravedo.
Dirección de Fotografía y cámara: Beto Gutiérrez - Fergan Chávez - Gianmarco Ahón - Omar Quezada. Dibujos: Juan Carlos Semino. Caricaturas: Carlos Tovar "Carlín" - Alfredo Marcos. Archivos fotográficos: Eloy Neira, Verónica Pérez, Carolina Denegri. Archivo EPENSA, Archivo LA REPÚBLICA, Archivo E...

Si asumimos que la corrupción implica un tipo de relación entre ciudadanos y autoridades que desvirtúa la función pública, y con ello la correcta provisión de servicios básicos a la ciudadanía –es decir, la concreción misma de sus derechos fundamentales tales como educación, salud, seguridad, entre otros-; entonces la lucha contra la corrupción implica un tipo de acción donde intervengan todos los actores potencialmente implicados, es decir, una acción colectiva.

Esta dimensión colectiva de la lucha contra la corrupción no siempre representa algo obvio. Por el contrario, aun cuando se percibe como uno de los principales problemas para la consolidación de nuestro sistema institucional y en general, como algo que debilita la moral de nuestra sociedad, su erradicación es siempre sentida como un problema del cual se debe ocupar solo el Estado, ya sea a través de producción de normas, generación de sistemas de control institucionales más rigurosos y sanciones más drásticas contra quienes la cometen. Y aunque todo ello es cierto, es decir, el Estado debe jugar un rol protagónico en la lucha contra la corrupción, cabe preguntarnos ¿cuál es el rol que los ciudadanos y ciudadanas deben jugar en esta lucha? Y es precisamente a esto que nos referimos cuando hablamos de acción colectiva, como aquella capacidad de actuación conjunta entre la ciudadanía y el Estado, ya sea para establecer mecanismos de prevención o para realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la corrupción, generando corriente de opinión pública y nuevas prácticas sociales.

La acción colectiva entre la ciudadanía y el Estado se funda en base a tres ejes clave: 1) la articulación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción, lo cual facilita la coordinación de acciones e incrementa el impacto de las mismas, 2) la superación de la indiferencia que permita el ejercicio de la denuncia como un derecho clave tanto del ciudadano como del funcionario público que es testigo de un acto de corrupción y 3) tal vez lo más importante, la generación de una conciencia ética de interés público en la que la corrupción sea percibida como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y no solo a particulares, por lo cual, cualquier ciudadano estará dispuesto a oponerse a su práctica tanto en la otra persona como en sí mismo.

Para ello será necesario promover una ética de interés público en los espacios primarios en los que las personas desarrollan los valores que dan sentido a su actuar cotidiano: la familia, la comunidad, la Escuela, etc. Espacios e instituciones que educan el carácter de las personas y que por lo tanto se constituyen en “marcos referenciales” para el desarrollo de actitudes basadas en el buen juicio en el espacio público, que motive el rechazo y la denuncia de actos de corrupción, como ejercicio de un derecho, y al mismo tiempo como un deber cívico.

La gestión pública representa un “actor” clave para el gran desafío de lograr el desarrollo de nuestro país. Ello implica que la gestión pública se oriente de acuerdo a los patrones de modernización y eficiencia que se vienen impulsando en las últimas décadas en nuestros países latinoamericanos, y específicamente en el Perú, desde la década del 90 con mayor impulso.

Los impulsos que se vienen dando para modernizar la gestión pública, lo cual no necesariamente implican aun un proceso de reforma estructural del aparato estatal, debe incorporar como un elemento fundamental el enfoque de derechos, lo cual le dará un sentido de mayor compromiso con el fin último de la función pública, que es el servicio a la comunidad.

Reforma del Estado en la década de los 90’s: procesos fallidos e inconclusos.

El proceso de modernización del Estado tiene sus antecedentes más cercanos en la década del 90, luego que Alberto Fujimori ganara las elecciones presidenciales.

“A partir de 1991 el gobierno impulsó la ejecución de tres políticas específicas, enmarcadas dentro de lo que el gobierno denominó de forma genérica como Reforma del Estado: a) la reducción del número de empleados públicos, mediante un Programa de renuncias voluntarias; b) la reorganización o creación de entidades cuyas funciones resultaban importantes para el éxito del Programa económico del gobierno (cual fue el caso de las administraciones tributaria y aduanera, por ejemplo) y c) la reorganización global de la administración pública, esto es, de las entidades que conformaban el Poder Ejecutivo y del sistema de servicio civil que las regía” .

Siguiendo a Cortazar, este proceso de reforma logró implementar solo los puntos a) y b). El tercer punto, tal vez el más importante para nuestros intereses, no se logró implementar a pesar que el Ejecutivo tenía facultades legislativas para llevar a cabo estas reformas. En el año 1995, luego de ganar por segunda vez consecutiva las elecciones presidenciales, Alberto Fujimori retoma el impulso por la reforma del Estado, nuevamente con facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República y con el apoyo de un organismo multilateral importante. Sin embargo, nuevamente el proceso abortó sin ningún resultado importante .

De reforma del Estado a procesos de modernización: los desafíos actuales.

Con el retorno a la institucionalidad democrática en el año 2000, se inicia un nuevo proceso de reforma del Estado, esta vez sin mayores pretensiones que la de modernizar el aparato público. Ya con Alejandro Toledo, en enero del 2002 se publica la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (ley Nº 27658) en la cual se establecen las principales líneas que debía tener este nuevo proceso de modernización.

La finalidad de la ley establece lo siguiente:

“Artículo 4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado.
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado:

a) Al servicio de la ciudadanía.
b) Con canales efectivos de participación ciudadana.
c) Descentralizado y desconcentrado.
d) Transparente en su gestión.
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado” .

En términos generales, las principales acciones que propone esta norma para lograr la modernización del Estado giran en torno a 3 temas: Participación ciudadana y reforzamiento de los programas sociales; descentralización del poder y reestructuración del aparato público para una mayor eficiencia.

El viernes 2 de marzo del presente año, el presidente de la República, el doctor Alan García Pérez, expuso frente a 200 funcionarios del Estado los lineamientos de reforma y modernización del Estado . En dicho discurso, el presidente de la República le dio impulso al proceso de modernización del Estado, conminando (como es su estilo) a los funcionarios públicos presentes, a que se comprometan de manera decisiva en este importante proceso. A continuación presento una cita en formato de imagen, puesto que es un texto escaneado, lo que para el presidente es el principal objetivo del proceso de modernización del Estado.


Como podemos percibir, el presidente de la República apuesta porque el proceso de modernización, nuevamente se inscriba en el marco del servicio a la ciudadanía como principal objetivo, tal como lo refiere la norma antes vista.

En lo que sigue de su discurso, el presidente describe el proceso de modernización en tres grandes ejes: 1) Reforma y simplificación de los trámites administrativos, 2) Reforma del funcionamiento del Estado y 3) Reforma de la estructura del Estado. La primera parte de las reformas, describe todo lo relativo a la atención burocrática hacia la ciudadanía, incorporando mecanismos de agilización de trámites como por ejemplo el uso del Internet para simplificar procesos y disminuir los costos (en términos de tiempo y de dinero). En cuanto a la segunda parte, se refiere a las medidas que se debe tomar en la administración pública para que su acción sea más eficiente, incorporando la utilización de nuevas tecnologías, la aplicación del presupuesto por resultados y aplicar procesos de evaluación a la función de los servidores públicos. Y en cuanto a la tercera parte de las reformas, éstas tienen que ver con el proceso de descentralización del poder público, la unificación de programas y oficinas públicas para no duplicar esfuerzos, entre otros aspectos de carácter organizativo.

El proceso de modernización del Estado incorpora la idea de servicio a la ciudadanía como tema prioritario. Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a los servicios que provee el Estado no es alentadora. Existe aun mucho descontento por parte de la ciudadanía cuando se acerca a una entidad pública a realizar algún tipo de trámite y más aun cuando se trata de la superación de los niveles de pobreza y exclusión en la que muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país viven. ¿Qué es lo que falta entonces para que este proceso de modernización del Estado sea sentido por la población como algo efectivo, que colabora en la realización de sus planes de vida y la satisfacción de sus necesidades primarias, cosas que el Estado debe garantizar como su misión primera? Tal vez la respuesta a esta pregunta se pueda hallar en la relevancia que tiene el enfoque de derechos en la administración pública como un eje que le otorgue sentido a su acción y por ahora parece no estar presente.

Gestión, políticas públicas y gobernabilidad. Un primer acercamiento al enfoque de Derechos.

Un primer acercamiento al enfoque de derechos tiene que ver con el concepto de gobernabilidad. Aunque hablar de gobernabilidad demande un estudio a parte, voy a procurar sintetizar algunas ideas sustantivas de este concepto.

El término gobernabilidad ha tenido diversos significados de acuerdo a distintos procesos socio-políticos, entre los cuales, podemos resaltar: 1) gobernabilidad como capacidad institucional para responder a desafíos u oportunidades; 2) en procesos de transición democrática, como la capacidad de las instituciones para garantizar el Estado de derecho y el no retorno a procesos autoritarios; 3) gobernabilidad como governance que comprende tres aspectos: a) Reglas mediante las cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos y reemplazados, b) capacidad de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas y c) el respeto de los ciudadanos y del propio Estado a las instituciones que administran la vida socio-política del país. Y por último 4) gobernabilidad desde un enfoque europeo, donde lo que se persigue es la eficiencia gubernamental en la administración de políticas dirigidas a la población y la capacidad de ejercer dicha administración en clave de red, es decir, de manera articulada .

Si ponemos atención, vemos que las distintas formas de entender la gobernabilidad apuntan hacia aspectos de carácter técnico y procedimental, con un enfoque economicista de la política. En dichas formas de comprender la gobernabilidad se extraña el fin último del ejercicio de la gestión y de la implementación de políticas públicas: la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales de la persona.

Si en cambio, entendemos la gobernabilidad como una serie de interacciones institucionales que promueven el desarrollo pleno de la dignidad de las personas, la idea de los procesos institucionales, sean estos políticos, económicos, sociales o de cualquier otra índole, deben apuntar a la promoción y vigencia de los derechos de los ciudadanos.

“Por lo tanto, un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas tiene su razón principalmente en que a través de éste es posible reafirmar que el ser humano es fin de cualquier política o decisión estatal, y por ende, la eficiencia económica, el crecimiento o el aumento de la riqueza son medios pero no fines” .

De esta manera, el enfoque de los derechos humanos implica “un principio ético por el cual los Estados deben garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos a través de las políticas públicas” . Y podríamos añadir, a través del ejercicio de la gestión pública, dado que son los gestores los que diseñan e implementan dichas políticas.

Hasta aquí hemos señalado el papel de la gestión pública en la gobernabilidad y cómo ya, desde este momento, el enfoque de derechos resulta de vital importancia para tener un Estado democrático y eficiente. En esta última parte desarrollaré sucintamente lo que implica el enfoque de derechos y su relevancia en la administración pública.

Enfoque de derechos y gerencia pública. Los desafíos pendientes.

El enfoque de derechos en la gerencia pública, debe implicar una concepción de los derechos humanos entendidos de manera holística e integral en toda la administración pública, tanto en su sistema de relaciones institucionales e interinstitucionales, como en sus prácticas y proyectos de cara a la ciudadanía.

“En términos globales y en una situación ideal, los valores incorporados en los instrumentos internacionalmente reconocidos de los Derechos Humanos, junto con los distintos tipos de derechos consagrados, deben constituir el marco ético y normativo de cualquier concepción y práctica del desarrollo y, en general, de cualquier política pública y estrategia de intervención sobre la realidad en cualquiera de sus dimensiones y niveles” .

Si bien es cierto que el Perú ha firmado cuanto pacto, convención, convenio y declaración relativas a los derechos humanos, que permiten hacer de estos derechos obligaciones del Estado frente a la ciudadanía, lo cual incluye, por supuesto, que el diseño de cualquier política o acción estatal se enmarque en el respeto de estos derechos, lo cierto es que todo ello no basta, puesto que una cosa son las obligaciones jurídicas asumidas y otra muy distinta la valoración ética que existe por parte del Estado, y de toda la sociedad en su conjunto también, de estos derechos.

¿Qué puede significar esto de la valoración ética y qué relación tiene con el enfoque de derechos? Es muy simple, aunque muy complejo a la vez dada nuestra historia como país . Su simpleza versa sobre el sentido sobre el que se construye el aparato de derechos humanos: la dignidad de la persona humana. En ese sentido, la promoción y defensa de los derechos humanos se fundamenta en la valoración que hacemos de la dignidad de las personas y en la universalidad de dicha dignidad (en el sentido que es compartida por todas las personas). Todo gesto, toda acción y hablando de la gestión pública: todo proyecto y toda actuación estará determinada por el tipo de valoración que tenemos de la dignidad de las personas, y no tanto por los marcos jurídicos que hacen vinculantes estos derechos.

En este sentido, la valoración ética que abarca al enfoque de derechos y que lo constituye representa un modo de ver la realidad sobre la que actúa. Para el caso de la gestión pública, implica un modo de ver al público al que se dirige su acción, en este caso, a la ciudadanía en su conjunto. Asimismo, este modo de ver se sustenta, como ya hemos dicho, en marcos valorativos que, desde una óptica de derechos tiene directa relación con la dignidad humana, y se concreta en ciertos principios que realizan dicha valoración, como son los principios de igualdad con aceptación de las diferencias culturales, libertad y solidaridad, así como de participación y democracia .

Este modo de ver que propone el enfoque de derechos conlleva un modo de hacer las cosas donde se expresa de manera tangible dicho enfoque. Es decir, el enfoque de derechos no representa solo un marco valorativo y teórico, sino acciones concretas, procedimientos, tipo de atención, orientación de las políticas, etc.

Un ejemplo de lo dicho anteriormente tiene que ver, por ejemplo, con la manera como la administración pública incorpora el principio de igualdad y de no discriminación étnico-racial. ¿Hasta qué punto la modernización del Estado incorpora dicho principio con base en las diferencias étnicos-raciales en nuestro país, que es por definición multicultural? ¿Cómo acceden las poblaciones quechua-hablantes a los bienes y servicios que el Estado debe garantizar? Fui testigo no hace mucho de cómo una mujer mayor, quechua-hablante, en el Cusco, no podía realizar un trámite en el Banco del Estado porque los funcionarios no la comprendían, dejándola finalmente de lado. De la misma manera ocurre en muchas dependencias del Estado que aun no se han adecuado a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo para establecer mecanismos que permitan a las personas con algún tipo de discapacidad física, acceder a la realización de algún trámite público.

Si la atención al público por parte de un funcionario estatal establece formas de discriminación cultural o de cualquier índole, sea por incapacidad (como en el caso que acabo de describir de la señora quechua-hablante) o por actitudes intolerantes, es evidente que el principio de igualdad (para acceder a los bienes y servicios del Estado en igualdad de condiciones) no se concretiza.

Podríamos detallar muchos otros aspectos que revelan que el enfoque de derechos no ha sido incorporado aun como parte sustantiva del proceso de modernización y reforma del Estado Peruano. Lo referido a los derechos humanos son aun vistos y sentidos como normas de carácter jurídicos para dar cumplimiento a la ley, pero solo de manera parcial, dado que el enfoque de derechos nos muestra que esto no es suficiente para decir que las normas relativas a derechos humanos son realizadas plenamente en nuestro país, y mucho menos su valoración ética.

Colofón.
Resulta significativo escribir este artículo, mientras se inicia el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori por casos de violación a derechos humanos. En la intervención que tuvo en la primera audiencia, el ex presidente dijo, básicamente esto: “El país que recibí a inicios de los 90’s estaba quebrado económica y socialmente por la crisis financiera y política alentada por el terrorismo. En ese contexto hubo que hacer reformas para que el Perú que tenemos ahora sea posible, respetando los derechos humanos de 25 millones de peruanos sin excepción alguna” . Nada más lejano de la realidad, como ya sabemos. Su discurso parecía más una justificación de que los procesos de reformas emprendidos durante sus gobiernos, fueron necesarios para garantizar un país viable a la mayor cantidad de población posible. Lógica utilitarista que aun nos gobierna. Lamentablemente

Carlo Mario Velarde Bazán.





BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Alza, Carlos y Vallenas, Kantuta Gobernabilidad, desarrollo y democracia Un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.. En: Derecho y Sociedad vol.15 No 22. Lima: Asociación Civil Derecho y Sociedad; Estudiantes de la Fac. de Derecho PUCP, 2004
- Bernales, Enrique (2004) “Las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos”, El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas. Lima: Comisión Andina de Juristas.
- Cortazar, Juan Carlos. Oportunidades y limitaciones para la reforma del Estado en el Perú de los años 90. Informe final. Pontificia Universidad Católica del Perú. Noviembre del 2002.
- Manrique, Jorge. Democracia y Nación. La promesa pendiente. En: La democracia en el Perú. Proceso histórico y agenda pendiente. PNUD, Lima, marzo del 2006.
- Tejada, David. Aspectos Operativos del enfoque de derechos. Documento no publicado. Conceptos Básicos del Enfoque de Derechos para su aplicación a las Políticas Públicas.
- Tejada, David Conceptos Básicos del Enfoque de Derechos para su Aplicación a las Políticas Públicas.


OTROS DOCUMENTOS

- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (ley Nº 27658)
- Lineamientos de reforma y modernización del Estado. Exposición del Presidente de la República, Alan García Pérez a 200 funcionarios del Estado. Vínculo: http://www.pmde.gob.pe/archivos/2007/Reforma_Modernizacion_Marzo2007.pdf

En su último artículo publicado en el Comercio el domingo 07 de octubre de este año, Mario Vargas Llosa reflexiona sobre las condiciones que deben promover los Estados liberales para que no se vulneren derechos individulaes a través de prácticas culturales establecidas por las tradiciones. Lo pueden leer en el siguiente enlace: http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2007-10-07/imecportada0795418.html

Quisiera referirme a algunos de los puntos en los que se detiene Vargas Llosa. La situación en la que basa su reflexión es la siguiente: "La Generalitat, o gobierno autónomo de Cataluña, ha obligado a un colegio público de Gerona a admitir a Shaima, una niña marroquí de 8 años, que desde hacía una semana faltaba a clases porque las autoridades del plantel le habían prohibido el ingreso mientras llevara el 'hiyab' o velo islámico. El director fundó la prohibición en el reglamento del colegio, que rechaza en el atuendo de los alumnos "cualquier elemento que pueda causar discriminación". Por su parte, la Generalitat considera que "el derecho a la escolarización" debe prevalecer sobre las normas internas de los centros educativos". Según su opinión, "Lo ocurrido con la niña marroquí establece un precedente que, de prevalecer y extenderse, abriría las puertas de la instrucción pública al llamado multiculturalismo o comunitarismo. A mi juicio, semejante perspectiva es sumamente riesgosa para el futuro de la cultura de la libertad en España"..

Lo que hace Mario no es otra cosa que juzgar esta acción desde una perspectiva enteramente liberal, es decir, bajo el dogma de que nadie, ningún sujeto en el mundo, puede ver restringido sus derechos individuales a causa de prácticas comunitarias o culturales arraigadas en la tradición, aun cuando éstas puedan ser aceptadas por los propios sujetos, como en el caso de la niña Shaima. Se podría objetar, no sin razón, que siendo niña puede ser inducida fácilmente por sus mayores, aunque esto también pueda resultar bastante discutible en un tiempo como el nuestro donde, cada vez más, los niños y niñas desarrollan con mayor precosidad su juicio.

Sin embargo no es el caso de muchos hombres y mujeres adultas quienes en ejercicio de su libertad optan por mantener sus tradiciones, las cuales muchas de ellas son vistas por nuestras miradas occidentales-liberales como primitivas, inhumanas y degradantes. No me inquieta el que algunas de las prácticas de culturas ajenas a la nuestra puedan causar este tipo de sentimientos: ¿quién podría determinar y en última instancia juzgar un hecho desde un punto de vista neutral, desarraigado y ajeno a un tipo de concepción, que de alguna u otra forma determina nuestras opciones cualtitativamente valisosas para uno mismo? Me parece que nadie, y ello está bien. Sin embargo, pretender intervenir en prácticas aceptadas y valoradas por los propios sujetos ¿No contraviene el principio liberal de la libertad que tienen todos los sujetos para elegir lo mejor para sí mismos? ¿Acaso la postura de Mario Vargas Llosa no se parece -en la forma, más no en el sentido- a lo hecho por Estados Unidos en su justificación de ocupación de Irak? En última instancia, siendo los liberales los principales promotores de las libertadades humanas, ¿quiénes pretender ser para juzgar el ejercicio de libertad de otros, manifestado en prácticas culturales distintas a las occidentales?

Sin lugar a dudas estoy en desacuerdo en toda forma de discriminación y de degradación humana, desde mi propia concepción cultural. Creo en la libertad, y por ello mismo creo también que el límite de toda acción y práctica cultural o comunitaria se encuentra representado en el consentimiento o rechazo de una persona, en el ejercicio mismo sus libertades.

Hace a penas un par de días que la dirigencia del Sutep ha decidido levantar la huelga que inició el cinco de julio. Esto, por supuesto, ha traído la satisfacción de todos aquellos que esperamos que la educación en el Perú pueda lograr niveles de calidad, muy, pero muy encima de lo que hoy por hoy tenemos como realidad. Sin embargo esta huelga pone de manifiesto nuevamente, aspectos de nuestra cultura societal y política que son lamentables y que influyen decisivamente en el tipo de país que somos: fragmentado, esquivo y con poca capacidad para dialogar y lograr consensos significativos.

Uno de los temas principales de la protesta iniciada por el Sutep tuvo que ver con la recientemente promulgada Ley de carrera pública magisterial, la cual incluye un sistema de evaluación y de ascensos con sus respectivos incentivos económicos, para aquellos docentes que sean capaces de lograr un nivel adecuado para el ejercicio de la docencia.

Lo lamentable de esta ley no ha sido su contenido, respecto al cual la mayoría parace estar de acuerdo, sino la forma y el tiempo en que fue aprobada y su, quizas, intencionalidad política de desacreditación al magisterio peruano por parte del actual gobierno, aunque más precisamente a la dirigencia del Sutep conformada por partidarios del partido comunista Patria Roja.

Como decía, el contenido de la ley, al parecer, representa una respuesta pertinente a una realidad que por muchos años se presenta como sumamente problemática en el sistema educativo peruano: la pobre calidad de la educación en el Perú, y la pobre capacitación que muchos docentes del sistema educativo público especialmente presentan. Sin embargo, quiero remitirme a la forma que en sí, nos coloca frente a un problema de fondo en nuestra sociedad: la ausencia de diálogo para lograr acuerdos significativos para el desarrollo de nuestro país.

Si bien este ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la dirigencia del Sutep en los últimos días de su protesta (cuando ya se encontraban lo suficientemente debilitados frente a la opinión pública) la pregunta que nos podemos plantear es si esta dirigencia, tanto como los decisores del gobierno, tenían la predisposición honesta para dialogar.

Dialogar, tal como nos lo recuerda el gran filósofo de la hermenéutica, Hans George Gadamer, implica que las partes no argumenten de manera paralela. Esto quiere decir que las partes que buscan convenir en un punto de interés común, no se presenten con verdades preestablecidas, las cuales para hacerlas valer busquen la argumentación simultánea de sus puntos de vista sin escuchar la posición del otro. Dialogar se apoya en una lógica de pregunta-respuesta que busca penetrar de manera real y sincera en la posición del otro para, desde los argumentos vertidos por el interlocutor encontrar la validez de su posición sin aplastar su postura antes de que éste sea capaz de sostenerla en el diálogo.

Precisamente el entrar a una discusión con verdades preestablecidas y con argumentos que no admiten la pregunta como forma de interrogación para sopesar la validez de las ideas que subyacen a los argumentos que se presentan, representa no solo la anulación del diálogo antes de que éste se inicie, sino que además alienta pretenciones totalizadoras de lo que podemos considerar como verdad. El que no se deja interrogar por el otro por considerar que sus argumentos son verdaderos a priori, cree que su posición es la única y la mejor. Que es la única verdad.

Esto lo hemos podido constatar en el proceso de la huelga desarrollada, tanto por parte del Sutep, como por parte del Estado. Ambos han pretendido hacer valer una verdad, la suya, la de cada cual, sin antes haber iniciado un proceso de diálogo que permita interrogar la validez y pertinencia de sus posturas expresadas en sus argumentos. ¿Cuál es el fruto de una comunicación como esta? la pérdida de sentido, el debilitamiento de una de las partes y una supuesta victoria de la otra. En conclusión, uno gana y otro pierde.

Pero al final, sabemos que en el fondo ambos pierden: porque el vencedor, ensimismado y regodeado en su supuesta victoria, pensará que su posición será suficiente y que no habrá más que hacer. Todo para él estará consumado y la crítica frente a sus propias posturas estará ausente, por lo cual siempre quedará expuesto a la mediocridad e insuficiencia de sus argumentos. El que pierde, estará esperando pacientemente otra oportunidad para nuevamente ebullir en una nueva confrontación que le permita hacer valer su pocisión y colocarse en situación de vencedor.

Sin diálogo no hay comprensión. Y sin comprensión, tal como nos dice Gadamer, no hay fusión de horizontes: acuerdos significativos donde cada cual -los interlocutores- sean capaces de encontrarse y en ese encuentro dejar de ser los mismos para ser otros más completos.

Por el momento las aguas vuelven a la tranquilidad. Sin embargo sabemos que tal como ha sido manejado este proceso, este levantamiento de la huelga es, más que un acuerdo, una forma de tregua que en cualquier momento estallará, quien sabe, con mayores niveles de violencia que los que hemos visto hasta ahora. Porque la ausencia del diálogo siempre implica, necesariamente, el ejercicio de la violencia.

“Yo fui profesor de Alberto Fujimori en la secundaria. Le enseñé matemática. Creo que fui un buen profesor, pero un pésimo maestro”

De esta manera relataba su experiencia docente, un maestro en Lima en medio de una reflexión sobre la importancia de la educación, y en especial, del rol que juegan los docentes, en la construcción de ciudadanía en el Perú.

La afirmación reflexiva que hacía el docente no era gratuita, dada las circunstancias políticas padecidas en el Perú durante la década de los 90’s que todos conocemos, en lo que se refiere a la actuación de Alberto Fujimori hoy fugitivo de la justicia peruana afrontando un proceso de extradición en Chile, durante sus dos gobiernos. La idea que expresaba el docente era clara. Una cosa es poseer la técnica – en el mejor de los casos- para impartir conceptos y habilidades dentro de la escuela, y otra, muy distinta, es tener la capacidad de formar sujetos responsables, con buen juicio para vivir una vida plena y digna, con respeto a las demás personas, siendo esto tal vez lo más importante, la finalidad de todo proceso educativo que se precie de serlo.

En el presente artículo pretendo reflexionar sobre la relevancia que tiene la educación en el proceso de generar identidades autónomas y responsables, y cómo ello revierte en la construcción de una ciudadanía capaz de sostener y fortalecer la cultura democrática en nuestro país.

1. LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ. ¿Qué tipo de sujetos se forman en nuestras escuelas?

La experiencia de la educación en el Perú presenta serios problemas para la construcción de un país con raíces democráticas fuertes y con ciudadanos capaces de ejercer sus derechos a plenitud y los deberes cívicos que le competen en la misma medida. La experiencia de la escuela peruana nos remite a procesos opresivos y carentes de toda libertad posible, de modo tal que los alumnos, futuros ciudadanos, aprehenden hábitos que luego se transformarán en conductas primarias determinadas por la falta racionalidad, cuando lo que debe perseguir la escuela es la formación de sujetos con buen juicio para elegir lo mejor y actuar acorde a la dignidad humana que nos habita a todos. Esto, como ya lo he mencionado, representa el principal fin al que debe tender la educación, y no se reduce a la sola transmisión de conceptos y contenidos, porque cuando la educación se refiere exclusivamente a esto, la cualidad de sujeto que se forma podrá comprender muchas cosas –tal vez- sin embargo no estará preparado para hacer efectivo sus derechos y ejercer su libertad de manera plena.

Vamos a reflexionar sobre estos temas en tres partes: primero veremos que consecuencias trae el enfoque pedagógico predominante del dictado de clases dentro del aula, acto seguido diremos algo sobre los símbolos recurrentes utilizados en la escuela y terminaremos esta parte reflexionando sobre las dinámicas de exclusión que se dan en la escuela, todo lo cual no favorece la formación de ciudadanos plenos.

1.1 Sobre el enfoque pedagógico del dictado de clases.

El enfoque pedagógico predominante que privilegia de modo absoluto el dictado de clases por parte del docente, representa un primer momento de experiencia de totalitarismo que enajena a los estudiantes de su capacidad de sujetos pensantes y por lo tanto actuantes en el primer espacio público que representa la escuela. La misma palabra dictar nos remite a significados fuertes de lo que deseo expresar aquí, y que no se agota en la generación de conductas pasivas en los estudiantes, aunque esto, es ya de por sí bastante preocupante. El enfoque del dictado trae consecuencias mucho más serias. La palabra dictar nos remite la idea de imposición. El que dicta impone algo: una idea, una opinión, cierta acción o conocimiento que se considera como cualitativamente superior, frente a un público que es imaginado como inferior o incapaz para elaborar un argumento reflexivo y ejercer una acción significativa.

Como bien sabemos, la palabra dictar o dictado es raíz de palabras y significados como dictatorial o dictador. De modo tal que en la escuela, y en el aula específicamente, el docente que dicta clase, se constituye en el dictador que se impone desde una visión de superioridad y de posesión de algo (conocimientos) que otros no poseen y que lo representan como cualitativamente mejor frente al público constituido por los estudiantes que reciben la acción del docente y son representados como inferiores o carentes de aquello que posee el docente, en este caso como decíamos, carentes de conocimientos.

Esta voluntad así impuesta a través del dictado de clases, trae como consecuencias la generación de conciencias dependientes, es decir, de conciencias sin autonomía para llevar a cabo por sí mismas reflexiones o acciones que devengan en la construcción de una identidad capaz de desenvolverse en el mundo. Si el principio de la ciudadanía es el ejercicio de libertades, entonces el enfoque del dictado de clases niega por definición la posibilidad de formar ciudadanos plenos. Y esto, a la larga, mantiene y fortalece la cultura del autoritarismo y del más fuerte en nuestra sociedad, o de la dependencia ciudadana frente a la autoridad de turno. No resulta gratuito que la gran mayoría de ciudadanos representen el papel del Estado como una entidad encargada de la solución de sus problemas. Y que el presidente de la República sea percibido como el responsable de que ello suceda. No niego, y resulta obvio decirlo, que el Estado juega un papel importante para asegurar que los derechos ciudadanos se hagan efectivos. Sin embargo existe una gran diferencia entre exigir que los derechos se respeten y se hagan efectivos y entre solicitar favores o soluciones a problemas cotidianos que en principio corresponde a nuestra propia responsabilidad.

Existen situaciones que a simple vista parecen irrelevantes para la vida, como si en sí mismo no tuvieran mayor significado. Sin embargo, cuando les damos la atención debido y reflexionamos sobre ellas, nos damos cuenta que pueden desencadenar consecuencias totalmente imprevistas. Lo referido al dictado de clases dentro de la escuela es una de ellas. Pocas veces se ha dicho algo al respecto porque consideramos que este tema en sí mismo, no parece ser tan relevante. Sin embargo, si observamos las consecuencias personales y sociales que genera esta práctica, podemos darnos cuenta de lo importante que resulta repensar este enfoque para proponer otro que fomente el ejercicio de libertad mientras se gestan los aprendizajes. Esto es lo que se denomina como un aprendizaje significativo.

1.2 Los símbolos de una escuela totalitaria.

Mucho se ha insistido sobre la importancia que tienen lo símbolos para generar identidades e identificaciones. Los símbolos son una representación sustantiva de una realidad valorada. En ese sentido, representan ideales, valores e historias y tradiciones que sirven para cohesionar a una comunidad en torno de un imaginario compartido.

Si observamos la realidad simbólica de la escuela, constataremos que esta se encuentra fuertemente influida por símbolos que hacen referencia al sentido patriótico, desde una interpretación castrense. Esto lo podemos identificar a partir de los ritos que se generan alrededor de los símbolos patrios, tales como la bandera, el escudo o el himno nacional. Dichos ritos, constituidos por marchas, formaciones al inicio de la jornada escolar, interpretaciones matutinas del himno patrio, etc, hacen representan la manera como el contexto militar interpreta y valora el sentido de lo patriótico.

Todo esto no ha de sorprendernos mucho en tanto República del Perú, desde su fundación a la fecha, ha sido mayormente gobernada por líderes militares bajo regímenes autoritarios o dictatoriales. Incluso algunos de nuestros gobiernos civiles y supuestamente democráticos, han tenido, para el logro de fines de dominación, el respaldo absoluto de los militares, tal como ocurrió con el gobierno de Alberto Fujimori.

La carga simbólica que tiene que en las escuelas se valoren y se promuevan ritos de carácter militar, forma parte de un discurso mayor que impulsa la formación dentro de la escuela hacia valores del contexto castrense, tales como la disciplina, la obediencia, la rigidez en el desarrollo físico, etc, todo lo cual nos conducen a parámetros que nos enajena de los valores civiles que rigen el ejercicio pleno de la ciudadanía, tales como la tolerancia, la libertad, la deliberación y en definitiva la capacidad para evaluar, entre múltiples opciones, qué es lo mejor para el desarrollo pleno de nuestras identidades personales y con ello el desarrollo pleno de nuestros pueblos.

De lo dicho hasta aquí, se entiende que en nuestro país se encuentre instalada la idea de que el gobernante deba ser el padre que ponga orden. En el imaginario común, importa poco que el gobernante sea un sujeto apto para el ejercicio del gobierno, ni que represente, desde su propia conducta, el respeto irrestricto a la ley. Lo que se busca es alguien que imponga mano dura, sin que por ello importe si se le “pasa la mano”, con tal de que el orden sea el que impere. Se coloca el medio como el fin, y se tergiversan los roles en función de imaginarios tendientes hacia el autoritarismo. Todo esto debilita nuestra conciencia ciudadana y los valores cívicos se pierden en la fantasía de que siempre será que uno decida por todos. Es aquí donde se instala la violencia (como la voluntad de uno sobre todos) en desmedro del poder (entendido como la voluntad de todos para todos), tal como lo entendía Hanna Arendt.

1.3 La escuela y la exclusión.

Entramos a este último punto de esta parte, referida a como la escuela representa un espacio donde no se educa para ejercicio de la ciudadanía.

La educación entendida como derecho debería otorgar las mismas condiciones de desarrollo a todas las personas. Sin embargo, la realidad educativa peruana representa un espacio que promueve la desigualdad en términos de acceso y calidad educativa. Un claro ejemplo de esto lo representan el sistema privado y el sistema público de educación. Entre ambos, existe una diferencia abismal en relación a calidad educativa y a infraestructura básica en las escuelas y en las universidades, sin dejar de mencionar los institutos superiores.

Quien estudia en una institución educativa privada (con ciertos estándares de calidad) encontrará mayores condiciones para desarrollar mejor sus cualidades cognitivas, procedimentales y hasta actitudinales.

No ocurre lo mismo con aquellos que estudian en instituciones educativas públicas. Como consecuencia de esta desigualdad de condiciones, al momento de tentar un trabajo, se dará preferencia a aquellos y aquellas que provienen de instituciones privadas en desmedro de quienes provienen de instituciones públicas. O si se trata de concursos, igual existirá desigualdad de condiciones para competir por un puesto de trabajo. Por lo cual, el sistema educativo representa, tal como se encuentra diseñado en la actualidad, un elemento de exclusión y de desigualdad social, lo cual socava la integración social y abre aun más las brechas existentes, todo lo cual sirve como caldo de cultivo para la insatisfacción y abre demandas por sistemas autoritarios, socavando la ciudadanía y la democracia en el país.

2. ¿HACIA DONDE IR?

Luego de este breve y desalentador recorrido, podemos decir que mucho de nuestros males en términos de falta de ejercicio de ciudadanía plena, o de debilidad de la cultura democrática en nuestro país, se gesta en el principal espacio de socialización secundaria que es la escuela.

Marshall decía que para que existan buenos ciudadanos en la Inglaterra de primera mitad de siglo pasado, debía haber un buen sistema educativo que incluya a todos y que siente las bases de un reconocimiento social auténtico. Todo esto debe permitir, además, el desarrollo económico y social que todos los ciudadanos esperan. Por otro lado, Amartya Sen refiere que la pobreza no tiene que ver solo con la ausencia de bienes materiales, sino fundamentalmente con la ausencia de libertades, las cuales se expresan en el ejercicio de la ciudadanía. Prueba de todo esto lo vemos en países del Este asiático, tales como Tailandia, Singapur y otros, los cuales basaron su éxito de desarrollo en la inversión en educación como tema fundamental. De tal modo que existe una relación directa entre desarrollo, reconocimiento y ejercicio de ciudadanía por una parte, y educación por otra.

En términos de lo que nos preocupa en este breve trabajo, diremos que educar para la ciudadanía no es tarea fácil, más aun en un contexto como el peruano donde las brechas sociales y la exclusión de la comunidad política son de carácter histórico, desde la conquista española, y con mayor fuerza –aunque suene paradójico- desde la fundación de la república. Porque aunque los españoles representaron un modelo de dominación explícito en territorio americano, las relaciones establecidas con los indígenas tuvieron cierto carácter conciliador y supuso dejarlos en libertad para que desarrollen sus negocios y se conviertan en proveedores de bienes para las familias españolas durante el Virreinato. La fundación de la república suponía la fundación de una comunidad política, donde las relaciones debían ser en estado de igualdad frente a las leyes del Estado y el reconocimiento de ciudadanos no debía discriminar a nadie del ejercicio pleno de derechos. Esto no ocurrió así como lo sabemos. La república fue fundada por los criollos y la comunidad política estuvo limitada a la participación de las elites regionales, constituida, nuevamente, por criollos. La población indígena fue dejada de lado de este proyecto fundacional durante un largo periodo de tiempo. En tal sentido, la ciudadanía no se constituyó en un tema inclusivo desde un inicio.

¿Qué podemos hacer frente a este panorama?

El educador debe ser el primer sujeto de insatisfacción en el sistema. El o la docente que se conforme con lo que ocurre a su alrededor sin hacer nada por cambiar las situaciones que atentan contra la dignidad de las personas, no puede llamarse educador.

En lo que se refiere a la educación para la ciudadanía, debemos dar los siguientes pasos:

1. Avanzar hacia la democratización de la escuela como primera tarea. En el caso del aula como primer espacio educativo, el maestro debe abandonar el imaginario de que es “la autoridad” y dirigir su acción en el sentido de su categoría profesional como servidor público. El que sirve no ejerce dominio, sino que promueve procesos de construcción de proyectos de dignificación.

2. Incorporar la deliberación como método de aprendizaje y de interacción entre los estudiantes. Esto pasa porque el alumno aprenda que para expresar una opinión o un sentir, es necesario argumentar y escuchar argumentos de sus demás compañeros y compañeras, así como del docente. Este ejercicio práctico, podría tener muchas consecuencias positivas en la generación de ciudadanos capaces de discutir y argumentar propuestas, y desterrar la vieja costumbre y latente tendencia a patear el tablero cuando no “nos salimos con la nuestra”.

3. Promover el ejercicio de libertades dentro de la escuela. Esto significará que el docente incorpore actividades educativas que conduzca al estudiante a investigar, a reflexionar, a emitir opiniones y sentimientos y sobre todo, que perciba que la escuela no es lugar de represión, sino un espacio donde se puede interactuar. Los seres humanos actuamos, esta es una cualidad distintiva respecto a otras especies. Y no actuamos solos, ya que una acción en solitario es insostenible. Uno actúa en relación a otros y con otros. Ello lo decía muy Hanna Arend cuando refería, siguiendo a Aristóteles, que la acción es propia del hombre y que esta no se puede dar al margen de los demás. Una acción realizada con otros, siempre hace que algo novedoso aparezca. Por ello la importancia de poder educar para acción y más aun, para la interacción.

4. Promover un nuevo paradigma de disciplina al interior de la escuela. La disciplina no está reñida con el ejercicio de las libertades. Por el contrario, un sentido positivo de disciplina incorpora la capacidad del estudiante para construir de manera colectiva normas de convivencia, para el logro de objetivos de aprendizaje. En ese sentido, toda norma de convivencia construida colectivamente, debe ir acompañada de una sanción que logre incorporar en el alumno la idea de respeto a la legalidad, fundamental en toda sociedad democrática. La sanción no debe ser enfocada desde la óptica del castigo, sino desde la visión de la reparación. En ese sentido se avanzará en lo que Paul Ricoeur expresa respecto a la imputabilidad de una acción al sujeto , desde un sentido de reparación de un daño y no solo desde la idea castigo por un mal cometido.

5. Incorporar los valores cívicos, tales como la tolerancia, el respeto y la valoración a las diferencias y la solidaridad como sentidos de convivencia pacífica. Esto es de especial importancia porque abre una veta de reflexión urgente en nuestro país, la cual tiene que ver con el carácter multicultural de nuestra nación. La ausencia de reconocimiento y de respeto a las diferencias culturales, expresadas en actitudes de racismo y discriminación, se aprenden en la escuela, cuando no se tiene una formación sólida en espacios de socialización previos como la familia. Y es precisamente uno de los males mayores de nuestro país, el no asumirnos como una sociedad multicultural, con diversos modos de ser ciudadanos desde las propias lógicas culturales. Y que el Estado asuma esas diversas posturas de ejercicio de la ciudadanía. Avanzar hacia el reconocimiento de las diferencias y asumir que somos un país diverso, es una de lasa tareas fundamentales de la escuela de cara a la formación en ciudadanía.

6. Aprender a manejar conflictos y no buscar soluciones a ellos que incorporen la violencia como método práctico. Buscar la resolución de conflictos de manera pacífica, ayudará a aprehender nuevas maneras de afrontar situaciones conflictivas desde el diálogo y el intercambio de opiniones.

Sin lugar a dudas el multiculturalismo tiene un papel protagónico en la reflexión filosófica y de las ciencias sociales desde las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días.

La relevancia de los planteamientos multiculturales versa en la constatación del fracaso de las políticas igualitarias asumidas por los Estados-nacionales multiculturales, que, procurando mantener una ilusoria cohesión entre los ciudadanos y ciudadanas, descuidaron el hecho de la diversidad y sus implicancias, así como de las distintas demandas de reconocimiento de las identidades culturales y nacionales, tal como lo refiere Kymlicka en su libro Ciudadanía multicultural.

La reflexión multicultural explicita el hecho de la diversidad, es decir, lo evidencia, elaborando un discurso reivindicativo. Como afirma Sartori en Sociedades multietnicas, antes de que los multiculturalistas “aparezcan” en el debate público, la idea de la diversidad no existía como tal al interior de los Estados y por lo tanto, los problemas de su reivindicación tampoco. Esto que se presenta como un problema para este autor, representa el principal aporte del multiculturalismo al debate y el desarrollo de políticas inclusivas al interior de los Estados multiculturales. Sin embargo, a pesar de su aporte, no es suficiente.

No es suficiente porque el reconocimiento que promueve el multiculturalismo se basa en políticas de acción afirmativa o de discriminación positiva, las cuales, si bien es cierto que establecen mecanismos que promueven la equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo de los ciudadanos, éstas con el tiempo o se olvidan y generan otro tipo de inequidades, o bien se establecen como políticas permanentes que no abordan las causas que generan desencuentros culturales, tales como la discriminación, el racismo, la xenofobia, etc.

Por otro lado, las políticas multiculturales, con base en la tradición política liberal, establecen la mayor parte de las veces, una demarcación fuerte entre lo público y lo privado, de tal manera que lo público sigue siendo dominio de las culturas societales mayoritarias (con una sola lengua de acceso a los bienes y servicios públicos, con un enfoque educativo homogéneo y homogenezante, etc) mientras que las culturas societales minoritarias quedan reducidas a una expresión privada de la vida de las personas que pertenecen a estas culturas. Esto, por supuesto trae consigo la creación de formas de vidas paralelas y alienta la esquizofrenia identitaria de los ciudadanos.

El multiculturalismo desde una visión liberal, tal como lo refiere Xavier Etxeberria , se sustenta en un tipo de respeto formal, por lo cual, no promueve el encuentro real entre las diversas formas de vida o diversas racionalidades. En tal sentido, el multiculturalismo no alienta lo que se viene diciendo últimamente: acciones transformativas, es decir, acciones que apunten a la transformación en el nivel de los imaginarios sociales e individuales, capaces de promover diálogo entre culturas y racionalidades diferentes. O como apunta en su versión multiculturalista Charles Taylor (Multiculturalismo y políticas de reconocimiento), que el reconocimiento no sea solamente respeto formal por el otro, sino fusión de horizontes, posibilidad de intercambio a nivel de racionalidades y estilos de vida diversos. Esta visión del multiculturalismo de Charles Taylor, se parece más a la interculturalidad como horizonte ético y propuesta de una nueva práctica pública, capaz de generar espacios de diálogo y deliberación, tanto a nivel de las relaciones primarias en el mundo de la vida, como en la esfera de las decisiones políticas.

El día lunes amaneció más gris que de costumbre en la ciudad de Lima. Al parecer el invierno húmedo y penetrante de esta ciudad ya se apoderó de este tiempo. Sin embargo, más allá del clima, la ciudad amaneció más gris que de costumbre porque a tempranas horas de la mañana se inició el desalojo a los comerciantes del mercado de Santa Anita.

Este tema que ha sido muy seguido durante las últimas semanas, ha causado mucha polémica y discusión en torno a la concepción de justicia que tenemos los peruanos y peruanas. Como se sabe, los comerciantes que tenían sus puestos en aquel recinto, se encontraban en un espacio de 80 hectáreas que pertenece al municipio de Lima. Es decir, el espacio era propiedad del Estado y la incursión de estos comerciantes se dio de manera ilegal.

El tema de la legalidad ha sido levantado por quienes estuvieron desde un inicio de acuerdo con el desalojo de estos comerciantes apelando al argumento de que la ley debe ser respetada si o si y que lo que habían cometido estas personas representaba un acto que violaba las normas peruanas. Y por cierto, este argumento no carecía de validez.

Por otro lado, se encontraba el argumento más emotivo, el cual consistía en que estas personas, en su mayoría inmigrantes de zonas del interior del país debían no ser desalojados dada su condición de pobreza y marginalidad en la que, como miles de peruanos y peruanas, se encuentran. El diagnóstico de este argumento tampoco era inválido, mas si sesgado, por cuanto que se puede utilizar el mismo argumento para justificar actos violatorios a las normas y la violación de diversos derechos de las personas.

Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención respecto a este caso es un tema que me parece poco ha sido abordado por quienes promueven la opinión pública en nuestro país, y tiene que ver con la colisión de derechos.

Por un lado, el Estado peruano ha hecho valer el derecho a la propiedad privada, enmarcado en los denominados derechos civiles, tal como debe suceder siempre que este derecho sea vulnerado. Pero otro lado, los comerciantes del mercado de Santa Anita han reclamado por el derecho que tiene toda persona a trabajar para poder alcanzar una vida digna, en la cual esté satisfecha el acceso a los bienes primarios para su desarrollo personal. Este segundo derecho, el cual se inserta en el marco de los llamados derechos económicos sociales y culturales (DESC), representa una condición necesaria para que las personas puedan alcanzar su desarrollo pleno, tal como ya he manifestado.

Si bien es cierto que la mayoría de comerciantes de este mercado fueron engañados por ladrones que al parecer están acostumbrados a la invasión de terrenos para traficar con ellos y tomar desprevenidas a muchas personas que necesitan un lugar de trabajo o de vivienda, ¿acaso la posibilidad del engaño no nos remite a las condiciones en las que muchas personas en nuestro país viven, por una precaria educación y por lo tanto una escasa formación del juicio para determinar la validez o invalidez de actos como este?

Comparto con aquellos que dicen que el principio de la ley debe ser el que impere en una sociedad que se quiere asumir democrática de manera plena. ¿Pero acaso no deberíamos tener la misma pasión y convicción para defender y promover el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, como la mayoría de personas ha tenido en defender los principios de autoridad, la ley y el derecho a la propiedad privada? ¿No es hora que el Estado asuma de manera pronta y diligente como lo ha hecho en el desalojo, su responsabilidad para garantizar que estos derechos sean efectivos en la población, sobre todo en aquella que históricamente se encuentra marginada? Pienso que hoy, más que nunca, se hace necesaria nuestra atención en las causas que fomentan que existan mercados de Santa Anita, con todas las variables y complejidades que pueda tener este tema.

Hoy el cielo sigue muy gris en Lima. Ojalá que no tarde mucho la llegada del sol.

Siempre he pensado en que la idea de deliberación va más allá de las instituciones. Si bien es cierto que estas juegan un rol clave como reguladoras de la convivencia social , y en ese sentido, como una suerte de estelas para que podamos dirigir ciertas acciones sin tener que preguntarnos cada vez por los modos de proceder frente a cada circunstancia, la idea de deliberación escapa de esta monotonía social y nos sitúa frente a lo único necesario que tenemos los seres humanos: la capacidad de discernir y elegir, solo que mediante la deliberación escapamos de nuestros solipsismos y tenemos abierta la puerta del encuentro con el otro.

Es por esto que me animo a presentar este blog como un espacio para poder deliberar sobre temas tan urgentes en nuestros tiempos y en nuestro país, como lo son la ética, la interculturalidad y los derechos humanos. La posibilidad de deliberar sobre los cursos de acción pertinentes para la vida colectiva de nuestro país, deliberar a partir de nuestras distintas racionalidades y sobre los principios que rigen nuestra relación con otros, representan, hoy en día, tanto como ayer y mañana quizá, necesidades urgentes de conversar.