Un indulto presidencial cuestionado y revocado, un empresario sin escrúpulos, hoy prófugo, y un ministro que defiendió lo indefendible, pasando a ser el primero en ser despedido de su cartera, cuando el camino correcto era la renuncia, abrieron las puertas a una crisis que el gobierno pudo evitar, pero mostró que en la lucha contra la corrupción, no existe clara voluntad política.
Si bien el presidente García, al inicio de su gobierno, trató de distanciarse de aquellas prácticas cuestionables de su predecesor, Alejandro Toledo, a lo largo de sus casi cuatro años de gobierno, el tema de corrupción ha quedado en discursos o en propuestas desactivadas (ONA), para desaparecer de los objetivos gubernamentales. Peor aun, si el Gabinete Del Castillo cayó por el escándalo de los llamados Petroaudios, hoy, el ministro Pastor, lo hace por el tema de José Enrique Crousillat.
Pero, estamos delante de un problema mayor, pues se trata de la reaparición de varias prácticas y personajes que crecieron y se desarrollaron bajo el gobierno fujimorista, con la clara pretensión de retomar el poder.
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