Elecciones Regionales y Municipales

Después de lo ocurrido el 17 de marzo, es casi un consenso que el mecanismo de revocatoria necesita ser reformado. Hay muchos incentivos perversos que se han manifestado claramente y que provienen de la propia Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano.

Se hace referencia a la revocatoria como un mecanismo de uso frecuente en las democracias, incluso, por estos días, algunos han llegado a sostener que es el más democrático de todos los mecanismos institucionales. Lo cierto es que ni es el más frecuente, ni el más democrático.

En el mundo, son muy contados los países que lo utilizan como en el caso peruano. Es decir, aquel mecanismo que nace como solicitud de los ciudadanos. En Estados Unidos, el país que lo incorpora hace poco más de un siglo, lo tiene a nivel de algunos estados para revocar autoridades sub nacionales (gobernadores, parlamentarios estatales, etc.), siendo quizá el más conocido el caso de California que, en 2003, revocó al gobernador Davis.

La elección es distinta a una revocatoria. Para poder normar adecuadamente, es necesario conocer sus diferencias. La elección constituye una técnica para formar la representación, entre alternativas en competencia. En cambio la revocatoria o revocación, es un mecanismo institucional por el cual es posible dar por finalizado el mandato.

Es decir, elección y revocatoria son de naturaleza distinta. En una se compite por el poder, en la otra se cuestiona el poder. El hecho de que la forma en que se materializa la voluntad popular, el voto, sea la misma, no implica que el tipo de decisión sea de la misma naturaleza.

La elección es una técnica para buscar la representación, la revocatoria es la representación cuestionada. En la elección convergen competidores en una dinámica horizontal. En la revocatoria se tensa la dinámica entre representante y un sector de los representados.

Más allá de lo que parece, existe una gran diferencia entre el número 13 y el 14. Así lo muestra el proceso de Consulta Popular de Revocatoria (CPR) convocado para Lima. Y es que los promotores de la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, han solicitado revocar a los 40 miembros del Concejo Provincial de Lima (CPL). La ley señala que la votación es individual, por lo que si se revoca a más de un tercio de los miembros del concejo municipal, se debe realizar Nuevas Elecciones Municipales (NEM), para reemplazar a los revocados y así terminar el mandato de cuatro años.

Las revocatorias han concitado el interés de los medios y la opinión pública, sobre todo por que existe la posibilidad de que se inicie un proceso de consulta en relación con la alcaldesa de Lima. Pero, en muchos lugares del país, en siete oportunidades, en esta década y media, se han vivido experiencias de revocatorias, desde que se promulgó la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (LDPCC).

Este mecanismo se estableció en medio de un contexto del desplome del sistema partidista y un claro discurso antipolítico de la década del noventa. Pero, más allá de esto, como toda norma e institución, la revocatoria ha adquirido vida propia, más allá del deseo de sus mentores.

Para algunos, las elecciones presidenciales del 2016 están condicionadas, en parte, por las elecciones regionales y municipales, dos años antes. Entre especulaciones y proyecciones, lo único seguro parece ser que Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, serán candidatos presidenciales. Su soporte organizativo, partido o coalición de partidos, así como el resto de candidaturas, sería producto de negociaciones que se irán aclarando, como es lógico, conforme se avecine la fecha.

A casi dos semanas de realizadas las elecciones regionales y municipales 2010 y no se tienen los resultados finales, en la elección de la alcaldesa de Lima que aun libran Susana Villarán (Fuerza Social) y Lourdes Flores Nano (PPC). Esta incertidumbre en relación a los resultados, no impide mostrar lo que ocurre en el país, a escasos medio año de la elección presidencial y parlamentaria. La principal idea es que se mantiene el fraccionamiento partidario, aun cuando hay una concentración alrededor de liderazgos regionales.

A pesar de que nuestra economía ha mejorado, existen más oportunidades laborales y la pobreza ha disminuido, para Fernando Tuesta Soldevilla, director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, el gran problema del Perú es que no hay condiciones de gobernabilidad.

“El gran problema de la realidad peruana es la falta de políticas nacionales que puedan integrar a los tres niveles de gobierno (central, regional y local)”, subraya Tuesta.

“La pobreza disminuye pero la fragmentación política va aumentando. Con los resultados –que tenemos hasta el momento- se refleja que los grandes partidos nacionales no tienen la fuerza de ganar a nivel subnacional”, agregó.