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Como todos los meses vemos constantemente aparecer encuestas de opinión que inciden claramente en la creación de la agenda política peruana. Los sondeos de opinión fueron el gran descubrimiento de los años treinta y que impactaron de manera decidida en la comunicación política moderna.

Sobre la base de un reducido número de personas y con márgenes de error pequeños se podía conocer las ideas, sentimientos y expectativas, de toda una población. Esto entusiasmo tanto al mundo académico como periodístico.

La denuncia pública hecha hace algunos días por el congresista Rafael Rey, con relación a la negativa de los canales de televisión de señal abierta, de vender espacios para emitir propaganda política, desató una polémica en donde se esgrimieron una serie de argumentos que vale la pena analizar.

Los dueños de los canales señalan que ellos tienen derecho, como propietarios, a vender los espacios televisivos a quien crean conveniente.

Uno de los aspectos más controvertidos de la presente campaña ha sido y es el relacionado a las reglas de juego electorales.  Esto debido a la particularidad de la candidatura de un presidente en ejercicio que maneja la propaganda electoral con gran ventaja y posee recursos incomparablemente mayores que sus competidores.

Y es que los regímenes democráticos construyen sus normas electorales basadas en el principio de la neutralidad del Estado.  Esto quiere decir que sus organismos no deben identificarse con ningún partido político ni inmiscuirse en la competencia electoral. 

Uno de los aspectos más controvertidos de la presente campaña ha sido el relacionado a las reglas de juego electorales. Esto debido a la particularidad de la candidatura de un presidente en ejercicio, que maneja la propaganda electoral con gran ventaja y posee recursos incomparablemente mayores que el resto de sus competidores.

Y es que los regímenes democráticos construyen sus normas electorales basadas en el principio de la neutralidad del Estado. Esto quiere decir que sus organismos, no deben identificarse con ningún partido político ni inmiscuirse en la competencia electoral. La ley francesa, por su lado, señala que el candidato que va a la reelección está prohibido de realizar campañas referidas a su gestión, seis meses antes de la elección.