Constitucion

Lima, mayo 20 (ANDINA).- La restitución del sistema bicameral y la eliminación del tope de 120 curules deberían ser los puntos de partida de la reforma constitucional que se reinicia mañana en el pleno del Congreso, opinó el ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla.

Afirmó que los legisladores deben hacer un esfuerzo para dotar al país de un mejor Congreso, con una estructura eficiente, al margen de las diferencias políticas. Por eso, insistió en la necesidad de instaurar la doble cámara en el Parlamento, a pesar de tratarse de una propuesta impopular debido a la mala imagen del Congreso. Indicó que los legisladores tienen que tener la habilidad de llevar a cabo esa reforma, porque el país necesita de un sistema bicameral que implique una doble representación poblacional y territorial.

La pobre imagen del Parlamento ha originado la discusión sobre el fin del mandato parlamentario antes de cumplirse el quinquenio respectivo. Las alternativas que se discutieron fueron la renuncia y la vacancia. La Comisión de Constitución ha aprobado un proyecto de reforma constitucional que permite la renuncia al cargo de congresista.

Inicialmente, me incliné a favor de esta propuesta. Sin embargo, una mirada más general me permite señalar que dicha reforma no conduce a enfrentar el tema central del desprestigio del parlamento. La reforma, se inclina a razonar el tema, en función del derecho del parlamentario electo.

El proyecto de Hugo Chávez ha recibido su primer revés electoral en los casi nueve años de su discutido proyecto bolivariano. El 50.7% de los votantes venezolanos rechazaron el intento de reformar la Constitución que el mismo Chávez impulsó y en el que se intentaba no solo alargar el ya extremo período presidencial, sino la reelección indefinida y la concentración mayor de poderes en el presidente.

Las elecciones de 1931 estuvieron acompañadas de un escenario de violencia política. Al ilegalizamiento de los comunistas Sánchez Cerro hostilizó, reprimió y finalmente destituyó de la Constituyente a 23 parlamentarios apristas, que posteriormente deportó. La oposición a su régimen fue igualmente violenta como el levantamiento de Trujillo de 1932. Allí los apristas tomaron la ciudad norteña por varios días, siendo derrotados posteriormente por el ejército, ilegalizando al partido aprista.

El gobierno prosiguió con nuevos actos de represalia y restituyó la pena de muerte, luego de un atentado contra la vida de Sánchez Cerro. Haya de la Torre fue apresado y se le inició juicio. La violencia creció, hasta acabar con la vida del mismo presidente de la república quien fue asesinado, a la salida del hipódromo, el 30 de abril de 1933.

La Junta de Gobierno llamó, en mayo de 1931, a elecciones tanto generales como para un Congreso Constituyente, que estaría formado por 145 representantes, 115 de mayoría y 30 por minoría, debiendo la Asamblea transformarse en el Poder Legislativo una vez cumplida su misión de escribir la nueva Constitución. Este debía reemplazar la carta constitucional de 1920.

Encomendó, a su vez, a un grupo de intelectuales la elaboración de un anteproyecto de ley electoral que incorpore un poder electoral autónomo, representación de minorías, voto secreto y obligatorio y organización científica de los Registros Electorales. Integraban este grupo los jóvenes apristas Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, el socialista Alberto Alca Parró; y los independientes Luis E. Valcarcel, Jorge Basadre, José Antonio Encinas, César Antonio Ugarte, Federico More y Carlos Enrique Telaya.