Sendero Luminoso

Aquella frase de tango, 20 años no es nada, parece ocurrir cuando nos acercamos a las dos décadas de la captura de Abimael Guzmán. En este tiempo han transitado casi cinco gobiernos, han pasado dos generaciones completas de peruanos y todavía seguimos discutiendo sobre Sendero Luminoso (SL). Y es que a las huestes senderistas se las derrotaron militarmente, pero no políticamente.

Como es sabido, en prisión la dirección central y desarticulada la mayor parte de su aparato militar, el senderismo se introdujo en la zona del Huallaga, estableciendo vínculos con el narcotráfico.

Muchos han indicado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió ratificar la resolución que rechazaba la solicitud del Movimiento Pro Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y, de esta manera, terminar con el espinoso tema. Sin embargo, una resolución que no esté debidamente motivada y en la no se ha observado el debido proceso administrativo, puede ofrecer la oportunidad para que el Movadef, que sabe moverse en los recovecos de la legislación, pueda más tarde acudir al Tribunal Constitucional y, cómo no, a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si se hacen mal las cosas, no protestemos mañana, por responsabilidades propias.
 

Ante la satisfacción nacional, cayó finalmente el llamado camarada Feliciano, último hombre importante de la generación primera de Sendero Luminoso. Cayó rengueando, con un partido diezmado y hace mucho tiempo derrotado política y militarmente. Feliciano cae siete años después de la captura de su líder máximo, Abimael Guzmán.

Pero, entre uno y otro existen tantas diferencias como el Perú de 1992 y 1999. Mientras que el primero era un teórico del grupo terrorista, Feliciano era un hombre de acción. Si Gonzalo era el líder indiscutible y arbitro de las facciones en pugna al interior de Sendero, Feliciano lo era sólo de una de ellas.

La pena de muerte es un tema ancestralmente polémico en el ámbito jurídico y político.

Ante un asesinato, como los que espectamos cotidianamente, se produce un inmediato rechazo, casi unánime; sobre este ánimo altamente sensibilizado de la ciudadanía se alzan voces que, apelando al instinto de venganza, quieren convertirlo en una medida que penalice con el mismo efecto que ha producido un hecho.

En la anterior administración belaundista se trató de demostrar infructuosamente que en el Perú se respetaban celosamente los derechos humanos, teniendo como ejemplo casi único la libertad de expresión.

Falsa y malintencionada versión gubernamental, especialmente cuando se dejaba carta libre a las fuerzas armadas para que enfrenten la violencia política, desatada por Sendero Luminoso, siguiendo su cuestionada doctrina de Seguridad Nacional.

Con la instauración del estado de emergencia en nuestra capital y el toque de queda, en el que nos vemos comprometidos desde hace tres meses todos los limeños, el gobierno trasladó a manos militares la política antisubversiva, pensando controlar de manera más certera las acciones senderistas.

Pasados tres meses podemos señalar, a la luz de los últimos acontecimientos, que dichas medidas han fracasado. En el fondo, es mantener la misma política antisubversiva del gobierno anterior, con ligeras variantes y cuestionada reorganización policial de por medio. Incluso la opinión pública que en algún momento pensó que dichas medidas eran acertadas, hoy se siente envuelta en la asfixiante psicosis del toque de queda: todo aquel mortal que se encuentra en la calle a partir de la una de la madrugada es candidato a muerto.