sistema electoral

Las reformas ineludibles que expuse en el artículo solicitado por Perú Económico hace cinco años se han convertido en las reformas postergadas. Cabe resaltar que aún cuando el partido de gobierno no tenía mayoría parlamentarios, sus 36 congresistas lograron actuar, en muchas oportunidades, como si la tuviera, puesto que la disciplina partidaria del Apra contrastó con la carencia de ella en el resto de bancadas. Sin embargo, lo cierto es que ni en el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ha existido una voluntad política de emprender una reforma que permita desarrollar las instituciones y mejorar la representación.

El primer ministro Javier Velásquez Quesquén consiguió el voto de confianza del Congreso e insistió en la propuesta presidencial de modificar el calendario para las elecciones parlamentarias, lo que se ha venido a llamar —con la confusión que esto crea— “la renovación parcial del Parlamento”.

El argumento es que esta reforma generará mayores niveles de crédito a una institución permanente desgastada. Lo que a estas alturas debe quedar claro es que, si el difícil camino de la reforma constitucional se supera, los parlamentarios mantendrían, independiente de su desempeño, su período de mandato de cinco años. No es, pues, una revocatoria, como algunos pueden creer. Es una modificación que introduce elecciones parciales a mitad de período.

El sistema operaría de tal manera que 60 congresistas iniciarían su mandato de cinco años en julio del 2011, conjuntamente con el mandato presidencial. Los otros 60, en enero del 2014.

Para que ello suceda sería necesario que en las próximas elecciones, y por única vez, 60 congresistas tengan un mandato de solo dos años y medio. ¿Quiénes serían los elegidos (perjudicados)? La mitad de los representantes de cada departamento, quedando la difícil decisión en aquellos casos de representación impar y Madre de Dios. No se sabe si esta operación compleja y costosa es conocida por los congresistas. Pero es bueno que lo sepan, más temprano que tarde.

La segunda vuelta para elecciones regionales, pro- puesta por el presidente Alan García, ha despertado el apoyo de no pocas bancadas. Se ha asumido que la segunda vuelta es la llave maestra de la legitimidad, más aun ahora que los conflictos aparecen para algunos como fenómenos desestabilizadores que las autoridades no pueden canalizar o controlar. Sin embargo, el “ballotage” o segunda vuelta no constituye una medida adecuada y necesaria para enfrentar el problema de la legitimidad y gobernabilidad regional.

En el discurso se señala que la segunda vuelta regional debe producir una mayoría social de apoyo a las autoridades y así contribuir al orden social. Es decir, la autoridad no solo necesita ganar, sino hacerlo por una mayoría absoluta para poder ofrecer estabilidad. Si bien el propósito es atendible, se parte de un serio error.

(La República, 1 de agosto del 2009) Por Rocío Maldonado. Afirma experto en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla. Entre las  novedades que trajo el último mensaje presidencial de Fiestas Patrias destacan las propuestas de renovación congresal a mitad de gobierno y establecer la segunda vuelta para los comicios regionales, las cuales han sido bien recibidas por la mayoría de políticos, tal como lo reconoce el  propio jefe de Estado.

Oxigenar la democracia y  corregir errores en elección de autoridades son los principales argumentos a favor de esta iniciativa. Sin embargo, especialistas en el tema señalan que hay un error de percepción y que en realidad existe una confusión respecto de ellas.

El Perú es el quinto país en tamaño poblacional y electoral de América Latina, pero el decimocuarto respecto al número de sus miembros en el Parlamento. ¿Ese número de miembros importa? Quizá una respuesta ligera e inclinada al sentir de la opinión pública diría que no. Incluso se opondría a cualquier intento para que su número crezca. Sin embargo, no es difícil entender y aceptar que debe existir una relación entre el tamaño de un país y los miembros de su Parlamento, pues esa es la base de la democracia —en su formato y único hasta donde se conoce— representativa. Si bien no existe una ecuación matemática, lo cierto es que, a mayor tamaño de país, le corresponde un Parlamento más grande.

Uno de los países con tradición más democrática de América Latina, es Uruguay. Aun cuando sufrió una dictadura, sigue siendo una república ejemplar. Sin embargo, en relación al tema de género, ha quedado a la saga de los países de la región. Apenas hace tres días, la Cámara de Diputados de Uruguay, por iniciativa oficialista, ha aprobado la ley de cuota femenina, con una aplastante mayoría. Sólo tres votos en contra, de los 78 diputados presentes. La ley obliga, como mínimo, que las listas de los partidos en las internas, que son eventos obligatorios, incorporen al menos una mujer, por cada dos hombres. Es decir, como mínimo un tercio de la listas. Sin embargo, esta norma, sólo se aplicará nacional y departamentalmente, recién desde el 2014.

No hay mejor momento para la implementación de reformas en el sistema político que el inicio de un período gubernamental. Pero se suele considerar de manera errónea que los grandes males de la representación política se deben al sistema electoral o –por el contrario– que éste carece de cualquier impacto.