Reforma Política

Fernando Tuesta Soldevilla. Profesor principal de la PUCP. Fue jefe de la ONPE y director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (Entrevista de Rosa María Palacios. Foto: Verónica Calderón).

Las reformas a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley General de Elecciones caminan en campo minado por intereses muy particulares. El Congreso discute y desecha reformas institucionales importantes que podrían cambiar radicalmente la calidad de la representación política en el nivel parlamentario, regional y local.

Es claro que la eliminación del voto preferencial por sí sola no solucionará el problema de los partidos políticos. Pero su mantención, lo hará casi un imposible. Eso es lo que han hecho los miembros de la Comisión de Constitución, al archivar la propuesta de eliminar el voto preferencial.

Como en pocas oportunidades, en estos días se debaten temas de reforma política. En este contexto, la propuesta que están presentando, de manera conjunta los tres organismos electorales, sobre la Ley de Participación y Control Ciudadano, 26300, tiene la particularidad de estar fundamentada no solo en principios generales, como son los derechos de participación y control, sino también en el análisis y el balance de las revocatorias en los 16 años de existencia. La propuesta señala que se debe mantener la revocatoria, pero como un mecanismo excepcional, por lo que se hace necesario eliminar aquellos incentivos perversos que el diseño actual permite. 

En nuestro país, entre 1997 y 2013, han sido sometidos a procesos de consulta popular de revocatoria 4.712 autoridades municipales, habiéndose revocado a 277 alcaldes y 1.254 regidores. Esto coloca al Perú con más procesos de revocatoria en el mundo (y con mayor cantidad de autoridades revocadas), siendo que, en América Latina, Ecuador solo ha sometido a consulta a 68 autoridades y Colombia a 32.

No es necesario hacer una encuesta para saber que la mayoría de la población rechaza el desempeño de los congresistas. Los motivos sobran y muchos han hecho méritos para ganarse populares sobrenombres imaginativos, como abundantes memes. Además, según Latinobarómetro, el Congreso peruano goza de los más bajos índices de aprobación del continente.

A más de un mes de la consulta de la revocatoria, recién en estos días se aprestan a asumir sus cargos, los accesitarios que reemplazarán a los regidores revocados el 17 de marzo último. El balance que este proceso ha generado, se ha remitido a observar quiénes han ganado y quiénes han perdido, en términos políticos. Poco se ha reparado en cómo queda el municipio capitalino. Lo cierto es que sumamente dañado, con grandes problemas para planificar una gestión de cuatro años, que es el mandato.
 
Los regidores revocados tenían más de dos años en sus cargos y habían logrado ganar experiencia tanto en términos generales, así como en términos particulares en razón de su trabajo en las comisiones del municipio de Lima.
 

En las democracias, a la autoridad se le evalúa al final del mandato. Generalmente, cuando esta autoridad se presenta a la reelección, el premio o el castigo es la forma en que se traduce esta evaluación. Se respeta el mandato por un período, previa y aceptadamente acordado. Salvo situaciones excepcionales, claramente tipificadas en las normas, el mandato que recibe una autoridad, no puede ni debe ser interrumpido. No puede serlo porque el poder que ostenta ha nacido y otorgado a través del voto, en una competencia libre entre varios competidores y cuyos resultados no han sido cuestionados.

La autoridad ha sido, pues, investida de un poder representativo.

Después de lo ocurrido el 17 de marzo, es casi un consenso que el mecanismo de revocatoria necesita ser reformado. Hay muchos incentivos perversos que se han manifestado claramente y que provienen de la propia Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano.

Más allá del resultado de hoy día, hay más o menos un consenso en que las reglas sobre las revocatorias deben modificarse. Si no, lo que va a ocurrir es una multiplicación de solicitudes de consulta de revocatoria –ya de por sí, la más alta del mundo– en un país de instituciones débiles, partidos frágiles y una cultura democrática del “vale todo”.

Propongo –si no se desea eliminar el mecanismo– las siguientes alternativas: 1. La consulta solo debe ser posible una sola vez en el período de mandato, con calendario fijo (primer domingo de diciembre del segundo año). 2. Las firmas de adherentes deben ser equivalentes al 25% del electorado de la circunscripción, para todos sin distinción. 3. La solicitud de consulta de revocatoria debe estar plenamente motivada y fundamentada. 4. No hay revocatoria individual, sino del conjunto del concejo municipal. 5. El concejo municipal, el poder cuestionado,  tiene el derecho de levantar los cargos que se levantan a su gestión, como institución.