Partidos Políticos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado al Congreso de la República una propuesta de Código Electoral y Código Procesal Electoral. En nuestro país, a diferencia de otros de nuestra región, las normas referidas al campo de la competencia reglada por el poder (elecciones) y sus actores principales (partidos, candidatos y electores) se encuentran dispersas en un número alto de leyes, reglamentos y resoluciones. Esta situación crea vacíos, contradicciones y confusión en el momento del desarrollo de un proceso electoral.

El Código Electoral busca unificarlas y sistematizarlas en un solo cuerpo normativo y de esta manera superar los problemas actuales que ocasionan tan dispersas normas electorales.

Sin embargo, dos son los problemas que se observan.

  Decir que los partidos políticos son organizativamente débiles, poseen una mínima cohesión y baja disciplina interna, es una verdad incuestionable. Por si fuera poco, más allá del líder fundador, carecen de cuadros de dirección y relevo, los militantes son pocos, su economía es pobre y la mala imagen que tiene de ellos la opinión pública es general en América Latina.
 
El desplome del sistema partidista peruano, a inicios de los 90, no produjo una mejora en la calidad de los partidos que nacían de este terremoto institucional y, en consecuencia, la representación política. Por el contrario, fenómenos como los outsiders, el transfuguismo, partidos vientre de alquiler, aparecieron y se multiplicaron.

Dicen que la firma cuesta una galleta, otros señalan un polo o lapicero. Los firmantes no saben, muchas veces, si lo hacen por un partido o una revocatoria o por ser parte de los beneficiados fonavistas. Resulta claro que conseguir firmas es algo más que el encuentro entre una organización de voluntarios y ciudadanos desconfiados o a la caza de ventajas para estampar su preciada firma. Es, a todas luces, un parto doloroso.

Lo cierto es que las firmas han estado presentes en nuestra vitrina política, no sobre ese supuesto esfuerzo colectivo, sino por las denuncias sobre la falsificación de firmas, como ocurrió a fines de siglo, para el caso del grupo fujimorista Perú al 2000 y, posteriormente, Perú Posible. Ahora último, el Ministerio Público ha anunciado que denunciará al Movadef por supuesta falsificación de firmas.

Muchos han indicado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió ratificar la resolución que rechazaba la solicitud del Movimiento Pro Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y, de esta manera, terminar con el espinoso tema. Sin embargo, una resolución que no esté debidamente motivada y en la no se ha observado el debido proceso administrativo, puede ofrecer la oportunidad para que el Movadef, que sabe moverse en los recovecos de la legislación, pueda más tarde acudir al Tribunal Constitucional y, cómo no, a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si se hacen mal las cosas, no protestemos mañana, por responsabilidades propias.
 

Entrevista: Rocío Maldonado. Fernando Tuesta Soldevilla. Analista político y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Experto en temas electorales no cree en la revocatoria como un instrumento que mejore la democracia. Ve difícil, aunque no imposible, la revocatoria de Susana Villarán.

RM: El argumento para revocar a Susana Villarán es una supuesta ineficiente gestión, pero en su primer año ha ejecutado más presupuesto  que su antecesor...
FTS: Porque la revocatoria es un derecho político que no tiene que ser demostrado para que suceda.

Desde hace ya un tiempo muchos políticos señalan que no existe más izquierda y derecha. El mismo presidente de la República, Ollanta Humala, se cuidó siempre de autodenominarse de izquierda y más bien utilizó el impreciso término de nacionalista.

Sin embargo, no existe una mejor manera de ordenar el espectro político que no sea bajo estas afinidades para orientarse políticamente. Izquierda y derecha han estado de alguna manera definidas por las asociaciones y representaciones con ciertos temas y sectores sociales. No es, ni mucho menos se debe reducir a, un tema de ideologías.
En nuestro país, en donde la política ha sido más el espacio del conflicto y menos del acuerdo, izquierda y derecha han tenido una difícil convivencia.

Que Luis Favre sea argentino, brasileño, francés o tenga las tres nacionalidades a la vez no debe ser un problema. Ha habido asesores presidenciales extranjeros, como el también argentino Daniel Carbonetto en el primer gobierno de García, o el chileno Esteban Silva en el caso del presidente Toledo. Todos provenientes de las diversas corrientes de la izquierda latinoamericana. El tema no es la nacionalidad, sino veamos al peruanísimo y perverso asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Para otros el tema es quién y cuánto se le paga. Es cierto que en este punto debe existir claridad y transparencia.

El nuevo Parlamento no tiene ni cuatro meses de funciones y está envuelto en una serie de críticas por el desempeño de varios congresistas, las cuales difícilmente podrá superar. Las demandas para mejorar la calidad de los representantes no se han hecho esperar. Todos los caminos se dirigen a cuestionar a los partidos políticos por no ser representativos, pero sí antidemocráticos y de proveerse, en la gran mayoría, de personal incapacitado para ejercer el cargo.

Gran parte de las propuestas buscan atacar el desempeño parlamentario (revocatoria del mandato), acentuar una mayor fiscalización (control de la economía partidaria), real democracia interna y hasta modificar las normas electorales (renovación parcial del Congreso, voto preferencial, voto facultativo). Algunos piensan que estos problemas no pueden ser afrontados solo con reformas institucionales y legales. Sin duda, pero sin ellas tampoco se avanza mucho.

El problema no es atacar solo el desempeño de los partidos y sus representantes, sino el propio origen de estas agrupaciones. Si bien no se debe cerrar el ingreso a la competencia partidaria, tampoco se debe incentivar el acceso fácil.