Organismos Electorales

Más que un código de barras

El proceso de consulta popular de revocatoria ha puesto en evidencia que la norma que la sustenta, promulgada hace casi dos décadas, crea más problemas que los que resuelve. Pero las reformas que se realizaron, crearon aún más problemas. Por ejemplo, cambiar la revocatoria de una autoridad en relación con el universo de electores por el de votos válidos, no es otra cosa que dejar vulnerables a las autoridades. Nuestro marco permite, incluso, que una autoridad pueda ser revocada con menos votos que los que consiguió para ganar la elección.

En enero deben elegir a nuevo jefe de la ONPE

A mediados de enero el CNM elegirá al/la nuev@ jef@ de ONPE, para reemplazar a Magdalena Chu, luego de ocho años de mandato. La inscripción de candidaturas ya se cerró y son diez los postulantes. Mañana es el examen escrito. Solo los que aprueben, seguirán en carrera. Posteriormente, deberán presentar su CV documentado y su plan de trabajo, que serán evaluados y calificados. En enero, se procederá a las presentaciones públicas y entrevistas personales. Finalmente, los siete miembros del CNM, elegirán entre los candidatos. Este proceso, salvo Diario El Comercio (Perú), no ha merecido la atención pública. Sin embargo, el nuevo titular de la ONPE será elegido por 4 años y -como ha ocurrido siempre- si se le ratifica, estará en el cargo 8 años.

Una firma por el RENIEC

Conozco desde su creación al RENIEC, al igual que los otros organismos electorales. Sé cómo quedaron, luego de la intervención corrupta del poder, como lo mostraban descarnadamente los vladivideos. Sé también cuánto esfuerzo costó recuperarlos a partir de las elecciones del 2001 y del nivel que se encuentran ahora, en relación a sus pares en los países de la región.

Para los organismos electorales, es una tarea difícil articular limpieza, transparencia, eficiencia, al lado de imparcialidad y neutralidad, en un país en donde la desconfianza hacia el aparato del Estado es alta, más aún en un tema que tiene que ver con el poder.

Pero, por el lado de los candidatos, partidos o, en el caso de las revocatorias, los promotores se observa una actitud poco responsable de desconocer los procedimientos, normas y resultados, sino se tiene éxito. Está siempre latente la estrategia de, si no ganas, empata.

Nunca antes -y ya se ha tenido siete revocatorias- se cuestionaron las normas, procedimientos y resultados de este mecanismo, llevados adelante por los organismos electorales. Y es que estas se realizaban, mayormente, en distritos rurales, pequeños, pobres y alejados de Lima.

Cómo defenderse del Movadef

Muchos han indicado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió ratificar la resolución que rechazaba la solicitud del Movimiento Pro Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y, de esta manera, terminar con el espinoso tema. Sin embargo, una resolución que no esté debidamente motivada y en la no se ha observado el debido proceso administrativo, puede ofrecer la oportunidad para que el Movadef, que sabe moverse en los recovecos de la legislación, pueda más tarde acudir al Tribunal Constitucional y, cómo no, a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si se hacen mal las cosas, no protestemos mañana, por responsabilidades propias.
 

En defensa de Idice

Idice parece un partido encubierto, en una empresa que elabora encuestas. Mucho de su trabajo ha sido gracias a su relación con el gobierno. Esto ha llevado a presentar dudosas encuestas que siempre favorecían (o desfavorecían) según los vientos de palacio. Creo pues que Idice ha hecho mucho daño a la industria y mercado de los sondeos de opinión y ha dado pie a algunos políticos para desatar su ataque, contra todas las empresas y universidades que realizan con seriedad y responsabilidad, investigación en el campo de los sondeos de opinión.

Sin embargo, la sanción del Jurado Electoral Especial (JEE), contra la empresa Idice, aplicando el Reglamento, muestra a las claras el atropello al que se puede llegar con controles de este tipo y realizado por un organismo estatal. De esta manera, si el JNE ratifica la sanción del JEE, con una suspensión de 15 días, impediría que sus trabajos puedan ser publicados. Con ello estaría prácticamente fuera de la campaña electoral, pues el último día para la publicación de sondeos, es el domingo 3 de abril.

Pronunciamiento de WAPOR sobre el anonimato de los entrevistados

World Association For Public Opinion Research

Comunicado de Prensa

La investigación de opinión pública debe garantizar el anonimato de los entrevistados

Lincoln (Nebraska, EEUU. 17 de febrero de 2011). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú solicitó a las organizaciones de encuestas a revelar la identidad personal de sus entrevistados en una nueva regulación que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.

WAPOR manifiesta que este tipo de regulaciones restringen tanto los derechos de los ciudadanos para expresar libremente sus opiniones, como la libertad para realizar y publicar encuestas de opinión pública en Perú.

Perú: retiran ley "mordaza" a encuestadoras

(BBC Mundo, Lima, 17 de febrero del 2011). El Jurado Electoral de Perú retiró este miércoles la bautizada como ley "mordaza" a las empresas encuestadoras -que les exigía incluir el documento de identidad, la dirección y los teléfonos de los encuestados- tras una ola de críticas de los medios de comunicación y de un sector de la clase política dirigido por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Este requisito, inédito en el país andino y que entró en vigencia el pasado sábado 12 de febrero, causó que las empresas encuestadoras anunciarán el fin de la elaboración y difusión de sondeos de opinión con miras a las elecciones generales del próximo 10 de abril.

Pronunciamiento de APEIM

La Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercados, APEIM ante la publicación de la Resolución numero 038 2011 JNE del 12 de febrero del presente hace de conocimiento publico

1. Su total rechazo a dicha medida por afectar seriamente la realización y publicación de encuestas de intención de voto que constituyen una garantía de las elecciones democráticas modernas y por afectar derechos constitucionales como el de los ciudadanos a mantener en reserva sus convicciones políticas, así como el derecho de las empresas a guardar el secreto profesional, ejercer la libertad de empresa y difundir información sin censura previa ni impedimento alguno.

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