Organismos Electorales

Muchos han indicado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió ratificar la resolución que rechazaba la solicitud del Movimiento Pro Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y, de esta manera, terminar con el espinoso tema. Sin embargo, una resolución que no esté debidamente motivada y en la no se ha observado el debido proceso administrativo, puede ofrecer la oportunidad para que el Movadef, que sabe moverse en los recovecos de la legislación, pueda más tarde acudir al Tribunal Constitucional y, cómo no, a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si se hacen mal las cosas, no protestemos mañana, por responsabilidades propias.
 

Idice parece un partido encubierto, en una empresa que elabora encuestas. Mucho de su trabajo ha sido gracias a su relación con el gobierno. Esto ha llevado a presentar dudosas encuestas que siempre favorecían (o desfavorecían) según los vientos de palacio. Creo pues que Idice ha hecho mucho daño a la industria y mercado de los sondeos de opinión y ha dado pie a algunos políticos para desatar su ataque, contra todas las empresas y universidades que realizan con seriedad y responsabilidad, investigación en el campo de los sondeos de opinión.

Sin embargo, la sanción del Jurado Electoral Especial (JEE), contra la empresa Idice, aplicando el Reglamento, muestra a las claras el atropello al que se puede llegar con controles de este tipo y realizado por un organismo estatal. De esta manera, si el JNE ratifica la sanción del JEE, con una suspensión de 15 días, impediría que sus trabajos puedan ser publicados. Con ello estaría prácticamente fuera de la campaña electoral, pues el último día para la publicación de sondeos, es el domingo 3 de abril.

World Association For Public Opinion Research

Comunicado de Prensa

La investigación de opinión pública debe garantizar el anonimato de los entrevistados

Lincoln (Nebraska, EEUU. 17 de febrero de 2011). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú solicitó a las organizaciones de encuestas a revelar la identidad personal de sus entrevistados en una nueva regulación que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.

WAPOR manifiesta que este tipo de regulaciones restringen tanto los derechos de los ciudadanos para expresar libremente sus opiniones, como la libertad para realizar y publicar encuestas de opinión pública en Perú.

(BBC Mundo, Lima, 17 de febrero del 2011). El Jurado Electoral de Perú retiró este miércoles la bautizada como ley "mordaza" a las empresas encuestadoras -que les exigía incluir el documento de identidad, la dirección y los teléfonos de los encuestados- tras una ola de críticas de los medios de comunicación y de un sector de la clase política dirigido por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Este requisito, inédito en el país andino y que entró en vigencia el pasado sábado 12 de febrero, causó que las empresas encuestadoras anunciarán el fin de la elaboración y difusión de sondeos de opinión con miras a las elecciones generales del próximo 10 de abril.

La Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercados, APEIM ante la publicación de la Resolución numero 038 2011 JNE del 12 de febrero del presente hace de conocimiento publico

1. Su total rechazo a dicha medida por afectar seriamente la realización y publicación de encuestas de intención de voto que constituyen una garantía de las elecciones democráticas modernas y por afectar derechos constitucionales como el de los ciudadanos a mantener en reserva sus convicciones políticas, así como el derecho de las empresas a guardar el secreto profesional, ejercer la libertad de empresa y difundir información sin censura previa ni impedimento alguno.

(Caretas, 2 de diciembre del 2010). Fernando Tuesta revive la elección clave del 2001. Hace diez años los peruanos vivimos una de las experiencias de recuperación de la democracia menos traumáticas que se recuerden en la región. El aplomo y admirable dedicación de Valentín Paniagua a cargo de la presidencia, la participación de expertos comprometidos en ámbitos clave y la colaboración internacional hicieron de la transición un periodo ejemplar.

Una parte de ese proceso se vivió en la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), desde la que se produjeron unas elecciones que tuvieron el reto de darles confianza a los peruanos. Una década más tarde, y en una coyuntura distinta, los recuerdos de Fernando Tuesta Soldevilla resultan vigentes.

Desde la caída del fujimorismo, los organismos electorales se renovaron radicalmente. Se establecieron procedimientos de seguridad y se ofrecieron amplios canales de información y transparencia en los procesos electorales siguientes.

Por eso, pese al comprensible malestar frente a las elecciones municipales, sobre todo en Lima, la denuncia de fraude no dejó de ser infundada, pues la honestidad y probidad de quienes dirigen la ONPE y el JNE están fuera de toda duda.

En estos días se discute mucho con relación a la demora en la entrega de resultados de la elección regional y municipal. Toda la crítica se dirige hacia el desempeño de los organismos electorales. Muchas de las preguntas y cuestionamientos se pueden responder y aclarar, pero difícilmente se entiende que organizar procesos electorales, con leyes reglamentaristas, presupuesto magros, elevado personal para trabajos temporales y numerosa cantidad de candidaturas y listas en competencias electorales simultáneos (cinco el último 3 de octubre), constituye una tarea casi titánica. Con mayor razón si se está al frente de partidos y una opinión pública muy desconfiada.