Ley con nombre propio

Uno de los principales mecanismos de la democracia, es considerar que las reglas de juego de la competencia política se encuentren plasmadas en las leyes electorales. Sin embargo la nuestra, promulgada en octubre de 1997, no cumplía con un requisito indispensable, el ser producto de un amplio consenso político. Por el contrario, fue sancionada pese al desacuerdo y reparo de las más variadas bancadas parlamentarias.

El resultado fue que en dos años se han presentado 40 proyectos de ley que intentan modificar la norma electoral. Estos apuntaban a diversos temas, que iban desde aquellos que hacían reparos de fondo hasta otros que apuntaban a aspectos procesales. La respuesta de la mayoría fue que a un año de las elecciones, no se debería modificar la ley electoral pues se prestaría a legítimas sospechas. Así lo reafirmó el presidente de la república, hace sólo algunos días. Todo parece apuntar a que cambiaron de opinión, pues en la madrugada del jueves último se modificó la ley electoral con el objeto de impedir la postulación parlamentaria de Alan García. Es decir, una ley con nombre propio, como no se debe hacer. Pero, ¿no era preferible modificar la ley después de un debate que arribara a acuerdos consensuales? O ¿es que el artículo García era lo único que valía la pena modificar en tan mentada ley? ¿Y los apretados plazos electorales o la lenta transferencia presupuestal? por nombrar algunas de las demandas que se presentaban en los olvidados proyectos. Se modifica, por lo tanto, lo que conviene a los amigos, para el resto, la ley.

(Canal N, Sábado 10 de julio de 1999)

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