Cuidado con la inscripción de las agrupaciones políticas. Cuando el embudo debe ser el que rige

Procesos electorales que se inician mal, terminan mal, como terminó el del 2000. Por ello, es necesario cuidar la inscripción de los partidos políticos, pues de lo contrario se vicia el conjunto del proceso. Por ello, muchos consideran que la Ley de Partidos Políticos no ha cumplido su propósito de reducir su ingreso al sistema, pues es probable que se presenten a las elecciones del próximo año, una treintena de listas partidarias, que resulta ser escalofriantemente el número más alto de la historia.

Número que por cierto contribuirá a la fragmentación de la representación y a la instalación de un número también alto de bancadas en el parlamento.

Un simple recorrido por las democracias estables demuestra que muchos partidos políticos es sinónimo de ingobernabilidad. En nuestro país, el fujimorismo y sus leyes laxas contribuyeron a que esta forma de entender la representación abriera la compuerta de la atomización partidaria.

La ley actual tenía un propósito reductor, por lo que actualmente, para que un partido político se inscriba debe presentar, ante el Registro de Organizaciones Políticas, su acta de fundación, estatutos, representantes legales y personeros, 1% de firmas de adherentes, actas de constitución en por lo menos 65 provincias, distribuidos en 17 departamentos, consignando la afiliación de por lo menos 50 personas. La ley estableció que aquellos partidos con inscripción vigente al momento de su promulgación no tuvieran que presentar firmas de adherentes y les otorgó un plazo de 15 meses para acreditar los demás requisitos.

Ante tales exigencias de la norma se esperaba que el número de partidos que se inscribieran o mantuvieran su inscripción fuese sustancialmente menor que el de años anteriores, por lo que el número de partidos debía reducirse. Sin embargo, hace unos días se publicó un informe en donde se señalaba que 27 partidos políticos habían sido reconocidos legalmente, con más de 2300 comités provinciales, que incorporan poco menos de 200 mil militantes. Ante esto tenemos dos escenarios: estamos delante de uno nuevo, esperanzador, en el que los partidos políticos se encuentran altamente organizados (comités) y congregan a miles de militantes o los partidos no son lo que muestran los documentos.

Si lo segundo se asienta en la duda, vale la pena preguntarse ¿Cuál es el sistema de verificación de militantes que se ha utilizado para los casi 200 mil?, ¿es a través de firmas?, ¿Sino es así, de qué manera se verifica? ¿Cuál es referente contra el cual se ha cotejado?, ¿Cómo se ha verificado la existencia de los 2300 comités? ¿Se ha contado con los recursos profesionales, logísticos, materiales para abordar tan delicado trabajo? Ningún partido político ha dicho nada, quizá por que todos han sido inscritos. Pero el asunto puede tornarse problemático si se comprueba que los comités no existen o su existencia no está amparada en la realidad de la afiliación partidaria. A final de cuentas son aquellos ciudadanos que figuran en este documento quienes pueden elegir y ser elegidos en las internas de los partidos políticos entre setiembre y octubre próximo.

Resulta difícil creer que en el Perú funcionan 2300 comités provinciales partidarios en donde efervesce la vida de unos 200 mil militantes, por lo que si no se verifica con rigor la documentación estamos alejándonos de la transparencia y credibilidad que deben amparar los actos de los partidos políticos y del organismo electoral. Pero sobre todo se está contribuyendo a la fragmentación de la representación, duro golpe a la institucionalización y gobernabilidad del país.

(El Comercio, 7 de abril del 2005)

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