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En el Perú las normas se han hecho para que haya más y no mejores partidos. Invertir la relación cuesta entenderla. Así, ante la demanda de reformar el parlamento, debido a su desprestigio creciente, se han presentado sendos proyectos de ley. Todos los caminos apuntan a los partidos políticos, a quienes se les acusa de no ser representativos, antidemocráticos y  de proveerse, en muchos casos, de personal incapacitado para el cargo. La mayoría de las propuestas buscan evaluar el desempeño parlamentario (revocatoria del mandato), otras una mayor fiscalización (control de la economía partidaria), democracia interna y hasta modificar las normas electorales (renovación parcial del Congreso, voto preferencial, segunda vuelta para autoridades municipales y regionales y voto facultativo). El problema no es atacar sólo el desempeño de los partidos y sus representantes, sino el propio origen de estas agrupaciones. Pero, ¿cómo llegaron al Congreso (o al gobierno regional o local)? ¿Qué hace que para cada elección aparezcan partidos como hongos, repitiendo el mismo proceso? ¿Cómo pueden haber partidos que no estén en capacidad siquiera de cumplir  las funciones para las que han sido elegidos?.

En el Perú, desde los fenómenos Belmont y Fujimori, se estimula y aplaude la creación -sin respaldo real- de partidos (llámense también movimientos, listas, frentes). Se constituyen organizaciones irresponsables, en el sentido de no pueden responder ante el mandato popular obtenido en las urnas y también en el sentido de irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Es así que hay partidos que se inscriben y recién existen, cuando una organización debiera existir primero, para poder inscribirse legalmente. Al lado de ello se ha estimulado también la costumbre del elector que siente que su voto tiene un compromiso efímero y que tiene carta blanca para no cumplir reglas, generando la respuesta de slogan –a la argentina-.que se vayan todos. Así se crea la cultura del no compromiso, de patear el tablero y la creencia que todo lo nuevo (representante) es bueno.

En consecuencia, es necesario evitar la proliferación y, posterior, fraccionamiento partidario. Nada puede ser más dañino para la democracia que un sistema partidista fraccionado y con miembros carentes de cohesión, como lo muestran las elecciones del 2006. Ante la ley más exigente de la historia se inscribieron, sorpresivamente, 36 partidos, que presentaron una veintena de listas. Si bien el umbral de representación, fue superado por 7 partidos con escaños en el Congreso, al poco tiempo remultiplicaron y fraccionaron. Lo que tenemos son partidos políticos que se reducen a sus bancadas parlamentarias, bancadas que no responden a partidos, partidos que han perdido representantes, representantes que carecen de partidos e incluso bancadas que se denominan no partidarizados. Es decir, tenemos una ley que exige partidos y lo que tenemos son entidades que son débiles, cuando no inexistentes. Es decir, leyes permisivas y de aplicación laxa.

Por lo tanto, lo primero, es garantizar que quienes ingresen a la competencia demuestren existencia real. Lo mismo debe ocurrir con los que se encuentran en el parlamento. Es decir, hay que agregarle valor a la inscripción legal de los partidos, que es lo que abre la puerta a todo lo demás. Es necesario la eliminación del voto preferencial, eliminación de presentación de planillones de lista de adherentes, aumentar el número de comités provinciales, responsabilidad penal de falseamiento de documentación en la inscripción de comités, limitar las coaliciones y alianzas o aumentar sus exigencias para su conformación, limitación de presentación de listas en una sola circunscripción, sea el caso congresal, regional y local, colocar en la página web del partido el padrón electoral señalando continuamente las altas y las bajas, mantener el umbral de ingreso del 5% nacional y dejar sin inscripción a los partidos que teniendo representación parlamentaria ya no cumplen con las exigencias que le dieron vida. Listado incompleto, pero bajo el propósito de otorgar derecho sólo de poder postular candidatos y existencia legal a aquellos partidos que tengan capacidad de existencia real y no ficticia, como hasta ahora.

(El Comercio, 16 des setiembre del 2008)