El Comercio

   

Revisar las noticias diarias da la impresión de que los peruanos vivimos siempre “al borde del abismo”. Las declaraciones de políticos y funcionarios, muchos titulares y opiniones tratan cada tema complejo con exageración que es por lo menos poco seria. Veamos dos ejemplos..

El mismo parlamento que aprobó a ciegas el viaje del Presidente Humala a Venezuela quiere interpelar al Canciller por dicho viaje cuando lo que debió hacer es que el Canciller vaya por lo menos a la Comisión de Relaciones Exteriores antes de aprobarlo y tomar la decisión conociendo el razonamiento del gobierno. Es  función del Presidente la dirección de la política exterior y la representación del Estado Peruano pero el Parlamento lo fiscaliza y para eso las constituciones han establecido la autorización previa.  Fiscalizar no es incriminar con el estilo acusador de muchos parlamentarios y tiene su momento, pero lo mínimo necesario es hacerlo con coherencia y la oposición tanto como el oficialismo fijan su postura con argumentos dentro de las reglas del juego y con su voto.  No se puede “chancar” a un gobierno porque nos disgusta una decisión de un órgano intergubernamental de la región  ni pretender que sólo el enfoque ideológico de cada uno se imponga en las decisiones porque las relaciones son más complejas y los intereses del estado peruano requieren presencia en múltiples escenarios a la vez y poco se arregla con portazos o desaires hoy.

Hay deformaciones que vienen del fujimorato como, la pretensión constitucionalmente inconsistente de que el Parlamento debe autorizar de inmediato y sin debate porque es una función del Presidente. Una mala maniobra del Parlamento 1990-92 fue aprovechada por Fujimori para crear la imagen de que el parlamento le impedía gobernar y tras el autogolpe llegó a legislar para que las autorizaciones se den  “en serie”, algo que facilitó su vergonzosa fuga del país.  Pero a pesar de que esa ley se corrigió, las eventuales mayorías usan la “autorización automática” por facilismo y para no explicar decisiones y contextos.

Otro ejemplo notable es el manejo de la supuesta “decisión” de comprar la Refinería y otras empresas que quiere vender REPSOL sin dar lugar siquiera a evaluar pros y contras, preguntarse por el estado real de ese negocio o por los otros posibles aspirantes a comprarlo.  El escándalo y las acusaciones tremendistas como “vuelta al estatismo” me hacen recordar una famosa frase del siglo XIX “antes los chilenos que Piérola” o las acusaciones de “sacrílego” o “hereje” en las huestes de Torquemada.  Se impide un debate razonado y se culpabiliza “en previsión de una decisión no tomada”, discutible como todas pero no de esta manera si lo que se busca es vivir en democracia, con su racionalidad plural y diversidad de intereses.

Varios análisis mezclan todo y están llevando a preguntarse por el compromiso presidencial con los valores democráticos. Estos se refieren al régimen democrático y no a cada política de gobierno, los he invocado ante un discurso de Humala que cuestionaba el voto de los militares y una ley discriminadora que obliga al servicio militar a quien no puede pagar 1,850 ,soles, similar a la odiada ley de conscripción vial de Leguía pero en pleno siglo XXI.  Creo que también debe hacerse con otro elemento central de nuestra tradición constitucional: la alternancia de gobernantes y no la continuidad del gobierno a través de la pareja del Presidente.  Tras muchas de las exageraciones y golpes mediáticos vemos esta preocupación causada por la objetiva buena imagen de la Sra Heredia y la forma en que se evade el tema en las declaraciones.

El peligro es que el desgaste afecte al régimen democrático y no solo al gobierno, polarice mal y nos ponga en dificultades que suelen dañar las  instituciones democráticas con un complejo juego de chantajes donde “todo vale”. Es previsible que en el tercer año aumenten conflictos sociales hoy latentes y se requiere menos polarización y mayor debate razonado en todos los terrenos.  El Presidente Humala debería hablar claro sobre su compromiso con la alternancia el 28 de Julio próximo.

El Comercio

Servicio Militar Obligatorio

Siento pena y algo de vergüenza ajena y propia.  En el Presidente Humala primó el Comandante ® y no el político demócrata que aparentó ser. La cultura militar que cree que sólo se ama a la Patria desde su función castrense primó sobre la visión democrática y plural que respeta como amor y servicio incluso el de aquellos que no aceptan matar a otro en ningún caso y exigen libertad de conciencia.  Peor aún. Han resucitado los métodos del gamonalismo y la tristemente célebre ley de conscripción vial de Leguía: si pagas s/1,850 (50% de la UIT) evitas el servicio militar y si no lo pagas o entras a la fuerza o te conviertes en un paria, sin ciudadanía.  ¿Esa es la igualdad entre los peruanos? ¿murió la libertad?

Se sabe que sólo en el Ejército faltan 18,000 plazas, situación que no ocurre en la Marina y la Aviación.¿Se han preguntado porqué? ¿Han evaluado cómo tratan a los soldados? ¿El MEF impide que el voluntariado sea atractivo en tiempos de vacas gordas? ¿Porqué no comienzan desburocratizando las FFAA? La guerra moderna es de armas sofisticadas, manejadas profesionalmente y no por un muchachito de 18 años con un mínimo de entrenamiento, ¿Contra quien es la guerra?¿Los enviarán al VRAE? Espero que no pero para el congresista Mora allí los necesitan. Claro que este general parece moderado al lado de un almirante troglodita que quiere mandar a prisión a los que no cumplan la voluntad militar expresada en una ley sin debate público, como la que causó la tragedia de Bagua.

Combatí en el Congreso la antigua legislación del servicio militar obligatorio. Tras 1995 fui seis veces a Jaen y San Ignacio, cuando trascendió el clamor de las familias de los “levados” y el fujimorato amenazaba a la radio jesuita por transmitir sus clamores.  Al entrevistarlos encontré familias que ya habían perdido un hijo en la guerra con Ecuador y que les levaban a otro ¿se imaginan a esos padres? Los ví, hablé con ellos, traje cartas e informes que “esparcí” en un Congreso que no me escuchaba pero tenía que aceptar mi presencia, hasta que vino lo inesperado: un joven en Tacna se suicidó para no ser levado y se armó el escándalo mediático. Fujimori, con la mira en su reelección, bajó el dedo y los fujimoristas que se oponían cambiaron de posición. Se convirtió en voluntario y lo apoyé.  Eso es lo que corresponde a un país democrático y moderno.

Siempre he sostenido que si hay un servicio militar obligatorio no puede distinguir entre ricos y pobres, ni siquiera por razón de estudios universitarios, como lo ví en otros países. Pero aquí los congresistas, ministros, generales y almirantes que se sienten muy patriotas por defenderlo no están dispuestos a que sus hijos e hijas lo hagan y saben que pueden pagar los 1850 soles de multa para que no se conviertan en parias..  Estoy seguro que aquí hay problemas de constitucionalidad pero dejo a otros ese análisis.

No siento sólo vergüenza ajena.  Yo salí en público, en la segunda vuelta, optando por Humala y no por Keiko, no por antifujimorismo sino por valores democráticos y hoy me siento traicionado. Los seguidores de Keiko apoyaban esto y Humala lo hace ahora regresando a métodos del Estado Oligárquico e imponiendo una cultura militar que hace muchos años choca con gran parte de la sociedad peruana. Que conste, puedo discrepar o coincidir en varias de sus políticas económicas y sociales pero eso no es lo que apoyé. Apoyé el juramento de un demócrata que hoy viola valores democráticos esenciales. No hay democracia posible y es una farsa hablar de inclusión social si 1.850 soles de hoy, que una inmensa mayoría no tiene a su alcance, dejan a los jóvenes entre la obligación del servicio militar y dejar de existir como ciudadanos.

El Comercio

He criticado la campaña por la revocación de la alcaldesa de Lima y para mí es obvio que tras sus promotores no se evidencia interés alguno por la ciudad y sus problemas. Entiendo los “trucos” de la política y la deformación que toda polarización blanco/negro suele traer, pero intento poner por delante los problemas de la ciudad que no se pueden resolver en el corto plazo, pero que se pueden agravar.

Comencemos por la autoridad del alcalde(sa) de Lima. A pesar de ser el cargo más representativo en votos, después del Presidente de la República, es la autoridad más débil entre las muchas que intervienen en esta ciudad.  Presidentes y legisladores la debilitaron dividiendo Lima del Callao y de las provincias del departamento de Lima, dividiendo la ciudad capital en más de 40 distritos autónomos en casi todas sus funciones ¿Distingue el ciudadano las funciones de un alcalde distrital y del Provincial? No.  Varios ministerios actúan en Lima como si fuera su chacra y muchas funciones que ya tienen las autoridades regionales y locales fuera de Lima se las niegan al gobierno metropolitano como el manejo de la empresa de agua o los terrenos eriazos indispensables para el planeamiento y la gestión urbana.

Pero la autoridad se ha desdibujado por la informalidad.  No es como algunos creyeron descubrir que la informalidad era hija de un Estado fuerte y grande. No se planificaron el crecimiento y los usos del suelo, no se quiso que hubiera esa autoridad y se creció por invasiones y por imposición del más fuerte. Esta fue ausencia de autoridad estatal. Los tranvías, que no eran tan rápidos pero sí masivos, se sustituyeron por autos y microbuses haciendo de la atomización e informalidad el único servicio público. Por eso cuando la alcaldesa hizo avanzar hacia Lima norte el Metropolitano se necesitaron más de 300 policías para poner orden a microbuseros que confundían el interés público con su interés privado y a pedradas pretendían impedir las nuevas rutas.  Por eso también la violencia de La Parada, desorden establecido por décadas, que otros burgomaestres no enfrentaron y esta alcaldesa valiente lo hizo.

No es fácil ejercer autoridad democrática, que escucha, negocia pero decide sin que interfiera otro, sea autoridad estatal o iniciativa privada.  Por eso se incumplen las reglas en el tránsito, la construcción, la zonificación escuchando a los vecinos, el área libre y el área verde por habitante etc.  Somos la ciudad con más tuberculosos en el Perú y América Latina. Ganamos a Haití con 180 enfermos cada 100 mil habitantes.  Hay problemas de nutrición, hacinamiento y “tugurización”, que pasan las décadas y se complican. Tenemos que gastar en muros de contención porque no se previó dónde deben ubicarse las nuevas familias ni se respeta la norma porque  se  excluye a la gente, se le abandona a su suerte y ellos hacen lo que pueden.

Hablamos de un gran crecimiento económico, pero en Lima más del 56% son informales o subempleados. Una autoridad firme en planeamiento urbano y en transporte ayudará pero un esfuerzo en educación de calidad debe ser mayor.  Ya se puede decir que la mayoría de los escolares está en educación privada, para felicidad de los liberales.  Pero autoridad estatal es garantizar calidad y no estafa, quitar valor oficial si no pasan las pruebas alumnos y profesores, como lo hacen con técnicas adecuadas los países desarrollados.

No sé si ganará el Sí o el No, pero no dudo que el Sí a la revocatoria de Susana Villarán y su gobierno paralizará lo que comienza a cambiar, no corregirá errores y fortalecerá la informalidad no de los de abajo, que luchan por sobrevivir, sino de políticos de medio pelo que medran con este desorden establecido y grandes políticos con rabo de paja que creen que tienen que volver para hacer más de lo mismo. 

LA POLÍTICA COMO ANTAGONISMO O COMO INMUNDICIA

Henry Pease García

He defendido la revocación, como derecho constitucional desde hace años, como muchos, pero no significa defender la manera en que se aplica a los alcaldes, sin distinguir niveles y complejidades, atomizando la iniciativa y sin poner límites ni requisitos de procedimiento. Es arbitrario que con sólo 400,000 firmas se pueda revocar a un Alcalde de una ciudad con más de seis millones de electores y hay más errores que los legisladores deben evaluar pero hay la incapacidad adicional de un JNE que se corre de los problemas o transa hasta con la corrupción. ¿Es lícito cambiar firmas por galletas o fideos?¿puede haber financiamiento fantasma de los revocadores, donde cada día aparecen donantes carentes de bienes? Se pretende que el elector vote cuarenta veces en una sola cédula ¿cuál es el resultado? Que de todas maneras se daña a la Municipalidad y su capacidad de gestión.¿es posible que la revocatoria se entienda como fruto de un sentimiento difuso, alejado de razones, fuera del alcance de toda precisión? Hay problemas en la legislación y no sólo en el Jurado, pero la sociedad mediática está alterando todos los supuestos institucionales clásicos.
Hoy es posible acusar de “vaga” a una alcaldesa que ha hecho en dos años 176 escaleras mientras su antecesor hizo 800 en ocho años, es decir más o menos lo mismo. Además, está haciendo obras tan importantes para la ciudad que hasta el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) salió a defenderla. Un alumno me listó titulares que atacaban a muerte a la alcaldesa desde el día en que fue elegida, ¿Acaso esta sobredosis no crea imágenes gruesas que luego son muy difíciles de cambiar?
Leo, descansando de mis clases, el libro de Chantal Moufe “En torno a lo político”. Revisando y criticando teóricamente a Carl Schmitt, recoge la idea de lo político como antagonismo extrayendo el antidemocrático carácter del sustentador del nazismo, que polariza la contradicción como “amigo-enemigo” para reemplazarlo por algo esencial al pluralismo democrático. Reemplazar enemigo por adversario pero entender que lo político implica ese nivel de antagonismo no excluyente, es el aporte de este libro. Releyéndolo veo que en nuestro país la traumática y totalitaria relación amigo-enemigo, no me importa si entre nazis, comunistas o lo que luego inventen, es lo que prima. Para buena parte de los medios de comunicación hay que “liquidar” a la alcaldesa porque es “enemiga”, es “de izquierda”, lo cual significa, aunque no lo digan, que los que se identifican con esas ideas harían mejor en dedicarse a otra cosa o tomar las armas, ya que no son admitidos en términos reales.
He rechazado siempre la exclusión y la lucha armada pero es imposible entender lo político sin ver los antagonismos reales o fabricados y analizarlos. Hoy mucho del antagonismo tiene un componente de corrupción, políticos con rabo de paja y gente acostumbrada a medrar de la llamada informalidad, que va mucho más allá de las naturales estrategias de sobrevivencia de los más pobres y alcanza políticos y hasta partidos enteros. El congresista Mulder ha atacado a la alcaldesa con palabras que muestran prejuicio de clase y un conocido columnista se ha reído de esto recordándole la lucha de clases. ¿Por qué tan temprano todos están juntos? Vean bien, no falta ninguno. Del otro lado también están juntos los que tienen que estar, el PPC ha tenido un comportamiento coherente con la demanda de decencia que llevó a su lideresa a enfrentar la intentona de Kouri.
La alcaldesa Villarán, agraviada diariamente, tuvo el valor de dedicar un año con más de 40 alcaldes distritales y más de 18,000 ciudadanas y ciudadanos, a hacer democráticamente el plan regional de Lima. Ahora la Municipalidad tiene brújula, aprobada por unanimidad en la Asamblea Metropolitana de Lima.

Terminó el año 2012 con escándalo por el alza de sueldos de los parlamentarios, poco después de que se negara al Poder Judicial la nivelación de los jueces superiores. Vuelve la danza de medias verdades en la información y no han faltado quienes por este hecho hablan de cerrar el Congreso: extrañan la autocracia. Son expresión de una cultura política tradicional autoritaria y antidemocrática. Desprecian a los parlamentarios, rechazan la deliberación –la entienden como pérdida de tiempo- y sólo buscan un jefe, que cuando se desgaste caerá porque esa es la experiencia de todo régimen autoritario. ¿Cómo tendremos un Congreso mejor si el modelo viene de la campaña mediática deFujimori que demagógicamente proponía pagarles el salario mínimo?

Otra vez algunos parlamentarios renuncian al aumento porque son conscientes de que los desprestigia. Al hacerlo afectan su relación con sus pares y dejan peor sabor a quien observa de lejos. La mala conciencia proviene de ver que sus sueldos son muy distantes de los de la mayoría de ciudadanos, algo que no afecta ni al empresario, ni al tecnócrata ni a otros funcionarios y autoridades porque nadie pone los reflectores mediáticos en ellos.

Veamos cifras: el Contralor, el Presidente del BCR o la Jefa de la SUNAT reciben hoy más de 33,000 soles y un Juez Supremorecibe 27,117 porque suman al sueldo -15,600 igual que un congresista- un bono jurisdiccional. ¿Tienen más responsabilidades públicas que un Congresista? No, pero se usa el argumento de que los tecnócratas y funcionarios deben estar bien pagados. Se confunde autoridad pública con tecnocracia y la Constitución es muy clara en su artículo 39 en fijar el orden jerárquico de los altos cargos.
El año 2003 un diario comenzó la campaña sin motivo aparente, cuando ni ese ni los años anteriores se había subido ni el sueldo ni los gastos operativos. Su titular decía “No se bajaron los sueldos” alegando con falsedad que lo habíamos ofrecido. La campaña se extendió. Quedé convencido de que en defensa de la legitimidad del Parlamento y otros altos cargos, había que dejar que el poder administrador fije los sueldos, expidiendo la ley 28212 que regulaba la forma en que actuaría. Se establecía por Decreto la unidad de medida (URSP), se fijaba el sueldo del Presidente (hasta 10 URSP) y los altos cargos que le siguen (congresistas,ministros,miembros del consejo de la magistratura, jueces supremos, contralor etc) hasta 6 URSP, algo menos los Presidentes regionales y Alcaldes. Se prohibían gastos operativos, bonos etc. Los gastos que cualquier funcionario realiza fuera de la ciudad en que vive deben ser pagados por la entidad y no por el funcionario. Me costó agravios de mis colegas pero suprimí la tercera gratificación que daba el Congreso porque la ley dispuso que sólo se pagarían 12 sueldos y dos gratificaciones al año. La unidad de medida se estableció en el gobierno de García, el sueldo de los parlamentarios subió de 10,000 a 15,000 pero se rebajó a los demás y luegoaparecieron, otra vez, gastos operativos, bonos etcEn el Congreso ahora no se rinden con boleta o factura los gastos operativos y se les descuenta impuesto a la renta como para confirmar que son sueldo.Suman pues 22,900, o sea menos que los funcionarios mencionados, Se ha criticado, con razón, que por la manera de aplicar esta ley migraron muchos funcionarios al sector privado ¿y porqué ese argumento no vale para los congresistas? Eso es demagogia o rezago de la vieja cultura política antidemocrática.

No se apreció la importancia de cortar esta competencia hacia el alza y el desorden continúa por decisiones que incumplen lo esencial: sólo el Ejecutivo fija los sueldos y no debe haber otro ingreso adicional. Aunque los parlamentarios han rectificado la decisión se ha afectado la gobernabilidad democrática.

Lima, ciudad democrática

En noviembre de 2011 recibí el encargo de conducir la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 “Lima somos todos”. Pese al intento de revocarla, la Alcaldesa Susana Villarán continúa apostando por la ciudad y su futuro. 41 de los 42 alcaldes distritales participaron de la mano de sus equipos y vecinos. Este Plan es una brújula que servirá a las autoridades en función de propuestas técnicas viables valoradas por los ciudadanos. Un gran equipo técnico multidisciplinario junto con más de 18 mil ciudadanas y ciudadanos y 345 actores metropolitanos (gremios empresariales y de trabajadores, universidades, asociaciones, Iglesias, congresistas por Lima, etc.) participaron en cerca de 100 eventos públicos y mesas de trabajo.

El próximo miércoles 12 expondré éste trabajo a la Asamblea Metropolitana para su discusión y aprobación. No será un libro que termine durmiendo en una biblioteca. Se entrega una página web (www.planlima.gob.pe) que registra la intervención de cada ciudadano, a lo que sigue el Plan con diagnósticos, políticas, metas, entre otras herramientas al servicio de todos.

¿Qué nos presenta éste Plan? Que somos la ciudad con más tuberculosos de América Latina y del Perú (180 casos por cada 100,000 habitantes). Que el 56% de sus trabajadores son informales. Que 110,000 de sus niños, entre 6 y 13 años trabajan y el 28.9% de sus mujeres son jefas de hogar. Que 1 millón 662,793 de limeños no tienen acceso a la red pública de agua potable y desagüe y 1 millón 416,755 son pobres (más que los pobres de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica juntos). Que el tiempo de viaje promedio en transporte público es de 44.9 min a una velocidad de 16.8 km/h y si no hacemos nada hoy en el 2025 el tiempo será de 64.8 min y la velocidad de 7.5 km/h…etc.

Asimismo, el Plan sincera el presupuesto. Mientras que todo el Estado tiene un gasto corriente en Lima de S/. 787 per cápita e invierte S/. 242 por persona, en el resto del país tiene un gasto corriente de S/. 1,632 por poersona e invierte S/. 974 per cápita. Sin embargo, Lima aporta el 50% del PBI nacional.
Lima es una ciudad de emprendedores, con muchas oportunidades, pero presenta serios problemas de gobernabilidad. Junto con 42 alcaldes distritales, es a la vez provincia y región. Las leyes no fijan bien quién hace qué. Varios Ministros se sienten “alcaldes sectoriales de la ciudad” y hay una competencia populista entre niveles de gobierno por ganarse a la gente financiando obras que no les competen. Tras eso, hay una visión injusta que financia a la ciudad de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la PNP y COFOPRI cumplen parte de sus funciones con recursos que aportan las municipalidades distritales para tener algo más de policías o títulos de propiedad. Otro problema en este tema, es la división de Lima y Callao; una sola ciudad que desde el siglo XIX la ley dividió. Callao es el puerto y aeropuerto de Lima y Lima es la ciudad de Callao, pero se crearon “diferencias artificiales” que desaparecen al cruzar una calle. Las cuencas que alimentan los ríos de Lima y Callao se administran desde un tercer gobierno regional: Lima Provincias.
Hay sólidas esperanzas como lo muestran los vecinos. Este Plan presenta una visión de la Lima que deseamos y necesitamos. Luego se plantean grandes políticas, objetivos y metas, todas viables, con el fin de que podamos incrementar nuestro bienestar político, social y económico al 2025. Agradezco este año en que la iniciativa de la alcaldesa me permitió revivir lo esencial de mi vida política: recibir la cálida, dura y constante iniciativa de los peruanos de a pie, los más sencillos. A El Comercio debemos agradecer 4 audiencias interdistritales donde los vecinos protagonizaron el debate.

Todo Estado, en la historia, tiene como punto de partida la seguridad de sus habitantes. Por varias razones esta función se cumple mal, ni alcanza a todos ni participamos responsablemente en crear las condiciones para que las cosas vayan mejor.

Comenzando por la seguridad ciudadana: hay confusión de roles, falta de recursos y problemas que afectan a la población y se reflejan como reclamo prioritario en todas las encuestas. El presidente Ollanta Humala acaba de declarar que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los alcaldes y esa declaración o es un error o es una nueva ?soplada de pluma? a los alcaldes, que no concuerda con la ley y la realidad operativa.

¿Quién es el responsable de la Policía Nacional? El presidente, que actúa con su ministro del Interior y ambos nombran al director general de la policía, quien manda sobre toda la policía, la que persigue a terroristas y criminales y la que captura a rateritos de cualquier ciudad.

Una anécdota ilustrará. La víspera de Navidad me visitaron una de las hijas de mi hermano y su esposo. Al salir del edificio donde vivo vieron que un ladronzuelo le robaba la computadora a una jovencita del edificio vecino. Mi sobrino se le abalanzó e inmovilizó al ratero mientras mi sobrina llamaba al serenazgo, que llegó en cinco minutos. Sin embargo, los serenos le pidieron que siguiera reteniéndolo porque debían esperar a que llegara la policía, ya que ellos no tenían autoridad para detenerlo y llevarlo a la comisaría. Algunos me han dicho que lo hubieran podido retener, lo que hizo mi sobrino bajo su responsabilidad y terminó con una pierna magullada por el forcejeo. No especulo sobre quién falló. Demuestro que la autoridad que proviene del alcalde no puede ni detener a un raterito, esos que más angustian a los ciudadanos de a pie.

No dudo de que los alcaldes son los únicos que pueden organizar al vecino para que con su participación coopere, observe, avise, se organice para la seguridad. Pero eso no significa que sean responsables de la seguridad ciudadana, aunque son la autoridad (elegida) de su localidad y la representan sobre cualquier funcionario público. Pero eso no significa que estos les hagan caso: hay muchos ejemplos en todos los alcaldes, hasta el relatado por Alberto Andrade en el Congreso tras la tragedia de Mesa Redonda.

Lima tiene la mayor tasa delictiva del país. Su población percibe la seguridad ciudadana como el primero de los tres problemas principales de la ciudad, por encima de la contaminación ambiental y el transporte público. El distrito que más invirtió en seguridad ciudadana (2006) fue San Isidro con el 18,6% de su presupuesto total. Le siguen Miraflores, La Molina, Surco y el Cercado, a cargo de la Municipalidad de Lima. En el 2011 había 106 comisarías con 9.778 policías nacionales, es decir, un policía por cada 854 habitantes, cuando la norma internacional es un policía por cada 250 habitantes. Con ese parámetro, el déficit policial en la capital sería de 23 mil policías.

Sin embargo, parte de la inversión municipal es pagar policías, de franco cada 24 horas, para que pueda tener alguna autoridad el serenazgo, que ni porta arma ni puede detener y llevar a la comisaría a un raterito. Ciertamente, los distritos más pobres son los que tienen menor número de policías, también por esta razón.

¿No sería mejor distinguir y especializar funciones, a la vez que se fortalece a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen? ¿Tiene que ser la Policía Nacional la que dirija el tránsito? Me lo preguntaba a lo largo de la avenida Javier Prado, donde si dejaran solos a los semáforos habría menos atoros y colas.

Publicado en El Comercio

Cuando concluyó su trabajo de investigación, la Comisión de la Verdad entregó el primer ejemplar de su voluminoso informe al Presidente Toledo. Horas después recibí en la Presidencia del Congreso el segundo ejemplar. Me sorprendió cuando los comisionados fueron abucheados en la entrada del Congreso por personas que trajeron dos congresistas sin haber leído, ninguno de ellos, una línea del informe. Este comportamiento dura hasta nuestros días y algunos creen que los insultos y calificativos pueden sustituir el estudio, el análisis riguroso y la propuesta alternativa razonada en una investigación.

Las últimas semanas un error informativo del gobierno hizo creer a algunos que tenían a la mano un error destacable para sus objetivos de desprestigiar a la CVR pero el nombre fue luego desmentido. Así hubiera sido cierto sería un error puntual que no desnaturaliza el informe, pero provocó titulares y hasta una moción de congresistas que en este tema tienen “rabo de paja”, pues se negaron a ver los crímenes del grupo Colina La moción pretendía formar una comisión investigadora sobre la CVR. Es como si en otro momento el Congreso nombrara una comisión investigadora para evaluar un libro de historia o cualquier trabajo académico. No quieren entender que el camino está abierto y todos somos libres de investigar lo ocurrido en nuestra sociedad y discrepar con cualquier versión de la historia. Obviamente hay métodos y se requiere rigor que el mundo académico conoce de sobra y que deja en el olvido lo que no se hace con seriedad.

Pero el proyecto de ley de negacionismo presentado por el gobierno al Parlamento puede ser usado para penalizar a quien discrepe de la versión oficial de la historia del terror en el Perú, pues cualquiera puede ser la versión que apliquen los gobiernos. El informe de la CVR no es vinculante y si hay algo constatable en sus más feroces críticos, durante tantos años, es que en ellos prima la subjetividad y se hacen escuchar con fuerza los que sólo quieren ver un lado de la moneda, el de los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿y los crímenes del grupo Colina? ¿Y lo sucedido en Acomarca o Putis?

Quien me ha convencido de que el proyecto de ley de negacionismo es endeble, es el propio Presidente del Consejo de Ministros al responder con tres requisitos que pone ese proyecto, en una entrevista de una hábil periodista local. Con o sin esos requisitos, por varios lados, el proyecto deley puede afectar la libertad de discrepar si lo maneja un hábil abogado y un juez formalista.

Este no es un camino para derrotar a los defensores del terrorismo, es la manera de relativizar principios esenciales en una democracia y así muchos jóvenes les darán la razón a los que la relativizan o no creen en ella. El camino, que tampoco es fácil, puede ir por la legislación sobre apología del terrorismo pero no avanzará si no construimos ciudadanía y por tanto partidos y asociaciones capaces de defender nuestra verdad y combatir ideas con ideas, en vez de poner bozal a las que nos enfrentan penalizando interpretaciones de lo ocurrido o de lo que ocurre. He combatido a Sendero enfrentándolo cara a cara no sólo en las aulas, también en las calles, eso requiere ejercicio de ciudadanía y organización política ¿creen que lo reemplazará una ley ambigua?

En el último Latinobarómetro escandaliza el desencanto y la desconfianza de los peruanos en las instituciones democráticas. Esta manera de hacer política, que agiganta odios y calificativos entre quienes están de este lado de la mesa y no del lado del terror, es uno de los factores que tienen que superarse para no poner en peligro la libertad de discrepar sin la cual no existe ni libertad de prensa ni democracia.

Su primer año de gobierno se agotó políticamente en el conflicto de Conga que mostró que con métodos autoritarios y reacciones típicas de los aparatos militares no funciona un régimen democrático. En el mayor aislamiento visto al comenzar un gobierno, Humala llamó a dos religiosos como facilitadores y cambió el gabinete, cambio positivo con gente calificada pero aún no hay indicadores de un cambio de política. Humala nos ha recordado, explícitamente, que él dirige la política general del gobierno. Más claro ni el agua, todo premier es un segundo. Es el Presidente quien debe cambiar de política.

Lo que todos debemos entender es que las democracias son regímenes que no funcionan sin diálogo y negociación. El "todo o nada" no funciona. Claro es que no sólo el gobierno actúa así, pero una política más abierta y con iniciativa hace tiempo que hubiera dejado sin juego a Santos.

Pero es evidente que el Presidente, por su formación militar "cree" en lo que le dice la DINI, o los servicios de inteligencia. Lo que allí se hace no sólo está lejos de ser objetivo y mezcla distintos opositores en un mismo saco sino es la peor manera de tener relaciones con autoridades subnacionales o con la sociedad civil. En otros países hay agencias civiles especializadas, con todo tipo de profesionales de las ciencias sociales, que se ocupan de dar la información al gobernante y de construir una red de relaciones que acerca espacios y mundos culturales diferentes a la orbita de un gobierno nacional. Aquí el ministerio del Interior es un ministerio de policía y se han destruido muchas entidades dejándonos un estado incapaz de planificar y formular democráticamente políticas públicas.

En economía no ha habido sorpresas ni grandes cambios. La incapacidad de gasto persiste y se da en el gobierno nacional y en los gobiernos regionales, obviamente porque las reglas del MEF están hechas para que no se pueda gastar. El mensaje presidencial demostró que se persiste en entender la inclusión social a partir de acciones asistenciales —indispensables pero insuficientes— y que se hace un esfuerzo por mejorar la calidad de éstas, pero la inclusión social exige mejorar la calidad del empleo y las capacidades para éste. Eso toca masivamente a la pequeña y micro empresa, al empleo rural y a encadenamientos productivos y de comercialización que extiendan las oportunidades para más peruanos.

En el horizonte acechan conflictos a los cuales hay que adelantarse y negociar, como bien se hizo en Quellaveco. En vez de estigmatizar al opositor hay que atraerlo y buscar salidas comunes. El horizonte internacional es complicado, en economía y en la vecindad, lo que obliga este año a una enorme dosis de racionalidad. Pero lo peor que puede pasarle al gobierno de Humala es terminar estafando a sus electores, que se la jugaron por el cambio. La ruta de Lula que pereció ofrecer Humala sólo es viable con enormes inversiones que se midan por su capacidad de inclusión. No se ven todavía. Debieran incluir reformas puntuales que integren a peruanos excluidos hasta de la representación política y que hagan algo más interesante el descolorido parlamento. Tampoco en esto hay indicios de avance.

En perspectiva no hay que olvidar que el régimen democrático se aleja de los extremos del espectro político y peligra si éstos se refuerzan. Tanto el Movadef como el fundamentalismo de derecha están avanzando ante un gobierno sin iniciativa política y con enormes dificultades de comunicación. Arrasan con lo que pueden en la sociedad mientras el gobierno aparece "de costado" cuando tiene que hacer que la ley peruana se cumpla y hay —además— reiterados fallos en la justicia que abonan en la peor de las direcciones. Puede aparecer así un nuevo escenario de autocracia que sería lo peor para el Perú.