El discurso que dio Ollanta Humala el 28 de julio es ya el más “ambiental” que Presidente alguno ha dado ante el Congreso de la República. Aún más, planteó con claridad y corrección técnica – salvo alguna imprecisión – la agenda medioambiental del país, lo que cobra mayor valor al considerar la brevedad del texto leído.

La explicación de este interés, y algo dejó entrever, estaría en la enorme participación de los conflictos socioambientales en las cifras de conflictividad (54.4% en junio). Por ello, respecto a los “recursos naturales” – agua, bosques, biodiversidad, gas y minerales – ha planteado tres líneas de política: 1) aprovechamiento sostenible (racional y equilibrado) de dichos recursos, 2) continuar alentando las inversiones privadas en la materia, pero con respeto a la población, los trabajadores y al ambiente, y 3) los beneficios de su aprovechamiento deben ayudar a reducir la desigualdad y la pobreza (equidad en la distribución de los beneficios), cuestión ligada a la anunciada negociación de una mayor contribución de las empresas mineras al tesoro público a partir de las “ganancias extraordinarias” que obtengan.

FALTA INSTITUCIONALIDAD LEGÍTIMA Y EFICAZ

Al margen de la creación del Ministerio del Ambiente, los últimos cinco años se han caracterizado por cierta continuidad y mucho de inercia en la política ambiental. No contamos aún con una institucionalidad legítima y eficaz, que nos aleje de la senda de una insostenibilidad que daña el patrimonio natural, deteriora la calidad de la vida de las personas y siembra condiciones para los conflictos sociales. El país nos reclama corregir este déficit.

¿Qué hacer? En primer lugar, definir objetivos de política ambiental que expresen las prioridades nacionales y sean acompañados por un conjunto claro de indicadores y metas para el quinquenio, facilitando la evaluación del desempeño gubernamental. ¿Cuáles son los estándares de calidad ambiental que debemos alcanzar, y cuándo los fijaremos? ¿En qué grado reduciremos la pérdida de bosques? ¿Qué porcentaje del PBI se invertirá en la gestión ambiental, pública y privada? Un norte bien definido contribuirá decisivamente a impulsar un compromiso nacional con su logro, e incluir no solo al Estado, sino al sector privado y a la ciudadanía en general.

¿Cuál es la agenda gubernamental para el período 2011-2016? Luego de cinco años que, más allá de la creación del Ministerio del Ambiente, se han caracterizado por cierta continuidad, o quizá inercia, respecto de los avances realizados durante la primera década del siglo, es evidente que es bastante largo el trecho que se debe recorrer para afianzar una institucionalidad ambiental indispensable para asegurar que el crecimiento económico no genere en el corto, mediano y largo plazo, condiciones de insostenibilidad de gran costo para el país.

Quisiera compartir con ustedes una suerte de agenda mínima, un conjunto de líneas de acción que deberían concentrar la atención de las nuevas autoridades del gobierno nacional. No es todo lo que se requiere, y no incluye las tareas regionales y locales, pero representa lo que consideramos son las prioridades en el actual contexto. Voy a dividir la presentación en 3 secciones. En la primera, apunta a la política ambiental, la segunda a las organizaciones ambientales, y la tercera, a los instrumentos de gestión.

Para el defensor adjunto en Medio Ambiente, Iván Lanegra, el factor ambiental no está siendo tomado en cuenta en las decisiones del Ministerio de Agricultura (Minag), y ello quedaría confirmado con la dación del Decreto Supremo 003-2011-AG, reglamento sectorial que abre las puertas a los cultivos transgénicos.

¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo sobre los transgénicos?

Hemos pedido que se suspenda el reglamento, porque consideramos que una política de ese tipo requiere de un consenso amplio, pues el tema involucrado es el riesgo ambiental. No es un asunto que incumba solo al sector Agricultura.

Les alcanzo entrevista publicada en El Universal del 27 de julio de 2010

El Adjunto para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, señaló que el país requiere de una Ley de Ordenamiento Territorial para que los diversos niveles de gobierno sepan definir los usos que le deben dar a su territorio para que así los proyectos y las obras que tienen que hacerse sean compatibles con lo que la población y la región requiere


- ¿Cómo así la Defensoría del Pueblo ha llegado a la conclusión de que en el país se pierden 150 mil hectáreas de bosque por culpa de la deforestación?
- La deforestación del país no viene de estos años sino desde mucho antes, a pesar de las leyes forestales que hubieron. Para verificar la magnitud del problema, la Defensoría tomó la decisión de hacer una investigación. Como consecuencia de ese trabajo se elaboró un informe que señala, entre otras cosas, que la deforestación de los bosques ha sido originada por la forma como el país ha incentivado la ocupación del territorio.

- ¿Explíqueme ese punto, doctor?
- Que muchas obras, como por ejemplo la carretera Marginal que permitió unir la selva con el resto del país, trajo consigo la ocupación de esta región de manera desordenada, sin planificación y sin una herramienta como hacer compatible y sostenible la ocupación del territorio con el manejo de los bosques.

Durante estos últimos meses hemos sido testigos de una presencia permanente de lo ambiental en la agenda pública. Ahí ha estado, como parte de los problemas sin solución que enfrenta la Ciudad de La Oroya. Se ha mostrado como parte de la emergencia ambiental declarada en Huancavelica, o las acciones de limpieza del Río Marañon. Hemos discutido sobre las posibilidades y límites de los estudios de impacto ambiental así como la urgencia de emprender el ordenamiento de nuestro territorio.

Se han destacado las dificultuades que representa la preservación de las áreas naturales protegidas por el Estado. Y también hemos iniciado la discusión, no menos significativa, de una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. No olvidemos, por cierto, la relevancia de la pronta aprobación de la Ley sobre el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas. Los conflictos socioambientales siguen representando casi la mitad de los conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo, los cuales, sin embargo, muestran últimamente una tendencia decreciente.

Cerca del 50% de los conflictos sociales que conoce la Defensoría del Pueblo es de carácter socioambiental. De ellos, alrededor del 80% tiene como causa principal la percepción de algún tipo de afectación o riesgo ambiental. Pero lo percibido no es necesariamente equivalente a lo real. Podemos, incluso, no percibir o ser indiferentes al deterioro ambiental existente. Resolver esta posible divergencia requiere la intervención estatal.

En el año 2007, ante la creciente conflictividad socio-ambiental y la relevancia de la agenda ambiental para los derechos de las personas, la defensora del Pueblo propuso introducir reformas en la regulación del área y contar con una autoridad ambiental independiente. La creación del Ministerio del Ambiente (Minam) hace dos años constituyó un paso valioso en dicho camino. No obstante, hoy en día, la reforma todavía está incompleta. ¿Qué falta? Para empezar, podemos ordenar las prioridades en tres rubros básicos: los objetivos de la política, las organizaciones estatales y los instrumentos de gestión.