Murió el ex dictador Jorge Rafael Videla

El ex presidente de facto falleció a las 8.25 por muerte natural. Había recibido varias condenas a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Estaba preso en el penal de Marcos Paz.

17/05/13 - 09:56

El ex dictador Jorge Rafael Videla, de 87 años, murió esta mañana en el penal de Marcos Paz, donde cumplía una condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

El represor murió en su celda del módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal 2, de la ciudad de Marcos Paz.  El parte médico oficial señala que a Videla “se lo encontró en su celda, sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECC (electrocardiograma), constatándose su óbito, siendo las 08.25 hs del día de la fecha”.

Junto con otros 25 imputados --entre ellos el dictador Reynaldo Bignone— estaba siendo juzgado por el Plan Cóndor. El martes pasado, en el marco de esa causa, se había negado a declarar ante los jueces del Tribunal Oral N°1. Esa fue la última vez que dejó el penal.

Videla, como jefe del Ejército, encabezó la Junta Militar integrada además por Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea)  que el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Fue el ideólogo de la dictadura que sumió a la Argentina en su período más oscuro y ocupó de facto la presidencia hasta 1981.

Tras la recuperación de la democracia en 1983, Videla fue  condenado en el emblemático juicio a las Juntas realizado en 1985. Fue destituido del grado militar y condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Fue hallado penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada, aplicaciones de tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documento, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. Pese a que el fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986, el represor sólo cumplió cinco años de prisión efectiva porque en 1990 el presidente Carlos Saúl Menem lo indultó y dictó su excarcelación.

En 1998 la Justicia determinó que las causas por robos de bebés a embarazadas cautivas en centros clandestinos de detención constituían crímenes de lesa humanidad y que, por ello, no prescribían. Volvió a la prisión, por su edad se le concedió el beneficio del arresto domiciliario.

Diez años después, con la decisión del Gobierno promover los juicios por delitos de lesa humanidad, perdió ese beneficio y fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo. En 2010 fue juzgado en Córdoba y el 22 de diciembre el Tribunal Oral Federal 1 lo sentenció a prisión perpetua a cumplirse en una cárcel común junto a Luciano Benjamín Menéndez.

El 5 de julio pasado, el ex dictador fue condenado a 50 años de cárcel por el robo de bebés. La pena fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº6 y se sumó a las anteriores. Este juicio investigó 35 casos de apropiación de niños nacidos en cautiverio.

Videla nació en Mercedes, Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925. Ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 recibiendo el grado de Subteniente de infantería, fue el 6º de la promoción 73ª sobre un total de 196 cadetes. Cursó la Escuela Superior de Guerra entre 1952 y 1954 y se licenció con el título de Oficial de Estado Mayor. Formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960, dirigió la Academia Militar hasta 1962. En 1971 fue ascendido a general de brigada y nombrado por Alejandro Agustín Lanusse como director del Colegio Militar de la Nación.

A fines de 1973, el comandante Leandro Anaya lo nombró Jefe del Estado Mayor del Ejército y el 27 de agosto de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón lo nombró Comandante en Jefe del Ejército.

El 24 de marzo de 1976 encabezó el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, disgregó a los partidos políticos y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al llamado Proceso de Reorganización Nacional.

FUENTE: CLARIN ARGENTINA

 

Confirman que Jorge Rafael Videla murió a las 8.25 en su celda del penal de Marcos Paz

El Servicio Penitenciario Federal comunicó que fue encontrado "sin pulso ni reacción pulmonar"; estaba en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad

 

    

 

 

El Servicio Penintenciario Federla (SPF) precisó que Jorge Rafael Videla falleció a las 8.25 de hoy en su celda situada en el penal de Marcos Paz, donde cumplía su condena por delitos de lesa humanidad.

Videla se encontraba en el módulo N° 4 del complejo penitenciario federal N° 2. El pabellón está destinado a los condenados por delitos de lesa humanidad. Allí fue hallado sin vida, durante la mañana.

"Se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se realiza un ECG constatándose su óbito, siendo las 8.25 de de la fecha", precisa el informe.

"De conformidad con los tramites de rigor, se cursó comunicación del deceso al Juzgado Federal N° 3, Secretaría Nº 10, de Morón", agrega..

FUENTE: LA NACION ARGENTINA

Guatemala

El ex dictador guatemalteco Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión

Caso Mariella Barreto: Fiscalía pide cadena perpetua para Montesinos

La Fiscalía de la Nación denunció al ex asesor presidencial, general EP (r) Nicolás Hermoza y agentes del Grupo Colina por el secuestro, tortura y muerte de la ex agente del SIE

Pena de 10 años para coronel que desapareció a agricultor

Cusco: 26 familias campesinas pudieron enterrar restos de familiares muertos en década de los 80

Los cuerpos fueron devueltos en féretros blancos a sus respectivos deudos. Víctimas fallecieron por la violencia política

(AP). Veintiséis familias campesinas en Cusco recuperaron este martes los restos de sus seres queridos que murieron en los años 80, en el fuego cruzado desatado entre las fuerzas armadas y el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Se trata de restos óseos de autoridades locales, pobladores, e incluso tres niños, que fueron asesinados por elementos subversivos o militares. Sus restos fueron exhumados de fosas comunes en varias localidades de la región de Apurímac entre octubre y noviembre pasados y tras un proceso de investigación pudieron ser identificados y entregados a sus deudos para que sean sepultados.

La entrega se realizó en una ceremonia en el local de un colegio de la ciudad del Cusco y estuvo a cargo de autoridades fiscales.

CONTINÚAN IDENTIFICANDO VÍCTIMAS
Féretros de color blanco, adornados cada uno con flores amarillas, contenían los restos de las 26 víctimas, 24 de las cuales fueron hombres y dos mujeres.

Las autoridades fiscales de provincias del sudeste del país, las más golpeadas por la violencia política, vienen identificando en los últimos años diversas fosas comunes como parte de una política de esclarecimiento e investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hubo 69 mil muertos y desaparecidos en dos décadas de violencia (1980-2000), la mayor parte atribuidos a Sendero Luminoso.

fuente: EL COMERCIO PERU

19.02.13

Ana Gabriela Rojas 3 ENE 2013 - 21:53 CET200

Los cinco acusados de la violación que ha conmocionado a India —por su brutalidad y por la vulnerabilidad en la que viven las mujeres— fueron imputados formalmente ayer por los delitos de secuestro, violación y asesinato. Así comenzó, bajo la presión del escándalo social, el juicio rápido en el que habrá audiencias diariamente y que se celebra en un tribunal al sur de la capital india. Los hombres podrían ser castigados con cadena perpetua o muerte. Los acusados no fueron presentados ante el tribunal, a pesar de que lo manda la ley. Se teme por su seguridad por la furia que la violación ha despertado. Las autoridades también han hecho pruebas para comprobar si el sexto presunto violador es menor de edad, en cuyo caso será juzgado por separado en un tribunal juvenil.

La violación de una estudiante de 23 años, ocurrida el 16 de diciembre en Nueva Delhi, ha creado una explosión de ira sin precedentes en India por su brutalidad. También porque “ha puesto en evidencia la incapacidad del Gobierno para proteger a las mujeres”, asegura Ranjani Kumar, directora del think-tank Centro de Estudios Sociales. Las manifestaciones no han parado en diferentes partes del país. Algunas de ellas se han convertido en violentas, dejando el saldo de un policía y un periodista muerto y más de 140 heridos. Las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos, agua y palos para dispersar a las masas.

"Todo el país pide que estos monstruos sean ejecutados", dice el padre

Los indios exigen justicia para Amanat, “La hija de India” o “Corazón valiente”, como se le ha llamado en los medios, pues su identidad no ha sido revelada. Aunque en los últimos días se debate si debería usarse su nombre real para las nuevas leyes para castigar la violación que podrían aprobarse en los próximos meses y que justamente han sido aceleradas por este caso. La familia de la víctima ha dado su aprobación.

La estudiante de medicina, de 23 años, y su acompañante (su novio, según algunos medios indios) salieron del cine y subieron por error a un autobús que confundieron por público. Los seis hombres, que pretendían ser pasajeros, insultaron a la chica por estar en la calle a esas horas (las nueve y veinte de la noche). Cuando su acompañante intentó defenderla, los sujetos lo golpearon fuertemente con una barra de acero en la cabeza y el vientre, según fuentes que han tenido acceso al reporte policial. A ella la violaron en turnos durante más de una hora. Le introdujeron una barra metálica por la vagina, lo que le perforó los intestinos. Después, la pareja fue arrojada a la calle desde el autobús en movimiento. El chófer del autobús intentó atropellarla después, pero su acompañante logró quitarla de su paso.

Por el momento ningún
abogado quiere defender
a los detenidos

Una persona que pasaba por allí los encontró semidesnudos y llamó a la policía, que llegó media hora más tarde y la trasladó a un hospital donde fue operada tres veces para quitarle los intestinos que se habían gangrenado. Tras 11 días en condición “extremadamente crítica” fue trasladada a un hospital en Singapur, donde murió dos días después.

En sus primeras declaraciones públicas, el padre de Amanat pidió ayer la ejecución de los responsables. “El país entero demanda que estos monstruos sean ahorcados. Yo estoy a favor”, dijo. También recordó que su hija siempre quiso ser doctora y que por eso toda la familia se mudó de su aldea en el empobrecido Estado de Uttar Pradesh a Nueva Delhi. “Queríamos dar a nuestros hijos un mejor futuro”, dijo el padre, que trabaja como cargador en el aeropuerto de la ciudad.

Irónicamente Nueva Delhi es conocida como la “capital de las violaciones”, una de las ciudades más peligrosas para las mujeres. Cada 17 horas sucede uno de estos crímenes en un territorio de 16 millones de habitantes.

En las protestas los manifestantes piden justicia. “Esta es una oportunidad del Gobierno para dar un castigo ejemplar a estos violadores y que las mujeres sean respetadas”, asegura Kamal Allam, que es estudiante, como muchos de los congregados. “Queremos salir libremente a la calle. A diario sufrimos vejaciones por ser mujeres. Es la obligación del Gobierno protegernos”, dice indignada Aarthi Ghosh. También fuera de la corte, abogados con sus togas demandaron una sentencia ejemplar.

“La presión social ha sido esencial para que el Gobierno esté tomando este caso en serio”, asegura la directora del Centro de Estudios Sociales. Los casos de violación tardan normalmente dos años en ser juzgados. Aunque, en tono conciliador, el presidente de la Corte Suprema, Altamas Kabir, dijo que “un juicio rápido no debe hacerse al coste de un juicio justo”.

También por la presión de la población, un miembro del Partido del Congreso, en el poder, fue detenido en el Estado de Assam, al noreste de India, investigado por la presunta violación de una joven. Los detalles relacionados con la violación de Amanat y la violencia contra las mujeres en general han sido portada de todos los periódicos desde hace tres semanas, cuando estos temas raramente tenían trascendencia.

La imagen de la policía también ha empeorado, ya que los ciudadanos perciben que les falta sensibilidad, que hay pocas mujeres policías encargadas de tomar declaración y examinar a las víctimas o que en muchos casos, por corrupción o ineficiencia, se niegan a levantar las denuncias.

La gobernadora de Nueva Delhi se ha presentado a algunas de las protestas rodeada por guardaespaldas y ha permanecido poco tiempo. En algunas ocasiones ha sido abucheada. Su Gobierno se ha apresurado a anunciar una serie de medidas para hacer de la capital un lugar más seguro para sus habitantes. Ha prometido más policía en la noche, revisión a los conductores de autobuses y prohibir los vidrios tintados. También se ha puesto una línea telefónica de ayuda a las mujeres con problemas. El Gobierno federal ha creado un comité que en el periodo de un mes dará recomendaciones para cambiar la ley contra violaciones.

Pero, por ahora las mujeres entrevistadas coinciden que no se sienten seguras. “Me siento tristemente identificada con Amanat. Podría haber sido yo la que salía del cine y ser violada de esa manera tan brutal”, reconoce Shreya Sharma. Esta empleada de 31 años admite que ha empezado a cargar el espray de pimienta que su madre le había regalado meses atrás. “Creo que es lo único que me puede proteger en una emergencia”, dice.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
04-12-12

CHILE | Uno de sus ejecutores vive en EEUU
Ordenan la detención de ocho militares por el asesinato del cantautor Víctor Jara
Foto de archivo del cantante chileno asesinado al comienzo de la dictadura de Pinochet.

Foto de archivo del cantante chileno asesinado al comienzo de la dictadura de Pinochet.

La Justicia chilena ha ordenado detener a siete militares retirados acusados de ser autores y cómplices del asesinato del cantautor Víctor Jara, acribillado con 44 tiros el 16 de septiembre de 1973.

El juez especial Miguel Vásquez, tras establecer los detalles del crimen, ha apuntado como ejecutores del homicidio a los tenientes Hugo Sánchez y Pedro Barrientos, este último residente en Estados Unidos.

El magistrado además ha identificado como cómplices a los ex oficiales Roberto Souper, Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Hasse y Luis Bethke, todos ya capturados.

El poder judicial informó en principio del procesamiento de siete personas, pero más tarde sumó otro nombre, por lo que finalmente los procesados son ocho.

Víctor Jara fue un intelectual comunista que apoyó el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), derrocado por el golpe militar del general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

El día de la asonada, Víctor Jara, autor de 'Te recuerdo Amanda' y 'El cigarrito', intentó resistir el avance militar junto a miles de estudiantes en la antigua Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile.

Los militares lo apresaron y sometieron a torturas continuas. Le rompieron las muñecas y golpearon el rostro con las culatas de sus armas hasta dejarlo deformado.
Último testimonio

"Canto, que mal me sales cuando tengo que cantar espanto", escribió Jara en esas horas en un papel arrugado que otros presos lograron sacar del Estadio Nacional, convertido en campo de torturas.

El líder estudiantil Osiel Núñez ha relatado que el artista tuvo conciencia de que sería ejecutado cuando fue separado del grupo de presos y obligado a ir al subterráneo del estadio que hoy lleva su nombre.

"En ese momento lo miré a la cara y ambos supimos que lo iban a matar", ha evocado Núñez. Durante el juicio, el conscripto Víctor Pontigo, ayudante de los oficiales acusados, también ha detallado ese momento.

"Yo llevé a Víctor Jara a declarar con los tenientes y después de unas tres horas escuché disparos, le pregunté al conscripto José Cáceres de dónde venían los disparos y me señaló que habían matado a Víctor Jara", ha relato Pontigo.

Jara, cuyos temas inmortalizaron Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa y Pablo Milanés, entre otros, fue asesinado junto al militante comunista Litre Quiroga, director de prisiones.

El cuerpo de Victor Jara fue arrojado a una fosa común del Cementerio General, donde fue reconocido por un funcionario, quien alertó a su viuda, para que pudiera enterrarlo en secreto.

En 2009, la Justicia ordenó la exhumación del cadáver y pudo rendírsele tributo en su entierro definitivo.

El homenaje mayor ese día lo recibió el artista cuando su féretro llegó a la Pérgola de las Flores, a un costado del río Mapocho, donde un millar de personas, tras horas de espera, lanzó claveles rojos a su paso, en un acto de honor sólo reservado a los grandes chilenos.

"Víctor, eres de los que nunca mueres", rezaba uno de los carteles presentes esa jornada en la que destacaban vestidos de naranja antiguos estudiantes de la Universidad Técnica del Estado que sobrevivieron a la dictadura.

FUENTE: EL MUNDO ESPAÑA
28-12-12

Argentina condena al primer alto funcionario civil de la dictadura
Jaime Smart fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y ordenó 57 detenciones ilegales y el asesinato del abogado Jorge Rubinstein

Alejandro Rebossio Buenos Aires 21 DIC 2012 - 02:19 CET16

En los últimos años, a partir de los Gobiernos de los Kirchner, en Argentina se ha comenzado a hablar más de dictadura cívico-militar y ya no solo militar para referirse al régimen de terror que asoló a este país sudamericano entre 1976 y 1983. Los civiles no encabezaban el poder, pero muchos colaboraron con él e incluso algunos tomaban decisiones desde cargos superiores. Pero hasta el pasado miércoles ningún alto funcionario civil de la dictadura había sido condenado en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en ese periodo. El primero en caer tras las rejas es Jaime Smart, de 76 años, que fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y que como tal, según la condena judicial, ordenó 57 detenciones ilegales y un asesinato, el de Jorge Rubinstein, abogado del grupo familiar Graiver, propietario de la fábrica Papel Prensa.

Además de Smart, el tribunal oral federal de La Plata sentenció a 22 exmiembros de las fuerzas de seguridad, entre exmilitares y expolicías, todos involucrados en el llamado Circuito Camps, que era la red de centros clandestinos de detención que dominaba el entonces jefe de la Policía bonaerense, el fallecido Ramón Camps. De los 23 condenados, 16, entre ellos Smart, recibieron penas de prisión perpetua. Los otros siete estarán entre dos y 25 años en la cárcel.

Otro civil también estaba imputado por el Circuito Camps, el exgobernador bonaerense Ibérico Saint Jean, pero murió durante el proceso judicial. En su alegato final, Smart negó su responsabilidad en los delitos de los que se le acusaba y afirmó que la Policía provincial, a cargo del temido Camps, no dependía de él. Sin embargo, el tribunal consideró que cumplía un rol importante en el sistema de represión y que comisarías policiales a su cargo funcionaban como centros clandestinos de detención. “Fue el sostén de la Policía a través del mantenimiento del personal y de la estructura edilicia”, dijo el fiscal del caso. Los jueces además pidieron que en otro proceso se lo investigue por 32 homicidios. El único asesinato por el que se lo condenó esta vez fue el del abogado de Graiver, que vendió en 1976 las acciones de Papel Prensa al Estado y a los periódicos Clarín y La Nación en una operación que también es investigada por supuestos delitos de terrorismo de Estado.

El presidente del tribunal, Carlos Rozanski, declaró este jueves a la prensa que algunos de sus colegas “no están convencidos” de juzgar la responsabilidad de funcionarios civiles en la dictadura “e incluso no están dispuesto a hacerlo”. Hasta ahora, unos 28 civiles han sido condenados por crímenes del régimen, entre ellos Smart, diez agentes civiles del servicio de inteligencia, el exjuez Víctor Brusa, cuatro médicos y una partera de las fuerzas de seguridad (algunos participaron del robo de bebés de desaparecidas nacidos en cautiverio), el chófer de un comisario policial, dos empresarios y un sacerdote, según la estadística del Centro de Estudios Legales y Sociales.

En el juicio del Circuito Camps se juzgaron delitos contra 280 personas, todas secuestradas y, en muchos casos, torturadas y asesinadas. Entre los casos analizados estuvieron los secuestros y las torturas contra el director del periódico La Opinión, Jacobo Timerman, padre del actual ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y contra la familia Graiver y la llamada Noche de los Lápices, la jornada en la que la Policía detuvo en La Plata en 1976 a diez estudiantes secundarios que protestaban para pedir una tarifa especial de bus. Cuatro de ellos después fueron liberados y seis siguen desaparecidos.

“Uno de los civiles que se desempeñó como máxima autoridad en la dictadura militar fue condenado a cadena perpetua porque está a la par de la responsabilidad de los jefes militares y es importante que se investigue y que tengan las mismas penas”, dijo el ministro Héctor Timerman. "Son juicios reparatorios que para mi caso, después de tantos años de lucha bregando por justicia, convierte al de ayer (por el miércoles) en un día histórico", dijo una detenida sobreviviente de la Noche de los Lápices, Emilce Moler.

A partir de lo investigado en el juicio, el tribunal además pidió la detención del exfiscal Alberto Rodríguez Varela. También solicitó que otros juzgados investiguen la colaboración de sacerdotes y otros funcionarios judiciales con los crímenes del Circuito Camps.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
20-12-12

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, pidió que se indague la supuesta demora del proceso contra el ex Colina por la tortura y muerte de la agente de inteligencia
Fiscalía investigará por qué no se acusó a Martin Rivas por caso Mariella Barreto
A Santiago Martin Rivas, ex integrante del grupo Colina, se le imputa el secuestro, tortura y asesinato de la ex agente de inteligencia Mariella Barreto. (Foto: Archivo El Comercio)

El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ordenó hoy que la Fiscalía Suprema de Control Interno investigue por qué hasta la fecha no se ha emitido el dictamen acusatorio contra Santiago Martin Rivas, ex integrante del grupo Colina, por el secuestro, tortura y asesinato de la ex agente de inteligencia Mariella Barreto.

Por medio de un comunicado, el titular del Ministerio Público consideró que si bien la decisión de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de liberar a Martin Rivas por exceso de carcelería no se cumplirá porque el ex Colina tiene condenas pendientes, puede “haber responsabilidad por el prolongado tiempo que lleva esta investigación”.

El lunes la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, alertó que el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martin Rivas y de José Concepción Alarcón Gonzales.

Esta medida no se pudo ejecutar, explicó, porque ambos tienen pendiente el caso Barrio Altos que la Corte Suprema todavía no define.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
19-12-12