Hace un par de días, mi suegro –que es veterinario- me hizo una consulta que no supe responder de inmediato. Me preguntó qué podía hacerse para denunciar a uno de sus asistentes que, molesto por haber sido despedido al ser descubierto golpeando a un perro, le había inyectado excremento a otro de sus clientes caninos, causándole un absceso grave que casi lo lleva a la muerte, siendo salvado con las justas gracias a una operación.

El caso me produjo una gran indignación, por la crueldad de lo ocurrido. Hace algunos años que no tengo perro, pero siempre me gustaron y me pareció que lo hecho por ese tipejo merecía que se le juzgara y se le diera la mayor sanción posible. Así que me puse a buscar cuál o cuáles eran las normas penales que podían regir estos casos de crueldad contra los animales. Y OH SORPRESA! De acuerdo al art. 450º-A del Código Penal, lo máximo que recibe como pena alguien que trata con crueldad a un animal son 60 días-multa, e incluso si llega a matarlo de manera cruel solo recibe un máximo de……..360 DIAS-MULTA.

En otras palabras: mientras todos saltamos indignados apenas nos enteramos que un indefenso niño o niña es asesinado, y exigimos a voz en cuello la pena de muerte para esos delincuentes, cualquiera puede matar a un indefenso animal –y de la manera más cruel que pueda imaginar- y solo deberá pagar una multa –que además será fijada de acuerdo a sus ingresos- para salir libre de polvo y paja. ¿Es eso justo en una sociedad donde se le trata de dar importancia a la vida en general, sin ser necesario que no sea una vida humana? ¿Porqué no estamos protegiendo debidamente a quienes protegen a nuestros hogares y nuestros hijos, a quienes conviven con nosotros?

Como estuve conversando recientemente con algunas personas, en la actualidad la cultura de cuidado a los animales caseros es mucho mayor que años atrás. Los centros veterinarios se están expandiendo en todo Lima y en las principales ciudades del país, y ya no son solo las personas adineradas las que acuden a curar a sus engreídos o a que les brinden una serie de servicios, sino también familias y personas de clase media e incluso de bajos ingresos, los que pueden gastar su escaso dinero con tal de que la mascota de la casa pueda ser curada o salvada. Son embargo, paralelamente algunos medios han mostrado también casos de extrema crueldad hacia algunos animales, involucrándolos en peleas salvajes, en espectáculos circenses deplorables o en el comercio ilegal de especies, sin que ello parezca haber removido la conciencia pública sobre la escasa protección legal que tienen los animales en nuestro país.

Frente a ello, la única norma que regula el tema es la Ley 27265, o Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio, promulgada poco antes de la caída del régimen de Fujimori. Seguramente esto condujo a que la norma no haya tenido el impacto social deseado, porque la verdad es una norma poco conocida. No se encuentra reglamentada y muchas de las propuestas incluidas en ella, como la prohibición de experimentos con animales vivos o las corridas de toros, o la creación de un Comité Nacional de Protección de Animales, son hoy letra muerta. Las pocas instituciones que vienen luchando contra el trato cruel a los animales –como ALCO PERU (ver aquí), ASPPA-PERU (ver aquí) o la AEDA (acá)- no parecen tener tampoco mayores fondos ni respaldo mediático, por lo que apenas funcionan por la buena voluntad de sus voluntarios.

Por otro lado, la comunidad jurídica no parece darle tampoco mayor importancia al tema. El único texto de doctrina encontrado es uno de Pierre Foy sobre el impacto de la ética científica sobre animales en los sistemas jurídicos (ver acá) donde apenas hace referencia a la legislación peruana. Dado que a los animales no se les reconoce personalidad jurídica, ni son mencionados o referidos en parte alguna de las cartas constitucionales, no parecen tener interés para los juristas y abogados. Los pocos que vienen tratando de generar un marco de reconocimiento de “derechos animales” lo hacen, además, a partir de fundamentos medio gaseosos como la protección del medio ambiente o el no abuso de los derechos humanos, sin colocar a los animales mismos como objeto de reflexión. Finalmente, la escasa jurisprudencia que se puede encontrar sobre el tema –fuera del país, además- es denominada “jurisprudencia menor” y lamentablemente suele recoger fallos que se enredan en tecnicismos antes que buscar una efectiva protección de los animales.

En este marco, es claro que nos encontramos ante un tema que debe merecer una mayor atención no solo por parte del derecho, sino también de otras disciplinas. Bien decía Gandhi que una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales, y en esto nuestra civilización parece tener un déficit descomunal. Que unos seres que viven con nosotros, que comparten nuestro hogar, nuestra comida y nuestro cariño, no tengan la más mínima protección legal, da mucho que decir para quienes se consideran los “dueños de la creación”. En tal sentido, el largo debate que parece existir sobre cómo otorgar derechos a los animales me parece absurdo e infeliz: ¿no basta acaso saber que son seres vivos para darles protección? ¿no merecen además una protección especial por compartir el entorno humano, o por ver afectada su forma de vida por nuestra presencia? Es claro que hacer daño a un animal no puede ser valorado de igual manera al daño que se puede hacer a un ser humano, pero degradarlo al punto de ser apenas resarcible con algo de dinero, o solo prohibiendo que el agresor tenga otro animal, muestra que nuestra escala de valores con respecto a la vida se encuentra deformada. Ya es hora de acabar con ello.

Hace un par de años, almorzando en mi casa y haciendo zapping, encontré de casualidad el concierto de una cantante desconocida en Londres que me cautivó (literalmente) con su voz, al punto de dejar la mesa y sentarme a escucharla en la sala. Su voz y su estilo fue para mí todo un descubrimiento, cantándole a ese lado negro de mi vida que había abandonado desde hace mucho, como invitándome a hundirme nuevamente en el lado vicioso de la existencia (cosa que no hice, claro).

Desde ese día me convertí en uno más de los fanáticos de Amy, esperando en algún momento que pudiera venir al Perú, prometiéndome que esta vez si iría a ver a alguno de mis cantantes favoritos. Hoy ese sueño ha quedado roto, como seguramente el de miles de sus seguidores atrapados en su voz ronca, dura y melodiosa. A la mierda todos aquellos que no la dejaron salir de su vicio, que la fueron matando poco o poco, que fueron apagando su voz excepcional. Porque si bien es claro que Amy se alimentaba de todo eso para sus canciones, sabía cómo convertirlo en poesía pura, maldita, genial. Ojalá hoy esté en un mejor lugar, donde la quieran de verdad.

Humala acaba de ser elegido y ya comenzaron las presiones para que defina a su gabinete. La puntería está puesta sobre todo en las que se consideran las dos carteras clave: Economía y PCM. Sin embargo, creo que existe un cargo tan trascendental como los anteriores, debido a que su manejo debería definir en realidad el perfil del nuevo gobierno, como es el Ministerio del Medio Ambiente.

Hasta ahora, el papel jugado por este ministerio ha sido el que le marcó el gobierno aprista desde su creación: el de ser una cartera de maquillaje, dirigida a encubrir/disfrazar el neoliberalismo casi salvaje que fue aplicado por el gobierno actual. Y si bien el ministro Brack Egg trató en muchos momentos de desmarcarse de este perfil –logrando algunos puntos a su favor- lo cierto es que solo pudo hacerlo de manera limitada, sin llegar a cumplir lo que debió haber sido el objetivo central de esta cartera: la definición de una política ambiental integral que sirva de base, a su vez, a una política de desarrollo sostenible.

Hoy, la carencia de esta política en el Estado se expresa en muchos de los problemas que aquejan al país: la apertura excesiva de concesiones mineras, la carencia de un esquema de uso del territorio, la falta de criterios para la inversión del canon, la falta de mecanismos de protección de recursos naturales o de desarrollo para las comunidades. Todo ello ha llevado a un crecimiento y expansión innecesario de conflictos sociales, la mayor parte de los cuales tienen un componente “ambiental” o “socioambiental” que pudo haber sido advertido previamente desde el Estado, en vez de jugar al “apagafuegos” que solo resuelve el problema visible sin resolver las cuestiones de fondo.

Son estos conflictos, entonces, que hoy son percibidos en su mayor parte como inmanejables –como es el caso de Puno- los que en realidad generan mayor inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en el país, antes que el manejo del entorno macroeconómico donde ya existen criterios claros y de consenso, lo que le da una sostenibilidad que hace difícil plantear modificaciones en el mismo. Por tanto, el desafío que tiene el nuevo gobierno –a nuestro entender- no es qué hacer con la macroeconomía, sino como enganchar la política macroeconómica dentro de una política de desarrollo sostenible que tenga, como ésta, su fundamento en el consenso social y en criterios técnicos claros.

Como es claro, esta no es una tarea sencilla pero se hace cada vez más necesaria, debiendo servir de marco para el debate de muchos temas que hoy se encuentran en agenda de manera aislada, como la aprobación de una ley de consulta previa o la creación de nuevos impuestos a las sobreganancias mineras . En realidad, todos estos temas deberían ser vistos desde una óptica más integral, analizando con mayor claridad cuál es el aporte real que cada uno de estos mecanismos puede tener para un desarrollo sostenible que debe, además, favorecer a todos o la mayor parte de sectores de país, sin que se excluya a nadie de este derecho.

Lamentablemente, el Congreso aprobó el pasado jueves 14 –sin mayor debate público y con un alto número de abstenciones- el proyecto de ley que otorga a la ONPE facultades reglamentarias para que ésta implemente, de manera gradual y progresiva, un sistema de votación electrónica que reemplace el actual sistema manual.

Es claro que en todo este proceso ha debido jugar fuerte la maquinaria lobbysta de la ONPE, aprovechando el contexto artificialmente fabricado por esta misma entidad para que se apruebe esta norma, tal como lo señalamos en nuestro post anterior. Y es lamentable que ello ocurra a pesar de la oposición mostrada hacia este sistema por parte de algunos sectores políticos y sociales, a pesar de que lo más recomendable hubiera sido buscar un consenso que le diera a este sistema la legitimidad necesaria que va a requerir para su implementación y uso por parte de los ciudadanos.

En este marco, seguir discutiendo por ahora si el voto electrónico es conveniente o no parece demás; pero si debe quedar claro que su implementación no va a significar necesariamente un avance de la democracia, una modernización del sistema electoral y muchas otras frases que han lanzado en estos días los pseudos-defensores de este voto, encandilados porque a partir de ahora van a poder votar desde sus casas sin mover más que un dedo. ¿Es esto fortalecer nuestra democracia, o no estamos más bien avanzando en diluir la responsabilidad y la participación democrática?

Insisto por ello que es lamentable que los congresistas no hayan tenido un mayor nivel de responsabilidad sobre las consecuencias de este tema en nuestro sistema político, dejándose llevar fácilmente hacia donde los dirigió la ONPE todo este tiempo. Hay aquí una responsabilidad política sobre la que en algún momento tendrán que responder. Sin embargo, consideramos también que no todo está perdido, dado que, a pesar de que la aprobación se saltó olímpicamente las observaciones que presentara el Ejecutivo en octubre del 2009, durante el primer intento de aprobación de esta norma, estas observaciones no dejan de tener vigencia en cuanto a la inconstitucionalidad en que recae este proyecto, tanto por otorgar facultades constitucionales que son propias del Ejecutivo, como por ir contra otras normas constitucionales que regulan el sistema electoral, específicamente el art. 185º que dispone que el escrutinio de los votos en toda clase de elecciones debe realizarse en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio.

Por otro lado, no entendemos cómo la ONPE, a través de un reglamento, va a poder dejar de lado leyes orgánicas como la Ley Orgánica de Elecciones (Ley No. 26859) y otras leyes electorales basadas clara y expresamente en el sistema manual de votación, normas que en todo caso tendrían que ser derogadas o modificadas de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello.

Por tanto, el tema no está acabado con esta aprobación y existe aún la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad que permita dejar de lado esta norma, para pasar a una ley basada en un mayor consenso y debate público, donde se midan claramente los alcances, virtudes y deficiencias posibles de este sistema en lugar de adoptarla por una cuestión de miedo e incertidumbre momentánea. Porque cuando despertemos y veamos en qué nos estamos metiendo y qué resultados reales vamos a lograr con este sistema, tal vez sea ya muy tarde para recuperar nuestra aún frágil democracia.

A inicios del 2009 tuve un fugaz pero interesante paso como asesor de la Presidencia del JNE, a poco de ser nombrado en este cargo el Dr. Hugo Sivina. Uno de los primeros encargos que tuve fue revisar el reglamento para la implementación del voto electrónico elaborado por la ONPE, cuya aprobación era desde entonces insistentemente solicitada por la Dra. Magdalena Chú.

A este nivel pude enterarme que el interés de la ONPE por introducir el voto electrónico iba más allá de mejorar el proceso electoral; en realidad, había también fuertes intereses en juego de parte de aquellas empresas que se iban a encargar de suministrar los equipos y el software para este sistema de votación, que como es evidente no es nada barato. Esto llevó a algunos intentos por convencer al entorno de Sivina de las bondades de su propuesta, pero la mayor parte de los que estábamos en ese equipo teníamos claro que la introducción de un sistema de voto electrónico tenía una serie de desventajas frente al actual sistema manual de votación.

Entre estas desventajas -que considero se mantienen hasta hoy- se encuentran no solo su alto costo o la falta de condiciones físicas adecuadas a este sistema en parte del país –considerando que en muchas zonas debía adquirirse y trasladarse un grupo electrógeno especial para que funcione la máquina de votación-, sino y sobre todo las dificultades que implica pasar de un sistema que goza de la confianza de la población y sobre el cual los electores ya tienen una experiencia cultural acumulada -de manera tal que es difícil, en la actualidad, cometer alguna forma de fraude que no pueda ser detectado- a un sistema desconocido, poco transparente y que en otros países –como Venezuela- ya había permitido cierto grado de manipulación de votos.

En verdad, lo que más pesaba para mí era no encontrar una ventaja clara del sistema electrónico sobre el sistema manual; más bien, muchas de las ventajas que se señalaban respecto del primero eran justamente su similitud con el segundo: que igual se le daba al votante un certificado de voto, que igual se emitía un acta que era certificada por los miembros de mesa, etc. Incluso problemas que se resaltan hoy del sistema manual –como la inexperiencia de los miembros de mesa- también se mantendrían con el sistema electrónico. En otras palabras, salvo la diferencia entre apretar un botón y marcar una X en un papel, no veía que el sistema ni el procedimiento de voto electrónico propuesto por la ONPE significara mayores cambios, por lo que a mi entender era claro que se quería imponer un nuevo sistema por el solo motivo de satisfacer intereses comerciales, sin lograr ningún beneficio o mejora evidente de nuestro sistema electoral.

En este punto, y luego de revisar la experiencia internacional al respecto –sobre todo la de Brasil- el único escenario en el que veíamos posible apoyar la introducción del sistema electrónico era que se produjera una crisis de confianza del actual procedimiento electoral; esto es, que se dieran algunas condiciones que mostraran que el sistema manual era inefectivo para asegurar el respeto del voto y de la voluntad popular en general, siendo necesario por ello optar por otro sistema que diera las garantías del caso. Cabe apuntar que, en ese entonces, ese tipo de escenario nos parecía muy lejano, dado que el sistema manual no solo era conocido y manejado por el grueso de electores, sino que también gozaba de la confianza y legitimidad suficientes en la sociedad peruana, gracias al adecuado manejo que se tuvo de los procesos electorales del 2001 y 2006 por parte de la propia ONPE.

Toda esta remembranza se hace necesaria, creo, para comprender mejor el punto de vista que quiero sustentar aquí; esto es, que la ONPE está creando artificialmente una situación de crisis de confianza en el actual sistema manual de votación con el objetivo principal de poder imponer de una vez por todas su sistema electrónico de votación. ¿Es esta una hipótesis jalada de los pelos? Veamos:

1. En primer lugar, se sabe ahora que la demora en el conteo de votos –y por tanto, en la determinación de quién ganó las elecciones en Lima Metropolitana- es responsabilidad principal de la ONPE, no solo por su lentitud en dicho conteo, sino porque la mayor parte de actas observadas no proviene de impugnaciones en mesa sino de observaciones hechas por la misma ONPE.

2. En segundo lugar, hoy la Dirección de Gobernabilidad del JNE ha señalado enfáticamente que los cambios en los reglamentos que dieron lugar a estas observaciones fueron solicitadas por la propia ONPE, mediante oficio que remitió al JNE el 13 de septiembre del 2010, supuestamente para facilitar la labor de las Oficinas Descentralizadas (ODPE), negando además que estas modificaciones se hayan hecho a espaldas de los otros organismos del sistema electoral.

3. En tercer lugar, apenas se empezaron a hacer públicas las críticas a la ONPE, la Dra. Magdalena Chú ha salido a la palestra no para responder a los cuestionamientos planteados, sino simple y llanamente para decir que lo mejor que puede hacer el país es pasar del sistema manual al sistema electrónico, solicitando al Congreso que lo ponga en agenda. Ello no solo ha permitido desviar la mirada de la responsabilidad institucional que tiene la ONPE en todo esto, sino que le ha dado la oportunidad a la Dra. Chú para lograr respaldo hacia esta propuesta por parte de diversos sectores, algo que ya había perdido en los últimos meses. Los que defienden esta propuesta parecen olvidar, sin embargo, que este sistema electrónico sería administrado por la misma ONPE, por lo que además de no cuestionarla le estaríamos dando un regalo que está esperando desde hace mucho tiempo.

Esta idea no implica, en todo caso, que detrás de estas demoras y de las diferencias numéricas respecto de las actas observadas no puedan existir también intereses de manipulación de votos a favor de alguna candidata, lo que deberá ser debidamente evaluado; sin embargo, creo que al lado de ello hay también intereses particulares que viene imponiendo la ONPE y que tratan de pasar de refilón en medio de la disputa electoral. Porque si lo vemos con detenimiento, achacarle al sistema manual de votación la culpa de lo que viene ocurriendo (como si éste pudiera organizarse y gestionarse por sí solo) es una barrabasada que no tiene ni pies ni cabeza. La responsabilidad sobre las deficiencias del sistema recaen y deben recaer sobre los organismos encargados de gestionarlo, como la ONPE. Por tanto, ésta no puede aprovechar esta coyuntura creada por su propia irresponsabilidad e ineficiencia para además tratar de obtener una ventaja particular que solo favorece a este organismo.

Por el contrario, una respuesta responsable pasa, más bien, por analizar en detalle el actual proceso electoral e identificar sus nudos problemáticos para hacer más ágil, transparente y eficiente el sistema manual, superando aquellas taras burocráticas que aún mantiene y que pueden ser fácilmente eliminadas –como la multiplicidad de firmas que debe tener cada acta-, antes que optar por un sistema que no implica una mejora cualitativa en la manera en que votamos los peruanos en la actualidad. A mi entender, ello requiere entre otras cosas lograr que este proceso sea aún más participativo, permitiendo –por ejemplo- que el conteo de los votos pueda hacerse de manera más pública (incluso aprovechando la tecnología a través de cámaras de video), a fin de evitar cualquier suspicacia de arreglo entre los miembros de mesa y los personeros. Lo que no debe permitirse, en todo caso, es crear una falsa desconfianza hacia este sistema, porque ello genera un daño en el sistema político que puede traer graves consecuencias, como ya viene ocurriendo en algunas zonas del país.

Muchos que lean el titulo de este post seguramente asumirán que lo común que existe entre Lori Berenson y Alberto Pizango es que ambos son terroristas, que constituyen un peligro para el país, que qué hacen aquí en el Perú y todos los otros argumentos que desde hace unos días vienen propalando diversos medios de comunicación, haciéndole el juego a algunos sectores políticos interesados en remover el miedo entre la gente para así ganar mayores adherencias a sus postulaciones. Sin embargo, si bien ambos comparten el ataque de los medios y de estos sectores, no es eso a lo que haremos referencia.

Otros, mejor pensados, asumirán en todo caso que lo que comparten Berenson y Pizango es el apoyo internacional de que ambos gozan, lo que de alguna manera está deteniendo al gobierno para adoptar posiciones más drásticas hacia estos personajes. Porque por más que el APRA le esté echando los perros a Toledo por facilitar beneficios penitenciarios a los terroristas, o a la jueza León por computar mal los términos para darle el beneficio de la excarcelación a Berenson, lo cierto es que hasta ahora ha preferido respetar la legalidad de este fallo, lo que en algún momento puede ser utilizado por la oposición para meter al gobierno en el mismo saco de favorecer al terrorismo. Sin embargo, tampoco es por este lado por el cual queremos expresar nuestra opinión sobre ambos casos.

En realidad, algo que comparten ambos personajes y sobre lo cual no he escuchado mayores comentarios, es el hecho de que ambos expresan la falta de un proceso real de reconciliación en el país. Y es que parecemos un país al que le gusta arrastrar sus rencores y sus penas, mantener sus enfrentamientos y sus conflictos, los que solamente son resueltos en la superficie pero nunca de manera profunda, de manera tal que nuestras distancias, quiebres y rupturas sociales y culturales siguen y seguirán siempre abiertas, porque lo cierto es que ningún sector parece tener mayor interés en reconciliarse con los demás.

Esta situación, sin embargo, no puede ser achacada solamente al gobierno o a la clase política. Por ejemplo, ni Lori Berenson ni los dirigentes del MRTA –salvo que la memoria me falle- han pedido alguna vez perdón al país por sus crímenes, ni han planteado participar en la vida política respetando los marcos de convivencia democrática y del Estado de derecho, tal como han hecho antiguos grupos subversivos en otros países. Y los resultados de ello saltan a la vista: mientras aquí existe temor solamente de que la Berenson salga de la cárcel y se vaya a vivir a Miraflores –a pesar de sus declaradas intenciones de dedicarse a la panadería y a su familia-, en Uruguay se acaba de elegir a José Mujica –uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros- a la Presidencia de la República, algo así como si aquí en el Perú eligiéramos a Víctor Polay al mismo cargo.

Por parte de Pizango, ni éste ni AIDESEP han pedido tampoco perdón por lo ocurrido en Bagua, esperando de un lado los resultados de las comisiones investigadoras y de otro lado manteniendo una actitud de víctimas, como si no hubiera estado en sus manos evitar gran parte de la violencia y de las muertes que se produjeron en esos días. Por ejemplo, ninguna organización ni líder indígena ha dado una respuesta clara acerca de la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán, a pesar de los múltiples pedidos al respecto. De esta manera, se dejan vacíos que hacen dudar de la verdadera actitud del sector indígena, el que solo se limita a solicitar el perdón para Pizango pero sin permitir que se conozca toda la verdad acerca de lo ocurrido.

No quiero, sin embargo, que lo que escribo suene a echar la culpa a estas personas y su entorno. Ellos deben tener sus motivos para las posiciones que asumen. Lo que me interesa resaltar es, más bien, que la posibilidad de iniciar un proceso verdadero y profundo de reconciliación no puede darse mientras todos los sectores involucrados crean que es mejor seguir en conflicto, echarle la culpa al otro que asumir su propia responsabilidad, y evitar la verdad –en tanto me perjudica- que echar luces sobre todo lo ocurrido en estos años en el país. Y en este punto, la responsabilidad del gobierno –en realidad, de todos los gobiernos que se han sucedido desde el final de la violencia política- es clamorosa. Por ejemplo, ningún gobierno hasta el momento ha hecho defensa alguna de los resultados de la CVR, y solo a regañadientes ha asumido algunas de sus recomendaciones. Asimismo, el manejo de los diversos conflictos sociales que se han sucedido en el país se ha enfocado en llegar a acuerdos que muchas veces no tienen mayor sustento, y a establecer Mesas de Diálogo que no tienen una orientación clara sobre qué dialogar o si los resultados de sus diálogos los llevaran a alguna parte.

Siendo así, creo que si hacia algo debemos apuntar en un futuro cercano, si queremos mantener nuestra convivencia como país, es el iniciar un proceso de reconciliación nacional que nos permita ir curando nuestras heridas y cerrando las innumerables brechas que aún afectan a nuestro cuerpo social. De nada nos sirve la convivencia fracturada en la que nos encontramos hoy día, en la cual los miedos colectivos pueden ser movilizados en cualquier momento y que suelen culminar en actos de violencia de los cuales luego nos lamentamos, o que volvemos a utilizar para azuzar nuevos enfrentamientos en un círculo perverso sin fin.

El camino para esta reconciliación, sin embargo, no es nada fácil ni menos algo que se pueda alcanzar en el corto plazo. Las estrategias para ello además pueden ser muchas: puede iniciarse, por ejemplo, procesos locales de reconciliación para luego llegar al nivel nacional, o también utilizar la ruta contraria. El tema de la reconciliación debe además dejar de ser la bandera de un solo grupo o sector –como el de las ONGs- para convertirse en un tema de agenda impostergable para todos los sectores, llámense partidos políticos, fuerzas armadas, organizaciones indígenas, gobiernos regionales y locales, etc. Pero sobre todo debe haber una verdadera voluntad de escucharse entre sí, de aceptar que la versión y los motivos del otro pueden (y van a ser) distintos de la versión y los motivos que uno puede manejar, y brindar siquiera algo de confianza que los compromisos que se asumen van a ser cumplidos.

Otro punto clave es tener en claro que es lo que queremos con esta reconciliación, porque muchos asumen que una reconciliación es lo mismo que impunidad, sea para uno o para otro sector o para todos. Por el contrario, otros asumen que la reconciliación llegará solamente cuando todos los responsables de algún acto sean debida y severamente castigados. Algunos asumen que ella requiere llegar a la verdad exacta y pura, como si eso existiera en el mundo humano, en fin….Por mi parte, creo que la reconciliación debe apuntar a plantear una convivencia entre todos que asegure un nivel mínimo de confianza y seguridad, de manera tal que podamos plantearnos en algún momento objetivos comunes de largo plazo, tal como suele hacerse –por ejemplo- en una familia que ha atravesado problemas internos. La dificultad de que ello ocurra incluso en una familia muestra la dimensión de la tarea que implica hacer lo mismo en un país. Hay mucho, en todo caso, para discutir sobre esto. La cuestión hoy es, como diría Arquímedes, donde encontrar ese punto a partir del cual mover nuestro mundo.

……

Para quienes quieran leer algo sobre procesos de reconciliación, recomiendo los siguientes textos:

- Carlos Martín Beristain, Reconciliación luego de conflictos violentos (aquí)


- IDRC, Construyendo la democracia en sociedades postconflicto (ver aquí)

- Juan Pablo Lederach, Construyendo la Paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas (aquí)

- Kimberly Theidon, El conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú (no esta disponible en Internet, pero para mayores datos ver aqui).

En el Facebook, hace unos dias difundi una nota hecha por el profesor Roberto Gargarella en su blog (www.seminariogargarella.blogspot.com) acerca de una sentencia expedida recientemente por la Corte Suprema de los Estados Unidos -el caso "Citizens United"-, donde de manera bastante cuestionable se rompen las limitaciones que hasta entonces han tenido las corporaciones para aportar al financiamiento de las campañas electorales, permitiendo de esta manera un manejo (casi) directo del poder corporativo sobre las elecciones norteamericanas.

Como es evidente, hasta el momento este fallo ha ido generando diversos comentarios y posiciones, entre ellas las de pensadores tan importantes como Ronald Dworkin -que, como comenta Gargarella- no suele referirse a los fallos particulares de la justicia norteamericana- y Noam Chomsky. El artículo de Dworkin, en inglés, puede encontrarse aquí.

Por su parte, el articulo del profesor Chomsky, que reproduzco por brindar una vision mas amplia del tema y de sus repercusiones políticas,puede ser ubicado aquí:

Creo que la difusion de este debate es importante, no solo por lo que implica en terminos de la estructura democratica de los Estados Unidos sino también porque mantiene abierto un aspecto que sigue siendo objeto de discusión en nuestro país, como es el de la dimension politica de las decisiones judiciales. Aunque cuestionable, lo cierto es que a la Corte Suprema de los Estados Unidos no le tiembla la mano si debe tomar una decisión contraria a la línea política del Ejecutivo o el Legislativo, algo que lamentablemente no encontramos aquí, para bien o para mal.

Otro Golpe al Corazón del Proyecto Democrático: Dinero y Campañas en Estados Unidos

Juan González Bertomeu

La Corte Suprema de los Estados Unidos, con su decisión de invalidar una ley federal que ponía límites a los gastos electorales de las empresas, acaba de debilitar la ya vapuleada democracia norteamericana. La sentencia, pronunciada por la mayoría conservadora de la Corte, se alinea con otras de los últimos años que también refuerzan el poder de las corporaciones.

La actividad política cuesta dinero. Los candidatos deben asegurarse que sus proyectos lleguen a los votantes; para eso deben utilizar los modos que estimen más efectivos. Un siglo atrás, las ideas políticas se daban a conocer –casi exclusivamente- mediante panfletos de baja circulación y en mítines públicos. Los candidatos viajaban y exponían sus puntos de vista en pueblos y ciudades correspondientes a sus distritos electorales. La aparición de la radio –primero– y la televisión –luego– alteró dramáticamente esta situación. La gente, así, se acostumbró a escuchar ideas por estos medios, movilizándose menos que antes, especialmente ayudada por sistemas políticos que no incentivan la participación popular activa.

Un minuto en televisión resulta muy costoso, y por eso los candidatos necesitan reunir ingentes sumas de dinero. La irrupción de internet y otras manifestaciones de la revolución cambió en parte esta realidad, bajando los costos de la comunicación y haciéndola más fluida. La campaña presidencial de Barack Obama, basada en un uso óptimo de la tecnología disponible, es el ejemplo más claro de este punto. Con todo, su impacto sigue siendo limitado, en parte porque mucha gente carece de acceso a internet u otros medios digitales, y porque la popularidad de la televisión sigue y seguirá siendo enorme.

En las sociedades democráticas actuales, entonces, el dinero ejerce una significativa influencia sobre la política en general, y sobre el acceso a los cargos en particular. Un aspecto particular acerca de la relación entre el dinero y la política gira en torno a la oportunidad efectiva que cada ciudadano tiene de influir (de hacerse oír) en la toma de decisiones. El principio democrático según el cual cada persona vale un voto (no más y no menos que eso) resulta burlado cuando grandes disparidades económicas hacen, por un lado, que ciertos individuos tengan un acceso asegurado a la arena política (mediante contribuciones a los fondos de campaña o, incluso, auto-financiando una postulación), mientras que aquellos con menores recursos ven significativamente disminuidas sus posibilidades de lograrlo.

En pocos lugares se ha debatido tanto sobre el tema del financiamiento de las campañas políticas como en los Estados Unidos. Esta semana, en el caso Citizens United, la Corte Suprema resolvió la cuestión del peor modo posible, permitiendo a las corporaciones gastar de manera ilimitada a la hora de promover a un candidato. Al hacerlo, el alto tribunal invalidó buena parte de la ley federal sobre financiamiento político McCain-Feingold (aprobada en 2002, y así llamada por el nombre de los legisladores que la habían promovido, el primero de los cuales quien sería rival político de Obama). La sentencia mostró la división aguda existente puertas adentro de la Corte, entre los cinco jueces conservadores que firmaron el voto de mayoría (redactado por Kennedy, y secundado por Scalia, Roberts, Alito y Thomas) y los cuatro disidentes, progresistas moderados (Stevens escribió el agrio voto minoritario, acompañado por Breyer, Ginsburg y Sotomayor).

La decisión sobre la validez de la ley fue gratuita, pues el caso no exigía una opinión sobre ella. Su argumento principal fue que los límites a los gastos de las corporaciones o de los sindicatos promocionando a un candidato violan su derecho a la libertad de expresión (en cambio, los límites a las contribuciones directas a una campaña son válidos). Algo similar, aunque más tímidamente, había insinuado la propia Corte en 1976, en el famoso caso Buckley v. Valeo [424 U.S. 1 (1976)]. En el caso Buckley se discutía la validez de una ley de 1974, aprobada con el objeto de disminuir el peligro de corrupción en el sistema político, pero también de mejorar las condiciones de igualdad en el acceso al poder, para que la mayor riqueza de los candidatos o su mayor capacidad para recaudar fondos no constituyeran circunstancias excluyentes y definitorias en una campaña. Entre otros puntos, la ley establecía –de manera similar a la ley McCain-Feingold– un límite a las contribuciones políticas a favor de candidatos para cargos a nivel federal, y fijaba un límite a los gastos por parte de individuos o grupos “relacionados con un candidato claramente identificable”.

En su decisión en el caso Buckley, la Corte equiparó las contribuciones a favor de los candidatos con el propio discurso político (protegido por la Primera Enmienda), de especial importancia en un sistema democrático. Al reducir la cantidad del discurso, los límites en los gastos y contribuciones sólo podían resultar válidos si podían superar un escrutinio especialmente estricto: si se demostraba que la restricción al discurso era absolutamente necesaria debido al especial peso de las razones para adoptarla. El alto tribunal convalidó las restricciones de las contribuciones, afirmando que las limitaciones sobre los montos que alguien puede donar a un candidato o comité importan sólo una restricción marginal sobre la capacidad del individuo en cuestión de involucrarse en un libre juego discursivo. Pero invalidó casi totalmente las limitaciones a los gastos de campaña, rechazando como fin legítimo de la ley el de tender a “igualar la capacidad relativa de los individuos y grupos de influir en el resultado de las elecciones”. En su frase más controvertida, la Corte sostuvo que “el concepto de que el gobierno puede restringir el discurso de algunos miembros de la sociedad con el fin de ampliar la voz relativa de otros es completamente ajena a la Primera Enmienda, la cual fue designada para ‘asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas.’”

Uno de los más criticables de Buckley es que reconoció por primera vez que las corporaciones –y no sólo los individuos— gozan del derecho a la libertad de expresión. Este criterio es el que reforzó ahora la Corte en el caso Citizens United, dejando a un lado varias decisiones adoptadas luego de Buckley, en las que había convalidado límites semejantes (especialmente los casos Austin y McConnell). La Corte afirmó que los topes a los gastos corporativos (o de los sindicatos, que evidentemente cuentan con menor capacidad económica que las grandes empresas) durante las campañas son inválidos, hiriendo con ello de muerte los inusuales intentos por parte del Congreso de poner un coto al poder que las empresas ejercen sobre la política.

Las contribuciones de dinero, en efecto, podrían constituir una forma de expresión pública de las preferencias de los ciudadanos, o un modo de comunicar ideas, y gozar por ello de alguna protección. Esto se vio tal vez del modo más claro en 2008, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos, cuando una enorme cantidad de norteamericanos manifestó su entusiasmo con Barack Obama donando dinero a su campaña, en general muy pequeñas sumas. Sin embargo, la noción de que aquellos mejor posicionados económicamente puedan tener una voz casi infinitamente mayor que el resto resulta antidemocrática. Como dijo el juez White en su disidencia en Buckley, “los gastos en este caso producen un discurso (protegido por) la Primera Enmienda... Pero éste es precisamente el punto: ellos producen tal discurso, no constituyen discurso por sí mismos.”

Al invalidar ahora los límites a las campañas, la Corte insinuó (al igual que en Buckley) que la garantía de la libertad de expresión fue establecida para asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas. Pero esta afirmación es doblemente tramposa en estos casos. La posibilidad de oír voces diversas y antagónicas se encuentra fuertemente condicionada por motivos económicos. Aquellos que menos tienen enfrentan dificultades casi insuperables para comunicar sus ideas. La libertad de expresión no sólo se ve amenazada por parte del Estado sino también por la situación de poderío económico de la que gozan ciertos individuos y grupos sobre el resto de la sociedad. Paradójicamente, es la propia Corte la que impide el cambio de esta situación.

Por otra parte, reconocer que las empresas tienen derechos constitucionales o humanos (derechos que en ciertos casos son tan fuertes como los de las personas físicas) es ignorar una realidad obvia: las empresas, a diferencia de los seres humanos, son una mera creación del Estado, y logran constituirse, crecer y construir su poder gracias a las facilidades que el propio sistema legal les brinda. Hacerlas gozar de derechos es, entonces, beneficiarlas artificialmente, por partida doble. Las corporaciones, ahora, tienen derecho a gastar enormes sumas de dinero para beneficiar a un candidato; mejor dicho, para beneficiarse a sí mismas al apoyar a un candidato en condiciones de llevar adelante sus propias propuestas. Como sostuvo la minoría en su disidencia, “[l]a diferencia entre vender un voto y vender acceso es una cuestión de grados…, y la venta de acceso por parte de un candidato no es algo cualitativamente diferente a que éste brinde una preferencia especial a quienes gasten dinero en su nombre.”

Con su decisión, la Corte norteamericana asestó un fuerte golpe al proyecto democrático. Lo hizo en un momento en que, además de padecer otros problemas graves, el sistema político norteamericano está asediado por el poder de las corporaciones. La sentencia refuerza esta dominación, subordinando potencialmente las plataformas políticas de un partido o de un candidato a sus designios, y contradiciendo el ideal democrático de la igualdad entre los ciudadanos. Convierte a la política en una réplica burda del ya disfuncional mercado económico, en el que el valor de una obra o idea se mide por el precio que otros quieren cobrar o pagar por ella, aunque sólo unos pocos pueden realmente cobrar o pagar lo que consideran que esa obra o idea genuinamente vale. Citizens United desata completamente la arena política a las fuerzas del mercado económico. Que, como sabemos, es cualquier cosa menos igualitario.

Las empresas toman la democracia de los EEUU

Noam Chomsky

El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".

A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".

En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Rivales del Gobierno

Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

La salud pública

Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.

Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.

Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.
Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.

El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.