Estimado lectores, adjunto el Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 7 de agosto de 2012, para su concocimiento y difusión.
DECRETO SUPREMO Nº 138- 2012- EF QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
DECRETO SUPREMO Nº 138-2012-EF QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
agosto 08, 2012LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS ÚLTIMAS MODIFICATORIAS EN PDF
agosto 08, 2012
Estimados lectores, me he permitido obtener del Sistema Peruano de Información JurÍdica (SPIJ) la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, que incluye su última modificatoria, mediante Ley Nº 29873, a fin que puedan imprimirla. En cada articulado se incorporan y precisan -en letras rojas- las modificatorias por artículo, a fin de que las identifiquen de manera más rápida y ágil. Espero les sirva de ayuda.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017, INCLUYE SUS MODIFICATORIAS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017, INCLUYE SUS MODIFICATORIAS
MATRIZ COMPARATIVA DE LAS MODIFICATORIAS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
agosto 02, 2012Matriz Comparativa Ley de Contrataciones Del Estado
El cuadro adjuntado ha sido elaborado por el Licenciado Eloy Alberto Munive Pariona, el cual comparto con ustedes.
MODIFICATORIAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017
junio 07, 2012
De la lectura del Blog de Ricardo Gandolfo Cortés, titulado EDICIONES PROPUESTA, se oberva una sintetis de las modificatorias a la Ley de Contrataciones del Estado, efectuadas mediante Ley Nº 29873, publicada el 1 de junio de 2012. He transcrito en este blog las modificatorias, precisando lo referido a la modificación del artículo 32 (Declaratoria de desierto de los procesos de selección) y la causal de nulidad añadida en el articulo 56.
Efectivamente, esta primera reforma de la LCE, involucra a veintitrés artículos y la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1017.
Nota: Las modificaciones se resaltan con negritas.
Ámbito de aplicación de la LCE
I) Se modifica el artículo 3, numeral 3.1., literal j), precisándose que están comprendidos dentro de los alcances de la LCE, los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos públicos (se quita del Poder Ejecutivo), instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y operativas de los Poderes del Estado, así como los organismos a los que alude la Constitución y otros que sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional “siempre que cuenten con autonomía administrativa, económica y presupuestal.” (lo resaltado fue agregado en la modificatoria)
Ámbito de no aplicación de la LCE
En el numeral 3.3, relativo a los contratos a los que no se les aplica la LCE, se agrega un nuevo literal f) en el que se incorpora a “los contratos administrativos de servicios o régimen que haga sus veces.”
El literal g) es el antiguo literal f) pero recortado, limitándose ahora sólo a “los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones o tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado.”
El nuevo literal i) se refiere a contrataciones de montos iguales o inferiores a tres UIT, cuya exclusión “no enerva la responsabilidad de la Entidad de salvaguardar el uso de los recursos públicos de conformidad con los principios de moralidad y eficiencia.”
En el literal k), sobre los servicios de arbitraje y conciliación, se ha hecho la salvedad de que “las infracciones y sanciones previstas para los árbitros” sí están comprendidas en la LCE.
En el literal s), que aborda el tema de los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, se ha añadido que “en ningún caso se utilizarán para el encargo de la realización de procesos de selección” (sic).
El inciso u) se modifica para que excluya a las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, siempre que se “deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.”
Se añade finalmente un nuevo inciso, el v), muy similar, pero relativo a “las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por éstos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el Convenio suscrito para tal efecto”.
Mayor información en el RNP
En el artículo 9 se agrega, en el numeral 9.2, la obligación de publicar, con información de los socios, accionistas y administradores, la relación de sancionados del Registro Nacional de Proveedores en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
En el numeral 9.3 se incorpora la obligación de inscribir un capital social para determinar sobre esa base la capacidad máxima de contratación para todos los proveedores inscritos en como ejecutores de obras, tanto nacionales como extranjeros. Especial mención merece la obligación de aplicar el principio de reciprocidad, en cuya virtud “las empresas extranjeras recibirán el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones con el Estado.”
En el mismo artículo se ha agregado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre los organismos que deben proporcionar información al Registro Nacional de Proveedores.
Prácticas restrictivas y fraccionamiento
La nueva redacción del artículo 11, por otra parte, refiere que “se encuentra prohibida la concertación de precios, condiciones o ventajas, entre proveedores o entre proveedores y terceros, que pueda afectar la mayor concurrencia y/o competencia en los procesos de contratación. Esta afectación a la libre competencia también puede materializarse mediante acuerdos para no participar o no presentar propuestas en los procesos de contratación. El funcionario o servidor público que intervenga o favorezca estas prácticas será sancionado administrativa o penalmente de acuerdo a la normativa correspondiente.”
Respecto a la prohibición de fraccionamiento se introduce dentro del artículo 19 que también puede producirse para “evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado para dar lugar a contrataciones menores a tres (3) UIT, y/o de acuerdos comerciales.”
Sanciones penales por abuso en las exoneraciones
- Exoneración por causal de emergencia:
En materia de exoneración de procesos, se reformula el artículo 20, literal b), para que proceda “ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos o de acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores.”
Similar precisión se agrega para el caso de la situación de emergencia prevista en el artículo 23, al que además, dicho sea de paso, se le añade también un cuarto párrafo: “Los funcionarios públicos que, aprovechando estas facultades, dispusieran la adquisición de bienes, servicios y obras sin que se haya producido una real situación de emergencia y/o los adquieran más allá de lo estrictamente necesario, serán pasibles de las sanciones penales y administrativas que correspondan.”
- Exoneración por causal de desabastecimiento
En lo que respecta a la situación de desabastecimiento se estipula, en el artículo 22, que “tratándose de contrataciones bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, la exoneración sólo procede si la situación de desabastecimiento reúne las condiciones indicadas en el primer párrafo” que no se ha modificado y que se refiere a “aquella situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de un bien o servicio compromete en forma directa e inminente la continuidad de sus funciones, servicios, actividades u operaciones que la entidad tiene a su cargo.”
Para el caso del valor referencial se admite, al final de primer párrafo del artículo 27, que “en los procesos de selección sujetos a la modalidad de Convenio Marco, la determinación del valor referencial es facultativa.”
En el tercer párrafo se indica ahora que “tratándose de obras, el Valor Referencial no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de determinación del presupuesto consignado en el Expediente Técnico.”
Todas las observaciones al OSCE
En cuanto a las observaciones a las bases, se elimina, en el artículo 28, la restricción que sólo permitía elevar al OSCE las que correspondían a procesos que tenían un valor referencial sea igual o superior a 300 UIT. Ahora bastará que se cumplan los supuestos que establezca el Reglamento.
Procesos declarados desiertos:
En cuanto a los procesos declarados desiertos, en el artículo 32 de la LCE se añade un párrafo, en el cual se indica que “El proceso de adjudicación de menor cuantía derivado de un proceso de selección declarado desierto, debe contar con las mismas formalidades del procesos principal”.
Garantías:
En el artículo 39 se exige que las empresas que emitan las garantías no sólo se encuentren bajo la supervisión de la SBS sino también expresamente autorizadas a emitirlas.
En esta modificatoria hay que destacar que se suprime la obligación de presentar, por parte de los postores, la garantía de seriedad de oferta, por lo que en las propuestas económicas no sérá obligatoria adjuntar dicha garantía.
Más del 25% en supervisión de obras
Respecto a los servicios de supervisión, el artículo 41, numeral 41.3, refiere que “cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requerirá la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República, no siendo aplicable para este caso el límite” del veinticinco por ciento (25%) del monto, previsto en el numeral 4.1 para todos los casos de prestaciones adicionales de bienes y servicios.
Mayor sanción administrativa
En el artículo 51 se han reformulado algunas infracciones destacándose la sanción que se aplicará a quienes presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al OSCE que ahora será de inhabilitación temporal no menor de tres años ni mayor de cinco. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva “independientemente del período en el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas.”
Plazos perentorios
En materia de solución de controversias, en el numeral 52.2 del artículo 52, se han incorporado a la LCE los plazos parciales y perentorios para solicitar la conciliación o el arbitraje en los casos de nulidad, resolución y liquidación del contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones, metrados y pagos que en adelante serán de sólo quince días.
Dilatarán y encarecerán arbitrajes
En el numeral 52.3 se ha confirmado que en los procesos arbitrales prevalecen las normas de derecho público por sobre las de derecho privado y que el incumplimiento de este orden de preferencia es causal de anulación de laudo, medida innecesaria que dilatará y encarecerá los arbitrajes.
Se ha corregido, por lo demás, en el numeral 52.5 la posibilidad de acumular pretensiones que antes sólo se permitía en arbitrajes ad hoc. Ahora ello es posible en cualquier clase de arbitrajes, salvo pacto en contrario.
En el numeral 52.6, se señala que el laudo se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), hasta ahora reservado para procesos de selección, pero para que su notificación surta validez también deberá notificarse en forma personal.
También se ha establecido que el incumplimiento de las obligaciones de los árbitros configura infracción y se sanciona, según la gravedad de la falta, con suspensión temporal o inhabilitación permanente para ejercer el cargo con la consecuente suspensión o exclusión del Registro de Árbitros del OSCE. En el caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional, según el numeral 52.10, y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se entenderá que el arbitraje será administrado por el OSCE, reduciendo el espacio para los arbitrajes institucionales.
Todas las impugnaciones al Tribunal
En lo que respecta a los recursos impugnativos, en el artículo 53, se elimina la restricción que le impedía al Tribunal de Contrataciones del Estado resolver las apelaciones que correspondan a procesos con valores referenciales iguales o superiores a 600 UIT. Ahora conocerá todas las impugnaciones derivadas de adjudicaciones directas públicas, licitaciones y concursos así como de procesos de menor cuantía que se convoquen como consecuencia de procesos previos declarados desiertos. Sólo en los casos de menor cuantía y de adjudicaciones directas selectivas será competente el titular de la entidad.
En cuanto a la nulidad de los actos administrativos derivados de los procesos de contratación se añade una nueva causal en el literal e) del artículo 56, a efectos de que las mismas entidades puedan declararla cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de configurar alguna de las causas de exoneración.
Del mismo modo se precisa, respecto del literal d), que cuando concurra dicha causal asumirán responsabilidad los funcionarios y servidores de la entidad contratante, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.
Fortalecimiento del OSCE
Al OSCE se le extiende, en el artículo 58, la función de supervisar y fiscalizar, en forma selectiva y aleatoria, los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, “asumiendo el pago con fondos públicos, independientemente del régimen legal. Esta supervisión alcanza a as contrataciones previstas en los literales i), o), s) t) y v) del numeral 3.3 del artículo 3 de la presente Ley”.
Se incluye además, en el artículo 60, la posibilidad de que los miembros del Consejo Directivo del OSCE puedan ser reelegidos por un segundo período de otros tres años.
Se ha ratificado, en el artículo 62, que los miembros del Consejo Directivo y el presi dente del OSCE pueden ser removidos mediante resolución suprema pero se han incorporado tres causales: permanente incapacidad física o incapacidad moral sobreviniente, falta grave o pérdida de confianza.
Entre las funciones del Tribunal de Contrataciones del Estado se ha incorporado, en el artículo 63, literal b), la posibilidad de aplicar sanciones también a los árbitros.
En el artículo 64 se ha precisado que los vocales del Tribunal son elegidos por un período de tres años y se ha precisado, en el literal e), que no deben tener sentencia condenatoria por delito doloso.
En el artículo 68 acertadamente se ha dispuesto que las entidades están obligadas a utilizar el SEACE “independientemente del régimen legal de contratación pública o fuente de financiamiento […], conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento.” También están obligadas a registrar mensualmente en el SEACE sus contrataciones por montos de una (1) a tres (3) UIT.
En el artículo 70 se dispone que todos los actos realizados a través del SEACE se entienden notificados el mismo día de su publicación, salvo lo dispuesto para la notificación del laudo arbitral.
Disposiciones complementarias finales
Por último, en la primera, segunda y tercera disposición complementaria, se señala que el Poder Ejecutivo deberá incorporar las modificaciones que sean pertinentes al Reglamento de la LCE dentro de los 45 días hábiles de publicada la nueva Ley que, a su vez, entrará en vigencia a partir del trigésimo día hábil de la publicación de la reforma del Reglamento. La nueva Ley se aplicará, como es habitual, a las contrataciones cuyos procesos de selección se convoquen desde que se encuentre en vigencia.
Efectivamente, esta primera reforma de la LCE, involucra a veintitrés artículos y la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1017.
Nota: Las modificaciones se resaltan con negritas.
Ámbito de aplicación de la LCE
I) Se modifica el artículo 3, numeral 3.1., literal j), precisándose que están comprendidos dentro de los alcances de la LCE, los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos públicos (se quita del Poder Ejecutivo), instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y operativas de los Poderes del Estado, así como los organismos a los que alude la Constitución y otros que sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional “siempre que cuenten con autonomía administrativa, económica y presupuestal.” (lo resaltado fue agregado en la modificatoria)
Ámbito de no aplicación de la LCE
En el numeral 3.3, relativo a los contratos a los que no se les aplica la LCE, se agrega un nuevo literal f) en el que se incorpora a “los contratos administrativos de servicios o régimen que haga sus veces.”
El literal g) es el antiguo literal f) pero recortado, limitándose ahora sólo a “los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones o tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado.”
El nuevo literal i) se refiere a contrataciones de montos iguales o inferiores a tres UIT, cuya exclusión “no enerva la responsabilidad de la Entidad de salvaguardar el uso de los recursos públicos de conformidad con los principios de moralidad y eficiencia.”
En el literal k), sobre los servicios de arbitraje y conciliación, se ha hecho la salvedad de que “las infracciones y sanciones previstas para los árbitros” sí están comprendidas en la LCE.
En el literal s), que aborda el tema de los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, se ha añadido que “en ningún caso se utilizarán para el encargo de la realización de procesos de selección” (sic).
El inciso u) se modifica para que excluya a las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, siempre que se “deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.”
Se añade finalmente un nuevo inciso, el v), muy similar, pero relativo a “las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por éstos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el Convenio suscrito para tal efecto”.
Mayor información en el RNP
En el artículo 9 se agrega, en el numeral 9.2, la obligación de publicar, con información de los socios, accionistas y administradores, la relación de sancionados del Registro Nacional de Proveedores en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
En el numeral 9.3 se incorpora la obligación de inscribir un capital social para determinar sobre esa base la capacidad máxima de contratación para todos los proveedores inscritos en como ejecutores de obras, tanto nacionales como extranjeros. Especial mención merece la obligación de aplicar el principio de reciprocidad, en cuya virtud “las empresas extranjeras recibirán el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones con el Estado.”
En el mismo artículo se ha agregado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre los organismos que deben proporcionar información al Registro Nacional de Proveedores.
Prácticas restrictivas y fraccionamiento
La nueva redacción del artículo 11, por otra parte, refiere que “se encuentra prohibida la concertación de precios, condiciones o ventajas, entre proveedores o entre proveedores y terceros, que pueda afectar la mayor concurrencia y/o competencia en los procesos de contratación. Esta afectación a la libre competencia también puede materializarse mediante acuerdos para no participar o no presentar propuestas en los procesos de contratación. El funcionario o servidor público que intervenga o favorezca estas prácticas será sancionado administrativa o penalmente de acuerdo a la normativa correspondiente.”
Respecto a la prohibición de fraccionamiento se introduce dentro del artículo 19 que también puede producirse para “evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado para dar lugar a contrataciones menores a tres (3) UIT, y/o de acuerdos comerciales.”
Sanciones penales por abuso en las exoneraciones
- Exoneración por causal de emergencia:
En materia de exoneración de procesos, se reformula el artículo 20, literal b), para que proceda “ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos o de acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores.”
Similar precisión se agrega para el caso de la situación de emergencia prevista en el artículo 23, al que además, dicho sea de paso, se le añade también un cuarto párrafo: “Los funcionarios públicos que, aprovechando estas facultades, dispusieran la adquisición de bienes, servicios y obras sin que se haya producido una real situación de emergencia y/o los adquieran más allá de lo estrictamente necesario, serán pasibles de las sanciones penales y administrativas que correspondan.”
- Exoneración por causal de desabastecimiento
En lo que respecta a la situación de desabastecimiento se estipula, en el artículo 22, que “tratándose de contrataciones bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, la exoneración sólo procede si la situación de desabastecimiento reúne las condiciones indicadas en el primer párrafo” que no se ha modificado y que se refiere a “aquella situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de un bien o servicio compromete en forma directa e inminente la continuidad de sus funciones, servicios, actividades u operaciones que la entidad tiene a su cargo.”
Para el caso del valor referencial se admite, al final de primer párrafo del artículo 27, que “en los procesos de selección sujetos a la modalidad de Convenio Marco, la determinación del valor referencial es facultativa.”
En el tercer párrafo se indica ahora que “tratándose de obras, el Valor Referencial no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de determinación del presupuesto consignado en el Expediente Técnico.”
Todas las observaciones al OSCE
En cuanto a las observaciones a las bases, se elimina, en el artículo 28, la restricción que sólo permitía elevar al OSCE las que correspondían a procesos que tenían un valor referencial sea igual o superior a 300 UIT. Ahora bastará que se cumplan los supuestos que establezca el Reglamento.
Procesos declarados desiertos:
En cuanto a los procesos declarados desiertos, en el artículo 32 de la LCE se añade un párrafo, en el cual se indica que “El proceso de adjudicación de menor cuantía derivado de un proceso de selección declarado desierto, debe contar con las mismas formalidades del procesos principal”.
Garantías:
En el artículo 39 se exige que las empresas que emitan las garantías no sólo se encuentren bajo la supervisión de la SBS sino también expresamente autorizadas a emitirlas.
En esta modificatoria hay que destacar que se suprime la obligación de presentar, por parte de los postores, la garantía de seriedad de oferta, por lo que en las propuestas económicas no sérá obligatoria adjuntar dicha garantía.
Más del 25% en supervisión de obras
Respecto a los servicios de supervisión, el artículo 41, numeral 41.3, refiere que “cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requerirá la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República, no siendo aplicable para este caso el límite” del veinticinco por ciento (25%) del monto, previsto en el numeral 4.1 para todos los casos de prestaciones adicionales de bienes y servicios.
Mayor sanción administrativa
En el artículo 51 se han reformulado algunas infracciones destacándose la sanción que se aplicará a quienes presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al OSCE que ahora será de inhabilitación temporal no menor de tres años ni mayor de cinco. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva “independientemente del período en el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas.”
Plazos perentorios
En materia de solución de controversias, en el numeral 52.2 del artículo 52, se han incorporado a la LCE los plazos parciales y perentorios para solicitar la conciliación o el arbitraje en los casos de nulidad, resolución y liquidación del contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones, metrados y pagos que en adelante serán de sólo quince días.
Dilatarán y encarecerán arbitrajes
En el numeral 52.3 se ha confirmado que en los procesos arbitrales prevalecen las normas de derecho público por sobre las de derecho privado y que el incumplimiento de este orden de preferencia es causal de anulación de laudo, medida innecesaria que dilatará y encarecerá los arbitrajes.
Se ha corregido, por lo demás, en el numeral 52.5 la posibilidad de acumular pretensiones que antes sólo se permitía en arbitrajes ad hoc. Ahora ello es posible en cualquier clase de arbitrajes, salvo pacto en contrario.
En el numeral 52.6, se señala que el laudo se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), hasta ahora reservado para procesos de selección, pero para que su notificación surta validez también deberá notificarse en forma personal.
También se ha establecido que el incumplimiento de las obligaciones de los árbitros configura infracción y se sanciona, según la gravedad de la falta, con suspensión temporal o inhabilitación permanente para ejercer el cargo con la consecuente suspensión o exclusión del Registro de Árbitros del OSCE. En el caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional, según el numeral 52.10, y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se entenderá que el arbitraje será administrado por el OSCE, reduciendo el espacio para los arbitrajes institucionales.
Todas las impugnaciones al Tribunal
En lo que respecta a los recursos impugnativos, en el artículo 53, se elimina la restricción que le impedía al Tribunal de Contrataciones del Estado resolver las apelaciones que correspondan a procesos con valores referenciales iguales o superiores a 600 UIT. Ahora conocerá todas las impugnaciones derivadas de adjudicaciones directas públicas, licitaciones y concursos así como de procesos de menor cuantía que se convoquen como consecuencia de procesos previos declarados desiertos. Sólo en los casos de menor cuantía y de adjudicaciones directas selectivas será competente el titular de la entidad.
En cuanto a la nulidad de los actos administrativos derivados de los procesos de contratación se añade una nueva causal en el literal e) del artículo 56, a efectos de que las mismas entidades puedan declararla cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de configurar alguna de las causas de exoneración.
Del mismo modo se precisa, respecto del literal d), que cuando concurra dicha causal asumirán responsabilidad los funcionarios y servidores de la entidad contratante, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.
Fortalecimiento del OSCE
Al OSCE se le extiende, en el artículo 58, la función de supervisar y fiscalizar, en forma selectiva y aleatoria, los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, “asumiendo el pago con fondos públicos, independientemente del régimen legal. Esta supervisión alcanza a as contrataciones previstas en los literales i), o), s) t) y v) del numeral 3.3 del artículo 3 de la presente Ley”.
Se incluye además, en el artículo 60, la posibilidad de que los miembros del Consejo Directivo del OSCE puedan ser reelegidos por un segundo período de otros tres años.
Se ha ratificado, en el artículo 62, que los miembros del Consejo Directivo y el presi dente del OSCE pueden ser removidos mediante resolución suprema pero se han incorporado tres causales: permanente incapacidad física o incapacidad moral sobreviniente, falta grave o pérdida de confianza.
Entre las funciones del Tribunal de Contrataciones del Estado se ha incorporado, en el artículo 63, literal b), la posibilidad de aplicar sanciones también a los árbitros.
En el artículo 64 se ha precisado que los vocales del Tribunal son elegidos por un período de tres años y se ha precisado, en el literal e), que no deben tener sentencia condenatoria por delito doloso.
En el artículo 68 acertadamente se ha dispuesto que las entidades están obligadas a utilizar el SEACE “independientemente del régimen legal de contratación pública o fuente de financiamiento […], conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento.” También están obligadas a registrar mensualmente en el SEACE sus contrataciones por montos de una (1) a tres (3) UIT.
En el artículo 70 se dispone que todos los actos realizados a través del SEACE se entienden notificados el mismo día de su publicación, salvo lo dispuesto para la notificación del laudo arbitral.
Disposiciones complementarias finales
Por último, en la primera, segunda y tercera disposición complementaria, se señala que el Poder Ejecutivo deberá incorporar las modificaciones que sean pertinentes al Reglamento de la LCE dentro de los 45 días hábiles de publicada la nueva Ley que, a su vez, entrará en vigencia a partir del trigésimo día hábil de la publicación de la reforma del Reglamento. La nueva Ley se aplicará, como es habitual, a las contrataciones cuyos procesos de selección se convoquen desde que se encuentre en vigencia.
El error en la propuesta económica, bajo la modalidad de subasta inversa presencial. Análisis de dos resoluciones del Tribunal de Contrataciones
mayo 09, 2012
El 27 de abril de 2012, el Tribunal de Contrataciones emitió la Resolución Nº 435-2012-TC-S1, en razón al recurso de apelación recaído en una Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial Nº 003-2012/MIDIS-PRONAA, convocado por el PRONAA, cuyo objeto era la adquisición de papilla, en el marco del Programa Integral de Nutrición (PIN).
Dicho recurso cuestionó la decisión del Comité Especial, debido a que , por un lado, consideró que la propuesta económica de la empresa ALPROSA S.A. contenía un error aritmético, de carácter insubsanable, conforme al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por otro lado, dicho Colegiado alegó que no resultaba de aplicación, al ser la Licitación convocada bajo la modalidad de subasta inversa, del numeral 5) del artículo 71 del citado Reglamento, en vista que la apertura del Sobre Nº 02 de la propuesta económica no se asigna puntaje alguno
Respecto del primer argumento el Tribunal indicó que el artículo 68 del Reglamento dispone que no cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación o de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 71 del Reglamento.
Asimismo, dicho Colegiado indicó que el proceso de selección fue convocado bajo el sistema de precios unitarios, por lo que el inciso 5) del artículo 71 del Reglamento dispone que “En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentaje, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorrección, la corregirá a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda”.
En ese sentido, concluyó que la normativa de contrataciones vigente prevé la tolerancia de dos errores: foliación y falta de rúbrica, de manera taxativa y, en el caso de procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios, las incorrecciones aritméticas. De ello que, a la luz de lo dispuesto por la actual normativa de contrataciones públicas, sólo estos tres errores u omisiones son toleradas en la propuesta económica.
De igual modo, el Tribunal indicó que las Bases Administrativas, de manera expresa, refieren que no se aceptarán errores en la propuesta económica, salvo los de foliación, rúbrica y los errores aritméticos a los que se refiere el inciso 5) del artículo 71 del Reglamento.
Por esos motivos, dicho Colegiado indicó que al haberse evidenciado que en la propuesta económica de la empresa ALPROSA S.A. el precio unitario ofertado, así como la cantidad de bolsas en cada ítem es el correcto, la incorrección aritmética resulta ser de carácter subsanable, por lo que declaró fundado el recuso de apelación.
No obstante, en torno al segundo argumento, si bien en las Bases del citado proceso de selección se incluyó que “No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, lo cual en el presente caso permite al Tribunal efectuar una aplicación sistemática de las disposiciones contenidas en las Bases Administrativas, las cuales al fin y al cabo obligan a la entidad, al Comité Especial, a los participantes y postores, en tanto que constituyen las reglas aplicables, creemos que se pudo haber efectuado un análisis más profundo sobre la procedencia en la aplicación, de manera supletoria, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en el caso en que se trate de un error en la propuesta económica, bajo la modalidad especial de selección por subasta inversa.
Más aún, debe tenerse en cuenta que el numeral 6.3 de la Directiva Nº 006-2009-OSCE/CD “Lineamientos para la aplicación de la modalidad especial de selección por subasta inversa”, prevé, claramente, que las propuestas se presentarán en hojas simples y se redactarán por medios magnéticos o electrónicos, debiendo llevar siempre el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente”, y por su parte, el numeral 6.4 establece que “(…) el Comité Especial abrirá cada uno de los sobres que contienen las propuestas económicas de los postores habilitados, anunciando los montos ofertados y los anotará en la pantalla, a través de un sistema informático, o directamente en la pizarra (…)”
En mi opinión, concuerdo con la decisión del Tribunal, pero el análisis sobre la supletoriedad de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, en la propuesta económica, no se observa tan claro, creo que en ese punto hay que desarrollar un mejor análisis, a fin que éste se sea más comprensible para los operadores de la normativa de contrataciones.
La Resolución Nº 1306-2010-TC-S2, analizó un caso similar, no igual, con la misma empresa ALPROSA S.A., en donde el Comité Especial descalificó su propuesta económica debido a que había cometido un error en la denominación del bien, es decir, en el formato de la propuesta económica, donde correspondía indicar la denominación del bien (es decir, papilla), consignó el nombre de la ciudad a la que iba destinada dicho bien. En su recurso, la empresa sostuvo que dicho error era uno de naturaleza insustancial y no implica ambigüedad o confusión alguna en relación al alcance de la propuesta económica, debido a que no se afectó el monto de la propuesta, ni ningún aspecto esencial de la misma, la cual es entendible plenamente.
Los vocales que, en mayoría, emitieron dicha Resolución, indicaron que la normativa de contrataciones vigente, prevé la tolerancia de dos errores: foliación y falta de rúbrica, de manera taxativa y, en el caso de procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios, las incorrecciones aritméticas. De ello que, a la luz de lo dispuesto por la actual normativa de contrataciones públicas, sólo estos tres errores u omisiones son toleradas en la propuesta económica.
Bajo ese parámetro, los dos vocales, señalaron que “el imperio de la ley establece que ella debe ser obedecida y respetada, por lo que el Tribunal no hace sino cumplir lo que la Ley especial, en específico lo que el artículo 68 del Reglamento, dispone, sin que se pueda apartar del designio que le impone la norma de manera expresa” y que “el Impugnante no puede evadir su responsabilidad y falta de diligencia por el error cometido al elaborar su propuesta económica, debido a que el bien consignado en la propuesta técnica no concuerda ni se encuentra definido de acuerdo a lo indicado en las Bases o en su sobre de habilitación”, razón por la cual confirmaron la descalificación de la propuesta de dicha empresa.
Sin embargo, hubo un voto en discordia, según el cual: i) “la formalidad documental es un medio y no un fin en sí mismo. En los procesos de selección, se presenta como un instrumento utilizado para determinar las condiciones y cualidades de los postores. En razón de ello, la verdad de lo evidente debe primar sobre la formalidad pura y simple, máxime si el documento presentado es entendible y no contienen un error u omisión que torne la propuesta en confusa o ambigua, de modo que sus alcances están totalmente determinados, en torno al bien, el precio y las condiciones de ejecución contractual”; ii) “De la revisión de los sobres de habilitación se observa que el bien es papilla, del cual se han presentado diversos documentos para poder aprobar el examen técnico del Comité Especial, como son: certificados físicos, químicos, de aceptabilidad, de control radioactivo, de control de calidad, de cómputo químico, informe de verificación de formulación, registro sanitario, etc., todo ello referido al bien ofertado” y iii) “Debe tenerse en cuenta que las ofertas de los postores deben ser consideradas como un todo y, en el presente caso, no existe posibilidad de ambigüedad, contradicción o confusión alguna, debido a que la propuesta del Impugnante es absolutamente clara en este sentido”.
Particularmente, concuerdo con el voto en discordia, asimismo, cabe indicar este mismo razonamiento ha sido aplicado por el Tribunal en otras controversias; sin embargo, sobre el tema que nos ocupa, de la lectura de dicha Resolución, tampoco se advierte un análisis exhaustivo sobre la procedencia de la aplicación de manera supletoria de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, en caso se advierta un error en la propuesta económica, bajo la modalidad de subasta inversa presencial.
Dicho recurso cuestionó la decisión del Comité Especial, debido a que , por un lado, consideró que la propuesta económica de la empresa ALPROSA S.A. contenía un error aritmético, de carácter insubsanable, conforme al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por otro lado, dicho Colegiado alegó que no resultaba de aplicación, al ser la Licitación convocada bajo la modalidad de subasta inversa, del numeral 5) del artículo 71 del citado Reglamento, en vista que la apertura del Sobre Nº 02 de la propuesta económica no se asigna puntaje alguno
Respecto del primer argumento el Tribunal indicó que el artículo 68 del Reglamento dispone que no cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación o de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 71 del Reglamento.
Asimismo, dicho Colegiado indicó que el proceso de selección fue convocado bajo el sistema de precios unitarios, por lo que el inciso 5) del artículo 71 del Reglamento dispone que “En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentaje, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorrección, la corregirá a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda”.
En ese sentido, concluyó que la normativa de contrataciones vigente prevé la tolerancia de dos errores: foliación y falta de rúbrica, de manera taxativa y, en el caso de procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios, las incorrecciones aritméticas. De ello que, a la luz de lo dispuesto por la actual normativa de contrataciones públicas, sólo estos tres errores u omisiones son toleradas en la propuesta económica.
De igual modo, el Tribunal indicó que las Bases Administrativas, de manera expresa, refieren que no se aceptarán errores en la propuesta económica, salvo los de foliación, rúbrica y los errores aritméticos a los que se refiere el inciso 5) del artículo 71 del Reglamento.
Por esos motivos, dicho Colegiado indicó que al haberse evidenciado que en la propuesta económica de la empresa ALPROSA S.A. el precio unitario ofertado, así como la cantidad de bolsas en cada ítem es el correcto, la incorrección aritmética resulta ser de carácter subsanable, por lo que declaró fundado el recuso de apelación.
No obstante, en torno al segundo argumento, si bien en las Bases del citado proceso de selección se incluyó que “No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, lo cual en el presente caso permite al Tribunal efectuar una aplicación sistemática de las disposiciones contenidas en las Bases Administrativas, las cuales al fin y al cabo obligan a la entidad, al Comité Especial, a los participantes y postores, en tanto que constituyen las reglas aplicables, creemos que se pudo haber efectuado un análisis más profundo sobre la procedencia en la aplicación, de manera supletoria, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en el caso en que se trate de un error en la propuesta económica, bajo la modalidad especial de selección por subasta inversa.
Más aún, debe tenerse en cuenta que el numeral 6.3 de la Directiva Nº 006-2009-OSCE/CD “Lineamientos para la aplicación de la modalidad especial de selección por subasta inversa”, prevé, claramente, que las propuestas se presentarán en hojas simples y se redactarán por medios magnéticos o electrónicos, debiendo llevar siempre el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente”, y por su parte, el numeral 6.4 establece que “(…) el Comité Especial abrirá cada uno de los sobres que contienen las propuestas económicas de los postores habilitados, anunciando los montos ofertados y los anotará en la pantalla, a través de un sistema informático, o directamente en la pizarra (…)”
En mi opinión, concuerdo con la decisión del Tribunal, pero el análisis sobre la supletoriedad de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, en la propuesta económica, no se observa tan claro, creo que en ese punto hay que desarrollar un mejor análisis, a fin que éste se sea más comprensible para los operadores de la normativa de contrataciones.
La Resolución Nº 1306-2010-TC-S2, analizó un caso similar, no igual, con la misma empresa ALPROSA S.A., en donde el Comité Especial descalificó su propuesta económica debido a que había cometido un error en la denominación del bien, es decir, en el formato de la propuesta económica, donde correspondía indicar la denominación del bien (es decir, papilla), consignó el nombre de la ciudad a la que iba destinada dicho bien. En su recurso, la empresa sostuvo que dicho error era uno de naturaleza insustancial y no implica ambigüedad o confusión alguna en relación al alcance de la propuesta económica, debido a que no se afectó el monto de la propuesta, ni ningún aspecto esencial de la misma, la cual es entendible plenamente.
Los vocales que, en mayoría, emitieron dicha Resolución, indicaron que la normativa de contrataciones vigente, prevé la tolerancia de dos errores: foliación y falta de rúbrica, de manera taxativa y, en el caso de procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios, las incorrecciones aritméticas. De ello que, a la luz de lo dispuesto por la actual normativa de contrataciones públicas, sólo estos tres errores u omisiones son toleradas en la propuesta económica.
Bajo ese parámetro, los dos vocales, señalaron que “el imperio de la ley establece que ella debe ser obedecida y respetada, por lo que el Tribunal no hace sino cumplir lo que la Ley especial, en específico lo que el artículo 68 del Reglamento, dispone, sin que se pueda apartar del designio que le impone la norma de manera expresa” y que “el Impugnante no puede evadir su responsabilidad y falta de diligencia por el error cometido al elaborar su propuesta económica, debido a que el bien consignado en la propuesta técnica no concuerda ni se encuentra definido de acuerdo a lo indicado en las Bases o en su sobre de habilitación”, razón por la cual confirmaron la descalificación de la propuesta de dicha empresa.
Sin embargo, hubo un voto en discordia, según el cual: i) “la formalidad documental es un medio y no un fin en sí mismo. En los procesos de selección, se presenta como un instrumento utilizado para determinar las condiciones y cualidades de los postores. En razón de ello, la verdad de lo evidente debe primar sobre la formalidad pura y simple, máxime si el documento presentado es entendible y no contienen un error u omisión que torne la propuesta en confusa o ambigua, de modo que sus alcances están totalmente determinados, en torno al bien, el precio y las condiciones de ejecución contractual”; ii) “De la revisión de los sobres de habilitación se observa que el bien es papilla, del cual se han presentado diversos documentos para poder aprobar el examen técnico del Comité Especial, como son: certificados físicos, químicos, de aceptabilidad, de control radioactivo, de control de calidad, de cómputo químico, informe de verificación de formulación, registro sanitario, etc., todo ello referido al bien ofertado” y iii) “Debe tenerse en cuenta que las ofertas de los postores deben ser consideradas como un todo y, en el presente caso, no existe posibilidad de ambigüedad, contradicción o confusión alguna, debido a que la propuesta del Impugnante es absolutamente clara en este sentido”.
Particularmente, concuerdo con el voto en discordia, asimismo, cabe indicar este mismo razonamiento ha sido aplicado por el Tribunal en otras controversias; sin embargo, sobre el tema que nos ocupa, de la lectura de dicha Resolución, tampoco se advierte un análisis exhaustivo sobre la procedencia de la aplicación de manera supletoria de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, en caso se advierta un error en la propuesta económica, bajo la modalidad de subasta inversa presencial.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE VOCALES DEL OSCE
septiembre 15, 2011
Se publicaron los resultados de la evaluación de conocimientos de los tres vocales que habían logrado pasar a esta etapa; sin embargo, no obtuvieron el puntaje mínimo de 70 puntos, razón por la cual han sido descalificados, decisión que es ininpugnable.
A continuación se transcribe la decisiòn de la Comisión Sectorial de Evaluación:
"Luego de la calificación efectuada por la Comisión Sectorial de Evaluación y Ratificación
de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, como resultado de la
evaluación de conocimientos, se constató que ninguno de los vocales alcanzó el puntaje
establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 163‐2011‐EF".
Bajo este escenario deberìa convocarse a la brevedad el concurso pùblico para ocupar las 12 plazas, puestos claves en los cuales debe primar la solvencia moral y la calidad profesional probada. Es la oportunidad para que este Tribunal esté conformado por profesionales de otras disciplinas, como son ingenieros ó médicos, por ejemplo, dado que su visiòn y experiencia ayudarìan a enfrentar asuntos y controversias eminentemente tècnicas, màs aún si se considera que este gobierno dará mayor impulso a temas de infraestructura y salud pública. Resolver controversias no es un asunto solamente de abogados sino que requiere la participación y opinión de otros especialistas, con lo cual me atrevería a concluir que la contratación pública no debe ser vista únicamente desde un enfoque legalista. Temas como rediseño y gestión de procesos, contratación eléctronica, contratación con criterios medioambientales, entre otros, están en la agenda y requieren la concurrencia de especialistas de diversas áreas.
A continuación se transcribe la decisiòn de la Comisión Sectorial de Evaluación:
"Luego de la calificación efectuada por la Comisión Sectorial de Evaluación y Ratificación
de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, como resultado de la
evaluación de conocimientos, se constató que ninguno de los vocales alcanzó el puntaje
establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 163‐2011‐EF".
Bajo este escenario deberìa convocarse a la brevedad el concurso pùblico para ocupar las 12 plazas, puestos claves en los cuales debe primar la solvencia moral y la calidad profesional probada. Es la oportunidad para que este Tribunal esté conformado por profesionales de otras disciplinas, como son ingenieros ó médicos, por ejemplo, dado que su visiòn y experiencia ayudarìan a enfrentar asuntos y controversias eminentemente tècnicas, màs aún si se considera que este gobierno dará mayor impulso a temas de infraestructura y salud pública. Resolver controversias no es un asunto solamente de abogados sino que requiere la participación y opinión de otros especialistas, con lo cual me atrevería a concluir que la contratación pública no debe ser vista únicamente desde un enfoque legalista. Temas como rediseño y gestión de procesos, contratación eléctronica, contratación con criterios medioambientales, entre otros, están en la agenda y requieren la concurrencia de especialistas de diversas áreas.
DICTAN MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
agosto 17, 2011
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” dichas medidas, que a continuación se transcriben para su conocimiento y comentarios.
EL OBJETO O FINALIDAD DE LA MEDIDA DADA POR EL MEF ES EL SIGUIENTE:
La presente norma establece medidas extraordinarias y excepciones en materia económica y financiera orientas a fortalecer el OSCE a fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, así como generar una mayor confianza en las instituciones públicas por parte de la ciudadanía.
FORTALECIMIENTO DEL OSCE
Dispóngase que el OSCE en un plazo que no excederá de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente norma, realice las acciones necesarias para fortalecer sus procedimientos internos con el objeto de mejorar su nivel de eficiencia y eficacia operativa. Las medidas a adoptarse comprenderán la modificación de sus documentos de gestión.
Para tales fines, los documentos de gestión pertinentes serán aprobados por el MEF. Para la mejor aplicación de la presente disposición, suspéndase las normas que se opongan o limiten su aplicación, incluidas las relativas a trámites de documentos de gestión.
MEDIAS COMPLEMENTARIAS
En el marco del procedimiento de fortalecimiento y dentro del mismo plazo, se procederá a evaluar y ratificar a los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado.
La ratificación, de corresponder, será mediante Resolución Suprema refrendada por el MEF.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro del MEF se establecerán los procedimientos y lineamientos para el proceso de evaluación y ratificación de los VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, podrá removerse a los miembros del Consejo Directivo y al Presidente Ejecutivo del OSCE.
DEL FINANCIAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS
La aplicación de los dispuesto en la presente norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de OSCE, sin demanda recursos adicionales al Tesoro Público, quedando facultado dicho Pliego, de ser necesario, a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes en el marco de la presente norma, con excepción de los establecidos en el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.
PROYECTO DE LEY
El Poder Ejecutivo deberá proponer, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, un proyecto de Ley con el objeto de modificar la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, a fin de mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública,
EL OBJETO O FINALIDAD DE LA MEDIDA DADA POR EL MEF ES EL SIGUIENTE:
La presente norma establece medidas extraordinarias y excepciones en materia económica y financiera orientas a fortalecer el OSCE a fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, así como generar una mayor confianza en las instituciones públicas por parte de la ciudadanía.
FORTALECIMIENTO DEL OSCE
Dispóngase que el OSCE en un plazo que no excederá de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente norma, realice las acciones necesarias para fortalecer sus procedimientos internos con el objeto de mejorar su nivel de eficiencia y eficacia operativa. Las medidas a adoptarse comprenderán la modificación de sus documentos de gestión.
Para tales fines, los documentos de gestión pertinentes serán aprobados por el MEF. Para la mejor aplicación de la presente disposición, suspéndase las normas que se opongan o limiten su aplicación, incluidas las relativas a trámites de documentos de gestión.
MEDIAS COMPLEMENTARIAS
En el marco del procedimiento de fortalecimiento y dentro del mismo plazo, se procederá a evaluar y ratificar a los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado.
La ratificación, de corresponder, será mediante Resolución Suprema refrendada por el MEF.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro del MEF se establecerán los procedimientos y lineamientos para el proceso de evaluación y ratificación de los VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, podrá removerse a los miembros del Consejo Directivo y al Presidente Ejecutivo del OSCE.
DEL FINANCIAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS
La aplicación de los dispuesto en la presente norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de OSCE, sin demanda recursos adicionales al Tesoro Público, quedando facultado dicho Pliego, de ser necesario, a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes en el marco de la presente norma, con excepción de los establecidos en el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.
PROYECTO DE LEY
El Poder Ejecutivo deberá proponer, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, un proyecto de Ley con el objeto de modificar la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, a fin de mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública,
