Desde hace muchos años se implementó el control tributario del transporte de bienes por carretera, denominado “control móvil”, por el cual fedatarios de SUNAT exigen a los conductores de camiones y otros vehículos, los documentos de sustento del traslado de los bienes y, en caso de no ser correcto ese sustento, o de no tener alguno, se sanciona al remitente de las mercaderías y al transportista.
Las sanciones al remitente de los bienes consisten en el comiso de bienes o, en caso que el comiso no sea posible, en una multa. Esta multa equivale a un porcentaje del valor de los bienes transportados, que conforme a las reglas de gradualidad de sanciones de la propia SUNAT, puede ir desde el 5% hasta el 15%, en éste último caso, ese porcentaje depende de si anteriormente la misma empresa hubiera cometido dos infracciones similares. Esto tiene lógica, por supuesto, como un incentivo para mantener una buena conducta de los contribuyentes. Lo malo es que no es raro que las intervenciones de los fedatarios resulten exageradas o arbitrarias, por lo que no es difícil llegar a tener tres sanciones por defectos en las guías de remisión.
La profesión de abogado, tan antigua como la humanidad... cobra especial importancia en momentos cumbres de cada cultura y en episodios que dejan huella en la historia de cada país.
Muchos letrados han sido tribunos y repúblicos defensores de los derechos políticos y sociales, hace siglos, en varios continentes. Los abogados se agrupaban en cofradías, como los devotos en las iglesias.
Tanto México como el Perú tuvieron sus hermandades de abogados en la Colonia. Fue el 31 de julio de 1804; hace 207 años que se fundó el Colegio de Abogados de Lima, antes que se diera la famosa Constitución de Cádiz de 1812 y que se proclamara la República el 28 de julio de 1821.
Con fecha 03 de Enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Ley 29824 denominada “Ley de Justicia de Paz”. Mediante dicha norma se pretende regular los principales aspectos relacionados al Sistema Nacional de Justicia de Paz, con la finalidad de extender y uniformizar el Sistema, el mismo que carecía de un desarrollo legislativo uniforme antes de la publicación de la norma mencionada. Cabe mencionar que hasta antes del 3 de Enero, la norma que regulaba a los Jueces de Paz databa de 1854.
¿CÓMO REACCIONARÍA USTED SI EN LA CULMINACIÓN DE UN LITIGIO, POR EQUIS RAZONES, RECIBIERA UNA SENTENCIA O UNA RESOLUCIÓN REDACTADA POÉTICAMENTE, CON RIMAS INCLUIDAS?
Perplejidad es la respuesta. Y eso es lo que acaba de sufrir el público de la Gran Canaria, España, al informarse de que el juez Álvaro Gaspar Pardo emitió una sentencia en verso que motivó la queja de la condenada ante la Inspección del Consejo del Poder Judicial de Canarias.
En cumplimiento de su misión, el Consejo abrió una investigación al juez por redactar una sentencia en verso, porque su sentencia fue denunciada como "agravio personal de un juez contra un ciudadano".
Según el diario
El País, el Consejo archivó la denuncia y se limitó a "
no compartir" la forma en que se halla redactada la sentencia.
No son muchas las veces en que uno tiene oportunidad de decir algo favorable con relación a la labor que desempeña el Poder Judicial.
Esta es una de ellas y me refiero al trabajo que viene realizando la
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en el ejercicio de su función investigadora, sobre la conducta de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, con excepción de los vocales supremos. Le corresponde aplicar la medida disciplinaria de suspensión que, si bien puede ser apelada ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por lo general este ratifica lo dispuesto por la OCMA salvo contadas ocasiones en que se haya incurrido en algún error.
Si bien no puede destituir a sus investigados, sí puede solicitarlo, constituyéndose en el primer nivel de sanción, ya que la destitución solo le compete al
Consejo Nacional de la Magistratura. Cualquiera puede acudir a la OCMA cuando existan razones para interponer una queja contra uno de sus supervisados. El trámite es rápido y se aceptan hasta quejas verbales, fundamentalmente para casos de retardo de los organismos jurisdiccionales, que son resueltas casi de manera inmediata.
La actual ola de delincuencia que azota al país, y particularmente a las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y parte de Lima, se ha visto incrementada por la excarcelación de peligrosos delincuentes en base al otorgamiento indiscriminado de beneficios penitenciarios, que algunos jueces conceden erróneamente y en base al mero cumplimiento de requisitos administrativos, lo cual propicia un clima de inseguridad ciudadana, la consiguiente generación de nuevos delitos, y la pérdida de la credibilidad de la población en la Policía Nacional y el Poder Judicial.
Incluso, en el último “Barómetro de las Américas”, el Perú ocupa el primer lugar entre los países con mayor percepción de inseguridad ciudadana entre 25 naciones de Latinoamérica.
El 27 de julio, último día hábil del mes de la Patria, se publicó el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, mediante el cual se modifica la reglamentación del Decreto Legislativo Nº 1057 con el que se creó el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), extendiéndose a estos servidores la aplicación en parte de la Ley Marco del Empleo Público (Ley 28175) y de la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815).
En este sentido, se hace extensivo a este personal los siguientes beneficios y prerrogativas:
1. Las madres trabajadoras tendrán derecho, al término del período post natal, a una hora diaria de permiso por lactancia hasta que su hijo cumpla un año de edad.
