El Estado es la expresión jurídica de la sociedad y se debe a ella en su actuación política, legal y administrativa. Se entiende que siendo la sociedad la parte constitutiva del Estado, el bienestar de los ciudadanos depende en gran medida –aunque no en todo- de lo que haga o deje de hacer el Estado. Por tanto, el quehacer del Estado debe estar intensamente articulado a los intereses de la sociedad. Sin embargo, en el Perú, la realidad muestra otra faceta: el Estado ha adquirido niveles inimaginables de autonomía y paulatinamente se ha separado de la sociedad, teniendo en algunos lugares del territorio una presencia virtual, es decir, irreal y hasta inexistente para muchos peruanos.

La presencia del Estado, como ha señalado claramente el PNUD, no es sinónimo de su tamaño, sino de las capacidades reales que tiene para cumplir con sus fines, en relación con el desarrollo humano. Es decir, que la presencia del Estado no se expresa en una comisaría o un puesto policial o militar. Ni siquiera en una escuela o puesto de salud, si éstos no cumplen a cabalidad el propósito de brindar bienestar y desarrollo a los ciudadanos. El Estado está presente cuando puede proveer una serie de bienes y servicios de distinta naturaleza, necesarios para la comunidad, expresados en salud, educación, infraestructura, saneamiento, justicia, seguridad, ciudadanía, etc., es decir, elementos mínimos que requieren las personas para su desarrollo y que el Estado debe suministrarlos o promoverlos.

La ley aprobada por el Congreso que regula el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas no solo garantizará el derecho colectivo de estas comunidades a ser consultados ante medidas que afecten directamente sus derechos e intereses grupales, sino que también fomentará el equilibrio razonable entre el desarrollo, las inversiones y el respeto de los derechos fundamentales, evitando nuevos conflictos sociales, aseguró el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, quien agregó que la iniciativa se ajusta a la jurisprudencia de este colegiado.

La autógrafa de la Ley de Consulta Previa aprobada por el Congreso recoge gran parte de la jurisprudencia del TC. En este contexto, ¿cuál el contenido constitucionalmente protegido?

LA FALTA DE UNA CULTURA PREVISIONAL EN NUESTRA POBLACIÓN, ASÍ COMO LA CRISIS E INFORMALIDAD DEL EMPLEO QUE SE ARRASTRAN DESDE HACE VARIAS DÉCADAS, ESTÁN PONIENDO AL PERÚ EN UNA SITUACIÓN SUMAMENTE DIFÍCIL.

Las cifras hablan por sí solas, veamos. Según datos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población total del Perú llega a 29,6 millones. Dentro de ella la Población Económicamente Activa (PEA) es de 13,6 millones, de los cuales solo están afiliados a algún sistema de pensiones apenas 6,17 millones.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS en las acciones que les afectan, tanto en el ámbito económico como en el social, constituye hoy en día uno de los más grandes cambios que se vienen dando en la gestión del desarrollo, y constituye un reto para los gobiernos el aprovechar las potencialidades de las prácticas ciudadanas para darle sostenibilidad a los resultados de su gestión.

Por regla general, cuando se habla de participación ciudadana, inmediatamente se tiende a referirla al estrecho ámbito del ejercicio del sufragio y al cumplimiento de un conjunto de obligaciones que constituyen el marco de referencia más general de las relaciones entre individuos y sistema político”.

El Banco Mundial viene midiendo desde 1996 a 212 países a nivel mundial –incluido el Perú-, respecto a su situación de gobernabilidad, basados en los parámetros de: Rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. En el 2009, este organismo financiero internacional publicó los «Worlwide Gobernance Indicators» (Indicadores mundiales de gobernabilidad), que pasaremos a reseñar.

A nivel latinoamericano, el Perú ha sido mesurado con un total de 49,3 –del 1 al 100- en lo que se refiere a sus políticas de control de la corrupción, ubicándonos por debajo de países de la región como Chile que logra un puntaje de 87 en este mismo rubro, Uruguay con un 83,6, Costa Rica con 70 puntos, Brasil alcanza 58,5, Colombia nos supera levemente por un 50,2. Sin embargo, el Perú debería tender a plantearse políticas anticorrupción, que lo lleven a alcanzar niveles como los mostrados en países desarrollados como EE.UU., Suecia o Finlandia, que obtienen mediciones de 91,8, 97,6 y 100 respectivamente.

SIN DEJAR DE RECONOCER EL PAPEL IMPORTANTE QUE –EN BALANCE- HAN CUMPLIDO LAS FUERZAS ARMADAS EN LA HISTORIA PERUANA, NO SE PUEDE ACEPTAR EL ERROR DEMASIADO FRECUENTE DE QUERER ENTREGARLE EL MONOPOLIO DEL AMOR A LA PATRIA A LO MILITAR Y SUS SÍMBOLOS, LO CUAL CONSTITUYE UNA EQUIVOCACIÓN GARRAFAL QUE SE FUNDAMENTA EN CREENCIAS QUE NO POR ANTIGUAS DEJAN DE SER ABSURDAS.

Dicho error se vuelve más obvio y patético durante las fiestas patrias, cuando se exacerba el componente militar de las celebraciones, reforzando de ese modo el sentido castrense que se le quiere impregnar a un sentimiento de cariño a la patria que no tiene por qué vincularse exclusivamente a un fusil, un tanque –incluso si es chino y prestado para un desfile- o una marcha de tambores de guerra.

EL CENTRALISMO IDEOLÓGICO CONSISTE EN AQUELLA CREENCIA POR LA CUAL SE VALORA MÁS LO QUE PROVIENE DEL “CENTRO” O DE LA CAPITAL, MIENTRAS QUE SE DESPRECIA O MINUSVALORA AQUELLO QUE PROVIENE DEL “INTERIOR”. POR EJEMPLO, MUCHA GENTE CONSIDERA QUE SE VIVE MEJOR EN LA CAPITAL (YA SEA DEL PAÍS O DE LA REGIÓN) O QUE EL ESTILO DE VIDA DE DICHA CIUDAD TIENE QUE SER IMITADO POR TODOS.

Muchas veces, esta dimensión de centralismo se expresa de manera discriminatoria, como cuando se habla de Lima como si fuera todo el Perú, cosa que ocurre frecuentemente en las noticias, o cuando la gente de Lima se cree “superior” al resto (“los provincianos”). Este fue el caso, por ejemplo, del ministro Ántero Flórez Araoz, quien en el año 2006 expresó en una entrevista: “Cómo se va a preguntar a llamas y vicuñas por la firma del TLC”.

Lo más grave es que estas ideas no solamente las tienen personas que viven en Lima y discriminan al resto del país sino que también son compartidas por la mayoría de peruanos de manera inconsciente. Esto se repite, de manera particular, en las capitales regionales. Por ejemplo, los cusqueños, cuando hablan de Cusco, generalmente piensan en la capital y no en Chumbivilcas, Paruro o Quispicanchis; o en Iquitos, que piensan que todo Loreto se reduce a la ciudad y sus alrededores.