30/11/09: Leonardo Boff: El encanto de los Orixás
30.11.09 - BRASIL
El encanto de los Orixás
Leonardo Boff *
Adital -
Toda cultura, cuando alcanza un elevado grado de complejidad, encuentra su expresión artística, literaria y espiritual. Pero al crear una religión a partir de una experiencia profunda del Misterio del mundo, alcanza su madurez y apunta hacia valores universales. Es lo que ha sucedido con la Umbanda, religión nacida en Niterói, Río de Janeiro, en 1908, bebiendo de las fuentes de la más genuina brasilidad, hecha de europeos, de africanos y de indígenas. En un contexto de desamparo social, con millares de personas desenraizadas, venidas de la selva y de los rincones más distantes del Brasil profundo, desempleadas, enfermas por la notoria insalubridad de Río a principios del siglo XX, irrumpió una fortísima experiencia espiritual.
Una persona del interior, Zélio Moraes, declara la comunicación de la Divinidad bajo la figura del Caboclo das Sete Encruzilhadas, de la tradición indígena y del Preto Velho de la tradición de los esclavos. Esa revelación tiene como principales destinatarios a los humildes desposeídos de todo apoyo material y espiritual. Quiere reforzar en ellos la percepción de la profunda igualdad entre todos, hombres y mujeres; se propone potenciar la caridad y el amor fraterno, mitigar las injusticias, consolar a los afligidos y reintegrar al ser humano en la naturaleza bajo la guía del Evangelio y de la figura sagrada del Divino Maestro Jesús.
El nombre Umbanda está cargado de significado. Está compuesto de OM (el sonido originario del universo en las tradiciones orientales) y de BANDHA (movimiento incesante de la fuerza divina). Sincretiza de forma creativa elementos de las varias tradiciones religiosas de nuestro país creando un sistema coherente. Privilegia las tradiciones del Candomblé de Bahía por ser las más populares y próximas a los seres humanos en sus necesidades. Pero no las considera como entidades, sino como fuerzas o espíritus puros que a través de los Guías espirituales se acercan a las personas para ayudarlas. Los Orixás, la Mata Virgem, el Rompe Mato, el Sete Flechas, la Cachoeira, la Jurema y los Caboclos representan facetas arquetípicas de la divinidad. Ellas no multiplican a Dios en un falso panteísmo, sino que concretan, bajo los más diversos nombres, al único y mismo Dios. Éste se sacramentaliza en los elementos de la naturaleza como en las montañas, en las cascadas, en los bosques, en el mar, en el fuego y en las tempestades. Al confrontarse con estas realidades, el fiel entra en comunión con Dios.
La Umbanda es una religión profundamente ecológica. Devuelve al ser humano el sentido de reverencia ante las energías cósmicas. Renuncia a los sacrificios de animales para restringirse solamente a las flores y a la luz, realidades sutiles y espirituales.
Hay un diplomático brasilero, Flávio Perri, que sirvió en embajadas importantes como Paris, Roma, Ginebra y Nueva York, que se dejó encantar por la religión de la Umbanda. Con recursos de las ciencias comparadas de las religiones y de los distintos métodos hermenéuticos elaboró perspicaces reflexiones que llevan justamente este título: El Encanto de los Orixás, desvelándonos la riqueza espiritual de la Umbanda. Entrevera su trabajo con poemas propios de fina percepción espiritual y se inscribe en el género de los poetas-pensadores y místicos, como Álvaro Campos (Fernando Pessoa), Murilo Mendes, T. S. Elliot y el sufí Rumí. Incluso bajo el encanto, su estilo es contenido, sin ninguna exaltación, pues ése es el rigor que la naturaleza de lo espiritual exige.
Además, ayuda a desmontar los prejuicios que rodean a la Umbanda, a causa de sus orígenes en medio de los pobres de la cultura popular, espontáneamente sincréticos. Que ellos hayan producido una significativa espiritualidad y hayan creado una religión cuyos medios de expresión son puros y sencillos revela cuán profunda y rica es la cultura de esos humillados y ofendidos, nuestros hermanos y hermanas. Como se decía en los inicios del cristianismo, que en su origen era también una religión de esclavos y marginalizados: «los pobres son nuestros maestros, los humildes, nuestros doctores».
Tal vez algún lector o lectora se extrañe de que un teólogo como yo diga todo esto que escribí. Únicamente le respondo que un teólogo que no consigue ver a Dios más allá de los límites de su religión o iglesia no es un buen teólogo. Sería más bien un erudito en doctrinas. Perdería la ocasión de encontrarse con Dios, que se comunica por otros caminos y que habla por diferentes mensajeros, sus verdaderos Ángeles. Dios desborda nuestras cabezas y nuestros dogmas.
* Teólogo, filósofo e escritor
Fuente: Adital
El encanto de los Orixás
Leonardo Boff *
Adital -
Toda cultura, cuando alcanza un elevado grado de complejidad, encuentra su expresión artística, literaria y espiritual. Pero al crear una religión a partir de una experiencia profunda del Misterio del mundo, alcanza su madurez y apunta hacia valores universales. Es lo que ha sucedido con la Umbanda, religión nacida en Niterói, Río de Janeiro, en 1908, bebiendo de las fuentes de la más genuina brasilidad, hecha de europeos, de africanos y de indígenas. En un contexto de desamparo social, con millares de personas desenraizadas, venidas de la selva y de los rincones más distantes del Brasil profundo, desempleadas, enfermas por la notoria insalubridad de Río a principios del siglo XX, irrumpió una fortísima experiencia espiritual.
Una persona del interior, Zélio Moraes, declara la comunicación de la Divinidad bajo la figura del Caboclo das Sete Encruzilhadas, de la tradición indígena y del Preto Velho de la tradición de los esclavos. Esa revelación tiene como principales destinatarios a los humildes desposeídos de todo apoyo material y espiritual. Quiere reforzar en ellos la percepción de la profunda igualdad entre todos, hombres y mujeres; se propone potenciar la caridad y el amor fraterno, mitigar las injusticias, consolar a los afligidos y reintegrar al ser humano en la naturaleza bajo la guía del Evangelio y de la figura sagrada del Divino Maestro Jesús.
El nombre Umbanda está cargado de significado. Está compuesto de OM (el sonido originario del universo en las tradiciones orientales) y de BANDHA (movimiento incesante de la fuerza divina). Sincretiza de forma creativa elementos de las varias tradiciones religiosas de nuestro país creando un sistema coherente. Privilegia las tradiciones del Candomblé de Bahía por ser las más populares y próximas a los seres humanos en sus necesidades. Pero no las considera como entidades, sino como fuerzas o espíritus puros que a través de los Guías espirituales se acercan a las personas para ayudarlas. Los Orixás, la Mata Virgem, el Rompe Mato, el Sete Flechas, la Cachoeira, la Jurema y los Caboclos representan facetas arquetípicas de la divinidad. Ellas no multiplican a Dios en un falso panteísmo, sino que concretan, bajo los más diversos nombres, al único y mismo Dios. Éste se sacramentaliza en los elementos de la naturaleza como en las montañas, en las cascadas, en los bosques, en el mar, en el fuego y en las tempestades. Al confrontarse con estas realidades, el fiel entra en comunión con Dios.
La Umbanda es una religión profundamente ecológica. Devuelve al ser humano el sentido de reverencia ante las energías cósmicas. Renuncia a los sacrificios de animales para restringirse solamente a las flores y a la luz, realidades sutiles y espirituales.
Hay un diplomático brasilero, Flávio Perri, que sirvió en embajadas importantes como Paris, Roma, Ginebra y Nueva York, que se dejó encantar por la religión de la Umbanda. Con recursos de las ciencias comparadas de las religiones y de los distintos métodos hermenéuticos elaboró perspicaces reflexiones que llevan justamente este título: El Encanto de los Orixás, desvelándonos la riqueza espiritual de la Umbanda. Entrevera su trabajo con poemas propios de fina percepción espiritual y se inscribe en el género de los poetas-pensadores y místicos, como Álvaro Campos (Fernando Pessoa), Murilo Mendes, T. S. Elliot y el sufí Rumí. Incluso bajo el encanto, su estilo es contenido, sin ninguna exaltación, pues ése es el rigor que la naturaleza de lo espiritual exige.
Además, ayuda a desmontar los prejuicios que rodean a la Umbanda, a causa de sus orígenes en medio de los pobres de la cultura popular, espontáneamente sincréticos. Que ellos hayan producido una significativa espiritualidad y hayan creado una religión cuyos medios de expresión son puros y sencillos revela cuán profunda y rica es la cultura de esos humillados y ofendidos, nuestros hermanos y hermanas. Como se decía en los inicios del cristianismo, que en su origen era también una religión de esclavos y marginalizados: «los pobres son nuestros maestros, los humildes, nuestros doctores».
Tal vez algún lector o lectora se extrañe de que un teólogo como yo diga todo esto que escribí. Únicamente le respondo que un teólogo que no consigue ver a Dios más allá de los límites de su religión o iglesia no es un buen teólogo. Sería más bien un erudito en doctrinas. Perdería la ocasión de encontrarse con Dios, que se comunica por otros caminos y que habla por diferentes mensajeros, sus verdaderos Ángeles. Dios desborda nuestras cabezas y nuestros dogmas.
* Teólogo, filósofo e escritor
Fuente: Adital
30/11/09: Peritos exhuman otros 20 cuerpos
Wilber Prado, presidente de la Asociación de Afectados de Huarapite, Ayacucho, informó ayer que culminaron los trabajos de exhumación de 20 de los 26 cuerpos de pobladores de esa localidad que en 1986 fueron asesinados por un grupo de militares.
“Luego de cinco días culminaron las exhumaciones, fueron hallados sólo 20 cuerpos. Los otros seis no pudieron ser encontrados debido a que algunos de los testigos han muerto o no recordaron con precisión su ubicación a pesar del denodado esfuerzo de los peritos, lamentablemente muchos de los muertos fueron enterrados a escondidas”, detalló Prado.
Fuente: La Primera
28/11/09: ¿Islamofobia o xenofobia?
Nueva ola de islamofobia en Europa?
¿Islamofobia o xenofobia?
Gihan Shahine
Al Ahram Weekly
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
No fue nada que hiciera o dijese. Más bien, lo que le costó la vida fueron su apariencia y su tipo de vestido. La farmacéutica egipcia Marwa El-Sherbini, llevaba puesto el velo islámico (hiyab) mientras jugaba inocentemente con su hijo de tres años en un parque en Dresde, Alemania, cuando un hombre ruso-alemán repentinamente la llamó “terrorista” entre otras cosas.
El-Sherbini llamó a la policía y acudió a los tribunales, donde el mismo hombre la atacó con un cuchillo. También apuñaló a su esposo mientras trataba de protegerla y luego un policía que, según se informa, lo confundió con el atacante le disparó y le hirió gravemente.
Mientras el asesino de El-Sherbini fue condenado a cadena perpetua el 11 de noviembre por un tribunal alemán, la cólera por su asesinato no sólo se extendió por el mundo musulmán, sino que además ha abierto toda una caja de Pandora de preguntas sobre si Europa en su conjunto sufre una nueva ola de islamofobia.
El asesinato de El-Sherbini, por trágico que sea, todavía puede ser interpretado por algunos musulmanes y por voces más lúcidas como un incidente “aislado” cometido por un lobo racista solitario. Pero sigue siendo cuestionable si otros incidentes se pueden descartar de la misma manera.
Hace sólo algunos meses, a Ali Mohammed, el imán de una mezquita en California, le quemaron vivo cuando incendiaron su casa después de haberle acosado por ser un “terrorista musulmán.” En otro sitio, el enviado de Al-Azhar al Centro Islámico en Londres, Mohamed El-Salamoni, fue golpeado por un atacante sólo seis meses después de iniciar su misión, y terminó por perder la vista. Semejantes incidentes explican por qué el asesinato de Marwa El-Sherbini se ha considerado ampliamente como una prueba más del prejuicio occidental contra el Islam.
La reciente ola de crímenes de odio cometidos contra musulmanes también ha provocado ansiedades musulmanas sobre si semejante islamofobia occidental ha tomado ahora una forma nueva y más sangrienta. El tema de si esos crímenes de odio se deben ver en el contexto de islamofobia, o sólo como resultado de xenofobia, también es objeto de un acalorado debate.
¿Les va peor a los musulmanes que a otros grupos minoritarios que viven en el continente europeo?
Si nos guiamos por estudios existentes, es posible que los musulmanes estén sufriendo más. Un estudio realizado en diciembre de 2006 por el Centro Europeo de Monitoreo sobre Racismo y Xenofobia, basado en Viena, declaró de modo terminante que “la islamofobia aumenta en toda Europa, donde muchos musulmanes son amenazados e incomprendidos – algunos a diario.” El centro, que rastrea prejuicios étnicos y religiosos en los 27 países de la Unión Europea, dice que “los musulmanes sufren rutinariamente problemas que van desde ataques físicos a discriminación en el mercado laboral y de la vivienda.”
El centro también enumeró cientos de casos de violencia y amenazas contra los musulmanes en Europa desde 2004, tales como vandalismo en mezquitas y centros islámicos, abuso contra mujeres que llevan velos islámicos, y ataques, como el de una pandilla con bates de béisbol decorados con esvásticas y consignas racistas que atacó a una familia somalí en Dinamarca. Mientras tanto, según el informe, la representación musulmana en los parlamentos nacionales europeos sigue siendo baja, con sólo dos miembros musulmanes practicantes en el parlamento británico, uno en Alemania, y ninguno en Francia.
Según Mahmoud Khalil, profesor en la Facultad de Información de la Universidad de El Cairo: “las minorías musulmanas que viven en Occidente sufren más que ninguna otra religión por un simple motivo: no existe una protección internacional que asegure amparo para todos los musulmanes del mundo, similar a la que otrora fuera suministrada por la histórica regla islámica del califato.”
Parece que se deja que los musulmanes se las arreglen solos, ya que las organizaciones internacionales usualmente no pueden suministrar ayuda. “Las minorías cristianas que viven en países de mayoría musulmana, al contrario, tendrían de inmediato la protección del Vaticano y del mundo en su conjunto si se cometiera un crimen contra un cristiano como el perpetrado contra El-Sherbini," dijo Khalil. “La comunidad judía en países de mayoría musulmana como Marruecos también goza de todos sus derechos civiles, y tiene el apoyo de Occidente y de EE.UU.”
Además, se culpa culpados frecuentemente a los medios de comunicación occidentales de jugar un papel crucial en el aliento de sentimientos anti-musulmanes. El hecho de que el abogado del asesino de El-Sherbini haya declarado terminantemente que cuando cometió el crimen su cliente estaba bajo la influencia de una cobertura mediática prejuiciada que tiende a mostrar a los musulmanes como terroristas, ha llevado a cuestionar aún más la objetividad de los medios occidentales.
En un artículo reciente intitulado “La vergonzosa islamofobia en el corazón de la prensa británica” que apareció en el periódico británico Independent, el periodista Peter Oborne citó un estudio de la Escuela de Periodismo de Cardiff que examinó la información sobre temas musulmanes.
“El equipo analizó unos 974 artículos y estableció que aproximadamente dos tercios de todos los ‘enganches’ para historias sobre musulmanes implicaban terrorismo (cerca de un 36% de los artículos), temas religiosos como la ley Sharia, subrayaban diferencias culturales entre musulmanes británicos y otros (un 22%); o extremismo musulmán, respecto a personajes como Abu Hamza,” escribió Oborne. “Esos artículos mostraban todos a musulmanes como fuente de problemas. Al contrario, sólo un 5% de los artículos se basaban en problemas enfrentados por los musulmanes británicos.”
Khalil también dice que los prejuicios en los medios occidentales aumentaron después de los ataques del 11-S contra Nueva York y Washington, pero que semejantes prejuicios han sido desde hace tiempo una característica de los medios occidentales. “Los medios occidentales han sido prejuiciados por lo menos desde la Guerra de Octubre en 1973 cuando se presentó a los árabes utilizando el petróleo como arma para presionar a EE.UU. a que abandonara su apoyo para Israel,” señaló Khalil.
El que el secuestro de miembros del personal de la embajada de EE.UU. en Teherán durante la Revolución Islámica en 1979 se siga conmemorado actualmente en los medios occidentales es también un ejemplo de cómo los medios tratan de avivar el sentimiento público contra los musulmanes, dijo Khalil.
Semejantes imágenes negativas de los musulmanes parecen haber influenciado el modo de pensar dominante en Occidente. Según un reciente sondeo publicado por la red estadounidense ABC News, un 14% de los ciudadanos de la Unión Europea admitió su “intolerancia” hacia minorías, mientras otro 25% dijo que eran “ambivalentes” hacia ellas.
“Mientras Alemania presenció un aumento de un 40% en crímenes racistas denunciados el año pasado, y la Comisión Islámica de Derechos Humanos basada en Londres ha registrado que las quejas por reacciones en Gran Bretaña desde los ataques del 11-S se han multiplicado por 13, semejantes cifras son difíciles de comparar en países como Francia, donde los orígenes étnicos de los demandantes no se registran,” dijo el sondeo de ABC News.
Además, Runnymede Charity, basada en Londres, publicó en 1997 un informe intitulado “Islamophobia: A Challenge for Us All" [Islamofobia: un desafío para todos], actualizado en 2004, que estableció que “a los musulmanes se les ve como ‘los otros’ y como que carecen de los valores mantenidos por las culturas occidentales.” El Islam también era considerado por muchos como una religión violenta, terrorista, incapaz de corresponder a los valores occidentales.
Lo que es aún más alarmante, el informe estableció que muchos occidentales usaban semejantes conceptos erróneos como el Islam como pretexto para justificar “prácticas discriminatorias contra musulmanes y su exclusión de la sociedad en general.” El informe concluyó que entre los europeos “la hostilidad contra los musulmanes es considerada como natural o normal.”
Posiblemente semejantes conclusiones no sean sorprendentes para el destacado novelista egipcio Alaa El-Aswani. Los sentimientos anti-musulmanes han estado aumentando en Europa como resultado de la creciente popularidad de la extrema derecha en muchos países europeos, dijo El-Aswani, y el hecho de que la mayoría de los europeos sepan poco o nada sobre las verdaderas enseñanzas del Islam, supone que muchas mezquitas y organizaciones islámicas en Europa estén en manos de tendencias extremistas, ha complicado aún más el problema, dijo.
“El tono y la retórica a veces extrema que los imanes de algunas mezquitas en Europa tienden a adoptar presenta una imagen errónea del Islam que va en contra de los valores seculares de Occidente,” dijo El-Aswani. Describir el niqab (velo completo) como una obligación religiosa para las mujeres, cuando la mayoría de los eruditos islámicos insisten en que no lo es, puede alarmar a muchos occidentales, por ejemplo, no tanto por cómo se ve, sino más bien por el mensaje de reclusión de las mujeres que transmite.
“Este ejemplo, y el hecho de que los medios occidentales dominantes a menudo tratan de mostrar a los musulmanes como terroristas, ha hecho que mucha gente occidental, que sabe poco o nada sobre el Islam, teme tener a un vecino o colega musulmán, por ser tal vez una amenaza potencial,” dijo El-Aswani.
La actual campaña “¡Detened el minarete!” en Suiza es otro ejemplo de cómo la islamofobia ha estado penetrando profundamente en el modo de pensar occidental. Más de 100.000 suizos han firmado, según se informa, una petición en apoyo a las demandas del derechista Partido Popular Suizo por una prohibición de la construcción de minaretes en Suiza.
Sólo existen cuatro minaretes actualmente en Suiza, y ni siquiera se utilizan para llamar a las plegarias musulmanas. Los propugnadores de la campaña contra los minaretes han afirmado, a pesar de ello, que los minaretes son peligrosos porque son un “símbolo del poder islámico” y pueden representan una “intrusión ideológica” en el modo de vida suizo.
El-Aswani fue uno de los primeros qu dio a conocer la campaña suiza en Egipto, y se realizan esfuerzos para detener la campaña. Sin embargo, el hecho de que una tal campaña haya podido tener lugar incluso en un país multicultural como Suiza, donde jamás ha habido ataques terroristas islamistas, podría interpretarse como algo sintomático de una creciente marea de islamofobia en Europa en su conjunto, dijo El-Aswani.
No obstante, Dalia Mogahed, directora del Centro Gallup de Estudios Musulmanes basado en EE.UU. y miembro del Consejo Asesor Presidencial sobre Sociedades Vecinales y Basadas en la Fe del presidente Obama, afirma que en realidad la islamofobia se ha mantenido estable o ha disminuido en los últimos años. Mogahed especula que “podría ser que los crímenes contra musulmanes sólo estén recibiendo más atención que antes,” y agrega que los estereotipos occidentales de musulmanes con velos o barbas como “terroristas” puede también estar cambiando, apuntando como testimonio a la “referencia positiva al hijab del presidente Obama en diversas ocasiones en su discurso de El Cairo.”
Mogahed es una de esas voces musulmanas moderadas que tratan de explicar el asesinato de El-Sherbini como “un síntoma de un problema más profundo de prejuicios en Alemania,” más que un problema de Occidente en general, o una indicación de que los prejuicios contra el Islam esté tomando una forma nueva y más peligrosa.
Sin embargo, la idea de que Europa esté en peligro por los musulmanes y otros ha entrado al debate público en el continente, y hay muchos que argumentan que como resultado Europa occidental, que ha sido aclamada por su tolerancia hacia grupos minoritarios desde la Segunda Guerra Mundial, ya no es tan tolerante como antes. Como dice Leela Jacinto de ABC News: “En toda Europa occidental, expertos en inmigración y los derechos civiles dicen que una ola xenofóbica, contra los inmigrantes y contra los musulmanes, parece estar asolando una región que fuera famosa por su tolerancia.”
“Políticos alemanes advierten de que el ‘germanismo’ está siendo subsumido por gente de origen turco, que representa un poco más de un 2% de la población. Partidarios franceses de una prohibición del hijab creen que los pañuelos que llecan las escolares representan un riesgo para el ideal francés de laicismo o secularismo. Y en Dinamarca, controvertidas nuevas reglas para despojar a los hijos de inmigrantes de su derecho a la ciudadanía automática son criticadas por grupos de derechos humanos, que dicen que constituyen una violación de los derechos a la ciudadanía, así como del derecho a una vida familiar,” escribió Jacinto.
Y muchos están de acuerdo con Khalil en que a los musulmanes les afecta particularmente esta ola xenofóbica. Según el columnista de Huffington Post, Firas Al-Atraqchi, “en vista del racismo que padecen muchos musulmanes en Europa, el asesinato de una mujer egipcia porque llevaba un hijab no se debe descartar como el acto de un solo hombre a quien muchos ahora califican de insano.”
“No se trata sólo de un estado de xenofobia que asola Europa. Forma parte de una ola claramente anti-musulmana que ahora aumenta a niveles sangrientos,” dijo Khalil. “Los musulmanes solían sufrir sólo insultos y discriminación. Pero ahora vemos que son asesinados por su identidad como musulmanes, algo que puede llevar al genocidio si lo seguimos ignorando.”
La visión pesimista de Khalil está apoyada por una reciente serie de libros que muestran a los 53 millones de musulmanes de Europa como una “bomba de tiempo demográfica” que tiene que ser “desactivada de inmediato.” En una reseña sobre esos libros en el periódico británico The Guardian en agosto pasado, el columnista Pankaj Mishra citó a una serie de destacados políticos y periodistas europeos y estadounidenses que piensan que Europa está a punto de ser “invadida” por musulmanes, que todavía no representan más de 3 ó 4 por ciento de la población total de la UE, de 493 millones.
“Por cierto, las minorías pueden conformar países,” escribió Christopher Caldwell, un columnista estadounidense del Financial Times de Londres, a quien el periódico británico The Observer describió recientemente como un “vigorizante analista con una visión clara de las devociones europeas.” “Los musulmanes ya están conquistando las ciudades de Europa, calle por calle,” escribió Caldwell, y el historiador derechista británico Niall Ferguson también afirmó que “una juvenil sociedad musulmana al sur y al este del Mediterráneo está lista para colonizar – el término no es demasiado fuerte – una Europa senescente,” según la reseña de Mishra.
El analista indio Hassan Suroor compara el tono alarmista que emana de estos libros, que “tienden a mostrar a los musulmanes on los colores más sombríos posibles,” con las “cosas que una vez se escribieron sobre los judíos europeos.” La solución que propugnan semejantes libros para salvar a Europa de convertirse en una potencial “Eurabia” es “mantener a los musulmanes fuera de Europa y, si es necesario, expulsarlos. Algunas de las sugerencias sobre cómo encarar el ‘problema’ musulmán equivalen a limpieza étnica” advierte Suroor.
Para Suroor, muchos incidentes recientes han sido sintomáticos de islamofobia, y menciona a “un ministro británico, Jim Fitzpatrick, que abandonó un matrimonio de un elector musulmán en protesta contra la segregación de invitados masculinos y femeninos; un destacado erudito musulmán moderado, Tariq Ramadan, es expulsado no de uno sino de dos puestos de trabajo distintos por presentar un show en un canal de la televisión iraní; agresivos manifestantes derechistas en Suiza exigen la eliminación de minaretes de todas las mezquitas; y el presidente francés Nicolas Sarkozy llama a prohibir el uso de la burqa en público.”
Las caricaturas que aparecieron en un periódico danés en 2006 mostrando al profeta Muhammad con un turbante en forma de bomba, y la prohibición anterior de usar pañuelos musulmanes en escuelas públicas francesas, también han sido vistas como evidencia de prejuicios europeos contra el Islam.
Suroor concluye que aunque sería “necio combinar incidentes que podrían no ser más que dificultades locales e inflarlos hasta convertirlos en una conspiración contra los musulmanes,” sería igualmente necio negar que tales incidentes evidencian el prejuicio que los musulmanes enfrentan en toda Europa.
Por su parte, Khalil rechaza las afirmaciones de que los musulmanes están “conquistando Europa”, cuando en realidad la población musulmana no asciende a más que una ínfima fracción del conjunto de la población. “Las cifras no son más que un pretexto,” dijo Khalil, argumentando que la campaña de la que forman parte semejantes afirmaciones constituye una “guerra contra el Islam. Los intelectuales occidentales admiten que ésta es una era de conflicto religioso, y muchas de las guerras que han estallado durante el último siglo fueron motivadas por la religión. Lo que los musulmanes enfrentan ahora en Occidente es la herencia cultural del espíritu que otrora llevó a las Cruzadas.”
Sin embargo, otras voces musulmanas llaman a las poblaciones europeas musulmanas a no verse como víctimas. Por ejemplo, Carla Amina Baghajati, portavoz de la comunidad islámica de Austria, ha advertido a los musulmanes que no conviertan la islamofobia en un “tema general.” “Tenemos que crear un clima que posibilite que se superen los prejuicios y el racismo sin mostrar a los musulmanes como víctimas,” explicó recientemente al International Herald Tribune.
En la misma línea, Nesrine Malek advirtió en una reciente columna en el Guardian sobre la muerte de El-Sherbini de que “los musulmanes (incluyéndome a mí) protestan constantemente que no se debiera permitir que las acciones de unos pocos extremistas denigren al Islam y a sus adherentes en conjunto – pero es exactamente lo que ellos [los musulmanes] están haciendo con los europeos y las acciones de Axel W. (El asesino de El-Sherbini].”
“Hay un gran paso del prejuicio que los musulmanes enfrentan en Europa “a la imagen de discriminación exhaustiva, conspiratoria, institucional contra los musulmanes en Europa que gana terreno en los países árabes y provoca llamados a la ruptura de relaciones diplomáticas y al boicot de productos,” escribió Malek.
Sin embargo, Khalil afirma que “admitir el odio occidental hacia el Islam es el primer paso en el camino a contrarrestarlo. Esto no significa que estemos en guerra con Occidente. Sólo significa que tenemos que diagnosticar la enfermedad para poder curarla.” Khalil sugiere que debería establecerse una organización internacional con representación de todos los países musulmanes para proteger a los musulmanes que viven en Occidente.
Para El-Aswani, al contrario, debería canalizarse más esfuerzo a la educación de los occidentales sobre el Islam. Los musulmanes occidentales también deberían hacer su parte, dando un buen ejemplo e integrándose en las culturas occidentales.
Sin embargo, si los musulmanes podrán integrarse positivamente, o sólo “retirarse a un resentimiento pasivo”, también “dependerá de la rapidez y facilidad con la que sus ‘anfitriones’ – europeos ordinarios así como gobiernos – los hagan sentirse en casa,” escribió Mishra.
© Copyright Al-Ahram Weekly. All rights reserved
Fuente: http://weekly.ahram.org.eg/2009/973/focus.htm
Fuente: rebeliòn
¿Islamofobia o xenofobia?
Gihan Shahine
Al Ahram Weekly
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
No fue nada que hiciera o dijese. Más bien, lo que le costó la vida fueron su apariencia y su tipo de vestido. La farmacéutica egipcia Marwa El-Sherbini, llevaba puesto el velo islámico (hiyab) mientras jugaba inocentemente con su hijo de tres años en un parque en Dresde, Alemania, cuando un hombre ruso-alemán repentinamente la llamó “terrorista” entre otras cosas.
El-Sherbini llamó a la policía y acudió a los tribunales, donde el mismo hombre la atacó con un cuchillo. También apuñaló a su esposo mientras trataba de protegerla y luego un policía que, según se informa, lo confundió con el atacante le disparó y le hirió gravemente.
Mientras el asesino de El-Sherbini fue condenado a cadena perpetua el 11 de noviembre por un tribunal alemán, la cólera por su asesinato no sólo se extendió por el mundo musulmán, sino que además ha abierto toda una caja de Pandora de preguntas sobre si Europa en su conjunto sufre una nueva ola de islamofobia.
El asesinato de El-Sherbini, por trágico que sea, todavía puede ser interpretado por algunos musulmanes y por voces más lúcidas como un incidente “aislado” cometido por un lobo racista solitario. Pero sigue siendo cuestionable si otros incidentes se pueden descartar de la misma manera.
Hace sólo algunos meses, a Ali Mohammed, el imán de una mezquita en California, le quemaron vivo cuando incendiaron su casa después de haberle acosado por ser un “terrorista musulmán.” En otro sitio, el enviado de Al-Azhar al Centro Islámico en Londres, Mohamed El-Salamoni, fue golpeado por un atacante sólo seis meses después de iniciar su misión, y terminó por perder la vista. Semejantes incidentes explican por qué el asesinato de Marwa El-Sherbini se ha considerado ampliamente como una prueba más del prejuicio occidental contra el Islam.
La reciente ola de crímenes de odio cometidos contra musulmanes también ha provocado ansiedades musulmanas sobre si semejante islamofobia occidental ha tomado ahora una forma nueva y más sangrienta. El tema de si esos crímenes de odio se deben ver en el contexto de islamofobia, o sólo como resultado de xenofobia, también es objeto de un acalorado debate.
¿Les va peor a los musulmanes que a otros grupos minoritarios que viven en el continente europeo?
Si nos guiamos por estudios existentes, es posible que los musulmanes estén sufriendo más. Un estudio realizado en diciembre de 2006 por el Centro Europeo de Monitoreo sobre Racismo y Xenofobia, basado en Viena, declaró de modo terminante que “la islamofobia aumenta en toda Europa, donde muchos musulmanes son amenazados e incomprendidos – algunos a diario.” El centro, que rastrea prejuicios étnicos y religiosos en los 27 países de la Unión Europea, dice que “los musulmanes sufren rutinariamente problemas que van desde ataques físicos a discriminación en el mercado laboral y de la vivienda.”
El centro también enumeró cientos de casos de violencia y amenazas contra los musulmanes en Europa desde 2004, tales como vandalismo en mezquitas y centros islámicos, abuso contra mujeres que llevan velos islámicos, y ataques, como el de una pandilla con bates de béisbol decorados con esvásticas y consignas racistas que atacó a una familia somalí en Dinamarca. Mientras tanto, según el informe, la representación musulmana en los parlamentos nacionales europeos sigue siendo baja, con sólo dos miembros musulmanes practicantes en el parlamento británico, uno en Alemania, y ninguno en Francia.
Según Mahmoud Khalil, profesor en la Facultad de Información de la Universidad de El Cairo: “las minorías musulmanas que viven en Occidente sufren más que ninguna otra religión por un simple motivo: no existe una protección internacional que asegure amparo para todos los musulmanes del mundo, similar a la que otrora fuera suministrada por la histórica regla islámica del califato.”
Parece que se deja que los musulmanes se las arreglen solos, ya que las organizaciones internacionales usualmente no pueden suministrar ayuda. “Las minorías cristianas que viven en países de mayoría musulmana, al contrario, tendrían de inmediato la protección del Vaticano y del mundo en su conjunto si se cometiera un crimen contra un cristiano como el perpetrado contra El-Sherbini," dijo Khalil. “La comunidad judía en países de mayoría musulmana como Marruecos también goza de todos sus derechos civiles, y tiene el apoyo de Occidente y de EE.UU.”
Además, se culpa culpados frecuentemente a los medios de comunicación occidentales de jugar un papel crucial en el aliento de sentimientos anti-musulmanes. El hecho de que el abogado del asesino de El-Sherbini haya declarado terminantemente que cuando cometió el crimen su cliente estaba bajo la influencia de una cobertura mediática prejuiciada que tiende a mostrar a los musulmanes como terroristas, ha llevado a cuestionar aún más la objetividad de los medios occidentales.
En un artículo reciente intitulado “La vergonzosa islamofobia en el corazón de la prensa británica” que apareció en el periódico británico Independent, el periodista Peter Oborne citó un estudio de la Escuela de Periodismo de Cardiff que examinó la información sobre temas musulmanes.
“El equipo analizó unos 974 artículos y estableció que aproximadamente dos tercios de todos los ‘enganches’ para historias sobre musulmanes implicaban terrorismo (cerca de un 36% de los artículos), temas religiosos como la ley Sharia, subrayaban diferencias culturales entre musulmanes británicos y otros (un 22%); o extremismo musulmán, respecto a personajes como Abu Hamza,” escribió Oborne. “Esos artículos mostraban todos a musulmanes como fuente de problemas. Al contrario, sólo un 5% de los artículos se basaban en problemas enfrentados por los musulmanes británicos.”
Khalil también dice que los prejuicios en los medios occidentales aumentaron después de los ataques del 11-S contra Nueva York y Washington, pero que semejantes prejuicios han sido desde hace tiempo una característica de los medios occidentales. “Los medios occidentales han sido prejuiciados por lo menos desde la Guerra de Octubre en 1973 cuando se presentó a los árabes utilizando el petróleo como arma para presionar a EE.UU. a que abandonara su apoyo para Israel,” señaló Khalil.
El que el secuestro de miembros del personal de la embajada de EE.UU. en Teherán durante la Revolución Islámica en 1979 se siga conmemorado actualmente en los medios occidentales es también un ejemplo de cómo los medios tratan de avivar el sentimiento público contra los musulmanes, dijo Khalil.
Semejantes imágenes negativas de los musulmanes parecen haber influenciado el modo de pensar dominante en Occidente. Según un reciente sondeo publicado por la red estadounidense ABC News, un 14% de los ciudadanos de la Unión Europea admitió su “intolerancia” hacia minorías, mientras otro 25% dijo que eran “ambivalentes” hacia ellas.
“Mientras Alemania presenció un aumento de un 40% en crímenes racistas denunciados el año pasado, y la Comisión Islámica de Derechos Humanos basada en Londres ha registrado que las quejas por reacciones en Gran Bretaña desde los ataques del 11-S se han multiplicado por 13, semejantes cifras son difíciles de comparar en países como Francia, donde los orígenes étnicos de los demandantes no se registran,” dijo el sondeo de ABC News.
Además, Runnymede Charity, basada en Londres, publicó en 1997 un informe intitulado “Islamophobia: A Challenge for Us All" [Islamofobia: un desafío para todos], actualizado en 2004, que estableció que “a los musulmanes se les ve como ‘los otros’ y como que carecen de los valores mantenidos por las culturas occidentales.” El Islam también era considerado por muchos como una religión violenta, terrorista, incapaz de corresponder a los valores occidentales.
Lo que es aún más alarmante, el informe estableció que muchos occidentales usaban semejantes conceptos erróneos como el Islam como pretexto para justificar “prácticas discriminatorias contra musulmanes y su exclusión de la sociedad en general.” El informe concluyó que entre los europeos “la hostilidad contra los musulmanes es considerada como natural o normal.”
Posiblemente semejantes conclusiones no sean sorprendentes para el destacado novelista egipcio Alaa El-Aswani. Los sentimientos anti-musulmanes han estado aumentando en Europa como resultado de la creciente popularidad de la extrema derecha en muchos países europeos, dijo El-Aswani, y el hecho de que la mayoría de los europeos sepan poco o nada sobre las verdaderas enseñanzas del Islam, supone que muchas mezquitas y organizaciones islámicas en Europa estén en manos de tendencias extremistas, ha complicado aún más el problema, dijo.
“El tono y la retórica a veces extrema que los imanes de algunas mezquitas en Europa tienden a adoptar presenta una imagen errónea del Islam que va en contra de los valores seculares de Occidente,” dijo El-Aswani. Describir el niqab (velo completo) como una obligación religiosa para las mujeres, cuando la mayoría de los eruditos islámicos insisten en que no lo es, puede alarmar a muchos occidentales, por ejemplo, no tanto por cómo se ve, sino más bien por el mensaje de reclusión de las mujeres que transmite.
“Este ejemplo, y el hecho de que los medios occidentales dominantes a menudo tratan de mostrar a los musulmanes como terroristas, ha hecho que mucha gente occidental, que sabe poco o nada sobre el Islam, teme tener a un vecino o colega musulmán, por ser tal vez una amenaza potencial,” dijo El-Aswani.
La actual campaña “¡Detened el minarete!” en Suiza es otro ejemplo de cómo la islamofobia ha estado penetrando profundamente en el modo de pensar occidental. Más de 100.000 suizos han firmado, según se informa, una petición en apoyo a las demandas del derechista Partido Popular Suizo por una prohibición de la construcción de minaretes en Suiza.
Sólo existen cuatro minaretes actualmente en Suiza, y ni siquiera se utilizan para llamar a las plegarias musulmanas. Los propugnadores de la campaña contra los minaretes han afirmado, a pesar de ello, que los minaretes son peligrosos porque son un “símbolo del poder islámico” y pueden representan una “intrusión ideológica” en el modo de vida suizo.
El-Aswani fue uno de los primeros qu dio a conocer la campaña suiza en Egipto, y se realizan esfuerzos para detener la campaña. Sin embargo, el hecho de que una tal campaña haya podido tener lugar incluso en un país multicultural como Suiza, donde jamás ha habido ataques terroristas islamistas, podría interpretarse como algo sintomático de una creciente marea de islamofobia en Europa en su conjunto, dijo El-Aswani.
No obstante, Dalia Mogahed, directora del Centro Gallup de Estudios Musulmanes basado en EE.UU. y miembro del Consejo Asesor Presidencial sobre Sociedades Vecinales y Basadas en la Fe del presidente Obama, afirma que en realidad la islamofobia se ha mantenido estable o ha disminuido en los últimos años. Mogahed especula que “podría ser que los crímenes contra musulmanes sólo estén recibiendo más atención que antes,” y agrega que los estereotipos occidentales de musulmanes con velos o barbas como “terroristas” puede también estar cambiando, apuntando como testimonio a la “referencia positiva al hijab del presidente Obama en diversas ocasiones en su discurso de El Cairo.”
Mogahed es una de esas voces musulmanas moderadas que tratan de explicar el asesinato de El-Sherbini como “un síntoma de un problema más profundo de prejuicios en Alemania,” más que un problema de Occidente en general, o una indicación de que los prejuicios contra el Islam esté tomando una forma nueva y más peligrosa.
Sin embargo, la idea de que Europa esté en peligro por los musulmanes y otros ha entrado al debate público en el continente, y hay muchos que argumentan que como resultado Europa occidental, que ha sido aclamada por su tolerancia hacia grupos minoritarios desde la Segunda Guerra Mundial, ya no es tan tolerante como antes. Como dice Leela Jacinto de ABC News: “En toda Europa occidental, expertos en inmigración y los derechos civiles dicen que una ola xenofóbica, contra los inmigrantes y contra los musulmanes, parece estar asolando una región que fuera famosa por su tolerancia.”
“Políticos alemanes advierten de que el ‘germanismo’ está siendo subsumido por gente de origen turco, que representa un poco más de un 2% de la población. Partidarios franceses de una prohibición del hijab creen que los pañuelos que llecan las escolares representan un riesgo para el ideal francés de laicismo o secularismo. Y en Dinamarca, controvertidas nuevas reglas para despojar a los hijos de inmigrantes de su derecho a la ciudadanía automática son criticadas por grupos de derechos humanos, que dicen que constituyen una violación de los derechos a la ciudadanía, así como del derecho a una vida familiar,” escribió Jacinto.
Y muchos están de acuerdo con Khalil en que a los musulmanes les afecta particularmente esta ola xenofóbica. Según el columnista de Huffington Post, Firas Al-Atraqchi, “en vista del racismo que padecen muchos musulmanes en Europa, el asesinato de una mujer egipcia porque llevaba un hijab no se debe descartar como el acto de un solo hombre a quien muchos ahora califican de insano.”
“No se trata sólo de un estado de xenofobia que asola Europa. Forma parte de una ola claramente anti-musulmana que ahora aumenta a niveles sangrientos,” dijo Khalil. “Los musulmanes solían sufrir sólo insultos y discriminación. Pero ahora vemos que son asesinados por su identidad como musulmanes, algo que puede llevar al genocidio si lo seguimos ignorando.”
La visión pesimista de Khalil está apoyada por una reciente serie de libros que muestran a los 53 millones de musulmanes de Europa como una “bomba de tiempo demográfica” que tiene que ser “desactivada de inmediato.” En una reseña sobre esos libros en el periódico británico The Guardian en agosto pasado, el columnista Pankaj Mishra citó a una serie de destacados políticos y periodistas europeos y estadounidenses que piensan que Europa está a punto de ser “invadida” por musulmanes, que todavía no representan más de 3 ó 4 por ciento de la población total de la UE, de 493 millones.
“Por cierto, las minorías pueden conformar países,” escribió Christopher Caldwell, un columnista estadounidense del Financial Times de Londres, a quien el periódico británico The Observer describió recientemente como un “vigorizante analista con una visión clara de las devociones europeas.” “Los musulmanes ya están conquistando las ciudades de Europa, calle por calle,” escribió Caldwell, y el historiador derechista británico Niall Ferguson también afirmó que “una juvenil sociedad musulmana al sur y al este del Mediterráneo está lista para colonizar – el término no es demasiado fuerte – una Europa senescente,” según la reseña de Mishra.
El analista indio Hassan Suroor compara el tono alarmista que emana de estos libros, que “tienden a mostrar a los musulmanes on los colores más sombríos posibles,” con las “cosas que una vez se escribieron sobre los judíos europeos.” La solución que propugnan semejantes libros para salvar a Europa de convertirse en una potencial “Eurabia” es “mantener a los musulmanes fuera de Europa y, si es necesario, expulsarlos. Algunas de las sugerencias sobre cómo encarar el ‘problema’ musulmán equivalen a limpieza étnica” advierte Suroor.
Para Suroor, muchos incidentes recientes han sido sintomáticos de islamofobia, y menciona a “un ministro británico, Jim Fitzpatrick, que abandonó un matrimonio de un elector musulmán en protesta contra la segregación de invitados masculinos y femeninos; un destacado erudito musulmán moderado, Tariq Ramadan, es expulsado no de uno sino de dos puestos de trabajo distintos por presentar un show en un canal de la televisión iraní; agresivos manifestantes derechistas en Suiza exigen la eliminación de minaretes de todas las mezquitas; y el presidente francés Nicolas Sarkozy llama a prohibir el uso de la burqa en público.”
Las caricaturas que aparecieron en un periódico danés en 2006 mostrando al profeta Muhammad con un turbante en forma de bomba, y la prohibición anterior de usar pañuelos musulmanes en escuelas públicas francesas, también han sido vistas como evidencia de prejuicios europeos contra el Islam.
Suroor concluye que aunque sería “necio combinar incidentes que podrían no ser más que dificultades locales e inflarlos hasta convertirlos en una conspiración contra los musulmanes,” sería igualmente necio negar que tales incidentes evidencian el prejuicio que los musulmanes enfrentan en toda Europa.
Por su parte, Khalil rechaza las afirmaciones de que los musulmanes están “conquistando Europa”, cuando en realidad la población musulmana no asciende a más que una ínfima fracción del conjunto de la población. “Las cifras no son más que un pretexto,” dijo Khalil, argumentando que la campaña de la que forman parte semejantes afirmaciones constituye una “guerra contra el Islam. Los intelectuales occidentales admiten que ésta es una era de conflicto religioso, y muchas de las guerras que han estallado durante el último siglo fueron motivadas por la religión. Lo que los musulmanes enfrentan ahora en Occidente es la herencia cultural del espíritu que otrora llevó a las Cruzadas.”
Sin embargo, otras voces musulmanas llaman a las poblaciones europeas musulmanas a no verse como víctimas. Por ejemplo, Carla Amina Baghajati, portavoz de la comunidad islámica de Austria, ha advertido a los musulmanes que no conviertan la islamofobia en un “tema general.” “Tenemos que crear un clima que posibilite que se superen los prejuicios y el racismo sin mostrar a los musulmanes como víctimas,” explicó recientemente al International Herald Tribune.
En la misma línea, Nesrine Malek advirtió en una reciente columna en el Guardian sobre la muerte de El-Sherbini de que “los musulmanes (incluyéndome a mí) protestan constantemente que no se debiera permitir que las acciones de unos pocos extremistas denigren al Islam y a sus adherentes en conjunto – pero es exactamente lo que ellos [los musulmanes] están haciendo con los europeos y las acciones de Axel W. (El asesino de El-Sherbini].”
“Hay un gran paso del prejuicio que los musulmanes enfrentan en Europa “a la imagen de discriminación exhaustiva, conspiratoria, institucional contra los musulmanes en Europa que gana terreno en los países árabes y provoca llamados a la ruptura de relaciones diplomáticas y al boicot de productos,” escribió Malek.
Sin embargo, Khalil afirma que “admitir el odio occidental hacia el Islam es el primer paso en el camino a contrarrestarlo. Esto no significa que estemos en guerra con Occidente. Sólo significa que tenemos que diagnosticar la enfermedad para poder curarla.” Khalil sugiere que debería establecerse una organización internacional con representación de todos los países musulmanes para proteger a los musulmanes que viven en Occidente.
Para El-Aswani, al contrario, debería canalizarse más esfuerzo a la educación de los occidentales sobre el Islam. Los musulmanes occidentales también deberían hacer su parte, dando un buen ejemplo e integrándose en las culturas occidentales.
Sin embargo, si los musulmanes podrán integrarse positivamente, o sólo “retirarse a un resentimiento pasivo”, también “dependerá de la rapidez y facilidad con la que sus ‘anfitriones’ – europeos ordinarios así como gobiernos – los hagan sentirse en casa,” escribió Mishra.
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Fuente: http://weekly.ahram.org.eg/2009/973/focus.htm
Fuente: rebeliòn
Publicado el : 24 de noviembre 2009 - 1:33 de la tarde | Por Beatriz Díez Hernando
Las organizaciones ALOP y Enlace han presentado "Sur, inicio de un camino", un informe sobre la situación de los migrantes en la Frontera sur de México en el que se denuncian graves violaciones a los derechos humanos.
El informe “Sur, inicio de un camino” es un documento extenso y exhaustivo, que presenta una realidad a menudo ignorada o desconocida: la de las y los trabajadores que emigran desde Centroamérica hacia Estados Unidos o hacia el propio México y que son víctima de graves abusos laborales y personales.
El Sur también existe
La Frontera norte de México acapara una gran atención por parte de los medios, de las autoridades nacionales y de la comunidad internacional. Tanto es así, que la realidad que se vive en la Frontera sur del país a menudo se eclipsa o recibe poca atención. La investigadora Ana Elena Barrios, de Enlace-Equipo Comitán, explica a Radio Nederland que esa es precisamente la razón por la que decidieron realizar esta investigación a fondo.
“Cuando se habla generalmente en México de migración, se suele hablar de la Frontera norte, que es la noción inmediata y en términos de la exigencia que le hacen los mexicanos al gobierno de Estados Unidos para el respeto de sus derechos”, dice Barrios. “Sin embargo, se suele ignorar que México es un país muy importante de tránsito y destino de migrantes, de personas centroamericanas que cruzan y llegan al sur de México a trabajar”, añade.
Una mirada humana
Ante este panorama, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP, y la organización Enlace decidieron explorar esta situación, por la gravedad de los abusos y las violaciones que se cometen contra los derechos de los migrantes que se encuentran en esta frontera.
El documento que ahora se presenta es fruto de un trabajo de mucho tiempo, y contiene testimonios personales que aportan una mirada humana sobre esta compleja problemática. El informe recoge la triple condición de la Frontera sur como punto de origen-retorno, zona de tránsito o lugar de destino de trabajadoras y trabajadores migrantes.
La investigadora Ana Elena Barrios subraya que la idea de presentar la historia personal de los migrantes estaba presente desde un principio. “No somos academia”, señala Barrios, “entonces siempre desde el principio se expresa y se aclara que la idea no es la realización de un documento académico; más allá es poder expresar la realidad de los migrantes, la realidad de abuso, y nos han parecido tan importantes las visitas de campo precisamente por el poder darle palabra a estas personas que son tan víctimas de abuso”.
Robos, secuestros, violaciones
Los abusos que se presentan en el informe tienen que ver con atropellos a los derechos laborales de los migrantes, pero también con ataques a la seguridad personal de estos trabajadores y trabajadoras. En este sentido, las mujeres son las víctimas más vulnerables, en un escenario donde los secuestros y las violaciones sexuales están a la orden del día.
Según se denuncia en el informe, las personas que pasan por el tramo entre Tapachula y Arriaga en tránsito corren el peligro de ser extorsionadas, robadas o violadas por grupos criminales. Más allá de este punto, después de Arriaga, se dan más casos de secuestros. Es todo un funcionamiento sumamente complejo y bien organizado de varios grupos, en donde participan también personas infiltradas en la zona que se dedican a observar y a escuchar a los migrantes, para saber quiénes de ellos tienen familia en los Estados Unidos, y quiénes pueden tener dinero.
La investigadora del Equipo de Enlace en Comitán asegura que las autoridades están al tanto de esta situación, y recuerda que existe un informe dedicado exclusivamente a la realidad de los secuestros de migrantes centroamericanos en la Frontera sur.
Lucha contra el crimen
El gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón ha emprendido toda una batalla contra el crimen, pero aquí también es el norte el que recibe más atención y más recursos.
Ana Elena Barrios sostiene que “el discurso del presidente actual es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado; sin embargo, se sabe que la política migratoria que el gobierno aplica para el sur de México es un espejo de las exigencias del norte, de EE.UU.”. La historia de esta política migratoria forma también parte del informe “Sur, inicio de un camino”. Esta política tiene como objetivo, dice Barrios, convertir a la frontera sur en un “muro de contención” de los migrantes.
Vulnerabilidad de las mujeres
A la ya delicada condición de migrante sin documentos, se suma en muchas ocasiones el hecho de ser indígena o ser mujer como agravante a una situación que ya de por sí es complicada.
Ana Elena Barrios subraya que las mujeres son las más vulnerables en este contexto y comenta cómo muchas de las mujeres migrantes se auto inyectan métodos anticonceptivos porque saben que corren peligro de ser violadas.
Además, las menores son a menudo víctimas de redes de tráfico de personas. “Hay redes muy grandes, muy importantes y muy bien organizadas”, denuncia Barrios, “que se dedican a la trata de personas y estas son, sobre todo, menores centroamericanas. En el informe se da un dato: solamente en Tapachula son más de 10.000 las mujeres víctimas de explotación sexual y el 98% de ellas tienen entre 15 y 17 años. Es una situación muy dura”.
Fuente: Radiom Nederland
Jorge Ramos Ronceros, pariente del presidente García, le alquila propiedad a la Universidad Alas Peruanas.
Fidel Ramírez Prado está interesado en mantener buenas relaciones con altas esferas del poder político, además mantiene negocios con miembros de la familia presidencial.
DETALLE
Ramos Ronceros fue uno de los invitados al ágape ofrecido por Ramírez Prado en el exclusivo restaurante “Costa Verde” en agosto pasado con motivo de su cumpleaños. En dicha reunión estuvo presente también el edecán del presidente, Juan Urcariegui, además de algunos ex ministros como Ántero Flores-Aráoz. Entre los asistentes se pudo ver también a congresistas del partido de gobierno y de otras tiendas política.
Los nexos que el rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado, ha formado, llegan hasta la familia del presidente Alan García. LA PRIMERA pudo conocer que Jorge Ramos Ronceros, tío de nuestro primer mandatario, mantiene un estrecho vínculo comercial con el rector de Alas Peruanas, institución a la que incluso le alquila un local ubicado en la avenida Santa Cruz 1550, en el distrito de Miraflores, donde funciona la facultad de comunicaciones de la referida casa de estudios.
Se trata de un inmueble de grandes dimensiones que alberga a una enorme cantidad de alumnado, puesto que comunicaciones es la especialidad con mayor demanda en esta universidad.
Ramos Ronceros es una personalidad discreta a nivel social, pero con una intensa actividad empresarial, tal como ocurrió durante el primer gobierno de Alan García. Estas cercanías favorecen mucho a la Universidad Alas Peruanas, pues desde su creación e inicio de actividades académicas, en 1996, funciona de manera provisional debido a que el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades (Conafu) fue impedido de pronunciarse sobre este centro de estudios, así lo señala una resolución judicial del año 2000 después de haber objetado su existencia. Mediante otra resolución emitida el mismo año, Alas Peruanas es la única universidad en el país que puede abrir filiales en cualquier parte del territorio nacional.
En la actualidad, al Conafu no se le permite regularizar el funcionamiento de esta universidad que para todas sus actividades cuenta tan sólo con la autorización de jueces acusados de haber formado parte de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos.
Fuente: La Primera
El tío con alas
Fidel Ramírez Prado está interesado en mantener buenas relaciones con altas esferas del poder político, además mantiene negocios con miembros de la familia presidencial.
DETALLE
Ramos Ronceros fue uno de los invitados al ágape ofrecido por Ramírez Prado en el exclusivo restaurante “Costa Verde” en agosto pasado con motivo de su cumpleaños. En dicha reunión estuvo presente también el edecán del presidente, Juan Urcariegui, además de algunos ex ministros como Ántero Flores-Aráoz. Entre los asistentes se pudo ver también a congresistas del partido de gobierno y de otras tiendas política.
Los nexos que el rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado, ha formado, llegan hasta la familia del presidente Alan García. LA PRIMERA pudo conocer que Jorge Ramos Ronceros, tío de nuestro primer mandatario, mantiene un estrecho vínculo comercial con el rector de Alas Peruanas, institución a la que incluso le alquila un local ubicado en la avenida Santa Cruz 1550, en el distrito de Miraflores, donde funciona la facultad de comunicaciones de la referida casa de estudios.
Se trata de un inmueble de grandes dimensiones que alberga a una enorme cantidad de alumnado, puesto que comunicaciones es la especialidad con mayor demanda en esta universidad.
Ramos Ronceros es una personalidad discreta a nivel social, pero con una intensa actividad empresarial, tal como ocurrió durante el primer gobierno de Alan García. Estas cercanías favorecen mucho a la Universidad Alas Peruanas, pues desde su creación e inicio de actividades académicas, en 1996, funciona de manera provisional debido a que el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades (Conafu) fue impedido de pronunciarse sobre este centro de estudios, así lo señala una resolución judicial del año 2000 después de haber objetado su existencia. Mediante otra resolución emitida el mismo año, Alas Peruanas es la única universidad en el país que puede abrir filiales en cualquier parte del territorio nacional.
En la actualidad, al Conafu no se le permite regularizar el funcionamiento de esta universidad que para todas sus actividades cuenta tan sólo con la autorización de jueces acusados de haber formado parte de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos.
Fuente: La Primera
23/11/09: El Perú y la traición institucionalizada
Vicky Peláez
Desgraciado el país que necesita héroes (Bertolt Brecht)
Todos los gobernantes del mundo recurren siempre al truco de buscar algo
sensacional, frecuentemente preparado con anticipación, cuando su liderazgo
va en bajada y necesitan desviar la atención ciudadana de los problemas
reales que agobia su nación . El presidente del Perú, Alan García es un
indiscutible y taimado campeón en la tarea de confundir a su pueblo cuando
su aceptación va en caída. Por eso no extraña que la captura en Lima del
suboficial de la Fuerza Aérea del Perú Víctor Ariza, acusado de espiar para
Chile, y presentada con bombos y platillos, sea uno de sus trucos
hipnotizadores con el que se quiere tapar la descarada venta del Perú a
los inversionistas chilenos, patrocinada por el mismo García, lo que ya
estaba produciendo la indignación general.
¿Qué secretos podría vender este suboficial de inteligencia de la FAP a los
chilenos, que ellos no sabían? Primero, Chile posee dos satélites FASat-Alfa
y FASat-Bravo lanzados en los 1990 y en Febrero 2010 será lanzado su
satélite militar adquirido en Europa por 72 millones de dólares. Con esta
tecnología saben de la ubicación de tropas, desplazamiento y armamento con
mínimos detalles. Y segundo, Chile es seguro aliado de los Estados Unidos
en América Latina igual como ha sido de los británicos en la guerra de las
Malvinas. La CIA, DEA, DIA etc., lo consideran país amigo y le pasan toda
la información que necesita respecto a sus vecinos, en especial sobre Perú,
cuyos inmensos e incalculables recursos naturales son imán para los
chilenos. No olvidemos que las fuentes acuáticas y energéticas del Chile se
agotan, y que sus tierras son insuficientes para sus necesidades
alimenticias.
El Perú, cuya riqueza natural e infraestructura económica Alan García está
tratando de rematar, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, especialmente
de la dupla Fujimori -Montesinos, representa una oportunidad única para
aliviar los problemas económicos chilenos, cuyo gobierno facilita cómodo
crédito financiero a los que quieren hacer negocio en Perú. La
“chilenización” del Perú empezó aceleradamente con la famosa frase de
Pinochet a los hombres de dinero: “compren en el Perú, está barato”. Ahora
son dueños de cadenas de supermercados, hoteles, del aeródromo Collique,
terrenos de cultivo, construcciones de casas, minas, puertos y se apoderaron
del transporte aéreo, marítimo y terrestre peruanos sin disparar un tiro,
solo ofreciendo un puñado de dólares al corrupto gobierno con la venia de
los militares.
La supuesta traición del suboficial es nada, comparado con la traición
generalizada de todas las instituciones peruanas, en especial de sus Fuerzas
Armadas. El espíritu de Vladimiro Montesinos sigue ‘vivito y coleando’ en el
alma nacional. De otra forma no se explica cómo el pueblo permite al
gobierno la destrucción de la soberanía nacional. Héroes como Francisco
Bolognesi, Miguel Grau, Velasco Alvarado, Hoyos Rubio ya no existen entre
los militares. Los secretos de Estado son utopía en el Perú porque contrata
a la empresa de Mossad – Global CST para la preparación de sus fuerzas
armadas, la que está haciendo el mismo trabajo en Chile, Colombia, Honduras
y muchos otros países latinoamericanos con la venia y control de la CIA y
DIA (Servicio de Inteligencia Militar de EE.UU.). Ya no hay nada que
ocultar, todo se sabe, solamente varía el precio.
Vicky.pelaez@eldiariony.com
Enviado por CODEHICA
Indígenas lo denunciarán por violar derechos humanos.
Carlos Navas dirigente nativo considerá que García y Fujimori son criminales de “la misma calaña”, añadió que deben compartir la misma cárcel por violar derechos humanos.
DETALLE
Por su condición de mandatario Alan García no puede ser denunciado actualmente, por eso los nativos esperarán a que deje el cargo para llevarlo a los tribunales, y de ser necesario acudirán a instancias internacionales para ser escuchados y alcanzar justicia.
La dirigencia de los pueblos nativos buscará que el presidente Alan García tenga el mismo destino que el ex dictador Alberto Fujimori: que sea condenado y recluido en una cárcel por cometer crímenes contra los derechos humanos.
Durante la reunión del Consejo Aguaruna Huambisa, realizado el último fin de semana en la localidad de Urakusa, el dirigente Carlos Navas propuso denunciar a García bajo el argumento que cometió violación de los derechos humanos de nativos, mestizos y policías durante el paro amazónico, el pasado 5 de junio, donde murieron 34 personas (entre civiles y policías), por organizar desde su posición de jefe del Estado el desbloqueo de La Curva del Diablo y por exponer la vida de efectivos policiales.
“En el caso de Fujimori, él utilizó las herramientas del Estado para aniquilar personas que eran enemigas de su régimen dictatorial. En el caso de García, él utiliza los recursos del Estado para perseguir y eliminar a quienes están en contra de sus intereses económicos. No debemos olvidar que la matanza de nativos vino con una orden superior, la cual desencadenó la muerte de policías y nativos, por eso García debe ser denunciado junto con el ex premier Yehude Simon y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas”, sostuvo Navas tras indicar que durante los próximos mesas ultimarán los detalles para presentar la referida demanda ni bien García termine su mandato puesto que como mandatario es “inimputable”, es decir, no puede ser denunciado por ningún delito. La propuesta tuvo aceptación entre los apus y dirigentes indígenas de las cuencas de los ríos Chiriaco, Marañón, Santiago y Cenepa. Esto es parte de una estrategia legal que desarrollarán a partir de ahora los nativos, la misma que incluye la presentación de Acciones de Amparo contra la firma de los contratos que permiten a las empresas petroleras y mineras realizar actividades en territorios ocupados milenariamente por las comunidades nativas. En tanto, Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, viene asesorando a los dirigentes nativos para que hagan respetar su derecho a consulta previa. “Los dirigentes pueden presentar acciones de amparo en cualquier juzgado para pedir el derecho a la consulta, y si las autoridades no cumplen pueden denunciarlas ante instancias internacionales”, señaló Coronado.
Marcelo Puelles
Enviado Especial
Fuente: La Primera
Carlos Navas dirigente nativo considerá que García y Fujimori son criminales de “la misma calaña”, añadió que deben compartir la misma cárcel por violar derechos humanos.
DETALLE
Por su condición de mandatario Alan García no puede ser denunciado actualmente, por eso los nativos esperarán a que deje el cargo para llevarlo a los tribunales, y de ser necesario acudirán a instancias internacionales para ser escuchados y alcanzar justicia.
La dirigencia de los pueblos nativos buscará que el presidente Alan García tenga el mismo destino que el ex dictador Alberto Fujimori: que sea condenado y recluido en una cárcel por cometer crímenes contra los derechos humanos.
Durante la reunión del Consejo Aguaruna Huambisa, realizado el último fin de semana en la localidad de Urakusa, el dirigente Carlos Navas propuso denunciar a García bajo el argumento que cometió violación de los derechos humanos de nativos, mestizos y policías durante el paro amazónico, el pasado 5 de junio, donde murieron 34 personas (entre civiles y policías), por organizar desde su posición de jefe del Estado el desbloqueo de La Curva del Diablo y por exponer la vida de efectivos policiales.
“En el caso de Fujimori, él utilizó las herramientas del Estado para aniquilar personas que eran enemigas de su régimen dictatorial. En el caso de García, él utiliza los recursos del Estado para perseguir y eliminar a quienes están en contra de sus intereses económicos. No debemos olvidar que la matanza de nativos vino con una orden superior, la cual desencadenó la muerte de policías y nativos, por eso García debe ser denunciado junto con el ex premier Yehude Simon y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas”, sostuvo Navas tras indicar que durante los próximos mesas ultimarán los detalles para presentar la referida demanda ni bien García termine su mandato puesto que como mandatario es “inimputable”, es decir, no puede ser denunciado por ningún delito. La propuesta tuvo aceptación entre los apus y dirigentes indígenas de las cuencas de los ríos Chiriaco, Marañón, Santiago y Cenepa. Esto es parte de una estrategia legal que desarrollarán a partir de ahora los nativos, la misma que incluye la presentación de Acciones de Amparo contra la firma de los contratos que permiten a las empresas petroleras y mineras realizar actividades en territorios ocupados milenariamente por las comunidades nativas. En tanto, Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, viene asesorando a los dirigentes nativos para que hagan respetar su derecho a consulta previa. “Los dirigentes pueden presentar acciones de amparo en cualquier juzgado para pedir el derecho a la consulta, y si las autoridades no cumplen pueden denunciarlas ante instancias internacionales”, señaló Coronado.
Marcelo Puelles
Enviado Especial
Fuente: La Primera
Cada día nacen en América Latina más de 30 mil niños, los que viven sus primeros años en unos contextos económicos, sociales y culturales marcados por una extrema desigualdad.
El estudio, el cuarto sobre tendencias sociales y educativas en la región promovido por el IIPE-UNESCO Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, subraya cómo casi 20 años después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la realidad difiere mucho del panorama propuesto en ese articulado.
En América Latina nacen anualmente 11 millones de niños; cerca de 400.000 mueren antes de cumplir los 5 años, aproximadamente 250.000 fallecen antes del primer año y, entre ellos, más de 160.000 durante su primer mes de vida.
Aunque en las últimas cuatro décadas se registraron importantes avances, se observan aún brechas entre países que incluso aumentaron durante los últimos años y que actualmente se sitúan entre los extremos de Cuba y Bolivia, cuya tasa de mortalidad infantil en 2007 fue de 5,3 y 46,6 por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente.
Si bien la región produce un excedente de alimentos un 30 por ciento superior a lo que necesita su población, hay 53 millones de personas que no cuentan con alimentos suficientes, el 7 por ciento de los menores de 5 años tiene bajo peso para su edad y la talla del 16 por ciento es inferior a la que corresponde a esa etapa vital.
El informe destaca la situación de la población aborigen, al subrayar que en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú la incidencia de la desnutrición global y crónica de los menores de 5 años de las poblaciones indígenas es "algo más del doble" que la de aquellos que no pertenecen a esos grupos.
La mortalidad infantil de los niños indígenas latinoamericanos, además, es un 60 por ciento mayor.
Con respecto a las condiciones materiales de vida, el informe revela que en Bolivia, Nicaragua y Guatemala más de la mitad de los niños menores de seis años vive en hogares que "sufren hacinamiento crítico" y que sólo un tercio de los niños bolivianos, salvadoreños, nicaragüenses y paraguayos vive en viviendas que tienen distribución interna de agua.
Esta situación contrasta con la de Chile, donde el porcentaje de niños que viven en hogares con hacinamiento crítico o sin distribución interna de agua es menor del 10 por ciento.
Menos de la mitad de los niños de las zonas rurales de los países con menor desarrollo de América Central vive en hogares donde el jefe de familia es asalariado, mientras en los países del Cono Sur siete de cada diez niños de zonas rurales lo hacen en unidades familiares en las que el cabeza trabaja en relación de dependencia, muchos de ellos con acceso a la seguridad social.
Con respecto al acceso a la escuela, a los cinco años, ocho de cada diez niños se encuentran escolarizados. Esta proporción supera al 85 por ciento en las áreas urbanas y no alcanza a siete de cada diez en las rurales o entre aquellos que provienen de los sectores socialmente más postergados.
Las diferencias regionales son muy pronunciadas: en el Cono Sur, el acceso a la educación a los 5 años se encuentra cerca de ser universal, en tanto que sólo abarca a la mitad de los niños en la región conformada por Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Pese a estos datos, el informe destaca otros factores que configuran un panorama más favorable, como los logros en el marco normativo para impulsar políticas a favor de la infancia y el momento de transición demográfica que vive la región hacia una reducción de las tasas de mortalidad y fecundidad y una expansión de la esperanza de vida.
Además, realza el clima que se ha ido creando en la región en el que cada vez es más aceptado el reconocimiento de los derechos de la niñez y que América Latina atraviesa un momento de mayor fortaleza económica y política desde la cual avanzar en favor de la infancia. (EFE)
Fuente: La república
El estudio, el cuarto sobre tendencias sociales y educativas en la región promovido por el IIPE-UNESCO Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, subraya cómo casi 20 años después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la realidad difiere mucho del panorama propuesto en ese articulado.
En América Latina nacen anualmente 11 millones de niños; cerca de 400.000 mueren antes de cumplir los 5 años, aproximadamente 250.000 fallecen antes del primer año y, entre ellos, más de 160.000 durante su primer mes de vida.
Aunque en las últimas cuatro décadas se registraron importantes avances, se observan aún brechas entre países que incluso aumentaron durante los últimos años y que actualmente se sitúan entre los extremos de Cuba y Bolivia, cuya tasa de mortalidad infantil en 2007 fue de 5,3 y 46,6 por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente.
Si bien la región produce un excedente de alimentos un 30 por ciento superior a lo que necesita su población, hay 53 millones de personas que no cuentan con alimentos suficientes, el 7 por ciento de los menores de 5 años tiene bajo peso para su edad y la talla del 16 por ciento es inferior a la que corresponde a esa etapa vital.
El informe destaca la situación de la población aborigen, al subrayar que en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú la incidencia de la desnutrición global y crónica de los menores de 5 años de las poblaciones indígenas es "algo más del doble" que la de aquellos que no pertenecen a esos grupos.
La mortalidad infantil de los niños indígenas latinoamericanos, además, es un 60 por ciento mayor.
Con respecto a las condiciones materiales de vida, el informe revela que en Bolivia, Nicaragua y Guatemala más de la mitad de los niños menores de seis años vive en hogares que "sufren hacinamiento crítico" y que sólo un tercio de los niños bolivianos, salvadoreños, nicaragüenses y paraguayos vive en viviendas que tienen distribución interna de agua.
Esta situación contrasta con la de Chile, donde el porcentaje de niños que viven en hogares con hacinamiento crítico o sin distribución interna de agua es menor del 10 por ciento.
Menos de la mitad de los niños de las zonas rurales de los países con menor desarrollo de América Central vive en hogares donde el jefe de familia es asalariado, mientras en los países del Cono Sur siete de cada diez niños de zonas rurales lo hacen en unidades familiares en las que el cabeza trabaja en relación de dependencia, muchos de ellos con acceso a la seguridad social.
Con respecto al acceso a la escuela, a los cinco años, ocho de cada diez niños se encuentran escolarizados. Esta proporción supera al 85 por ciento en las áreas urbanas y no alcanza a siete de cada diez en las rurales o entre aquellos que provienen de los sectores socialmente más postergados.
Las diferencias regionales son muy pronunciadas: en el Cono Sur, el acceso a la educación a los 5 años se encuentra cerca de ser universal, en tanto que sólo abarca a la mitad de los niños en la región conformada por Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Pese a estos datos, el informe destaca otros factores que configuran un panorama más favorable, como los logros en el marco normativo para impulsar políticas a favor de la infancia y el momento de transición demográfica que vive la región hacia una reducción de las tasas de mortalidad y fecundidad y una expansión de la esperanza de vida.
Además, realza el clima que se ha ido creando en la región en el que cada vez es más aceptado el reconocimiento de los derechos de la niñez y que América Latina atraviesa un momento de mayor fortaleza económica y política desde la cual avanzar en favor de la infancia. (EFE)
Fuente: La república
Hija de rector Fidel Ramírez es asesora de Edgar Núñez
Aprista admite que le da trabajo a hija de rector de Alas Peruanas y que tiene vínculos con cuestionada universidad; pero en carta oficial dijo que no tenía “participación directa, indirecta o de cualquier otra naturaleza en la gestión de universidades”.
El presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, Werner Cabrera, denunció ayer que en la oficina del legislador aprista Edgar Núñez, miembro de dicha comisión del Parlamento que es vicerrector académico de la Universidad Alas Peruanas-Ica, trabaja como asesora la hija de Fidel Ramírez Prado, cuestionado rector de la referida casa de estudios que tiene 129 juicios.
Se trata de Maribel Ramírez Gallegos que, según Cabrera, ingresó a trabajar en la oficina de Núñez el 1 de abril de 2008, pero curiosamente cuando el tema de Alas Peruanas está en el ojo de la tormenta goza de licencia, por lo que no concurre al Congreso.
Ante la denuncia, el legislador Núñez indicó que la hija del cuestionado rector cumple con los requisitos académicos y personales para desempeñarse como su asesora e indicó que no existe ningún impedimento para su contratación.
“Ella está de licencia sin goce de haber hace un mes porque está justo en etapa de graduación de un master”, dijo y calificó como una especulación irresponsable el señalar que se haya beneficiado con los viajes de la Universidad Alas Peruanas y defendió la contratación de la joven.
“Trabajo en Alas Peruanas desde el año 2004, no soy dueño, promotor ni accionista. Entonces ¿dónde está el impedimento?”, preguntó y dijo que su condición es igual a la de otros parlamentarios. “Hemos aceptado viajes, hemos participado en eventos académicos, pero no sólo de Alas Peruanas sino de otras universidades”, finalizó.
Cabrera recordó que el 8 de abril de este año, el congresista Edgar Núñez envió la carta Nº 452-2009-CR/ENR a la Comisión de Educación informando que no tenía “participación directa, indirecta o de cualquier otra naturaleza en la gestión de universidades”.
La carta en cuestión respondía al pedido del congresista Luis Galarreta, quien le pidió responda hasta entonces su supuesta participación a favor de una universidad privada, lo cual transgrede el Artículo 4 inciso 3) del Código de Ética Parlamentaria.
Sin embargo, Núñez ha sido desmentido por el vicerrector administrativo de la Universidad Alas Peruanas, César Olano, quien ha enviado el oficio 105-2009/VRAC-UAP y afirma que Edgar Núñez Román es vicerrector académico de la Filial UAP de Ica, tal como acreditan diversas resoluciones de la universidad citada y de la Asamblea Nacional de Rectores.
Maribel Ramírez Gallegos ingresó a laborar con Núñez el 1 de abril del 2008.
Fuente: La Primera
Aprista admite que le da trabajo a hija de rector de Alas Peruanas y que tiene vínculos con cuestionada universidad; pero en carta oficial dijo que no tenía “participación directa, indirecta o de cualquier otra naturaleza en la gestión de universidades”.
El presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, Werner Cabrera, denunció ayer que en la oficina del legislador aprista Edgar Núñez, miembro de dicha comisión del Parlamento que es vicerrector académico de la Universidad Alas Peruanas-Ica, trabaja como asesora la hija de Fidel Ramírez Prado, cuestionado rector de la referida casa de estudios que tiene 129 juicios.
Se trata de Maribel Ramírez Gallegos que, según Cabrera, ingresó a trabajar en la oficina de Núñez el 1 de abril de 2008, pero curiosamente cuando el tema de Alas Peruanas está en el ojo de la tormenta goza de licencia, por lo que no concurre al Congreso.
Ante la denuncia, el legislador Núñez indicó que la hija del cuestionado rector cumple con los requisitos académicos y personales para desempeñarse como su asesora e indicó que no existe ningún impedimento para su contratación.
“Ella está de licencia sin goce de haber hace un mes porque está justo en etapa de graduación de un master”, dijo y calificó como una especulación irresponsable el señalar que se haya beneficiado con los viajes de la Universidad Alas Peruanas y defendió la contratación de la joven.
“Trabajo en Alas Peruanas desde el año 2004, no soy dueño, promotor ni accionista. Entonces ¿dónde está el impedimento?”, preguntó y dijo que su condición es igual a la de otros parlamentarios. “Hemos aceptado viajes, hemos participado en eventos académicos, pero no sólo de Alas Peruanas sino de otras universidades”, finalizó.
Cabrera recordó que el 8 de abril de este año, el congresista Edgar Núñez envió la carta Nº 452-2009-CR/ENR a la Comisión de Educación informando que no tenía “participación directa, indirecta o de cualquier otra naturaleza en la gestión de universidades”.
La carta en cuestión respondía al pedido del congresista Luis Galarreta, quien le pidió responda hasta entonces su supuesta participación a favor de una universidad privada, lo cual transgrede el Artículo 4 inciso 3) del Código de Ética Parlamentaria.
Sin embargo, Núñez ha sido desmentido por el vicerrector administrativo de la Universidad Alas Peruanas, César Olano, quien ha enviado el oficio 105-2009/VRAC-UAP y afirma que Edgar Núñez Román es vicerrector académico de la Filial UAP de Ica, tal como acreditan diversas resoluciones de la universidad citada y de la Asamblea Nacional de Rectores.
Maribel Ramírez Gallegos ingresó a laborar con Núñez el 1 de abril del 2008.
DETALLE
En abril de este año, la entonces presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, Cenaida Uribe, pidió a sus colegas informar si tenían alguna vinculación, de cualquier naturaleza, con universidades, para descartar algún conflicto de intereses. “Al respecto debo informarle que no tengo participación directa, indirecta o de cualquier otra naturaleza en la gestión de universidades”, señaló Núñez.
En abril de este año, la entonces presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, Cenaida Uribe, pidió a sus colegas informar si tenían alguna vinculación, de cualquier naturaleza, con universidades, para descartar algún conflicto de intereses. “Al respecto debo informarle que no tengo participación directa, indirecta o de cualquier otra naturaleza en la gestión de universidades”, señaló Núñez.
Fuente: La Primera
Señal de Alerta
por Oscar Llerena Recoba
En la quincena de noviembre del 2007, el empresario dominicano Fortunato Canaán envió instrucciones precisas a Rómulo León Alegría para que le preparara un cronograma de reuniones con los principales funcionarios públicos relacionados con el sector petrolero. Como se recuerda (ver primera entrega), Canaán acababa de reunirse en Madrid con el mexicano Mario Díaz Lugo, por entonces representante para Latinoamérica de las compañías noruegas Discover Petroleum International (DPI) y Petromarker, así como de otras empresas relacionadas con el negocio de los hidrocarburos. León Alegría, en tanto, trabajaba representando los intereses del dominicano en el Perú.
Canaán comprobó rápidamente la efectividad del ex ministro de Pesquería, pues para el 10 de diciembre éste ya le había agendado citas con César Gutiérrez y Juan Valdivia, quienes entonces ejercían los cargos de presidente de Petroperú y ministro de Energía y Minas, respectivamente. Como ha constatado tanto la Comisión Investigadora del Congreso de la República como el Ministerio Público, ambas reuniones se efectuaron. En ellas, Canaán hizo una presentación en la cual explicaba las bondades de las tecnologías que quería vender localmente: Kurata y Geoprobe.
El método Kurata había sido patentado por una compañía japonesa a la que representaba Díaz Lugo, y ofrecía convertir el petróleo pesado en ligero. A su vez, Geoprobe era una tecnología noruega de análisis electromagnético –de propiedad de Petromarker– que permitía ubicar con un importante grado de certeza los yacimientos petroleros en el fondo marino.
Luego de estas demostraciones, el 11 de diciembre León Alegría le mandó un correo electrónico a Gutiérrez en el cual le señalaba: “Tal como te comenté, el Ing. Fortunato Canaán se permite enviarte estas líneas, para que si lo crees conveniente las consideres en la Carta de Intención que le entregarás el día de mañana (…)” (ver documento).
El texto que León Alegría somete a consideración de Gutiérrez decía lo siguiente: “Por la presente les expresamos nuestro interés de obtener la información referente a exploración electromagnética y de perforación en aguas profundas, que ustedes han desarrollado, para la exploración y explotación de hidrocarburos. Con tal propósito nos gustaría celebrar con ustedes algunas reuniones en nuestra sede en Lima, para que nos muestren en detalle las bondades de su importante y novedosa tecnología, con el propósito de obtener la exclusividad para su uso y promoción en el Perú”.
Queda claro, por tanto, que el objetivo de Canaán y León Alegría era hacer que Petroperú comprara la tecnología Geoprobe. Esto, en el marco del proceso de fortalecimiento y modernización de la estatal peruana (iniciado por la Ley Nº 28244 aprobada durante el gobierno de Alejandro Toledo), que era entendido por ésta como una oportunidad para volver a la actividad exploratoria (Petroperú dejó de hacer exploración petrolera como consecuencia del proceso de preparación para su privatización en el que se vio inmersa desde inicios de los noventa).
Tres días después de recibir la comunicación de León Alegría, Gutiérrez le remitió a Fortunato Canaán y a Mario Díaz Lugo una carta en la que no cambió ni una coma de la redacción que le propusiera el ex ministro aprista; sólo la imprimió en papel membretado con el logo de Petroperú y la firmó (compare las cartas).
En respuesta a la carta de Gutiérrez, entre el 21 y 25 de enero arribó a Lima Díaz Lugo, acompañado del ingeniero mexicano Manuel Hurtado y de Canaán (ver registros migratorios de Canaán y Díaz Lugo). Los tres se alojaron en el Country Club Lima Hotel y la suite presidencial 357 se convirtió nuevamente en escenario de las visitas de los entonces ministros Jorge del Castillo, Juan Valdivia, Hernán Garrido Lecca (ver segunda entrega). Durante su estadía, los representantes de las empresas noruegas volvieron a entrevistarse en el despacho del presidente de Petroperú.
Para Canaán, la alianza con la estatal peruana era clave, como él mismo se encargó de explicitar en el documento conocido como la “Ruta Crítica” o “Proyecto Perú”. Éste contenía indicaciones expresas para León Alegría sobre cómo proceder en el Perú con miras a que DPI pudiera adjudicarse lotes de exploración petrolera. En última instancia, la asociación con Petroperú se asumió como un requisito ineludible para participar en la licitación internacional de lotes que Perupetro preparaba en ese entonces, pues, como se verá en la entrega de mañana, la empresa noruega no estaba en condiciones de hacerlo por sí sola.
Cabe indicar que también se barajó inicialmente la posibilidad de suscribir una alianza con Petro-Tech Peruana (la compañía con la mayor área concesionada para exploración petrolera en el zócalo continental peruano), pero las negociaciones no prosperaron debido a que dicha empresa venía negociando en aquel momento su venta a la colombiana Ecopetrol y la coreana KNOC.
El lote Kugarakori-Nahua-Nanti
En un principio, lo que buscaba Discover era adjudicarse lotes exploratorios en el Perú bajo la modalidad de convenios de evaluación técnica. En particular, a la compañía noruega le interesaba el lote Kugarakori-Nahua-Nanti (lote 157), al cual se le estimaban reservas de gas cercanas a los 2 trillones de pies cúbicos (TCF), es decir, 0.5 TCF más de las que el gobierno le acaba de atribuir jubilosamente al lote 58 de Petrobras.
Véase, en ese sentido, el correo que el 24 de mayo del 2008 León Alegría le envió a Ronald Egúsquiza, entonces gerente general de Perupetro:
“Sentí muy positiva nuestra reunión del pasado jueves. Ahora estoy a la espera de la carta respuesta por la cual nos hacen conocer el acuerdo del Directorio que concedió algunos lotes por la modalidad Convenio de Evaluación Técnica, a Discover Petroleum International. Los noruegos tienen especial interés en explotar de forma conjunta con Petroperú el lote Kugarakori-Nahua-Nanti”.
El 29 de mayo, León Alegría le escribió a Miguel Atala, vicepresidente de Petroperú, para solicitarle que lo ayudara a convencer a la estatal para llegar a un acuerdo que les permita explorar conjuntamente dicho lote:
“El Directorio de Perupetro aprobó darle a Discover Petroleum ese lote, por Convenio de Evaluación Técnica, pero Petroperú lo tenía solicitado para explotarlo en alianza con Petrobras, pero según César Gutierrez los brasileños no tendrían mucho interés y él considera que una alianza con los noruegos es más eficaz. En efecto, de firmarse un acuerdo entre Petroperú y Discover, ellos asumirán los riesgos financieros y técnicos y Petroperú podrá acceder a algún beneficio por la explotación conjunta. El beneficio para el país es indudable y AG [Alan García] lo celebrará” (ver documento).
Como se aprecia, León Alegría se aprovechaba hábilmente del renovado interés exploratorio de Petroperú para ensalzar los beneficios que le traería a ésta la alianza con los noruegos. De hecho, el ahínco de León Alegría responde también a que en su contrato con DPI se estipuló expresamente que una de sus obligaciones era gestionar que la compañía noruega se hiciere de este lote.
DPI finalmente no pudo adjudicarse de manera directa el lote en cuestión, por cuanto éste pasó a formar parte de una licitación internacional que venía organizando Perupetro, que fue lanzada en mayo y cuyos resultados se conocerían el 10 de setiembre del 2008. En vista de ello, el presidente de DPI, Jostein K. Kjerstad, decidió venir al Perú a comienzos de junio junto con otros representantes de la empresa (ver Ficha Migratoria y Agenda) y, tras reunirse con César Gutiérrez; Miguel Atala; Daniel Saba, presidente de Perupetro; Alberto Quimper, vicepresidente de Perupetro; y de visitar el Ministerio de Energía Minas, regresó a su pa&iacu te;s seguro de que todo estaba encaminado.
De hecho, el pequeño road show realizado por los directivos de DPI tuvo efecto. El 14 de junio, Gutiérrez mandó un oficio a Kjerstad en el que le explicitaba el interés de Petroperú de asociarse con DPI para iniciar actividades exploratorias. “En las próximas semanas tendrán novedades cuando se vea este asunto en el directorio de la empresa”, señaló el entonces presidente de la petrolera estatal.
En pos de la alianza
El 25 de julio del 2008, DPI fue considerada apta para postular a la licitación internacional de Perupetro. Tanto León Alegría como Quimper, quien para ese entonces ya venía trabajando en coordinación con el primero para allanar el camino de la petrolera noruega, movieron cielo y tierra para obtener que Petroperú se asociara con DPI.
Así, el 30 de julio, León Alegría le escribió un correo electrónico a Miguel Celi, entonces gerente general de Petroperú y con quien tenía una enorme familiaridad, en el que le indicaba: “Con la finalidad que puedas tratar el asunto en el Directorio de mañana, te envío la carta de DPI suscrita por el Dr. [Ernesto] Arias Schreiber [representante visible de DPI –ver primera entrega–], que en unos minutos llegará formalmente a Petroperú. Es importante proceder al acuerdo para participar juntos en el Proceso de Selección 2008, también para la exploración - explotación del famoso lote Kugarakori-Nahua-Nanti. Es conveniente que mañana logren una definición de [Daniel] Saba [presidente de Perupetro y director de Petroperú] al respecto, en su Directorio también le demandarán dicha definición. Como podrás ver, COMESA [una empresa de exploración petrolera 60% de propiedad de la estatal mexicana Pemex] está acordando una participación conjunta con DPI” (Link al documento). En efecto, la filial de P emex le envió a DPI una carta con dicho tenor, pero en la cual sólo mostraba su interés por iniciar conversaciones.
La carta suscrita por Ernesto Arias Schreiber es un extenso documento en el que DPI señalaba que, habiendo sido calificada como postor para la licitación internacional de Perupetro, estaba en condiciones de asociarse con Petroperú. La comunicación hace alusión a la supuesta solvencia financiera y tecnológica de DPI y al apoyo que tendría de Comesa (aun cuando éste nunca fuera confirmado).
Unos días después, Quimper intervino a favor de los noruegos. El 7 de agosto le remitió un correo electrónico a Saba, en el cual adjuntó un escrito que tenía como única finalidad que Petroperú fuera calificado como postor en el concurso de lotes del 10 de setiembre. Solicitó que el tema fuera visto en el directorio de Perupetro, donde se discutiría sobre la conveniencia de que Petroperú regresara a la actividad exploratoria. Hacía 16 años que la petrolera estatal no exploraba y, por este motivo, no existía un convencimiento real sobre el asunto. Si bien la Ley Nº 28244 facultaba a la estatal a efectuar tareas de exploración y explotación, esto último no estaba exento de cuestionamientos (ver documento).
Ahora, Quimper fue más allá y no sólo argumentó que Petroperú debía postular, sino que se le debía calificar con el máximo puntaje (20) por ser una empresa “epónima” del Estado peruano. Da la casualidad que ésta es, justamente, la razón por la que los noruegos deseaban asociarse con Petroperú (ver documento). Al ser DPI una empresa pequeña con un escaso nivel de facturación y con pocos años de experiencia (fue fundada recién en el 2005, por lo cual no tenía ningún pozo en explotación), precisaba de un aliado que le ayudara a obtener un puntaje alto al momento de ser calificada.
El mismo documento fue enviado al entonces ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y a Gutiérrez. Más tarde, con algunas modificaciones, sería remitido a la congresista aprista Luciana León, hija de León Alegría, para que lo hiciere aprobar en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Esta gestión finalmente no se realizó, puesto que la comisión evaluadora de la licitación internacional de Perupetro accedió al pedido de calificar a Petroperú.
Mientras tanto, León Alegría le escribió a Gutiérrez el 8 de agosto para solicitarle que aceptara la asociación exploratoria con DPI, especialmente en lo relativo al lote Kugarakori-Nahua-Nanti (lote 157). Le dijo que tomara en consideración los argumentos de Quimper y que elevara al directorio de la estatal el pedido. En ese sentido, le adjuntó el informe legal que Quimper preparó para la ocasión.
Tras insistir arduamente, León Alegría finalmente consiguió que Miguel Atala, vicepresidente de Petroperú, organizara un desayuno en su casa e invitara a César Gutiérrez (ver documento), para que pudieren profundizar más sobre los alcances de la asociación. Luego de ello, León Alegría le escribió una nueva carta al presidente de Petroperú, en la cual expuso los beneficios de lograr un acuerdo con DPI. El ex ministro aprista aprovechó la ocasión para hablarle también de otros temas que quería trabajar con la petrolera estatal, como la licitación para modernizar la refinería de Talara (en la que abogaba por un consorcio venezolano-estadounidense), el transporte de gas de cabotaje, la venta de asfalto , entre otros.
Sin política de asociaciones
Cuando se lanzó originalmente la licitación internacional de Perupetro en mayo, César Gutiérrez declaró a la agencia Andina que Petroperú no se presentaría. “Gutiérrez descartó que Petroperú vaya a participar en la nueva licitación de lotes con potencial de hidrocarburos que llevará a cabo Perupetro. ‘Con el proyecto de exploración de los lotes de selva tenemos bastante copada la cartera de exploración de proyectos de Petroperú’”, citó la agencia estatal. Es decir, a la petrolera nacional no le interesaba o no estaba en condiciones de presentarse a este concurso. Curiosamente, tan sólo tres meses después firmaría un acuerdo con DPI y con Pluspetrol para participar en el mencionado concurso. Aparentemente, Gutiérrez cambió de parecer entre mayo y agosto del 2008.
Cabe indicar que, al analizar la política de asociaciones que guió el accionar de Petroperú en su relación con DPI, la Contraloría General de la República determinó que la estatal peruana no había aprobado ninguna en particular, por lo cual este tipo de asociaciones se realizaba de manera discrecional. Los exámenes efectuados por el órgano de control mostraron que, luego de que en el 2004 se excluyera a Petroperú de los procesos de privatización y el 2006 se promulgaran las normas para su fortalecimiento institucional, no se produjo ningún cambio estructural al interior de esta empresa encaminado a asumir los nuevos roles que se le otorgaron (como, por ejemplo, la posibilidad de asociarse para explorar, como ocurrió en este caso).
A la fecha no existe una unidad orgánica responsable de estos procedimientos, ni tampoco se ha definido cuáles son los parámetros que deben cumplirse antes de cerrar una asociación de este tipo. Así, en los últimos años Petroperú se ha venido aliando con una serie de compañías (como estaciones de gas natural vehicular, además de firmar seis convenios de evaluación técnica en las que participa con Petrobras y Ecopetrol) sin un marco legal que regulara tales vínculos.
De acuerdo con un funcionario de la Controlaría que accedió a hablar con SE.com bajo la regla del anonimato: “Falta una unidad orgánica responsable, faltan procedimientos claros para asociarse y, sobre todo, falta planificación que determine en dónde, para qué y con quién debe y puede Petroperú consorciarse”.
Tal situación explica por qué en mayo del 2008 Gutiérrez podía indicar que la empresa que dirigía no estaba interesada en participar del concurso que realizaba Perupetro, y luego, tres meses después, apareciera a lado de Jostein K. Kjerstad celebrando la obtención de cinco lotes para la exploración.
De hecho, el ex presidente de la estatal se defiende afirmando que la ley no le fijaba un plazo para efectuar las modificaciones estructurales que Contraloría reclama que no se hicieron. Gutiérrez agrega que era necesario llevar a Petroperú nuevamente al terreno exploratorio y que lamentablemente no había muchas empresas interesadas en asociarse con ella.
Se cierra el trato
Desde diciembre del 2007, César Gutiérrez, presidente de Petroperú, se reunió repetidas veces con Fortunato Canaán, los ejecutivos de DPI y Rómulo León Alegría (quien fue 19 veces a las oficinas de la petrolera estatal entre enero y setiembre del 2008, sobre todo a buscar al gerente general, Miguel Celi). Gutiérrez mantuvo amplia correspondencia con ellos y, dada la libertad que tenía para decidir con quién se asociaba la petrolera estatal, fue quien selló la alianza entre ésta y la empresa noruega.
El paso decisivo lo dio el 20 de agosto. Ese día, el directorio de Petroperú tuvo en su agenda un punto vital: Pluspetrol acababa de confirmar que sólo tenía interés en explorar junto a la petrolera estatal un lote en la cuenca del Titicaca. Petrobras, en tanto, había decidido meses atrás no participar en la licitación internacional. Esta información se le había comunicado a Petroperú el 18 de agosto, pero la confirmó el 20. Dadas las circunstancias, las opciones de DPI crecieron enormemente. Gutiérrez decidió no esperar más y le dirigió una carta a Ernesto Arias Schreiber, el representante formal de DPI en el Perú, para decirle que aceptaba la asociación con la petrolera noruega. Líneas abajo, le enumeró las condiciones del acuerdo, la principal de las cuales consistía en distribuir la participación en la asociación de la siguiente forma: 35% para Petroperú y 65% para DPI. Además, esta última debía asumir todos los gastos exploratorios.
A las 10:23 am de ese mismo día, llegaron a Petroperú León Alegría, Arias-Schreiber y Quimper para entrevistarse con Miguel Celi. La reunión está descrita en un correo que el ex ministro aprista le envió al día siguiente a Gutiérrez:
“Ayer [20/08] tuvimos la reunión con Miguel Celi, el Ing. Luis Suárez y una abogada [Tatiana Urrunaga]. Por nuestra parte asistimos Alberto Quimper [es decir no fue en su calidad de vicepresidente de Perupetro, sino como abogado de Discover], Ernesto Arias Schreiber y yo. Nos pusimos de acuerdo rápidamente, se envió a Perupetro la Carta de Participación Conjunta, cuya copia adjunto y se establecieron algunas pautas generales para el contrato que firmaremos la primera semana de setiembre, que estarán en Lima los noruegos. Como ya sabes, los lotes en que tenemos mutuo interés son: dos off shore uno frente a Lima y otro frente a Pisco, uno en la cuenca de Madre de Dios y otro en la cuenca del Marañón (entre el lote 116, 144 y 64). Ten la seguridad de que nuestra participación será un éxito para el país y un gran logro para tu gestión. Si Petroperú toda vía no ha instituido un Reconocimiento al Mérito, espero que lo hagas pronto para que me puedas conceder la medalla”.
Efectivamente, se pusieron de acuerdo rápidamente, pues la carta de participación conjunta ingresó a Perupetro a las 12:17 pm del mismo 20 de agosto, según el sello de recepción. Aun cuando habían transcurrido un año y nueve meses desde la primera reunión entre Gutiérrez, Canaán y León Alegría, llama poderosamente la atención que la formalización del negocio entre Petroperú y DPI se haya dado en cuestión de un día.
El oficio enviado por Gutiérrez a DPI recién llegó el 26 de agosto (según los cargos en poder de la Contraloría) y fue oficialmente contestado el 27 de ese mes por Arias Schereiber. En la respuesta, el representante de la empresa noruega señaló que ésta estaba de acuerdo con todos los términos, salvo con uno que solicitó reconsiderar: pidió que la distribución de las participaciones en la asociación fuese de 20%-80% y no de 35%-65%, como había pedido originalmente Petroperú. Este cambio se sustentaba en que todos los gastos serían efectuados por la petrolera escandinava. Finalmente, Arias Schreiber indicó que los acuerdos definitivos podrían estar listos la primera semana de setiembre, c uando la plana mayor de DPI estuviera en Lima. “Tenemos agendado para el 4 de setiembre una cita con el señor Miguel Celi para discutir los últimos detalles”, escribió.
Es decir, cuando se envió la carta de participación conjunta a Perupetro no se habían acordado todos los detalles. Recién el 27 de agosto la abogada de Petroperú, Tatiana Urrunaga mandó los términos de la asociación a León Alegría. El apuro tiene una explicación sencilla: el 28 de agosto se cerraba el plazo para presentarse como postores en la licitación internacional de Perupetro.
Sin perjuicio de ello, la Contraloría detectó también que en las negociaciones entre DPI y Petroperú no participó Ernesto Barrera Tamayo, gerente de planeamiento de la petrolera estatal. Barrera estuvo presente a lo largo de todo el proceso de asociación que dicha empresa llevó a cabo con Petrobras, Ecopetrol y Pluspetrol, pero no asistió a ninguna de las reuniones con los directivos de la firma noruega. Quien sí asistió, como quedó registrado en el correo electrónico citado líneas arriba, fue Luis Gregorio Suárez López, miembro de la “unidad de exploración y explotación” de Petroperú. Para la Contraloría es incomprensible que a estas reuniones no haya asistido un gerente de línea como Barrera, sino un funcionario de inferior rango.
De hecho, Suárez se mantuvo en comunicación con León Alegría. En un correo que el ex ministro de Pesquería le dirigió a Gutiérrez el 28 de agosto del 2008, le dijo: “Estoy en contacto con el Ing. Luis Suárez quien generosamente me ha orientado con información profesional”. Aparentemente, Celi había destacado a Suárez para que cumpla con esta tarea. A la Contraloría le llamó la atención igualmente que en los acuerdos a los que llegó Petroperú con otras compañías –como Pluspetrol, por ejemplo– se tomaron ciertas precauciones y hasta se establecieron algunos mecanismos de control (se cuenta con abundante documentación y correspondencia sobre las discusiones y acuerdos a los que se llegaron) antes de firmar los contratos de asociación. Todos estos acuerdos fueron aprobados en el Directorio. En cambio, esta situación no ocurrió con DPI. Hasta la fecha, las razones por las cuales la petrolera estatal decidió asociarse con DPI no están para nada claras.
Recién el 8 de setiembre –el mismo día en que se abrieron los primeros sobres de la licitación internacional– Petroperú anunció esta particular asociación. En el comunicado oficial quedó expuesto claramente lo que para los noruegos significaba el acuerdo: “a Discover Petroleum le interesa asociarse con la empresa estatal por su tamaño empresarial, ya que esto tendrá un peso importante en la calificación para obtener la buena pro. El máximo puntaje se otorgará a la empresa que facture más de US$500 millones y Petroperú factura más de 2,800 millones, entonces nuestra participación aporta mucho y eso nos ayudó en esta negociación”, conforme refirió César Gutiérrez.
¿Qué ganaba en cambio Petroperú? Nadie entiende mucho ese crucial punto, pero los que sí buscaron beneficiarse a todas luces fueron Rómulo León Alegría, Alberto Quimper y Ernesto Arias Schreiber, quienes solicitaron un “honorario de éxito” de US$100,000 para cada uno (escuchar petroaudio). En el caso de León Alegría hubo pedidos de hasta US$300,000 (ver documento de Ernst & Young).
Fuente: /www.voltairenet.org
por Oscar Llerena Recoba
En la quincena de noviembre del 2007, el empresario dominicano Fortunato Canaán envió instrucciones precisas a Rómulo León Alegría para que le preparara un cronograma de reuniones con los principales funcionarios públicos relacionados con el sector petrolero. Como se recuerda (ver primera entrega), Canaán acababa de reunirse en Madrid con el mexicano Mario Díaz Lugo, por entonces representante para Latinoamérica de las compañías noruegas Discover Petroleum International (DPI) y Petromarker, así como de otras empresas relacionadas con el negocio de los hidrocarburos. León Alegría, en tanto, trabajaba representando los intereses del dominicano en el Perú.
Canaán comprobó rápidamente la efectividad del ex ministro de Pesquería, pues para el 10 de diciembre éste ya le había agendado citas con César Gutiérrez y Juan Valdivia, quienes entonces ejercían los cargos de presidente de Petroperú y ministro de Energía y Minas, respectivamente. Como ha constatado tanto la Comisión Investigadora del Congreso de la República como el Ministerio Público, ambas reuniones se efectuaron. En ellas, Canaán hizo una presentación en la cual explicaba las bondades de las tecnologías que quería vender localmente: Kurata y Geoprobe.
El método Kurata había sido patentado por una compañía japonesa a la que representaba Díaz Lugo, y ofrecía convertir el petróleo pesado en ligero. A su vez, Geoprobe era una tecnología noruega de análisis electromagnético –de propiedad de Petromarker– que permitía ubicar con un importante grado de certeza los yacimientos petroleros en el fondo marino.
Luego de estas demostraciones, el 11 de diciembre León Alegría le mandó un correo electrónico a Gutiérrez en el cual le señalaba: “Tal como te comenté, el Ing. Fortunato Canaán se permite enviarte estas líneas, para que si lo crees conveniente las consideres en la Carta de Intención que le entregarás el día de mañana (…)” (ver documento).
El texto que León Alegría somete a consideración de Gutiérrez decía lo siguiente: “Por la presente les expresamos nuestro interés de obtener la información referente a exploración electromagnética y de perforación en aguas profundas, que ustedes han desarrollado, para la exploración y explotación de hidrocarburos. Con tal propósito nos gustaría celebrar con ustedes algunas reuniones en nuestra sede en Lima, para que nos muestren en detalle las bondades de su importante y novedosa tecnología, con el propósito de obtener la exclusividad para su uso y promoción en el Perú”.
Queda claro, por tanto, que el objetivo de Canaán y León Alegría era hacer que Petroperú comprara la tecnología Geoprobe. Esto, en el marco del proceso de fortalecimiento y modernización de la estatal peruana (iniciado por la Ley Nº 28244 aprobada durante el gobierno de Alejandro Toledo), que era entendido por ésta como una oportunidad para volver a la actividad exploratoria (Petroperú dejó de hacer exploración petrolera como consecuencia del proceso de preparación para su privatización en el que se vio inmersa desde inicios de los noventa).
Tres días después de recibir la comunicación de León Alegría, Gutiérrez le remitió a Fortunato Canaán y a Mario Díaz Lugo una carta en la que no cambió ni una coma de la redacción que le propusiera el ex ministro aprista; sólo la imprimió en papel membretado con el logo de Petroperú y la firmó (compare las cartas).
En respuesta a la carta de Gutiérrez, entre el 21 y 25 de enero arribó a Lima Díaz Lugo, acompañado del ingeniero mexicano Manuel Hurtado y de Canaán (ver registros migratorios de Canaán y Díaz Lugo). Los tres se alojaron en el Country Club Lima Hotel y la suite presidencial 357 se convirtió nuevamente en escenario de las visitas de los entonces ministros Jorge del Castillo, Juan Valdivia, Hernán Garrido Lecca (ver segunda entrega). Durante su estadía, los representantes de las empresas noruegas volvieron a entrevistarse en el despacho del presidente de Petroperú.
Para Canaán, la alianza con la estatal peruana era clave, como él mismo se encargó de explicitar en el documento conocido como la “Ruta Crítica” o “Proyecto Perú”. Éste contenía indicaciones expresas para León Alegría sobre cómo proceder en el Perú con miras a que DPI pudiera adjudicarse lotes de exploración petrolera. En última instancia, la asociación con Petroperú se asumió como un requisito ineludible para participar en la licitación internacional de lotes que Perupetro preparaba en ese entonces, pues, como se verá en la entrega de mañana, la empresa noruega no estaba en condiciones de hacerlo por sí sola.
Cabe indicar que también se barajó inicialmente la posibilidad de suscribir una alianza con Petro-Tech Peruana (la compañía con la mayor área concesionada para exploración petrolera en el zócalo continental peruano), pero las negociaciones no prosperaron debido a que dicha empresa venía negociando en aquel momento su venta a la colombiana Ecopetrol y la coreana KNOC.
El lote Kugarakori-Nahua-Nanti
En un principio, lo que buscaba Discover era adjudicarse lotes exploratorios en el Perú bajo la modalidad de convenios de evaluación técnica. En particular, a la compañía noruega le interesaba el lote Kugarakori-Nahua-Nanti (lote 157), al cual se le estimaban reservas de gas cercanas a los 2 trillones de pies cúbicos (TCF), es decir, 0.5 TCF más de las que el gobierno le acaba de atribuir jubilosamente al lote 58 de Petrobras.
Véase, en ese sentido, el correo que el 24 de mayo del 2008 León Alegría le envió a Ronald Egúsquiza, entonces gerente general de Perupetro:
“Sentí muy positiva nuestra reunión del pasado jueves. Ahora estoy a la espera de la carta respuesta por la cual nos hacen conocer el acuerdo del Directorio que concedió algunos lotes por la modalidad Convenio de Evaluación Técnica, a Discover Petroleum International. Los noruegos tienen especial interés en explotar de forma conjunta con Petroperú el lote Kugarakori-Nahua-Nanti”.
El 29 de mayo, León Alegría le escribió a Miguel Atala, vicepresidente de Petroperú, para solicitarle que lo ayudara a convencer a la estatal para llegar a un acuerdo que les permita explorar conjuntamente dicho lote:
“El Directorio de Perupetro aprobó darle a Discover Petroleum ese lote, por Convenio de Evaluación Técnica, pero Petroperú lo tenía solicitado para explotarlo en alianza con Petrobras, pero según César Gutierrez los brasileños no tendrían mucho interés y él considera que una alianza con los noruegos es más eficaz. En efecto, de firmarse un acuerdo entre Petroperú y Discover, ellos asumirán los riesgos financieros y técnicos y Petroperú podrá acceder a algún beneficio por la explotación conjunta. El beneficio para el país es indudable y AG [Alan García] lo celebrará” (ver documento).
Como se aprecia, León Alegría se aprovechaba hábilmente del renovado interés exploratorio de Petroperú para ensalzar los beneficios que le traería a ésta la alianza con los noruegos. De hecho, el ahínco de León Alegría responde también a que en su contrato con DPI se estipuló expresamente que una de sus obligaciones era gestionar que la compañía noruega se hiciere de este lote.
DPI finalmente no pudo adjudicarse de manera directa el lote en cuestión, por cuanto éste pasó a formar parte de una licitación internacional que venía organizando Perupetro, que fue lanzada en mayo y cuyos resultados se conocerían el 10 de setiembre del 2008. En vista de ello, el presidente de DPI, Jostein K. Kjerstad, decidió venir al Perú a comienzos de junio junto con otros representantes de la empresa (ver Ficha Migratoria y Agenda) y, tras reunirse con César Gutiérrez; Miguel Atala; Daniel Saba, presidente de Perupetro; Alberto Quimper, vicepresidente de Perupetro; y de visitar el Ministerio de Energía Minas, regresó a su pa&iacu te;s seguro de que todo estaba encaminado.
De hecho, el pequeño road show realizado por los directivos de DPI tuvo efecto. El 14 de junio, Gutiérrez mandó un oficio a Kjerstad en el que le explicitaba el interés de Petroperú de asociarse con DPI para iniciar actividades exploratorias. “En las próximas semanas tendrán novedades cuando se vea este asunto en el directorio de la empresa”, señaló el entonces presidente de la petrolera estatal.
En pos de la alianza
El 25 de julio del 2008, DPI fue considerada apta para postular a la licitación internacional de Perupetro. Tanto León Alegría como Quimper, quien para ese entonces ya venía trabajando en coordinación con el primero para allanar el camino de la petrolera noruega, movieron cielo y tierra para obtener que Petroperú se asociara con DPI.
Así, el 30 de julio, León Alegría le escribió un correo electrónico a Miguel Celi, entonces gerente general de Petroperú y con quien tenía una enorme familiaridad, en el que le indicaba: “Con la finalidad que puedas tratar el asunto en el Directorio de mañana, te envío la carta de DPI suscrita por el Dr. [Ernesto] Arias Schreiber [representante visible de DPI –ver primera entrega–], que en unos minutos llegará formalmente a Petroperú. Es importante proceder al acuerdo para participar juntos en el Proceso de Selección 2008, también para la exploración - explotación del famoso lote Kugarakori-Nahua-Nanti. Es conveniente que mañana logren una definición de [Daniel] Saba [presidente de Perupetro y director de Petroperú] al respecto, en su Directorio también le demandarán dicha definición. Como podrás ver, COMESA [una empresa de exploración petrolera 60% de propiedad de la estatal mexicana Pemex] está acordando una participación conjunta con DPI” (Link al documento). En efecto, la filial de P emex le envió a DPI una carta con dicho tenor, pero en la cual sólo mostraba su interés por iniciar conversaciones.
La carta suscrita por Ernesto Arias Schreiber es un extenso documento en el que DPI señalaba que, habiendo sido calificada como postor para la licitación internacional de Perupetro, estaba en condiciones de asociarse con Petroperú. La comunicación hace alusión a la supuesta solvencia financiera y tecnológica de DPI y al apoyo que tendría de Comesa (aun cuando éste nunca fuera confirmado).
Unos días después, Quimper intervino a favor de los noruegos. El 7 de agosto le remitió un correo electrónico a Saba, en el cual adjuntó un escrito que tenía como única finalidad que Petroperú fuera calificado como postor en el concurso de lotes del 10 de setiembre. Solicitó que el tema fuera visto en el directorio de Perupetro, donde se discutiría sobre la conveniencia de que Petroperú regresara a la actividad exploratoria. Hacía 16 años que la petrolera estatal no exploraba y, por este motivo, no existía un convencimiento real sobre el asunto. Si bien la Ley Nº 28244 facultaba a la estatal a efectuar tareas de exploración y explotación, esto último no estaba exento de cuestionamientos (ver documento).
Ahora, Quimper fue más allá y no sólo argumentó que Petroperú debía postular, sino que se le debía calificar con el máximo puntaje (20) por ser una empresa “epónima” del Estado peruano. Da la casualidad que ésta es, justamente, la razón por la que los noruegos deseaban asociarse con Petroperú (ver documento). Al ser DPI una empresa pequeña con un escaso nivel de facturación y con pocos años de experiencia (fue fundada recién en el 2005, por lo cual no tenía ningún pozo en explotación), precisaba de un aliado que le ayudara a obtener un puntaje alto al momento de ser calificada.
El mismo documento fue enviado al entonces ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y a Gutiérrez. Más tarde, con algunas modificaciones, sería remitido a la congresista aprista Luciana León, hija de León Alegría, para que lo hiciere aprobar en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Esta gestión finalmente no se realizó, puesto que la comisión evaluadora de la licitación internacional de Perupetro accedió al pedido de calificar a Petroperú.
Mientras tanto, León Alegría le escribió a Gutiérrez el 8 de agosto para solicitarle que aceptara la asociación exploratoria con DPI, especialmente en lo relativo al lote Kugarakori-Nahua-Nanti (lote 157). Le dijo que tomara en consideración los argumentos de Quimper y que elevara al directorio de la estatal el pedido. En ese sentido, le adjuntó el informe legal que Quimper preparó para la ocasión.
Tras insistir arduamente, León Alegría finalmente consiguió que Miguel Atala, vicepresidente de Petroperú, organizara un desayuno en su casa e invitara a César Gutiérrez (ver documento), para que pudieren profundizar más sobre los alcances de la asociación. Luego de ello, León Alegría le escribió una nueva carta al presidente de Petroperú, en la cual expuso los beneficios de lograr un acuerdo con DPI. El ex ministro aprista aprovechó la ocasión para hablarle también de otros temas que quería trabajar con la petrolera estatal, como la licitación para modernizar la refinería de Talara (en la que abogaba por un consorcio venezolano-estadounidense), el transporte de gas de cabotaje, la venta de asfalto , entre otros.
Sin política de asociaciones
Cuando se lanzó originalmente la licitación internacional de Perupetro en mayo, César Gutiérrez declaró a la agencia Andina que Petroperú no se presentaría. “Gutiérrez descartó que Petroperú vaya a participar en la nueva licitación de lotes con potencial de hidrocarburos que llevará a cabo Perupetro. ‘Con el proyecto de exploración de los lotes de selva tenemos bastante copada la cartera de exploración de proyectos de Petroperú’”, citó la agencia estatal. Es decir, a la petrolera nacional no le interesaba o no estaba en condiciones de presentarse a este concurso. Curiosamente, tan sólo tres meses después firmaría un acuerdo con DPI y con Pluspetrol para participar en el mencionado concurso. Aparentemente, Gutiérrez cambió de parecer entre mayo y agosto del 2008.
Cabe indicar que, al analizar la política de asociaciones que guió el accionar de Petroperú en su relación con DPI, la Contraloría General de la República determinó que la estatal peruana no había aprobado ninguna en particular, por lo cual este tipo de asociaciones se realizaba de manera discrecional. Los exámenes efectuados por el órgano de control mostraron que, luego de que en el 2004 se excluyera a Petroperú de los procesos de privatización y el 2006 se promulgaran las normas para su fortalecimiento institucional, no se produjo ningún cambio estructural al interior de esta empresa encaminado a asumir los nuevos roles que se le otorgaron (como, por ejemplo, la posibilidad de asociarse para explorar, como ocurrió en este caso).
A la fecha no existe una unidad orgánica responsable de estos procedimientos, ni tampoco se ha definido cuáles son los parámetros que deben cumplirse antes de cerrar una asociación de este tipo. Así, en los últimos años Petroperú se ha venido aliando con una serie de compañías (como estaciones de gas natural vehicular, además de firmar seis convenios de evaluación técnica en las que participa con Petrobras y Ecopetrol) sin un marco legal que regulara tales vínculos.
De acuerdo con un funcionario de la Controlaría que accedió a hablar con SE.com bajo la regla del anonimato: “Falta una unidad orgánica responsable, faltan procedimientos claros para asociarse y, sobre todo, falta planificación que determine en dónde, para qué y con quién debe y puede Petroperú consorciarse”.
Tal situación explica por qué en mayo del 2008 Gutiérrez podía indicar que la empresa que dirigía no estaba interesada en participar del concurso que realizaba Perupetro, y luego, tres meses después, apareciera a lado de Jostein K. Kjerstad celebrando la obtención de cinco lotes para la exploración.
De hecho, el ex presidente de la estatal se defiende afirmando que la ley no le fijaba un plazo para efectuar las modificaciones estructurales que Contraloría reclama que no se hicieron. Gutiérrez agrega que era necesario llevar a Petroperú nuevamente al terreno exploratorio y que lamentablemente no había muchas empresas interesadas en asociarse con ella.
Se cierra el trato
Desde diciembre del 2007, César Gutiérrez, presidente de Petroperú, se reunió repetidas veces con Fortunato Canaán, los ejecutivos de DPI y Rómulo León Alegría (quien fue 19 veces a las oficinas de la petrolera estatal entre enero y setiembre del 2008, sobre todo a buscar al gerente general, Miguel Celi). Gutiérrez mantuvo amplia correspondencia con ellos y, dada la libertad que tenía para decidir con quién se asociaba la petrolera estatal, fue quien selló la alianza entre ésta y la empresa noruega.
El paso decisivo lo dio el 20 de agosto. Ese día, el directorio de Petroperú tuvo en su agenda un punto vital: Pluspetrol acababa de confirmar que sólo tenía interés en explorar junto a la petrolera estatal un lote en la cuenca del Titicaca. Petrobras, en tanto, había decidido meses atrás no participar en la licitación internacional. Esta información se le había comunicado a Petroperú el 18 de agosto, pero la confirmó el 20. Dadas las circunstancias, las opciones de DPI crecieron enormemente. Gutiérrez decidió no esperar más y le dirigió una carta a Ernesto Arias Schreiber, el representante formal de DPI en el Perú, para decirle que aceptaba la asociación con la petrolera noruega. Líneas abajo, le enumeró las condiciones del acuerdo, la principal de las cuales consistía en distribuir la participación en la asociación de la siguiente forma: 35% para Petroperú y 65% para DPI. Además, esta última debía asumir todos los gastos exploratorios.
A las 10:23 am de ese mismo día, llegaron a Petroperú León Alegría, Arias-Schreiber y Quimper para entrevistarse con Miguel Celi. La reunión está descrita en un correo que el ex ministro aprista le envió al día siguiente a Gutiérrez:
“Ayer [20/08] tuvimos la reunión con Miguel Celi, el Ing. Luis Suárez y una abogada [Tatiana Urrunaga]. Por nuestra parte asistimos Alberto Quimper [es decir no fue en su calidad de vicepresidente de Perupetro, sino como abogado de Discover], Ernesto Arias Schreiber y yo. Nos pusimos de acuerdo rápidamente, se envió a Perupetro la Carta de Participación Conjunta, cuya copia adjunto y se establecieron algunas pautas generales para el contrato que firmaremos la primera semana de setiembre, que estarán en Lima los noruegos. Como ya sabes, los lotes en que tenemos mutuo interés son: dos off shore uno frente a Lima y otro frente a Pisco, uno en la cuenca de Madre de Dios y otro en la cuenca del Marañón (entre el lote 116, 144 y 64). Ten la seguridad de que nuestra participación será un éxito para el país y un gran logro para tu gestión. Si Petroperú toda vía no ha instituido un Reconocimiento al Mérito, espero que lo hagas pronto para que me puedas conceder la medalla”.
Efectivamente, se pusieron de acuerdo rápidamente, pues la carta de participación conjunta ingresó a Perupetro a las 12:17 pm del mismo 20 de agosto, según el sello de recepción. Aun cuando habían transcurrido un año y nueve meses desde la primera reunión entre Gutiérrez, Canaán y León Alegría, llama poderosamente la atención que la formalización del negocio entre Petroperú y DPI se haya dado en cuestión de un día.
El oficio enviado por Gutiérrez a DPI recién llegó el 26 de agosto (según los cargos en poder de la Contraloría) y fue oficialmente contestado el 27 de ese mes por Arias Schereiber. En la respuesta, el representante de la empresa noruega señaló que ésta estaba de acuerdo con todos los términos, salvo con uno que solicitó reconsiderar: pidió que la distribución de las participaciones en la asociación fuese de 20%-80% y no de 35%-65%, como había pedido originalmente Petroperú. Este cambio se sustentaba en que todos los gastos serían efectuados por la petrolera escandinava. Finalmente, Arias Schreiber indicó que los acuerdos definitivos podrían estar listos la primera semana de setiembre, c uando la plana mayor de DPI estuviera en Lima. “Tenemos agendado para el 4 de setiembre una cita con el señor Miguel Celi para discutir los últimos detalles”, escribió.
Es decir, cuando se envió la carta de participación conjunta a Perupetro no se habían acordado todos los detalles. Recién el 27 de agosto la abogada de Petroperú, Tatiana Urrunaga mandó los términos de la asociación a León Alegría. El apuro tiene una explicación sencilla: el 28 de agosto se cerraba el plazo para presentarse como postores en la licitación internacional de Perupetro.
Sin perjuicio de ello, la Contraloría detectó también que en las negociaciones entre DPI y Petroperú no participó Ernesto Barrera Tamayo, gerente de planeamiento de la petrolera estatal. Barrera estuvo presente a lo largo de todo el proceso de asociación que dicha empresa llevó a cabo con Petrobras, Ecopetrol y Pluspetrol, pero no asistió a ninguna de las reuniones con los directivos de la firma noruega. Quien sí asistió, como quedó registrado en el correo electrónico citado líneas arriba, fue Luis Gregorio Suárez López, miembro de la “unidad de exploración y explotación” de Petroperú. Para la Contraloría es incomprensible que a estas reuniones no haya asistido un gerente de línea como Barrera, sino un funcionario de inferior rango.
De hecho, Suárez se mantuvo en comunicación con León Alegría. En un correo que el ex ministro de Pesquería le dirigió a Gutiérrez el 28 de agosto del 2008, le dijo: “Estoy en contacto con el Ing. Luis Suárez quien generosamente me ha orientado con información profesional”. Aparentemente, Celi había destacado a Suárez para que cumpla con esta tarea. A la Contraloría le llamó la atención igualmente que en los acuerdos a los que llegó Petroperú con otras compañías –como Pluspetrol, por ejemplo– se tomaron ciertas precauciones y hasta se establecieron algunos mecanismos de control (se cuenta con abundante documentación y correspondencia sobre las discusiones y acuerdos a los que se llegaron) antes de firmar los contratos de asociación. Todos estos acuerdos fueron aprobados en el Directorio. En cambio, esta situación no ocurrió con DPI. Hasta la fecha, las razones por las cuales la petrolera estatal decidió asociarse con DPI no están para nada claras.
Recién el 8 de setiembre –el mismo día en que se abrieron los primeros sobres de la licitación internacional– Petroperú anunció esta particular asociación. En el comunicado oficial quedó expuesto claramente lo que para los noruegos significaba el acuerdo: “a Discover Petroleum le interesa asociarse con la empresa estatal por su tamaño empresarial, ya que esto tendrá un peso importante en la calificación para obtener la buena pro. El máximo puntaje se otorgará a la empresa que facture más de US$500 millones y Petroperú factura más de 2,800 millones, entonces nuestra participación aporta mucho y eso nos ayudó en esta negociación”, conforme refirió César Gutiérrez.
¿Qué ganaba en cambio Petroperú? Nadie entiende mucho ese crucial punto, pero los que sí buscaron beneficiarse a todas luces fueron Rómulo León Alegría, Alberto Quimper y Ernesto Arias Schreiber, quienes solicitaron un “honorario de éxito” de US$100,000 para cada uno (escuchar petroaudio). En el caso de León Alegría hubo pedidos de hasta US$300,000 (ver documento de Ernst & Young).
Fuente: /www.voltairenet.org
Apristas viajaron a Finlandia por invitación de la Universidad Alas Peruanas
Los legisladores Mercedes Cabanillas y Wilder Calderón confirmaron que fueron convocados por el rector Fidel Ramírez Prado.
Los congresistas Mercedes Cabanillas y Wilder Calderón revelaron –en diálogo con *Perú.21*– que el viaje a Finlandia que realizaron la primera semana de octubre de este año se dio por invitación del rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado, tal como ocurrió en el caso de los vocales Francisco Távara y Jorge Solís.
En actitud defensiva, la congresista Cabanillas señaló que al aceptar una invitación de la UAP no incurría en conflicto de intereses, pues actualmente no tiene “ningún auspicio de alguna casa de estudios superiores”.
“No hay ninguna prohibición. Cuál es el problema. Yo, por ejemplo, aunque podría dictar clases en una universidad, no tengo horas académicas. Entonces puedo recibir invitaciones de cualquier institución educativa”, dijo Cabanillas.
Más adelante, cuando se le preguntó si el gobierno finlandés intervino de alguna manera en este viaje, Cabanillas cambió un poco su versión y dijo que el rectorado de la UAP pudo intervenir como un “intermediario”, ya que la verdadera invitación tenía carácter oficial.
TIENE SUS LOBBISTAS. Su colega de bancada, Wilder Calderón, ratificó que la invitación vino del rectorado de la universidad Alas Peruanas. De hecho, Calderón manifestó que desde hace doce años trabaja como asesor de esta casa de estudios y que el viaje a Finlandia no lo hizo en calidad de congresista, sino como representante de la UAP.
Además de Cabanillas y Calderón, viajaron a Finlandia el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, el vocero de la bancada oficialista, José Vargas, y el parlamentario Édgar Núñez, este último vicerrector de la filial que la UAP tiene en Ica. Durante los cuatro días que estuvieron en este país, cumplieron algunas actividades oficiales, entre ellas una visita al Parlamento.
En la UAP nos indicaron que su rector estaba de viaje, motivo por el cual no pudo explicar de qué manera intervino realmente en este periplo.
Fuente: Perú21
Los legisladores Mercedes Cabanillas y Wilder Calderón confirmaron que fueron convocados por el rector Fidel Ramírez Prado.
Los congresistas Mercedes Cabanillas y Wilder Calderón revelaron –en diálogo con *Perú.21*– que el viaje a Finlandia que realizaron la primera semana de octubre de este año se dio por invitación del rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado, tal como ocurrió en el caso de los vocales Francisco Távara y Jorge Solís.
En actitud defensiva, la congresista Cabanillas señaló que al aceptar una invitación de la UAP no incurría en conflicto de intereses, pues actualmente no tiene “ningún auspicio de alguna casa de estudios superiores”.
“No hay ninguna prohibición. Cuál es el problema. Yo, por ejemplo, aunque podría dictar clases en una universidad, no tengo horas académicas. Entonces puedo recibir invitaciones de cualquier institución educativa”, dijo Cabanillas.
Más adelante, cuando se le preguntó si el gobierno finlandés intervino de alguna manera en este viaje, Cabanillas cambió un poco su versión y dijo que el rectorado de la UAP pudo intervenir como un “intermediario”, ya que la verdadera invitación tenía carácter oficial.
TIENE SUS LOBBISTAS. Su colega de bancada, Wilder Calderón, ratificó que la invitación vino del rectorado de la universidad Alas Peruanas. De hecho, Calderón manifestó que desde hace doce años trabaja como asesor de esta casa de estudios y que el viaje a Finlandia no lo hizo en calidad de congresista, sino como representante de la UAP.
Además de Cabanillas y Calderón, viajaron a Finlandia el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, el vocero de la bancada oficialista, José Vargas, y el parlamentario Édgar Núñez, este último vicerrector de la filial que la UAP tiene en Ica. Durante los cuatro días que estuvieron en este país, cumplieron algunas actividades oficiales, entre ellas una visita al Parlamento.
En la UAP nos indicaron que su rector estaba de viaje, motivo por el cual no pudo explicar de qué manera intervino realmente en este periplo.
Fuente: Perú21
16/11/09: Entrevista a Vargas Llosa
En la entrevista que presenta Radio Nederland, Vargas Llosa muestra su irrespeto o intolerancia al persar difrente, parece que Vargas LLosa está dispuesta a todo para convencernos que si no pensamos como él podemos terminar formando parte del infierno terrenal.
Ahora reniega de lo que en su juventud pregonó,condena con vehemencia y bilis la pretendida reelección de Morales, reelección indefinida de Chávez, Ortega, etc, pero apenas mencionó la pretensión rereeleccionista de Alabro Uribe, es un tipo que renegó del Perú cuando perdió las elecciones ante Fujimori en 1990 se largó de Perú y se nacionalizó como Español, Vargas LLosa se cree el adalid de la democracia, pero sin embargo no condena el golpe militar en Honduras, más bien justifica con mentiras -dando entender que Zelaya ha violado la constitución hondureña para reelegirse- , probablemente ya esté sufriendo mal de alzheimer, pues otra manera no entiendo tremenda mentira, como es conocimiento Zelaya en ningún momento hizo consulta alguna sobre la reelección. Vargas LLosa igual que su hijo vive de lo que sus amos le dan indirectamente, pues publicitan sus obras con mucha parafernalia, todo porque se autodenominan los adalid de la democracia. Por último a qué conclusiones llegó Vargas Llosa cuando fue comicionado en caso de Uchuraccay?
Mejor escuchen la entrevista y saquen sus propias conclusiones
=========================
Publicado el : 12 de noviembre 2009 - 2:48 de la tarde
| Por José Zepeda
El escritor peruano Mario Vargas Llosa ofreció una conferencia dedicada a resaltar la importancia del Inca Garcilaso de la Vega.
Su alocución, pronunciada en Ámsterdam, tuvo lugar en el marco de la conmemoración del 400 aniversario de la aparición del libro ‘Comentarios Reales de los Incas’, la obra más importante del autor peruano.
La presencia de Vargas Llosa en Holanda coincide además con el anuncio de la editorial holandesa Meulenhof de reeditar, desde ahora y hasta el año 2011, su obra completa al holandés, primera lengua a la que fue traducido un libro del autor, específicamente la famosa novela ‘La ciudad y los perros’.
En esta entrevista, Mario Vargas Llosa alude a los grandes temas de América Latina, entre otros, Honduras. Venezuela, el bicentenario y el papel del Estado en el siglo XXI.
Fuente: radio nederland
Ahora reniega de lo que en su juventud pregonó,condena con vehemencia y bilis la pretendida reelección de Morales, reelección indefinida de Chávez, Ortega, etc, pero apenas mencionó la pretensión rereeleccionista de Alabro Uribe, es un tipo que renegó del Perú cuando perdió las elecciones ante Fujimori en 1990 se largó de Perú y se nacionalizó como Español, Vargas LLosa se cree el adalid de la democracia, pero sin embargo no condena el golpe militar en Honduras, más bien justifica con mentiras -dando entender que Zelaya ha violado la constitución hondureña para reelegirse- , probablemente ya esté sufriendo mal de alzheimer, pues otra manera no entiendo tremenda mentira, como es conocimiento Zelaya en ningún momento hizo consulta alguna sobre la reelección. Vargas LLosa igual que su hijo vive de lo que sus amos le dan indirectamente, pues publicitan sus obras con mucha parafernalia, todo porque se autodenominan los adalid de la democracia. Por último a qué conclusiones llegó Vargas Llosa cuando fue comicionado en caso de Uchuraccay?
Mejor escuchen la entrevista y saquen sus propias conclusiones
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Publicado el : 12 de noviembre 2009 - 2:48 de la tarde
| Por José Zepeda
El escritor peruano Mario Vargas Llosa ofreció una conferencia dedicada a resaltar la importancia del Inca Garcilaso de la Vega.
Su alocución, pronunciada en Ámsterdam, tuvo lugar en el marco de la conmemoración del 400 aniversario de la aparición del libro ‘Comentarios Reales de los Incas’, la obra más importante del autor peruano.
La presencia de Vargas Llosa en Holanda coincide además con el anuncio de la editorial holandesa Meulenhof de reeditar, desde ahora y hasta el año 2011, su obra completa al holandés, primera lengua a la que fue traducido un libro del autor, específicamente la famosa novela ‘La ciudad y los perros’.
En esta entrevista, Mario Vargas Llosa alude a los grandes temas de América Latina, entre otros, Honduras. Venezuela, el bicentenario y el papel del Estado en el siglo XXI.
Fuente: radio nederland
Empresas de transporte terrestre infractoras no pagaban sanciones porque invalidaban informes firmados por dicho funcionario que nadie sabe quién lo protege.
Paul Jaimes asegura es un malentendido
El señor Paul Jaimes considera, sin embargo, que aquí no hay ningún problema. En conversación telefónica con este diario afirmó que todo era un malentendido, que él era abogado colegiado en el Colegio del Callao y egresado de la Universidad San Martín de Porres. Entonces nos trasladamos al Colegio chalaco y encontramos que efectivamente la referida persona figura inscrita con el número 6843, y su registro corresponde al 19 de junio de 2009 (¡), es decir que hasta esa fecha y desde el año 2007, estuvo ejerciendo ilegalmente la profesión.
Todo indica que fueron los constantes reclamos los que forzaron al caballero a arreglar su situación profesional. Pero eso no cambia la falta ya cometida y la responsabilidad de sus superiores por haber mantenido y encubierto una falta de esta naturaleza.
De un total de 1,412 trabajadores con que cuenta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el conjunto de sus dependencias, y 472 que figuran como profesionales, hay uno en cuya responsabilidad ha recaído opinar sobre sanciones para más o menos 3 mil 500 casos de accidentes graves y otras faltas al código de tránsito en las que incurren las empresas de servicio de transporte terrestre, muchas de ellas que han logrado amplia notoriedad de prensa por el número de muertos, heridos y daños materiales que han provocado.
Este señor se llama Paul D. Jaimes Blanco, quien debe haber tenido fuerte respaldo de los niveles directivos del ministerio, para haber seguido opinando como “Abogado Informante”, sobre los expedientes de sanción por procedimiento administrativo, a pesar que las empresas fiscalizadas lo cuestionaron varias veces por ejercicio ilegal de la profesión, al no encontrarse acreditado como abogado en ningún colegio profesional del país. De hecho, su permanencia en la función ha sido como un regalo para los infractores y ha suscitado una respuesta crítica de sus colegas que reclamaron contra esta extraña concentración de responsabilidades en quien no estaba calificado para suscribir documentos oficiales.
Una muestra del problema creado por el señor Jaimes es el Informe Nº 21311-2008-MTC/15.04-PJB, cuyo facsímil acompaña esta nota, dirigido al director de Supervisión Fiscalización y Sanciones, referido al caso de la empresa “Erick El Rojo S.A.”, por infracciones al código (no expedir boletos, no tener manifiesto de pasajeros), que concluye recomendando una sanción al fiscalizado, y que firma Paul D. Jaimes Blanco, “Abogado Informante”, sin indicar número de colegiatura. En respuesta a este informe “Erick El Rojo” impugnó la calidad profesional de Jaimes, logrando poner en suspenso las sanciones.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Fuente: la Primera
Paul Jaimes asegura es un malentendido
El señor Paul Jaimes considera, sin embargo, que aquí no hay ningún problema. En conversación telefónica con este diario afirmó que todo era un malentendido, que él era abogado colegiado en el Colegio del Callao y egresado de la Universidad San Martín de Porres. Entonces nos trasladamos al Colegio chalaco y encontramos que efectivamente la referida persona figura inscrita con el número 6843, y su registro corresponde al 19 de junio de 2009 (¡), es decir que hasta esa fecha y desde el año 2007, estuvo ejerciendo ilegalmente la profesión.
Todo indica que fueron los constantes reclamos los que forzaron al caballero a arreglar su situación profesional. Pero eso no cambia la falta ya cometida y la responsabilidad de sus superiores por haber mantenido y encubierto una falta de esta naturaleza.
De un total de 1,412 trabajadores con que cuenta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el conjunto de sus dependencias, y 472 que figuran como profesionales, hay uno en cuya responsabilidad ha recaído opinar sobre sanciones para más o menos 3 mil 500 casos de accidentes graves y otras faltas al código de tránsito en las que incurren las empresas de servicio de transporte terrestre, muchas de ellas que han logrado amplia notoriedad de prensa por el número de muertos, heridos y daños materiales que han provocado.
Este señor se llama Paul D. Jaimes Blanco, quien debe haber tenido fuerte respaldo de los niveles directivos del ministerio, para haber seguido opinando como “Abogado Informante”, sobre los expedientes de sanción por procedimiento administrativo, a pesar que las empresas fiscalizadas lo cuestionaron varias veces por ejercicio ilegal de la profesión, al no encontrarse acreditado como abogado en ningún colegio profesional del país. De hecho, su permanencia en la función ha sido como un regalo para los infractores y ha suscitado una respuesta crítica de sus colegas que reclamaron contra esta extraña concentración de responsabilidades en quien no estaba calificado para suscribir documentos oficiales.
Una muestra del problema creado por el señor Jaimes es el Informe Nº 21311-2008-MTC/15.04-PJB, cuyo facsímil acompaña esta nota, dirigido al director de Supervisión Fiscalización y Sanciones, referido al caso de la empresa “Erick El Rojo S.A.”, por infracciones al código (no expedir boletos, no tener manifiesto de pasajeros), que concluye recomendando una sanción al fiscalizado, y que firma Paul D. Jaimes Blanco, “Abogado Informante”, sin indicar número de colegiatura. En respuesta a este informe “Erick El Rojo” impugnó la calidad profesional de Jaimes, logrando poner en suspenso las sanciones.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Fuente: la Primera
Viernes, 13 de Noviembre de 2009 17:59
Preocupante. Varios ronderos detenidos y golpeados, y uno de ellos aún desaparecido, sería el saldo que hasta ahora dejarían las “investigaciones” de la Policía en torno al atentado en la minera Río Blanco el pasado 1 de noviembre.
El alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, denunció ayer en conferencia de prensa que los hermanos Filomeno Ibañez Clemente, Hugo Ibañez Clemente y Porfirio Campos Clemente, fueron detenidos el día anterior por la DIVINCRI y luego aparecieron con señales de tortura. Fuentes de Alerta Perú también indicaron que otro campesino, de nombre Ibañez, habría sufrido el mismo tipo de detención pero se encontraría aún desaparecido. Fuentes de Cooperacción, por su parte, informan que habría sido detenido también el teniente gobernador del cacerío de Corazón de Jesús, en el sector Montaña del referido distrito. Por su parte el periodista Benito Huarnizo confirmó desde la zona que la Policía “ha iniciado una cacería de líderes campesinos y ambientalistas, torturándolos y violando su domicilio sin orden judicial, para obligarlos a autoinculparse” por las muertes ocurridas el 1 de noviembre.
Las detenciones arbitrarias empezaron el miércoles y al parecer continúan aún hoy. La situación es muy parecida en todos los casos: la Policía incursiona en los caceríos, ingresa violentamente a las casas de los ronderos sin orden judicial alguna y sin la presencia de Fiscal, les amenaza, insulta y golpea tratando de que se autoinculpen o denuncien a otros dirigentes ambientalistas de la zona. Organizaciones de derechos humanos y la propia Municipalidad de Carmen de la Frontera vienen prestando apoyo legal a las víctimas de estos abusos, quienes ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía y están siendo citados para declarar la próxima semana.
El pasado 1 de noviembre desconocidos atacaron el campamento de la empresa minera Río Blanco, ahora en manos de capitales chinos y del Grupo Romero, matando a tres trabajadores. La presencia de la empresa minera, rechazada en 2007 por la mayoría de la población en una consulta pública, es motivo de constantes protestas de las organizaciones de ronderos y campesinos ambientalistas que se oponen a la actividad minera en la zona por los posibles efectos en el medio ambiente. Sin embargo, es la primera vez que hay un ataque armado.
El 2 de noviembre, el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte deslindó cualquier responsabilidad en el hecho y rechazó la violencia. Según fuentes locales consultadas por Alerta Perú, es poco probable que ciudadanos vinculados a las rondas campesinas hayan tenido que ver con un ataque “con armas, para matar gente”. Estas mismas fuentes, más bien, sugieren que los autores podrían estar vinculados con intereses pro-mineros interesados en justificar la represión. De hecho, luego del ataque del 1 de noviembre circuló la propuesta de instalar una base militar en Huancamba para proteger a Río Blanco.
Actualizado ( Viernes, 13 de Noviembre de 2009 18:06 )
Fuente: Alerta Perú
Werner Cabrera propuso depurar la Comisión de Educación
El titular de dicho grupo de trabajo señaló que, por transparencia, los congresistas vinculados a la Universidad Alas Peruana no deben continuar.
Todos los legisladores que tienen alguna relación con la Universidad Alas Peruanas deben ser retirados de la Comisión de Educación del Congreso, opinó el presidente de este grupo de trabajo, Werner Cabrera, quien consideró necesario que se adopten medidas para garantizar la total transparencia en la investigación que se iniciará en torno a las vinculaciones políticas y judiciales que tiene dicho centro de estudios. Agregó que el lunes 16 presentará el pedido al presidente del Legislativo, Luis Alva Castro.
En diálogo con Perú.21, el parlamentario nacionalista mencionó los casos de los apristas Mercedes Cabanillas, Wilder Calderón y Édgar Núñez –este último, aseveró, es socio en la citada institución–, quienes viajaron a Finlandia invitados por la referida universidad.
También señaló que deberían ser excluidos sus colegas de bancada Rafael Vásquez y Cenaida Uribe, ex presidentes de la Comisión de Educación. El primero viajó a Estados Unidos, en enero de 2007, con dinero de Alas Peruanas, mientras que la ex voleibolista recibió apoyo con el fin de financiar dos pasajes aéreos para la cobertura periodística de un evento internacional de esa disciplina deportiva en Brasil. “Lamentablemente, ninguno de los que están vinculados a esa universidad debe continuar en el grupo de trabajo por un sentido de transparencia”, puntualizó.
Cabrera manifestó que igual medida debe aplicarse para todos aquellos legisladores que tienen vinculación con universidades y con centros superiores privados, para evitar los conflictos de intereses en los proyectos que se aprueban en la comisión.
Mencionó los casos de las apristas Hilda Guevara, quien –dijo– es socia de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, y Luciana León, quien tendría familiares que son propietarios de institutos privados.
Fuente. Perú21
El titular de dicho grupo de trabajo señaló que, por transparencia, los congresistas vinculados a la Universidad Alas Peruana no deben continuar.
Todos los legisladores que tienen alguna relación con la Universidad Alas Peruanas deben ser retirados de la Comisión de Educación del Congreso, opinó el presidente de este grupo de trabajo, Werner Cabrera, quien consideró necesario que se adopten medidas para garantizar la total transparencia en la investigación que se iniciará en torno a las vinculaciones políticas y judiciales que tiene dicho centro de estudios. Agregó que el lunes 16 presentará el pedido al presidente del Legislativo, Luis Alva Castro.
En diálogo con Perú.21, el parlamentario nacionalista mencionó los casos de los apristas Mercedes Cabanillas, Wilder Calderón y Édgar Núñez –este último, aseveró, es socio en la citada institución–, quienes viajaron a Finlandia invitados por la referida universidad.
También señaló que deberían ser excluidos sus colegas de bancada Rafael Vásquez y Cenaida Uribe, ex presidentes de la Comisión de Educación. El primero viajó a Estados Unidos, en enero de 2007, con dinero de Alas Peruanas, mientras que la ex voleibolista recibió apoyo con el fin de financiar dos pasajes aéreos para la cobertura periodística de un evento internacional de esa disciplina deportiva en Brasil. “Lamentablemente, ninguno de los que están vinculados a esa universidad debe continuar en el grupo de trabajo por un sentido de transparencia”, puntualizó.
Cabrera manifestó que igual medida debe aplicarse para todos aquellos legisladores que tienen vinculación con universidades y con centros superiores privados, para evitar los conflictos de intereses en los proyectos que se aprueban en la comisión.
Mencionó los casos de las apristas Hilda Guevara, quien –dijo– es socia de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, y Luciana León, quien tendría familiares que son propietarios de institutos privados.
Fuente. Perú21
El Rector Fidel Ramírez mantiene estrechos vínculos con figuras apristas y militares para que lo ayuden en los 129 juicios que afronta esta casa superior de estudios.
Hasta Mantilla integra red de contactos de Alas Peruanas
Los dadivosos viajes pagados a magistrados y congresistas por la universidad privada Alas Peruanas son sólo la punta de un iceberg de enmarañadas relaciones que utiliza su rector, Fidel Ramírez Prado, vinculándose con figuras de la política y de las instituciones armadas, particularmente el Ejército, para encumbrarse como un poderoso personaje con aspiraciones políticas, aunque tiene muchas cosas que aclarar sobre el origen de su prosperidad.
Entre los numerosos congresistas, dirigentes y militantes apristas cercanos del rector, destaca el ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien, a pesar de su expulsión del Partido Aprista por haber recibido 30 mil dólares del ex asesor Vladimiro Montesinos, es una figura influyente en el gobierno de Alan García.
Otras amistades apristas de Ramírez Prado son Wilder Calderón y Edgar Núñez, dos congresistas que, según el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Werner Cabrera, se encargan de hacer lobis en el Congreso para proteger a la Universidad Alas Peruanas de cualquier investigación. Calderón es asesor del rector desde la fundación de ese centro académico, hace 13 años, y Núñez vicerrector de la filial de Ica.
Otros amigos del rector son la presidenta de la Comisión Política del APRA, Mercedes Cabanillas; el secretario general del partido, Mauricio Mulder; el vocero de la bancada, José Vargas, y el integrante de la Dirección Política, César Zumaeta.
También el edecán del presidente de la República, Juan Urcariegui, uno de los asistentes al último cumpleaños del rector, en julio pasado.
En el ágape, realizado en el lujoso restaurante Costa Verde, participaron el entonces ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz; los citados personajes apristas; el ahora postulante a presidente y ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre; la congresista nacionalista Cenaida Uribe; la ex fiscal de la Nación, Nelly Calderón y otros.
Fuentes de este diario señalaron que el rector de Alas Peruanas conquista sus amistades en el Congreso y el Poder Judicial para que los 129 juicios que afronta la universidad queden encarpetados como está ocurriendo hasta la actualidad.
La primera semana de octubre viajaron a Finlandia con los gastos pagados por Alas Peruanas los apristas Mercedes Cabanillas, Wilder Calderón, Mauricio Mulder y José Vargas.
Los vocales supremos Francisco Távara Córdova y Jorge Solís Espinoza, aceptaron una invitación para viajar a Francia con financiamiento de la Universidad Alas Peruanas, entre el 30 de octubre y el seis de noviembre, por lo que son investigados por el Consejo Nacional de la Magistratura, dos de cuyos miembros se inhibieron de ver el caso por haber tenido vínculos con Alas Peruanas.
Hasta Mantilla integra red de contactos de Alas Peruanas
El congresista Washington Zeballos afirmó que no es conveniente que un legislador acepte dádivas que tengan el fin de obtener un beneficio. “Cuando hay conflicto de intereses es mejor abstenerse de intervenir en este tipo de actividades particulares que son financiadas por algunas empresas o instituciones que pueden tener algún interés”, dijo.
DETALLE
La congresista fujimorista Martha Hildebrandt, integrante de la Comisión de Ética del Parlamento, no descartó investigar el caso de los integrantes de la bancada aprista que viajaron a Finlandia por cuenta de la Universidad Alas Peruanas (UAP). “Si lo consideramos pertinente, lo haremos. Todavía no hemos estudiado el caso. No digamos ‘universidades privadas’. Hay universidades privadas y universidades privadas. De ésta, no creo que se tome un buen ejemplo”, dijo a LA PRIMERA.
DETALLE
La congresista fujimorista Martha Hildebrandt, integrante de la Comisión de Ética del Parlamento, no descartó investigar el caso de los integrantes de la bancada aprista que viajaron a Finlandia por cuenta de la Universidad Alas Peruanas (UAP). “Si lo consideramos pertinente, lo haremos. Todavía no hemos estudiado el caso. No digamos ‘universidades privadas’. Hay universidades privadas y universidades privadas. De ésta, no creo que se tome un buen ejemplo”, dijo a LA PRIMERA.
Los dadivosos viajes pagados a magistrados y congresistas por la universidad privada Alas Peruanas son sólo la punta de un iceberg de enmarañadas relaciones que utiliza su rector, Fidel Ramírez Prado, vinculándose con figuras de la política y de las instituciones armadas, particularmente el Ejército, para encumbrarse como un poderoso personaje con aspiraciones políticas, aunque tiene muchas cosas que aclarar sobre el origen de su prosperidad.
Entre los numerosos congresistas, dirigentes y militantes apristas cercanos del rector, destaca el ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien, a pesar de su expulsión del Partido Aprista por haber recibido 30 mil dólares del ex asesor Vladimiro Montesinos, es una figura influyente en el gobierno de Alan García.
Otras amistades apristas de Ramírez Prado son Wilder Calderón y Edgar Núñez, dos congresistas que, según el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Werner Cabrera, se encargan de hacer lobis en el Congreso para proteger a la Universidad Alas Peruanas de cualquier investigación. Calderón es asesor del rector desde la fundación de ese centro académico, hace 13 años, y Núñez vicerrector de la filial de Ica.
Otros amigos del rector son la presidenta de la Comisión Política del APRA, Mercedes Cabanillas; el secretario general del partido, Mauricio Mulder; el vocero de la bancada, José Vargas, y el integrante de la Dirección Política, César Zumaeta.
También el edecán del presidente de la República, Juan Urcariegui, uno de los asistentes al último cumpleaños del rector, en julio pasado.
En el ágape, realizado en el lujoso restaurante Costa Verde, participaron el entonces ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz; los citados personajes apristas; el ahora postulante a presidente y ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre; la congresista nacionalista Cenaida Uribe; la ex fiscal de la Nación, Nelly Calderón y otros.
Fuentes de este diario señalaron que el rector de Alas Peruanas conquista sus amistades en el Congreso y el Poder Judicial para que los 129 juicios que afronta la universidad queden encarpetados como está ocurriendo hasta la actualidad.
La primera semana de octubre viajaron a Finlandia con los gastos pagados por Alas Peruanas los apristas Mercedes Cabanillas, Wilder Calderón, Mauricio Mulder y José Vargas.
Los vocales supremos Francisco Távara Córdova y Jorge Solís Espinoza, aceptaron una invitación para viajar a Francia con financiamiento de la Universidad Alas Peruanas, entre el 30 de octubre y el seis de noviembre, por lo que son investigados por el Consejo Nacional de la Magistratura, dos de cuyos miembros se inhibieron de ver el caso por haber tenido vínculos con Alas Peruanas.
Política
Presentan proyectos para favorecer a Alas Peruanas
El aprista Wilder Calderón plantea eliminar las restricciones para el funcionamiento de la cuestionada universidad.
El perfil ‘benefactor’ que la Universidad Alas Peruanas se ha preocupado en proyectar –a través del auspicio de viajes de legisladores y magistrados al exterior, organización de foros, suscripción de convenios y publicación de libros, entre otros– no es, sin duda alguna, gratuito.
Tampoco lo es que los beneficiarios de sus ‘obras sociales’ sean, en el caso del Congreso, parlamentarios que integran la Comisión de Educación, precisamente la instancia filtro de las iniciativas relacionados con ese sector.
Un ejemplo es el proyecto Nº 3039/2008-CR, presentado por el aprista Wilder Calderón en marzo pasado, cuyo único fin es dejar sin efecto una directiva del Conafu que establece que ese organismo puede autorizar la ampliación de facultades y carreras “solo hasta el segundo año de funcionamiento provisional”.
TOMA Y DACA. Una fuente legislativa explicó a Perú.21 que la aprobación de esta iniciativa beneficiaría directamente a unas 27 universidades provisionales. Entre ellas, claro está, figura Alas Peruanas, donde Calderón se desempeña hace 12 años como asesor, según él mismo reveló.
El tema no se ha discutido aún en la Comisión de Educación, pero cuenta con el aval del Apra, que tiene a dos de sus representantes como miembros titulares del grupo dictaminador: Calderón y Édgar Núñez, y como accesitaria a Mercedes Cabanillas. Todos ellos con un común denominador: viajes al exterior financiados por Alas Peruanas.
A LA MEDIDA. Pero la propuesta de Calderón no solo le cae como anillo al dedo a esta controvertida casa de estudios. También beneficiaría a la Universidad Simón Bolívar, de la que el legislador oficialista es nada menos que socio fundador y accionista, desempeñándose asimismo –según reportes de Infocorp y del Conafu– como gerente general. ¿Alguien dijo conflicto de intereses?
Perú.21 trató de comunicarse con Calderón para recoger su versión, pero su personal señaló que se encuentra en la sierra de Áncash. Sin embargo, el titular de la Comisión de Educación, Werner Cabrera, dijo que es evidente que hay un conflicto de intereses en la participación de Calderón y de Núñez en la comisión. No descartó pedir su reemplazo.
Fuente: Diario Perú21
Presentan proyectos para favorecer a Alas Peruanas
El aprista Wilder Calderón plantea eliminar las restricciones para el funcionamiento de la cuestionada universidad.
El perfil ‘benefactor’ que la Universidad Alas Peruanas se ha preocupado en proyectar –a través del auspicio de viajes de legisladores y magistrados al exterior, organización de foros, suscripción de convenios y publicación de libros, entre otros– no es, sin duda alguna, gratuito.
Tampoco lo es que los beneficiarios de sus ‘obras sociales’ sean, en el caso del Congreso, parlamentarios que integran la Comisión de Educación, precisamente la instancia filtro de las iniciativas relacionados con ese sector.
Un ejemplo es el proyecto Nº 3039/2008-CR, presentado por el aprista Wilder Calderón en marzo pasado, cuyo único fin es dejar sin efecto una directiva del Conafu que establece que ese organismo puede autorizar la ampliación de facultades y carreras “solo hasta el segundo año de funcionamiento provisional”.
TOMA Y DACA. Una fuente legislativa explicó a Perú.21 que la aprobación de esta iniciativa beneficiaría directamente a unas 27 universidades provisionales. Entre ellas, claro está, figura Alas Peruanas, donde Calderón se desempeña hace 12 años como asesor, según él mismo reveló.
El tema no se ha discutido aún en la Comisión de Educación, pero cuenta con el aval del Apra, que tiene a dos de sus representantes como miembros titulares del grupo dictaminador: Calderón y Édgar Núñez, y como accesitaria a Mercedes Cabanillas. Todos ellos con un común denominador: viajes al exterior financiados por Alas Peruanas.
A LA MEDIDA. Pero la propuesta de Calderón no solo le cae como anillo al dedo a esta controvertida casa de estudios. También beneficiaría a la Universidad Simón Bolívar, de la que el legislador oficialista es nada menos que socio fundador y accionista, desempeñándose asimismo –según reportes de Infocorp y del Conafu– como gerente general. ¿Alguien dijo conflicto de intereses?
Perú.21 trató de comunicarse con Calderón para recoger su versión, pero su personal señaló que se encuentra en la sierra de Áncash. Sin embargo, el titular de la Comisión de Educación, Werner Cabrera, dijo que es evidente que hay un conflicto de intereses en la participación de Calderón y de Núñez en la comisión. No descartó pedir su reemplazo.
Fuente: Diario Perú21
11/11/09: El caso de la Universidad Alas Peruanas
Alas Peruanas busca tapar lazos con fujimontesinismo
Con viajes y favores, rector Fidel Ramírez Prado adula a legisladores y gente del Poder Judicial.
Alas Peruanas busca tapar lazos con fujimontesinismo
Universidad Alas Peruanas se encuentra ahora bajo la lupa tras haber financiado viajes de magistrados.
Según fuentes parlamentarias consultadas por este diario, Alas Peruanas tiene como verdadero promotor a Vladimiro Montesinos y actualmente estaría efectuando un gran lavado de dinero procedente de la corrupción fujimontesinista, y por ello necesita blindarse.
DETALLE
Alas Peruanas nació como un instituto de los suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú en 1996, justo cuando la dictadura de Alberto Fujimori expide el Decreto Legislativo Nº 882 de Inversión Privada en la educación peruana, que crea el modelo de la “Universidad Empresa”, modificando la estructura jurídica de cómo crear universidades, pues hasta entonces todas las casas de estudios superiores eran creadas por una Ley expedida por el Congreso y no debían tener fines de lucro.
Detrás de los viajes al extranjero pagados a magistrados supremos y congresistas, lo que realmente puede estar buscando Fidel Ramírez Prado, el rector de la Universidad Alas Peruanas, es blindarse por todos lados para no perder la administración de esta casa de estudios, puesto que corre el riesgo de ser intervenida en cualquier momento porque diversas investigaciones están siguiendo el hilo de sus vínculos con el fujimontesinismo. Este blindaje de altos funcionarios permite ahora que Alas Peruanas funcione sin ningún contratiempo.
LA PRIMERA tuvo acceso a una sentencia del año 2000, emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, un colegiado que estuvo integrado por magistrados acusados, y algunos de ellos sentenciados, por formar parte de la red corrupta de Vladimiro Montesinos. La sentencia autoriza a Alas Peruanas a abrir filiales en todo el país y expandir sus negocios a diversos rubros, contraviniendo el artículo 5 de la Ley Universitaria Nº 23733 que prohíbe la creación de nuevas filiales de universidades públicas y privadas salvo que sea en el departamento de su sede principal.
Asimismo, la Ley Nº 28564 remarca la prohibición de crear filiales de las universidades, pero la Universidad Alas Peruanas, en procesos de Acción de Amparo, con la complicidad de la Asamblea Nacional de Rectores, que no planteó los recursos de apelación, logró ganar juicios, como el seguido el año 2007 por terceros contra el administrador de la filial de Alas Peruanas en Abancay, Bernardino Sierra Álvarez. Es así que actualmente es la única universidad que tiene carta blanca para abrir filiales en provincias, lo cual desnaturaliza los fines académicos de la universidad para convertirla en un negocio lucrativo que ofrece atenciones con oscuros fines a altos funcionarios y congresistas.
Los vocales que le dieron una mano a Ramírez Prado con la sentencia del 2000 fueron Felipe Barrera Guadalupe, Robinson Gonzales Campos y Sixto Muñoz Sarmiento, quien luego fue condenado a seis años de prisión porque, a cambio de dinero, benefició a la empresa chilena Lucchetti para que opere en los Pantanos de Villa, mientras Arturo Chocano Polanco fue el único que voto en contra.
En tanto, en la Comisión de Educación del Congreso, varios parlamentarios apristas encabezados por Mercedes Cabanillas, Edgar Núñez y Wilder Calderón tienen una relación directa con la defensa de los intereses de la Universidad Alas Peruanas, sobre todo en temas de fiscalización y diferentes iniciativas legislativas favorables a la referida universidad. Asimismo, Alas Peruanas, en su afán de convertirse en intocable, también ha realizado foros, almuerzos, fiestas y otros eventos para el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo que investiga a los vocales supremos Francisco Távara y Jorge Solís.
También ha llenado de atenciones a alcaldes y hasta ministros de Estado, todas ellas dirigidas a blindar los intereses económicos de Ramírez Prado, quien dirige la única universidad peruana que cuenta con avión propio.
Caso especial es el del congresista aprista Edgar Núñez, quien ha viajado gracias a Alas Peruanas a París, Estados Unidos e Israel, supuestamente para visitar universidades de esos países. Núñez, es vicerrector de la filial de esta universidad en Ica, y hace dos meses ha sido denunciado por el Colegio de Periodistas de Ica por el funcionamiento ilegal de ese local. La denuncia ingresó hace tres meses en la Comisión de Ética Parlamentaria y en la Comisión de Educación del Congreso, pero sigue encarpetada por Martha Hildebrandt, titular de ese grupo de trabajo.
Marcelo Puelles
Redacción
Fuente: La Primera
Con viajes y favores, rector Fidel Ramírez Prado adula a legisladores y gente del Poder Judicial.
Alas Peruanas busca tapar lazos con fujimontesinismo
Universidad Alas Peruanas se encuentra ahora bajo la lupa tras haber financiado viajes de magistrados.
Según fuentes parlamentarias consultadas por este diario, Alas Peruanas tiene como verdadero promotor a Vladimiro Montesinos y actualmente estaría efectuando un gran lavado de dinero procedente de la corrupción fujimontesinista, y por ello necesita blindarse.
DETALLE
Alas Peruanas nació como un instituto de los suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú en 1996, justo cuando la dictadura de Alberto Fujimori expide el Decreto Legislativo Nº 882 de Inversión Privada en la educación peruana, que crea el modelo de la “Universidad Empresa”, modificando la estructura jurídica de cómo crear universidades, pues hasta entonces todas las casas de estudios superiores eran creadas por una Ley expedida por el Congreso y no debían tener fines de lucro.
Detrás de los viajes al extranjero pagados a magistrados supremos y congresistas, lo que realmente puede estar buscando Fidel Ramírez Prado, el rector de la Universidad Alas Peruanas, es blindarse por todos lados para no perder la administración de esta casa de estudios, puesto que corre el riesgo de ser intervenida en cualquier momento porque diversas investigaciones están siguiendo el hilo de sus vínculos con el fujimontesinismo. Este blindaje de altos funcionarios permite ahora que Alas Peruanas funcione sin ningún contratiempo.
LA PRIMERA tuvo acceso a una sentencia del año 2000, emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, un colegiado que estuvo integrado por magistrados acusados, y algunos de ellos sentenciados, por formar parte de la red corrupta de Vladimiro Montesinos. La sentencia autoriza a Alas Peruanas a abrir filiales en todo el país y expandir sus negocios a diversos rubros, contraviniendo el artículo 5 de la Ley Universitaria Nº 23733 que prohíbe la creación de nuevas filiales de universidades públicas y privadas salvo que sea en el departamento de su sede principal.
Asimismo, la Ley Nº 28564 remarca la prohibición de crear filiales de las universidades, pero la Universidad Alas Peruanas, en procesos de Acción de Amparo, con la complicidad de la Asamblea Nacional de Rectores, que no planteó los recursos de apelación, logró ganar juicios, como el seguido el año 2007 por terceros contra el administrador de la filial de Alas Peruanas en Abancay, Bernardino Sierra Álvarez. Es así que actualmente es la única universidad que tiene carta blanca para abrir filiales en provincias, lo cual desnaturaliza los fines académicos de la universidad para convertirla en un negocio lucrativo que ofrece atenciones con oscuros fines a altos funcionarios y congresistas.
Los vocales que le dieron una mano a Ramírez Prado con la sentencia del 2000 fueron Felipe Barrera Guadalupe, Robinson Gonzales Campos y Sixto Muñoz Sarmiento, quien luego fue condenado a seis años de prisión porque, a cambio de dinero, benefició a la empresa chilena Lucchetti para que opere en los Pantanos de Villa, mientras Arturo Chocano Polanco fue el único que voto en contra.
En tanto, en la Comisión de Educación del Congreso, varios parlamentarios apristas encabezados por Mercedes Cabanillas, Edgar Núñez y Wilder Calderón tienen una relación directa con la defensa de los intereses de la Universidad Alas Peruanas, sobre todo en temas de fiscalización y diferentes iniciativas legislativas favorables a la referida universidad. Asimismo, Alas Peruanas, en su afán de convertirse en intocable, también ha realizado foros, almuerzos, fiestas y otros eventos para el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo que investiga a los vocales supremos Francisco Távara y Jorge Solís.
También ha llenado de atenciones a alcaldes y hasta ministros de Estado, todas ellas dirigidas a blindar los intereses económicos de Ramírez Prado, quien dirige la única universidad peruana que cuenta con avión propio.
Caso especial es el del congresista aprista Edgar Núñez, quien ha viajado gracias a Alas Peruanas a París, Estados Unidos e Israel, supuestamente para visitar universidades de esos países. Núñez, es vicerrector de la filial de esta universidad en Ica, y hace dos meses ha sido denunciado por el Colegio de Periodistas de Ica por el funcionamiento ilegal de ese local. La denuncia ingresó hace tres meses en la Comisión de Ética Parlamentaria y en la Comisión de Educación del Congreso, pero sigue encarpetada por Martha Hildebrandt, titular de ese grupo de trabajo.
Marcelo Puelles
Redacción
Fuente: La Primera
11/11/09: EL SALVADOR REQUIERE APOYO
Redacción ContraPunto / Fotografía cortesía MARN
Los diputados aprobaron expeditamente varios decretos relacionados a la emergencia, pero aún se la piensan para reorientar los $150 millones con los que el Gobierno pretende iniciar la reconstrucción.
SAN SALVADOR - Raras veces la Asamblea Legislativa en El Salvador se pone de acuerdo y emite decretos por unanimidad, como los aprobados el lunes de Estado de Calamidad Pública, otro para el uso de fondos municipales y el de Luto Nacional en tributo a las víctimas que dejaron las devastadoras lluvias del fin de semana.
Con tales decretos, así como el de Emergencia Nacional impuesto por el presidente Mauricio Funes, el Estado salvadoreño tratará de hacerle frente a los estragos que provocaron las intensas lluvias, a causa de fenómenos climáticos sin precedentes, y que dañaron gravemente a seis de los 14 departamentos o provincias del país.
Los efectos reales del desastre afloran en la medida que avanzan las horas. Hay caseríos y cantones arrasados totalmente en las zonas montañosas de San Vicente, así como en las playas y orillas de lagos.
El domingo, a primeras horas, se decía que los muertos eran 42. En la actualidad la cifra ronda los 150, según las morgues de Medicina Legal en cada provincia. El ministro de Gobernación, Humberto Centeno, aseguró el lunes que los muertos eran 130.
En San Vicente, punto neurálgico de la tragedia y cuando los escombros, el lodo y piedras del volcán Chinchontepec, no han sido retiradas, los muertos sobrepasan los 50, según la morgue provincial, cuando oficialmente se dijo que eran 40.
Reportes de las radios locales, incluso de la Radio Nacional -del gobierno-, insisten en grandes cantidades de desaparecidos.
Muchos de los cadáveres localizados se han encontrado a varios kilómetros de sus lugares de origen, ello debido a que el agua los arrastró. Era domingo de madrugada cuando ocurrieron los deslaves y las inundaciones.
Las últimas decisiones legislativas permitirán al gobierno mover fondos de cualquier ministerio o instituciones para atender la emergencia.
San Salvador y San Vicente siguen siendo los departamentos que registran la peor cara de la tragedia al acumular la mayor cantidad de víctimas.
Las principales prioridades en la actualidad serán atender a los más de 13.000 damnificados que se encuentran en 118 albergues distribuidos en siete departamentos. En los albergues se reporta falta de alimentos y abrigos.
Sin embargo, pese a las calamidades que se viven en El Salvador, los políticos, de un lado y otro, quieren sacar ventajas.
Unos acusan al actual gobierno de no haber actuado con la celeridad debida, mientras que el gobierno culpa a sus antecesores de no haber hecho nunca las obras de mitigación de riesgos.
Fondos en sala de espera
Pero la celeridad con que los diputados aprobaron los decretos de Calamidad Pública y Luto Nacional no se movió al mismo ritmo a la hora de aprobar otras cosas más urgentes: la redirección de fondos para atender la reconstrucción.
El presidente Funes urgió ayer lunes a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar una reorientación de créditos pactados anteriormente para, de eso, destinar $150 millones al proceso de reconstrucción de la infraestructura colapsada por las lluvias del fin de semana pasado, y que han dejado un saldo preliminar de 144 muertos hasta este martes 11.
Funes visitó el poblado de Verapaz, en el departamento de San Vicente, uno de los lugares más devastados por un deslave proveniente del volcán Chinchontepec, que soterró con rocas y lodo la mayor parte del pueblo.
Durante el recorrido, el mandatario dijo que ese dinero es parte de un crédito de $300 millones otorgado por organismos internacionales, pero que se buscaba que de eso el Congreso reorientara $135 millones para el Programa Anticrisis (PAC), con el cual el gobierno pretende hacerle frente a la crisis económica internacional que golpea al país.
Los diputados aprobaron expeditamente varios decretos relacionados a la emergencia, pero aún se la piensan para reorientar los $150 millones con los que el Gobierno pretende iniciar la reconstrucción.
SAN SALVADOR - Raras veces la Asamblea Legislativa en El Salvador se pone de acuerdo y emite decretos por unanimidad, como los aprobados el lunes de Estado de Calamidad Pública, otro para el uso de fondos municipales y el de Luto Nacional en tributo a las víctimas que dejaron las devastadoras lluvias del fin de semana.
Con tales decretos, así como el de Emergencia Nacional impuesto por el presidente Mauricio Funes, el Estado salvadoreño tratará de hacerle frente a los estragos que provocaron las intensas lluvias, a causa de fenómenos climáticos sin precedentes, y que dañaron gravemente a seis de los 14 departamentos o provincias del país.
Los efectos reales del desastre afloran en la medida que avanzan las horas. Hay caseríos y cantones arrasados totalmente en las zonas montañosas de San Vicente, así como en las playas y orillas de lagos.
El domingo, a primeras horas, se decía que los muertos eran 42. En la actualidad la cifra ronda los 150, según las morgues de Medicina Legal en cada provincia. El ministro de Gobernación, Humberto Centeno, aseguró el lunes que los muertos eran 130.
En San Vicente, punto neurálgico de la tragedia y cuando los escombros, el lodo y piedras del volcán Chinchontepec, no han sido retiradas, los muertos sobrepasan los 50, según la morgue provincial, cuando oficialmente se dijo que eran 40.
Reportes de las radios locales, incluso de la Radio Nacional -del gobierno-, insisten en grandes cantidades de desaparecidos.
Muchos de los cadáveres localizados se han encontrado a varios kilómetros de sus lugares de origen, ello debido a que el agua los arrastró. Era domingo de madrugada cuando ocurrieron los deslaves y las inundaciones.
Las últimas decisiones legislativas permitirán al gobierno mover fondos de cualquier ministerio o instituciones para atender la emergencia.
San Salvador y San Vicente siguen siendo los departamentos que registran la peor cara de la tragedia al acumular la mayor cantidad de víctimas.
Las principales prioridades en la actualidad serán atender a los más de 13.000 damnificados que se encuentran en 118 albergues distribuidos en siete departamentos. En los albergues se reporta falta de alimentos y abrigos.
Sin embargo, pese a las calamidades que se viven en El Salvador, los políticos, de un lado y otro, quieren sacar ventajas.
Unos acusan al actual gobierno de no haber actuado con la celeridad debida, mientras que el gobierno culpa a sus antecesores de no haber hecho nunca las obras de mitigación de riesgos.
Fondos en sala de espera
Pero la celeridad con que los diputados aprobaron los decretos de Calamidad Pública y Luto Nacional no se movió al mismo ritmo a la hora de aprobar otras cosas más urgentes: la redirección de fondos para atender la reconstrucción.
El presidente Funes urgió ayer lunes a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar una reorientación de créditos pactados anteriormente para, de eso, destinar $150 millones al proceso de reconstrucción de la infraestructura colapsada por las lluvias del fin de semana pasado, y que han dejado un saldo preliminar de 144 muertos hasta este martes 11.
Funes visitó el poblado de Verapaz, en el departamento de San Vicente, uno de los lugares más devastados por un deslave proveniente del volcán Chinchontepec, que soterró con rocas y lodo la mayor parte del pueblo.
Durante el recorrido, el mandatario dijo que ese dinero es parte de un crédito de $300 millones otorgado por organismos internacionales, pero que se buscaba que de eso el Congreso reorientara $135 millones para el Programa Anticrisis (PAC), con el cual el gobierno pretende hacerle frente a la crisis económica internacional que golpea al país.
Participantes de la XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia
Investigadores, docentes y estudiantes universitarios repudiaron la continuidad ideológica expresada a lo largo del proceso de sometimiento e incorporación estatal de los pueblos originarios.
El pronunciamiento fue hecho público a través de un documento firmado por los participantes de la mesa “Etnogenésis, sometimiento e incorporación estatal/nacional de pueblos originarios”, que sesionó el 29 y 30 de octubre pasado en el marco de las XII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia organizadas por Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El documento señala que la ideología dominante “se ha manifestado a través de distintos mecanismos que han procurado generar en la opinión pública una imagen negativa con respecto a los pueblos originarios, identificándolos como una amenaza a los intereses de la sociedad, al ser calificados como grupos irracionales, altamente peligrosos, violentos y atribuyéndoseles un origen extranjero”.
El texto remarca que esta descripción de los pueblos originarios como una amenaza a la sociedad en su conjunto “ha recurrido una y otra vez a viejos argumentos pseudocientíficos”, y que los mismos poseen su origen “en el discurso e ideología política de los sectores de poder que han llevado a cabo las sucesivas expropiaciones a los pueblos originarios a lo largo del proceso histórico referido, desde las campañas militares de conquista de fines del siglo XIX”.
“En el presente observamos y denunciamos una nueva oleada de expresiones mediáticas que califican a los pueblos originarios como sectores peligrosos y como amenaza extranjera. La misma no puede entenderse sino en relación con intereses de sectores concretos en un contexto de redefinición y profundización de los procesos de expropiación”, agrega.
Finalmente, denuncia que esos intereses “hoy responden a la expansión del frente sojero y de las empresas extractivas (petroleras y minería a cielo abierto), forestales y turísticas. Al mismo tiempo dichas expresiones intentan legitimar –como en el pasado- los procedimientos de represión y violencia sobre las comunidades y familias originarias y la judicialización / criminalización de sus demandas”.
Fuente: http://www.voltairenet.org/article162805.html
Investigadores, docentes y estudiantes universitarios repudiaron la continuidad ideológica expresada a lo largo del proceso de sometimiento e incorporación estatal de los pueblos originarios.
El pronunciamiento fue hecho público a través de un documento firmado por los participantes de la mesa “Etnogenésis, sometimiento e incorporación estatal/nacional de pueblos originarios”, que sesionó el 29 y 30 de octubre pasado en el marco de las XII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia organizadas por Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El documento señala que la ideología dominante “se ha manifestado a través de distintos mecanismos que han procurado generar en la opinión pública una imagen negativa con respecto a los pueblos originarios, identificándolos como una amenaza a los intereses de la sociedad, al ser calificados como grupos irracionales, altamente peligrosos, violentos y atribuyéndoseles un origen extranjero”.
El texto remarca que esta descripción de los pueblos originarios como una amenaza a la sociedad en su conjunto “ha recurrido una y otra vez a viejos argumentos pseudocientíficos”, y que los mismos poseen su origen “en el discurso e ideología política de los sectores de poder que han llevado a cabo las sucesivas expropiaciones a los pueblos originarios a lo largo del proceso histórico referido, desde las campañas militares de conquista de fines del siglo XIX”.
“En el presente observamos y denunciamos una nueva oleada de expresiones mediáticas que califican a los pueblos originarios como sectores peligrosos y como amenaza extranjera. La misma no puede entenderse sino en relación con intereses de sectores concretos en un contexto de redefinición y profundización de los procesos de expropiación”, agrega.
Finalmente, denuncia que esos intereses “hoy responden a la expansión del frente sojero y de las empresas extractivas (petroleras y minería a cielo abierto), forestales y turísticas. Al mismo tiempo dichas expresiones intentan legitimar –como en el pasado- los procedimientos de represión y violencia sobre las comunidades y familias originarias y la judicialización / criminalización de sus demandas”.
Fuente: http://www.voltairenet.org/article162805.html
09/11/09: La Primera
AL primera es un diario que lucha titánicamente para sobrevivir pero con dignidad, mientras otros diarios están inundados por publicidad estatal, La Primera a veces agarra uno, no porque sea mal diario sino... revisen la informaciones y saquen sus propias conclusiones.
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Fuente: la Primera
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Fuente: la Primera
Política | Sáb. 07 nov '09
Ignorando la historia
Autor: Santiago Pedraglio
El Consejo Nacional de Reparaciones (CNR), encargado de crear el Registro
Único de Víctimas de la Violencia “ocurrida de mayo de 1980 a noviembre de
2000”, de acuerdo con la Ley 28592, que crea el Plan Integral de
Reparaciones (PIR), ha suspendido, a partir del 1 de noviembre, la
calificación e inscripción de los casos pendientes. El anuncio, dado a
conocer en un reciente comunicado, quiere decir que, para empezar, 28 mil
expedientes que ya están en sus manos, se quedarán sin revisar. La razón
es simple: su solicitud de ampliación presupuestal, necesaria “como
consecuencia del recorte del presupuesto original correspondiente al
ejercicio 2009”, no ha recibido respuesta (o no ha sido aceptada, que no
es lo mismo… pero es igual).
El CNR ha registrado a 62,909 personas y 5,409 centros poblados. Su
compromiso era culminar este año con 90 mil inscritos. Para los efectos de
este registro, la ley considera como víctimas a “las personas o grupos de
personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los
derechos humanos”; por ejemplo, desaparición, secuestro, ejecución,
desplazamiento forzoso, detención arbitraria, tortura o violación.
Igualmente, a los familiares de muertos y desaparecidos en ese contexto y
en el lapso señalado. Excluye a los miembros de organizaciones
subversivas, quienes “no son considerados víctimas y, por ende, no son
beneficiarios de (…) la presente ley”. Dicho sea esto con claridad, pues
no faltan quienes, por ignorancia o para desinformar, afirman que los
programas de reparación favorecen a los “terrucos”.
El PIR, al que deberían acceder las víctimas una vez terminada la labor
del consejo, está compuesto por programas como restitución de derechos
ciudadanos, reparaciones en educación y en salud, colectivas y simbólicas,
y facilitación al acceso habitacional. ¿Por qué dificultar estas
reparaciones si son parte de la “deuda interna” del Estado con personas
–en su mayoría campesinas y quechuahablantes– que llevan años confiando en
que serán resarcidas? Tal parece que el Gobierno no entiende que este tipo
de actos de reparación es, fundamentalmente, un reconocimiento de
ciudadanía, de pertenencia a una sociedad de iguales por parte de un
Estado que cumple con sus responsabilidades.
En lugar de filtrar información sobre arrepentimientos supuestos, ciertos
u obligados por las circunstancias, faltando al espíritu de la ley que
creó esa figura –“el procedimiento (…) tendrá la clasificación de
'estrictamente secreto’, para garantizar la integridad personal del
solicitante y de sus familiares”–, bien haría el Gobierno en estudiar las
lecciones de países como Chile y Uruguay, que bastante han avanzado en la
reconciliación aplicando reparaciones como parte del reconocimiento de las
faltas del Estado en tiempos de violencia.
http://peru21.pe/impresa/noticia/ignorando-historia/2009-11-07/260442
Ignorando la historia
Autor: Santiago Pedraglio
El Consejo Nacional de Reparaciones (CNR), encargado de crear el Registro
Único de Víctimas de la Violencia “ocurrida de mayo de 1980 a noviembre de
2000”, de acuerdo con la Ley 28592, que crea el Plan Integral de
Reparaciones (PIR), ha suspendido, a partir del 1 de noviembre, la
calificación e inscripción de los casos pendientes. El anuncio, dado a
conocer en un reciente comunicado, quiere decir que, para empezar, 28 mil
expedientes que ya están en sus manos, se quedarán sin revisar. La razón
es simple: su solicitud de ampliación presupuestal, necesaria “como
consecuencia del recorte del presupuesto original correspondiente al
ejercicio 2009”, no ha recibido respuesta (o no ha sido aceptada, que no
es lo mismo… pero es igual).
El CNR ha registrado a 62,909 personas y 5,409 centros poblados. Su
compromiso era culminar este año con 90 mil inscritos. Para los efectos de
este registro, la ley considera como víctimas a “las personas o grupos de
personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los
derechos humanos”; por ejemplo, desaparición, secuestro, ejecución,
desplazamiento forzoso, detención arbitraria, tortura o violación.
Igualmente, a los familiares de muertos y desaparecidos en ese contexto y
en el lapso señalado. Excluye a los miembros de organizaciones
subversivas, quienes “no son considerados víctimas y, por ende, no son
beneficiarios de (…) la presente ley”. Dicho sea esto con claridad, pues
no faltan quienes, por ignorancia o para desinformar, afirman que los
programas de reparación favorecen a los “terrucos”.
El PIR, al que deberían acceder las víctimas una vez terminada la labor
del consejo, está compuesto por programas como restitución de derechos
ciudadanos, reparaciones en educación y en salud, colectivas y simbólicas,
y facilitación al acceso habitacional. ¿Por qué dificultar estas
reparaciones si son parte de la “deuda interna” del Estado con personas
–en su mayoría campesinas y quechuahablantes– que llevan años confiando en
que serán resarcidas? Tal parece que el Gobierno no entiende que este tipo
de actos de reparación es, fundamentalmente, un reconocimiento de
ciudadanía, de pertenencia a una sociedad de iguales por parte de un
Estado que cumple con sus responsabilidades.
En lugar de filtrar información sobre arrepentimientos supuestos, ciertos
u obligados por las circunstancias, faltando al espíritu de la ley que
creó esa figura –“el procedimiento (…) tendrá la clasificación de
'estrictamente secreto’, para garantizar la integridad personal del
solicitante y de sus familiares”–, bien haría el Gobierno en estudiar las
lecciones de países como Chile y Uruguay, que bastante han avanzado en la
reconciliación aplicando reparaciones como parte del reconocimiento de las
faltas del Estado en tiempos de violencia.
http://peru21.pe/impresa/noticia/ignorando-historia/2009-11-07/260442
Por Mijail Gorbachov (*)
La primera observación optimista es que el anunciado fin de la Historia no se ha producido en absoluto
MOSC -
Veinte años han pasado desde la caída del Muro de Berlín, uno de los símbolos vergonzosos de la guerra fría y de la peligrosa división del mundo en bloques y en esferas de influencia enfrentadas. El periodo actual nos permite observar aquellos acontecimientos y formarnos una opinión menos emocional y más racional.
La primera observación optimista es que el anunciado fin de la Historia no se ha producido en absoluto. Pero tampoco ha llegado lo que los políticos de mi generación confiaban sinceramente que ocurriría: un mundo en el cual, con el fin de la guerra fría, la humanidad podría finalmente olvidar la aberración de la carrera armamentista, de los conflictos regionales y de las estériles disputas ideológicas y entrar en una suerte de siglo dorado de seguridad colectiva, uso racional de los recursos, fin de la pobreza y la desigualdad y restauración de la armonía con la naturaleza.
Otra consecuencia es la interdependencia de importantes aspectos que tienen que ver con el sentido de la existencia de la humanidad. Esta interdependencia no se da sólo entre los procesos y hechos que ocurren en los diferentes continentes, sino también en el vínculo entre los cambios en las condiciones económicas, tecnológicas, sociales, demográficas y culturales de miles de millones de personas. La humanidad ha comenzado a transformarse en una civilización única.
Al mismo tiempo, la desaparición del llamado telón de acero y de las fronteras ha yuxtapuesto no solamente a aquellos países que hasta hace poco representaban diferentes sistemas políticos, sino también a civilizaciones, culturas y tradiciones.
Los políticos del siglo pasado podemos estar orgullosos de haber evitado el peligro de una guerra termonuclear. Sin embargo, para millones de personas el mundo no se ha convertido en un lugar más seguro que antes. Innumerables conflictos locales y guerras étnicas y religiosas han aparecido en el nuevo mapa de la política mundial. Una prueba evidente del comportamiento irracional de la nueva generación de políticos es el hecho de que los presupuestos de defensa de muchos países, grandes o pequeños, son ahora mayores que durante la guerra fría, así como que los métodos represivos son una vez más el medio general para resolver conflictos y un aspecto común y corriente de las actuales relaciones internacionales.
Desafortunadamente, a lo largo de las dos últimas décadas el mundo no se ha vuelto un lugar más justo: las disparidades entre la pobreza y la riqueza incluso se incrementaron, no sólo en los países en desarrollo, sino también dentro de las propias naciones desarrolladas. Los problemas sociales de Rusia, como en otros países poscomunistas, son una prueba de que el simple abandono de un modelo defectuoso de economía centralizada y de planificación burocrática no es suficiente para garantizar tanto la competitividad del país en una economía globalizada, como el respeto por los principios de la justicia social.
Deben añadirse nuevos desafíos. Uno es el terrorismo, convertido en la "bomba atómica de los pobres", no sólo en sentido figurado sino en sentido literal. La incontrolada proliferación de las armas de destrucción masiva, la competencia entre los antiguos adversarios de la guerra fría para alcanzar nuevos niveles tecnológicos en la producción de armas, y la emergencia de nuevos pretendientes a desempeñar un papel protagonista en un mundo multipolar, incrementan la sensación de caos que está afligiendo a la política global.
El verdadero logro que podemos celebrar es el hecho de que el siglo XX marcó el fin de las ideologías totalitarias, en particular las inspiradas en creencias utópicas. Pero pronto resultó evidente que también el capitalismo occidental, privado de su viejo adversario histórico e imaginándose a sí mismo como el indiscutible ganador histórico y la encarnación del progreso global, puede conducir a la sociedad occidental y al resto del mundo a un nuevo y ominoso callejón sin salida.
En este marco, la irrupción de la actual crisis económica ha revelado los defectos orgánicos del presente modelo occidental de desarrollo impuesto al resto del mundo como el único posible. Asimismo, demuestra que no solamente el socialismo burocrático sino también el capitalismo ultraliberal tiene la necesidad de una profunda reforma democrática y de la adquisición de un rostro humano, una suerte de perestroika propia.
Hoy en día, mientras dejamos a las espaldas las ruinas del viejo orden, podemos pensar en nosotros mismos como activos participantes en el proceso de creación de un mundo nuevo. Muchas verdades y postulados considerados indiscutibles (tanto en el Este como en el Oeste) han dejado de serlo. Entre ellos estaban la fe ciega en el todopoderoso mercado y, sobre todo, en su naturaleza democrática. Había una arraigada creencia de que el modelo occidental de democracia puede ser difundido mecánicamente a otras sociedades cuyas experiencias históricas y tradiciones culturales son diferentes. En la situación presente, incluso un concepto como el del progreso social, que parece ser compartido por todos, necesita una información más precisa y una redefinición.
(*) Ultimo presidente de la URSS
--
Publicado por Luis Edmundo Gálvez Trejo para Centro de Estudios de Género y Desarrollo CEGEDES ...Espacio en construcción el 11/07/2009 10:18:00 A
09/11/09: Discurso de Mauricio Funes ante tragedia
En los medios principales del Perú poco o nada se ha difundida esta tragedia.
Nuestra solidaridad a nombre de la Red Hombres Contra la Violencia de Ica Perú y del mío propio para los y las hermanas salvadoreñas(as).
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Discurso de Mauricio Funes
El drama a que asistimos es producto de la precariedad en que se encuentran amplias zonas del país por falta de obras de mitigación y prevención de riesgos
Queridos salvadoreños y salvadoreñas:
Hoy es un día muy triste para el país y para este gobierno. El más triste desde que asumiera mi Presidencia y uno de los más trágicos de que tengamos memoria. Por eso quisiera que mis primeras palabras ante ustedes sean de condolencia para las familias de las 124 víctimas mortales identificadas hasta este momento y para todos aquellos que han perdido su casa y todos sus bienes.
Es la expresión del dolor profundo que siente este Presidente al comprobar la vulnerabilidad de nuestro país y la precariedad en que viven muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas y lo mucho que aún nos queda por hacer y que ya llegará tarde para muchos.
Sin embargo, no es para lamentarme que estoy aquí, sino para dejar bien claro a todas las familias, a todos los padres y madres, abuelos , niños y niñas, que esta vez su gobierno no les va a dejar solos ante la desgracia. Que no va a mirar hacia otro lado ni a dar excusas ante el drama que vivimos. Que estoy junto a ustedes y que permaneceré junto a ustedes hasta que hayamos superado la emergencia.
La magnitud de la tormenta y las lluvias es, sin duda, la causa de esta tragedia que padecemos.
Pocas veces se ha registrado un fenómeno de grandes consecuencias. En la zona del volcán de San Vicente, la zona más afectada, se registraron 355 mm de lluvias en sólo cuatro horas. Casi la que se acumulo con otros fenómenos climáticos similares en cinco días.
Para que tengan una idea más clara: durante el Mitch cayeron más de 400 mm en cuatro días, una cantidad casi similar esta vez se precipitó en sólo 4 horas.
Pero también el drama a que asistimos es producto de la precariedad en que se encuentran amplias zonas del país por falta de obras de mitigación y prevención de riesgos, que desde hace años se demandan y que nunca fueron realizadas.
Es una historia que se repite cada invierno pero que debe tener, de una vez por todas, un punto final, una respuesta definitiva y total.
Todas las áreas del gobierno están movilizadas desde ayer para atender a la emergencia y posteriormente para atender la mitigación y la reconstrucción. Están en contacto directo con las víctimas de los desastres y a su entera disposición.
Esta tarde he recibido exhaustivos informes de los alcances del desastre humano y material que nos enluta y entristece. Las imágenes que hemos visto durante este día son las de un país devastado?La magnitud de los daños es incalculable por el momento. Sin embargo, en los próximos días tendremos una evaluación integral de los mismos, para lo que el gobierno contará con el aporte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales de reconocida experiencia y credibilidad en el manejo de desastres y de procesos de reconstrucción.
A la vez, los datos meteorológicos son alentadores en cuanto a que lo peor de la tormenta ya pasó y sólo cabe esperar lluvias que no alcanzarán la dimensión de las de ayer y la madrugada de hoy.
Sin embargo, a las familias que habitan áreas de riesgo, les pedimos que se contacten cuanto antes con las autoridades de Protección Civil y de los municipios correspondientes para recibir la ayuda e instrucciones necesarias y atender las recomendaciones hechas por éstas.
De todos modos, ante la grave tragedia que vivimos he resuelto decretar la Emergencia Nacional para movilizar todos los recursos humanos y económicos del Estado a fin de atender los daños producidos y a los damnificados.
Esta emergencia está, pues, destinada a atender la gravedad de la situación habitacional, alimentaria y productiva generada por el desastre natural.
Ya he habilitado una partida especial de presupuesto destinada al Ministerio de Gobernación, que coordina las acciones gubernamentales, para atender lo más inmediato de la emergencia.
El Ministerio de Salud está, también, movilizado para atender las demandas de los afectados.
El Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil se han puesto en disponibilidad para contribuir a las tareas de rescate y protección de los damnificados, sin descuidar sus tareas en materia de Seguridad.
Como pueden ver, todo el esfuerzo de este gobierno se ha puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades de aquellos que, no me cansaré de repetir, son mi prioridad: los más vulnerables.
Hoy más que nunca es tiempo de demostrarlo y lo estamos haciendo.
Debo destacar la solidaridad que he recibido de diversos sectores de la sociedad: empresarios, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, de países amigos y de organismos internacionales de cooperación y crédito. Su ayuda será esencial para la reconstrucción material y espiritual que pondremos en marcha de inmediato.
También debo llamar a la solidaridad a todos y cada uno de las salvadoreñas y salvadoreños, este es el momento en que debemos estar unidos como Nación.
Sepa el pueblo salvadoreño que su gobierno no descansa ni descansará en estas horas que son de vigilia y trabajo. No hay límites para el esfuerzo y la solidaridad en los dramáticos momentos que vivimos.
Nuevamente hago llegar mis condolencias a las familias de las salvadoreñas y salvadoreños que han perdido la vida y pido a Dios que nos de fortaleza para salir adelante de esta tragedia.
Que Dios bendiga a El Salvador y a nuestro querido pueblo.
San Salvador, 8 de noviembre de 2009.
FUENTE: http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:discurso-de-mauricio-funes-ante-tragedia&catid=45:documentos&Itemid=100
Enviado por: Luis Edmundo Gálvez Trejo"
Publicado el : 3 de noviembre 2009 - 10:47 de la mañana
| Por José Zepeda
Secuelas regionales de la crisis hondureña
En Honduras el golpe de Estado, pese a la eventual solución de la crisis, continúa siendo entendido por los partidarios del gobierno de facto como una acción legal.
Si sólo fuese una disculpa en el marco de la crisis política se podría entender, no compartir; pero cuando son los magistrados, parte del empresariado, muchos políticos, la jerarquía de la iglesia, los que brindan su respaldo al golpe, lo mínimo que puede decirse es que lo que falta en las honduras que existen en América Latina es auténtica convicción democrática. El déficit alcanza, por cierto, hasta las principales víctimas del golpe, poco cuidadosos con los acápites de la constitución nacional.
Han quedado atrás los prolongados períodos dictatoriales de la historia del siglo XX de la región, pero han dejado como lastre un modo de caminar, una cultura autoritaria que aflora en cualquier momento disfrazada de bienhechora, poco importa si es de izquierda o de derecha.
Pobre Honduras, uno de los tres países más desvalidos del continente americano, en donde los dueños del territorio, unas cuantas familias, propietarias de los bienes de producción y de la comunicación, mantienen a vastos sectores sociales en estadios históricos de señorío y vasallaje.
Los hondureños, después de privaciones centenarias, tienen derecho a un cambio que por lo menos les de techo, pan y silabario. Pero no será desconociendo la ley que se pueda avanzar. Las urgencias son de hoy pero la democracia discurre en la paciencia, en pactos de grandes mayorías para impulsar las transformaciones que el país necesita. Los golpe de suerte, la apuesta a la carrera, al salto histórico, siempre acaban por motivar alegrías efímeras y padecimientos prolongados. Es una pena que los vendedores de sueños conciten el entusiasmo popular aunque sean desagradables los despertares.
Lo que hemos aprendido de la lesión democrática hondureña es que junto a la confrontación entre partidarios y adversarios del presidente Manuel Zelaya, una controversia más profunda amenaza con dividir al continente en dos campos irreconciliables, y es la que tiene que ver con la concepción misma, con el valor que se le otorga a los principios democráticos.
Desde el siglo XIX hay quienes consideran al sistema democrático el principal aval del capitalismo, fuente de toda explotación y desigualdad. La alternativa fue para algunos la dictadura del proletariado. El socialismo real, desde 1917, mandó al traste al proletariado e instaló la dictadura del partido, en el que se aunaban los tres poderes, más las fuerzas armadas y, no en último lugar, el aparato represivo. Así, pusieron su empeño en la igualdad y proscribieron la libertad.
En suelo americano, la respuesta a los intentos de transformación fueron crueles dictaduras militares. Un sector de la izquierda latinoamericana aprendió durante los años 70 y 80 la lección de la historia y recuperó para sí el valor de la democracia como principio esencial para una vida en común basada en ideas e instituciones políticas plurales.
Otro sector político decidió o se vio en la necesidad de funcionar en democracia pero para hacer de ella un vehículo que permitiera avanzar en sus idearios transformadores. Cuando la democracia se torna un obstáculo para estas pretensiones, recurre a medidas ingeniosas o burdas para hacer de la legalidad un aliado de las ideas y no a las ideas aliadas de la legalidad.
El pensamiento conservador no se ha quedado atrás e implementa tácticas parecidas. Los extremos se encuentran en la modificación de las constituciones, en la alteración de los plazos presidenciales, en la persecución de la crítica, en la concentración del poder, en la satanización del opositor.
Todas estas “necesidades” son exhibidas como vitales para llevar al pueblo de la mano hacia un futuro esplendoroso. Es la misma tentación del bien que de tantos males ha anegado la historia. No hay dictadura ni autoritarismo que no estén inspiradas en la causa del bien. Para esta gente, la Carta Democrática hay que reivindicarla cuando beneficia al aliado, pero ignorarla cuando perjudica al amigo. Son democráticos de conveniencia, defensores de derechos humanos de ocasión. No quieren ciudadanos autónomos ni críticos, lo suyo es el apoyo incondicional, desprovisto de razones pero ahíto de consignas.
Estamos ante el riesgo de una involución democrática vestida de las galas para defender al pueblo. Los nuevos salvadores cierran espacios de diálogo, despotrican en contra de la izquierda moderada, compran lealtades, jibarizan la libertad de prensa, trafican con armas e influencias, confunden la sinceridad con el insulto, y tienen fe ciega en el caudillo de turno. En el fondo le temen a la libertad, a la responsabilidad propia.
¿Por qué tienen tanta popularidad los pregoneros de patrias más justas? Pueden intentarse variadas respuestas a esta pregunta capital, una de ellas es que tienen acogida porque durante demasiado tiempo, décadas, los políticos se han alejado de las aspiraciones elementales de las grandes mayorías. Los pobres no figuraban en su agenda. Hoy la periferia ha sido traída al centro, los indígenas están en el vértice. A esta inmensa mayoría, transitoriamente, no les importa si terminarán frustrados, lo único que saben es que, aunque sea en incipiente medida, han recuperado su dignidad de seres humanos.
Manuel Zelaya ha despertado estas reflexiones. No cabe duda que sería un paso alentador su retorno a la silla presidencial porque es el presidente elegido por el pueblo, pero sería una equivocación considerar que el apoyo universal que ha concitado es debido a la manera como ha ejercido el poder. La razón única del respaldo se asienta en la preservación democrática y el respeto a la ley, las cuales han servido para un barrido y un fregado en la famélica democracia hondureña.
La restitución presidencial puede ser una gran noticia, aunque el camino que conduce al cambio que sería deseable aún está cerrado por reparaciones.
Fuente: Radio Nderland
Nueva ley de radiodifusión
¿Ley K?
Mauro Paradiso
Rebelión
En el presente artículo intentaremos reflexionar acerca de la ley de radiodifusión. Haremos este ejercicio en un momento en que ya pasaron varias semanas de que la ley se aprobara en el congreso. Tal vez el paso del tiempo nos permita analizar este hecho con un poco más de ecuanimidad.
Una de las opiniones más difundidas es que esta ley es un producto de la voluntad arbitraria del gobierno, que pretendería comenzar a manipular la información pública para que todos piensen como el matrimonio K quiere. Pero es necesario detenerse un poco a analizar esta opinión. Es cierto que el gobierno gana promoviendo esta ley y organizando a su tropa (legisladores oficialistas) para que la vote. Pero lo que gana tiene que ver con la recuperación de la iniciativa política, que caracterizó al gobierno durante gran parte de la gestión K. Es decir, el gobierno, derrotado en las últimas elecciones, necesita volver a fortalecer su gestión, y recuperar aliados.
No está necesariamente interesado en promover lo que la ley de medios promueve, es decir, democratizar la información, luchar contra los monopolios, facilitar el acceso universal a las nuevas tecnologías, favorecer la participación de las radios comunitarias, de las universidades, de los pueblos originarios en la producción de la comunicación. Y decimos que no lo está porque fue el mismo gobierno el que prorrogó las licencias por 10 años a los grandes grupos que hoy manejan la comunicación audiovisual y radiofónica en el país. Efectivamente, Néstor Kirchner firmó en mayo de 2005 el decreto 527 argumentando que “en virtud de la grave crisis que atravesó el país... los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, fueron uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que provocó situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas.
Esta medida fue muy objetada. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, sostuvo que el decreto 527 era una capitulación ya que, a través de él, los grandes grupos económicos tendrían 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. A su vez, desde la Central de los Trabajadores de la Argentina se criticó la extensión de las licencias a los canales de televisión y a “grupos monopólicos que son explotadores de trabajadores, fomentan el trabajo en negro, realizan persecuciones ideológicas, y propician la falta de libertad de expresión”.1
Es decir, no estamos frente a un gobierno que haya mostrado una voluntad coherente con respecto a este tema. Es por eso que debemos tener en cuenta, nuevamente lo afirmamos, que no se trata de una ley del gobierno. Porque el espíritu de la ley se basa en los 21 puntos que fueron elaborados por organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchos años para que esta ley se hiciera realidad. Así se formó la Coalición para una Radiodifusión Democrática, integrada por todos los gremios de trabajadores de la Comunicación, la CGT y CTA, los organismos de defensa de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las Universidades Nacionales y sus Carreras de Comunicación o Ciencias de la Información o Periodismo, el movimiento Cooperativo, radios comunitarias y de pequeños y medianas empresas, y numerosos movimientos sociales. Esta coalición se reunió en el 2004 para buscar consensos en torno a una Ley que reclamaba desde la recuperación de la democracia en 1983. Así se acordaron 21 puntos que fueron presentados en agosto de 2004.
Por lo tanto hay que diferenciar: lo que la ley promueve, de lo que el gobierno se propone. Y como consecuencia: la oposición al gobierno de la oposición a la ley. Es decir, podemos ser opositores al gobierno, pero eso no implica que nos tengamos que oponer mecánicamente a la ley, por el hecho de que haya sido promovida por este gobierno.
En caso contrario, correríamos el riesgo de caer en una postura oposicionista, a la que adscriben tan sistemáticamente Lilita Carrió, Mauricio Macri, De Narvaez, Cobos, y gran parte de la UCR. En este sentido es interesante ver quienes fueron los que se opusieron tan visceralmente a la nueva ley. Entre ellos se destacó el grupo Clarín (que posee el monopolio de medios de comunicación más grande de la Argentina, integrando la empresa Artear -que produce y comercializa canal Trece de Buenos Aires y las señales de cable TN, Volver, Magazine y Metro, entre otras- junto con decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras, internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y servicios de tercerización. Fue este grupo el que destinó una campaña feroz en contra de la nueva ley, llamándola ley K, como si se tratase de una ley que le pertenece al matrimonio Kirchner. Indudablemente esta campaña tiene sus causas en el perjuicio que le provoca a su actividad monopólica la sanción y futura implementación de la ley.
Pero hubo también operadores políticos, que actuaron en consonancia con los intereses de estos grandes medios.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: Sabiendo que la ley derogada era una ley obsoleta, impuesta por la última dictadura militar ¿Qué hicieron quienes se opusieron a la nueva ley para que aquella sea transformada? ¿Qué tipo de lobbies? ¿Qué movilizaciones o campañas realizaron para formar una agenda social que se trasformase en algún momento en agenda pública? La respuesta sólo puede formularse por la negativa: nada. Si a esto le sumamos el hecho de que frente a la nueva ley el polvaderal que levantaron fue considerable, debemos pensar mal: les molestaba menos la ley de la dictadura. Es importante entonces, para los que todavía no lo saben bien, recordar algunas de las diferencias que separan ambas leyes.
La anterior ley (22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, admitía restricciones a la libertad de expresión, basadas en las necesidades de seguridad nacional. Todos sabemos como interpretó el poder de facto estas necesidades y cuántos periodistas y comunicadores terminaron siendo amordazados, apresados y asesinados, por causa de dicha interpretación. El problema de una ley que restrinja el derecho a la libertad de expresión por motivos de “seguridad nacional” es determinar qué se entiende por dicho término, ya que el mismo puede prestarse a ambigüedad. Esto abre una brecha para cualquier poder de turno que quiera aplicar mordazas a la prensa.
Por el contrario, la nueva ley garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Esto implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Cabe aclarar, por lo demás, que los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
La ley de la dictadura preveía que el organismo que regulara la Radio y la TV estuviera integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
Por el contrario, el organismo que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en la nueva ley estará dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional (de la segunda y tercera minoría) y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
En la ley de la dictadura la radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Con lo cual miles de radios comunitarias, ancladas en los barrios marginales, que militaban por proyectos de transformación social, se encontraban con dificultades para sostenerse.
La nueva ley de radiodifusión les permite el acceso a esas entidades sin fines de lucro, reservando, con carácter inderogable, el 33% del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.
La antigua ley admitía los monopolios y los oligopolios. Entre otras cosas, permitía que una sola persona fuera titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
El Estado tenía una participación subsidiaria, ya que sólo podía dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados. Es decir, se trataba de una ley pensada para un régimen que le estaba abriendo las puertas al neoliberalismo, doctrina que destraba los mecanismos que protegen a los pequeños actores dentro de la economía nacional y les brinda posibilidades de crecimiento a los grandes agentes. De esta forma se constituyen o se fortalecen los monopolios. Si el Estado, como lo preveía la antigua ley, debía tener una presencia subsidiaria, los servicios de comunicación audiovisual quedan entonces en propiedad de los grupos privados, cuyo interés es vender la noticia, para lo cual recurren a cualquier tipo de estrategia. Sangre, violencia, noticieros amarillistas, pornografía en horarios de protección al menor, un collage de imágenes difíciles de decodificar para la gran mayoría de los niños argentinos que pasan gran parte de su día enfrente de un televisor. Esos niños se educan bajo esa televisión, y son los que el día de mañana irán a votar influenciados por las líneas editoriales de los principales diarios y noticieros del país. Quiero decir, que los monopolios y oligopolios uniformizan las conciencias, ya que la noticia bajo un aparente halo de diversidad, termina siempre teniendo el mismo sustrato, la misma tendencia de fondo, la misma intencionalidad.
Es por eso que para que una democracia funcione, deberá existir pluralismo en los medios de comunicación. A su vez el Estado deberá cumplir un rol esencial en la comunicación, no sólo en la función de regulación sino en la de producción. Esta es la única manera de que los medios dejen de intentar vender una noticia a cualquier precio y comiencen a operar con una lógica menos comercial y más educativa, como ocurre hoy con canal 7, que -aunque le podríamos cuestionar muchas cosas- destina una parte importante de su programación al área educativa (uno de los mejores ejemplos de ello lo constituye el canal encuentro).
La nueva ley impide la formación de monopolios y oligopolios (una persona no puede tener más que 10 licencias de servicios abiertos), a la vez que promueve el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.
Existen opiniones “liberalizantes” que ponen el acento en el peligro que supone el hecho de que el Estado tenga participación en los servicios de radiodifusión. Se producirá una “chavización” de la Argentina, suelen decirnos. Habría que ver que significa esa frase, y en todo caso, cómo interpretan esas voces lo que hoy se esta produciendo en Venezuela. Pero estrictamente, hablando de Argentina, nada nos debe hacer temer: la nueva ley prevé diferentes controles para que el poder ejecutivo no termine manipulando la voluntad de los medios. Por empezar el organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Además se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
A su vez, para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación estará previsto el control del Congreso de la Nación. Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo tanto, tenemos ciertos mecanismos institucionales como para confiar en que la nueva ley podrá superar ampliamente a la anterior. Lo que resta es ver como se implementará, quienes son las personas que estarán a cargo de su aplicación, lo cual necesariamente remite a la idea de democracia. Funcionarios del poder ejecutivo, legisladores, miembros de la sociedad civil, serán los encargados de llevar esto adelante. Habrá que estar atentos: no vaya a ser que el espíritu de la ley termine desdibujándose por una mala implementación. Pero ese ya no es un problema de la ley.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente: Rebelión.org
Nuestra solidaridad a nombre de la Red Hombres Contra la Violencia de Ica Perú y del mío propio para los y las hermanas salvadoreñas(as).
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Discurso de Mauricio Funes
El drama a que asistimos es producto de la precariedad en que se encuentran amplias zonas del país por falta de obras de mitigación y prevención de riesgos
Queridos salvadoreños y salvadoreñas:
Hoy es un día muy triste para el país y para este gobierno. El más triste desde que asumiera mi Presidencia y uno de los más trágicos de que tengamos memoria. Por eso quisiera que mis primeras palabras ante ustedes sean de condolencia para las familias de las 124 víctimas mortales identificadas hasta este momento y para todos aquellos que han perdido su casa y todos sus bienes.
Es la expresión del dolor profundo que siente este Presidente al comprobar la vulnerabilidad de nuestro país y la precariedad en que viven muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas y lo mucho que aún nos queda por hacer y que ya llegará tarde para muchos.
Sin embargo, no es para lamentarme que estoy aquí, sino para dejar bien claro a todas las familias, a todos los padres y madres, abuelos , niños y niñas, que esta vez su gobierno no les va a dejar solos ante la desgracia. Que no va a mirar hacia otro lado ni a dar excusas ante el drama que vivimos. Que estoy junto a ustedes y que permaneceré junto a ustedes hasta que hayamos superado la emergencia.
La magnitud de la tormenta y las lluvias es, sin duda, la causa de esta tragedia que padecemos.
Pocas veces se ha registrado un fenómeno de grandes consecuencias. En la zona del volcán de San Vicente, la zona más afectada, se registraron 355 mm de lluvias en sólo cuatro horas. Casi la que se acumulo con otros fenómenos climáticos similares en cinco días.
Para que tengan una idea más clara: durante el Mitch cayeron más de 400 mm en cuatro días, una cantidad casi similar esta vez se precipitó en sólo 4 horas.
Pero también el drama a que asistimos es producto de la precariedad en que se encuentran amplias zonas del país por falta de obras de mitigación y prevención de riesgos, que desde hace años se demandan y que nunca fueron realizadas.
Es una historia que se repite cada invierno pero que debe tener, de una vez por todas, un punto final, una respuesta definitiva y total.
Todas las áreas del gobierno están movilizadas desde ayer para atender a la emergencia y posteriormente para atender la mitigación y la reconstrucción. Están en contacto directo con las víctimas de los desastres y a su entera disposición.
Esta tarde he recibido exhaustivos informes de los alcances del desastre humano y material que nos enluta y entristece. Las imágenes que hemos visto durante este día son las de un país devastado?La magnitud de los daños es incalculable por el momento. Sin embargo, en los próximos días tendremos una evaluación integral de los mismos, para lo que el gobierno contará con el aporte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales de reconocida experiencia y credibilidad en el manejo de desastres y de procesos de reconstrucción.
A la vez, los datos meteorológicos son alentadores en cuanto a que lo peor de la tormenta ya pasó y sólo cabe esperar lluvias que no alcanzarán la dimensión de las de ayer y la madrugada de hoy.
Sin embargo, a las familias que habitan áreas de riesgo, les pedimos que se contacten cuanto antes con las autoridades de Protección Civil y de los municipios correspondientes para recibir la ayuda e instrucciones necesarias y atender las recomendaciones hechas por éstas.
De todos modos, ante la grave tragedia que vivimos he resuelto decretar la Emergencia Nacional para movilizar todos los recursos humanos y económicos del Estado a fin de atender los daños producidos y a los damnificados.
Esta emergencia está, pues, destinada a atender la gravedad de la situación habitacional, alimentaria y productiva generada por el desastre natural.
Ya he habilitado una partida especial de presupuesto destinada al Ministerio de Gobernación, que coordina las acciones gubernamentales, para atender lo más inmediato de la emergencia.
El Ministerio de Salud está, también, movilizado para atender las demandas de los afectados.
El Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil se han puesto en disponibilidad para contribuir a las tareas de rescate y protección de los damnificados, sin descuidar sus tareas en materia de Seguridad.
Como pueden ver, todo el esfuerzo de este gobierno se ha puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades de aquellos que, no me cansaré de repetir, son mi prioridad: los más vulnerables.
Hoy más que nunca es tiempo de demostrarlo y lo estamos haciendo.
Debo destacar la solidaridad que he recibido de diversos sectores de la sociedad: empresarios, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, de países amigos y de organismos internacionales de cooperación y crédito. Su ayuda será esencial para la reconstrucción material y espiritual que pondremos en marcha de inmediato.
También debo llamar a la solidaridad a todos y cada uno de las salvadoreñas y salvadoreños, este es el momento en que debemos estar unidos como Nación.
Sepa el pueblo salvadoreño que su gobierno no descansa ni descansará en estas horas que son de vigilia y trabajo. No hay límites para el esfuerzo y la solidaridad en los dramáticos momentos que vivimos.
Nuevamente hago llegar mis condolencias a las familias de las salvadoreñas y salvadoreños que han perdido la vida y pido a Dios que nos de fortaleza para salir adelante de esta tragedia.
Que Dios bendiga a El Salvador y a nuestro querido pueblo.
San Salvador, 8 de noviembre de 2009.
FUENTE: http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:discurso-de-mauricio-funes-ante-tragedia&catid=45:documentos&Itemid=100
Enviado por: Luis Edmundo Gálvez Trejo"
08/11/09: El Salvador: compromiso inédito
El Salvador: compromiso inédito
El Estado asume su responsabilidad en la muerte de Arnulfo Romero
Beatriz Castillo
Diario Co Latino
El Estado salvadoreño reparará los daños causados a la Iglesia, a la población y a la familia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por su asesinato, el 24 de marzo de 1980.
Durante una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes en Washington, respecto a este caso, el Director de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, aseguró que el gobierno de izquierda se compremeterá a reparar los daños causados.
El funcionario dijo que para cumplir esto se construirá una plaza pública en El Salvador y se elaborará un video que relate la vida y el legado humanista que dejó Monseñor Romero para la sociedad salvadoreña.
La Concertación Romero, que sigue de cerca una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a este caso, prevé que el Estado adoptará la resolución que se negó a cumplir en el año 2000 y que la cumplirá el nuevo gobierno de izquierda.
Fue en ese año cuando la CIDH recomendó al gobierno realizar una investigación judicial completa, además de reparar todas las consecuencias de las violaciones y adecuar la legislación interna a la convención de América, en fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Francisco Flores se negó a acatar esas recomendaciones. Armando Márquez Ochoa, de la Concertación Romero, expresó que si el Estado salvadoreño cumple con la resolución de 2000, la Comisión dará un tiempo prudencial para que se acate todo lo estipulado en el documento.
La semana pasada representantes de la Concertación se reunieron con el Canciller y, en ese encuentro, la representación de la sociedad civil propuso que el Presidente de la República, Mauricio Funes, pida perdón por el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 2010 en un acto público, afuera de Catedral Metropolitana de San Salvador; precisamente ese día se cumplirán 30 años de su asesinato.
Márquez tiene esperanza de que la petición de la Concertación se cumpla, ya que ven en el nuevo Ejecutivo “mucha receptividad”.
Fuente: http://www.diariocolatino.com/es/20091106/nacionales/73407/
Fuente: rabelion.org
El Estado asume su responsabilidad en la muerte de Arnulfo Romero
Beatriz Castillo
Diario Co Latino
El Estado salvadoreño reparará los daños causados a la Iglesia, a la población y a la familia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por su asesinato, el 24 de marzo de 1980.
Durante una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes en Washington, respecto a este caso, el Director de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, aseguró que el gobierno de izquierda se compremeterá a reparar los daños causados.
El funcionario dijo que para cumplir esto se construirá una plaza pública en El Salvador y se elaborará un video que relate la vida y el legado humanista que dejó Monseñor Romero para la sociedad salvadoreña.
La Concertación Romero, que sigue de cerca una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a este caso, prevé que el Estado adoptará la resolución que se negó a cumplir en el año 2000 y que la cumplirá el nuevo gobierno de izquierda.
Fue en ese año cuando la CIDH recomendó al gobierno realizar una investigación judicial completa, además de reparar todas las consecuencias de las violaciones y adecuar la legislación interna a la convención de América, en fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Francisco Flores se negó a acatar esas recomendaciones. Armando Márquez Ochoa, de la Concertación Romero, expresó que si el Estado salvadoreño cumple con la resolución de 2000, la Comisión dará un tiempo prudencial para que se acate todo lo estipulado en el documento.
La semana pasada representantes de la Concertación se reunieron con el Canciller y, en ese encuentro, la representación de la sociedad civil propuso que el Presidente de la República, Mauricio Funes, pida perdón por el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 2010 en un acto público, afuera de Catedral Metropolitana de San Salvador; precisamente ese día se cumplirán 30 años de su asesinato.
Márquez tiene esperanza de que la petición de la Concertación se cumpla, ya que ven en el nuevo Ejecutivo “mucha receptividad”.
Fuente: http://www.diariocolatino.com/es/20091106/nacionales/73407/
Fuente: rabelion.org
03/11/09: Honduras: ¿de qué democracia hablamos?
Publicado el : 3 de noviembre 2009 - 10:47 de la mañana
| Por José Zepeda
Secuelas regionales de la crisis hondureña
En Honduras el golpe de Estado, pese a la eventual solución de la crisis, continúa siendo entendido por los partidarios del gobierno de facto como una acción legal.
Si sólo fuese una disculpa en el marco de la crisis política se podría entender, no compartir; pero cuando son los magistrados, parte del empresariado, muchos políticos, la jerarquía de la iglesia, los que brindan su respaldo al golpe, lo mínimo que puede decirse es que lo que falta en las honduras que existen en América Latina es auténtica convicción democrática. El déficit alcanza, por cierto, hasta las principales víctimas del golpe, poco cuidadosos con los acápites de la constitución nacional.
Han quedado atrás los prolongados períodos dictatoriales de la historia del siglo XX de la región, pero han dejado como lastre un modo de caminar, una cultura autoritaria que aflora en cualquier momento disfrazada de bienhechora, poco importa si es de izquierda o de derecha.
Pobre Honduras, uno de los tres países más desvalidos del continente americano, en donde los dueños del territorio, unas cuantas familias, propietarias de los bienes de producción y de la comunicación, mantienen a vastos sectores sociales en estadios históricos de señorío y vasallaje.
Los hondureños, después de privaciones centenarias, tienen derecho a un cambio que por lo menos les de techo, pan y silabario. Pero no será desconociendo la ley que se pueda avanzar. Las urgencias son de hoy pero la democracia discurre en la paciencia, en pactos de grandes mayorías para impulsar las transformaciones que el país necesita. Los golpe de suerte, la apuesta a la carrera, al salto histórico, siempre acaban por motivar alegrías efímeras y padecimientos prolongados. Es una pena que los vendedores de sueños conciten el entusiasmo popular aunque sean desagradables los despertares.
Lo que hemos aprendido de la lesión democrática hondureña es que junto a la confrontación entre partidarios y adversarios del presidente Manuel Zelaya, una controversia más profunda amenaza con dividir al continente en dos campos irreconciliables, y es la que tiene que ver con la concepción misma, con el valor que se le otorga a los principios democráticos.
Desde el siglo XIX hay quienes consideran al sistema democrático el principal aval del capitalismo, fuente de toda explotación y desigualdad. La alternativa fue para algunos la dictadura del proletariado. El socialismo real, desde 1917, mandó al traste al proletariado e instaló la dictadura del partido, en el que se aunaban los tres poderes, más las fuerzas armadas y, no en último lugar, el aparato represivo. Así, pusieron su empeño en la igualdad y proscribieron la libertad.
En suelo americano, la respuesta a los intentos de transformación fueron crueles dictaduras militares. Un sector de la izquierda latinoamericana aprendió durante los años 70 y 80 la lección de la historia y recuperó para sí el valor de la democracia como principio esencial para una vida en común basada en ideas e instituciones políticas plurales.
Otro sector político decidió o se vio en la necesidad de funcionar en democracia pero para hacer de ella un vehículo que permitiera avanzar en sus idearios transformadores. Cuando la democracia se torna un obstáculo para estas pretensiones, recurre a medidas ingeniosas o burdas para hacer de la legalidad un aliado de las ideas y no a las ideas aliadas de la legalidad.
El pensamiento conservador no se ha quedado atrás e implementa tácticas parecidas. Los extremos se encuentran en la modificación de las constituciones, en la alteración de los plazos presidenciales, en la persecución de la crítica, en la concentración del poder, en la satanización del opositor.
Todas estas “necesidades” son exhibidas como vitales para llevar al pueblo de la mano hacia un futuro esplendoroso. Es la misma tentación del bien que de tantos males ha anegado la historia. No hay dictadura ni autoritarismo que no estén inspiradas en la causa del bien. Para esta gente, la Carta Democrática hay que reivindicarla cuando beneficia al aliado, pero ignorarla cuando perjudica al amigo. Son democráticos de conveniencia, defensores de derechos humanos de ocasión. No quieren ciudadanos autónomos ni críticos, lo suyo es el apoyo incondicional, desprovisto de razones pero ahíto de consignas.
Estamos ante el riesgo de una involución democrática vestida de las galas para defender al pueblo. Los nuevos salvadores cierran espacios de diálogo, despotrican en contra de la izquierda moderada, compran lealtades, jibarizan la libertad de prensa, trafican con armas e influencias, confunden la sinceridad con el insulto, y tienen fe ciega en el caudillo de turno. En el fondo le temen a la libertad, a la responsabilidad propia.
¿Por qué tienen tanta popularidad los pregoneros de patrias más justas? Pueden intentarse variadas respuestas a esta pregunta capital, una de ellas es que tienen acogida porque durante demasiado tiempo, décadas, los políticos se han alejado de las aspiraciones elementales de las grandes mayorías. Los pobres no figuraban en su agenda. Hoy la periferia ha sido traída al centro, los indígenas están en el vértice. A esta inmensa mayoría, transitoriamente, no les importa si terminarán frustrados, lo único que saben es que, aunque sea en incipiente medida, han recuperado su dignidad de seres humanos.
Manuel Zelaya ha despertado estas reflexiones. No cabe duda que sería un paso alentador su retorno a la silla presidencial porque es el presidente elegido por el pueblo, pero sería una equivocación considerar que el apoyo universal que ha concitado es debido a la manera como ha ejercido el poder. La razón única del respaldo se asienta en la preservación democrática y el respeto a la ley, las cuales han servido para un barrido y un fregado en la famélica democracia hondureña.
La restitución presidencial puede ser una gran noticia, aunque el camino que conduce al cambio que sería deseable aún está cerrado por reparaciones.
Fuente: Radio Nderland
02/11/09: ¿Ley K?
Nueva ley de radiodifusión
¿Ley K?
Mauro Paradiso
Rebelión
En el presente artículo intentaremos reflexionar acerca de la ley de radiodifusión. Haremos este ejercicio en un momento en que ya pasaron varias semanas de que la ley se aprobara en el congreso. Tal vez el paso del tiempo nos permita analizar este hecho con un poco más de ecuanimidad.
Una de las opiniones más difundidas es que esta ley es un producto de la voluntad arbitraria del gobierno, que pretendería comenzar a manipular la información pública para que todos piensen como el matrimonio K quiere. Pero es necesario detenerse un poco a analizar esta opinión. Es cierto que el gobierno gana promoviendo esta ley y organizando a su tropa (legisladores oficialistas) para que la vote. Pero lo que gana tiene que ver con la recuperación de la iniciativa política, que caracterizó al gobierno durante gran parte de la gestión K. Es decir, el gobierno, derrotado en las últimas elecciones, necesita volver a fortalecer su gestión, y recuperar aliados.
No está necesariamente interesado en promover lo que la ley de medios promueve, es decir, democratizar la información, luchar contra los monopolios, facilitar el acceso universal a las nuevas tecnologías, favorecer la participación de las radios comunitarias, de las universidades, de los pueblos originarios en la producción de la comunicación. Y decimos que no lo está porque fue el mismo gobierno el que prorrogó las licencias por 10 años a los grandes grupos que hoy manejan la comunicación audiovisual y radiofónica en el país. Efectivamente, Néstor Kirchner firmó en mayo de 2005 el decreto 527 argumentando que “en virtud de la grave crisis que atravesó el país... los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, fueron uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que provocó situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas.
Esta medida fue muy objetada. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, sostuvo que el decreto 527 era una capitulación ya que, a través de él, los grandes grupos económicos tendrían 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. A su vez, desde la Central de los Trabajadores de la Argentina se criticó la extensión de las licencias a los canales de televisión y a “grupos monopólicos que son explotadores de trabajadores, fomentan el trabajo en negro, realizan persecuciones ideológicas, y propician la falta de libertad de expresión”.1
Es decir, no estamos frente a un gobierno que haya mostrado una voluntad coherente con respecto a este tema. Es por eso que debemos tener en cuenta, nuevamente lo afirmamos, que no se trata de una ley del gobierno. Porque el espíritu de la ley se basa en los 21 puntos que fueron elaborados por organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchos años para que esta ley se hiciera realidad. Así se formó la Coalición para una Radiodifusión Democrática, integrada por todos los gremios de trabajadores de la Comunicación, la CGT y CTA, los organismos de defensa de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las Universidades Nacionales y sus Carreras de Comunicación o Ciencias de la Información o Periodismo, el movimiento Cooperativo, radios comunitarias y de pequeños y medianas empresas, y numerosos movimientos sociales. Esta coalición se reunió en el 2004 para buscar consensos en torno a una Ley que reclamaba desde la recuperación de la democracia en 1983. Así se acordaron 21 puntos que fueron presentados en agosto de 2004.
Por lo tanto hay que diferenciar: lo que la ley promueve, de lo que el gobierno se propone. Y como consecuencia: la oposición al gobierno de la oposición a la ley. Es decir, podemos ser opositores al gobierno, pero eso no implica que nos tengamos que oponer mecánicamente a la ley, por el hecho de que haya sido promovida por este gobierno.
En caso contrario, correríamos el riesgo de caer en una postura oposicionista, a la que adscriben tan sistemáticamente Lilita Carrió, Mauricio Macri, De Narvaez, Cobos, y gran parte de la UCR. En este sentido es interesante ver quienes fueron los que se opusieron tan visceralmente a la nueva ley. Entre ellos se destacó el grupo Clarín (que posee el monopolio de medios de comunicación más grande de la Argentina, integrando la empresa Artear -que produce y comercializa canal Trece de Buenos Aires y las señales de cable TN, Volver, Magazine y Metro, entre otras- junto con decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras, internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y servicios de tercerización. Fue este grupo el que destinó una campaña feroz en contra de la nueva ley, llamándola ley K, como si se tratase de una ley que le pertenece al matrimonio Kirchner. Indudablemente esta campaña tiene sus causas en el perjuicio que le provoca a su actividad monopólica la sanción y futura implementación de la ley.
Pero hubo también operadores políticos, que actuaron en consonancia con los intereses de estos grandes medios.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: Sabiendo que la ley derogada era una ley obsoleta, impuesta por la última dictadura militar ¿Qué hicieron quienes se opusieron a la nueva ley para que aquella sea transformada? ¿Qué tipo de lobbies? ¿Qué movilizaciones o campañas realizaron para formar una agenda social que se trasformase en algún momento en agenda pública? La respuesta sólo puede formularse por la negativa: nada. Si a esto le sumamos el hecho de que frente a la nueva ley el polvaderal que levantaron fue considerable, debemos pensar mal: les molestaba menos la ley de la dictadura. Es importante entonces, para los que todavía no lo saben bien, recordar algunas de las diferencias que separan ambas leyes.
La anterior ley (22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, admitía restricciones a la libertad de expresión, basadas en las necesidades de seguridad nacional. Todos sabemos como interpretó el poder de facto estas necesidades y cuántos periodistas y comunicadores terminaron siendo amordazados, apresados y asesinados, por causa de dicha interpretación. El problema de una ley que restrinja el derecho a la libertad de expresión por motivos de “seguridad nacional” es determinar qué se entiende por dicho término, ya que el mismo puede prestarse a ambigüedad. Esto abre una brecha para cualquier poder de turno que quiera aplicar mordazas a la prensa.
Por el contrario, la nueva ley garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Esto implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Cabe aclarar, por lo demás, que los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
La ley de la dictadura preveía que el organismo que regulara la Radio y la TV estuviera integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
Por el contrario, el organismo que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en la nueva ley estará dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional (de la segunda y tercera minoría) y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
En la ley de la dictadura la radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Con lo cual miles de radios comunitarias, ancladas en los barrios marginales, que militaban por proyectos de transformación social, se encontraban con dificultades para sostenerse.
La nueva ley de radiodifusión les permite el acceso a esas entidades sin fines de lucro, reservando, con carácter inderogable, el 33% del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.
La antigua ley admitía los monopolios y los oligopolios. Entre otras cosas, permitía que una sola persona fuera titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
El Estado tenía una participación subsidiaria, ya que sólo podía dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados. Es decir, se trataba de una ley pensada para un régimen que le estaba abriendo las puertas al neoliberalismo, doctrina que destraba los mecanismos que protegen a los pequeños actores dentro de la economía nacional y les brinda posibilidades de crecimiento a los grandes agentes. De esta forma se constituyen o se fortalecen los monopolios. Si el Estado, como lo preveía la antigua ley, debía tener una presencia subsidiaria, los servicios de comunicación audiovisual quedan entonces en propiedad de los grupos privados, cuyo interés es vender la noticia, para lo cual recurren a cualquier tipo de estrategia. Sangre, violencia, noticieros amarillistas, pornografía en horarios de protección al menor, un collage de imágenes difíciles de decodificar para la gran mayoría de los niños argentinos que pasan gran parte de su día enfrente de un televisor. Esos niños se educan bajo esa televisión, y son los que el día de mañana irán a votar influenciados por las líneas editoriales de los principales diarios y noticieros del país. Quiero decir, que los monopolios y oligopolios uniformizan las conciencias, ya que la noticia bajo un aparente halo de diversidad, termina siempre teniendo el mismo sustrato, la misma tendencia de fondo, la misma intencionalidad.
Es por eso que para que una democracia funcione, deberá existir pluralismo en los medios de comunicación. A su vez el Estado deberá cumplir un rol esencial en la comunicación, no sólo en la función de regulación sino en la de producción. Esta es la única manera de que los medios dejen de intentar vender una noticia a cualquier precio y comiencen a operar con una lógica menos comercial y más educativa, como ocurre hoy con canal 7, que -aunque le podríamos cuestionar muchas cosas- destina una parte importante de su programación al área educativa (uno de los mejores ejemplos de ello lo constituye el canal encuentro).
La nueva ley impide la formación de monopolios y oligopolios (una persona no puede tener más que 10 licencias de servicios abiertos), a la vez que promueve el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.
Existen opiniones “liberalizantes” que ponen el acento en el peligro que supone el hecho de que el Estado tenga participación en los servicios de radiodifusión. Se producirá una “chavización” de la Argentina, suelen decirnos. Habría que ver que significa esa frase, y en todo caso, cómo interpretan esas voces lo que hoy se esta produciendo en Venezuela. Pero estrictamente, hablando de Argentina, nada nos debe hacer temer: la nueva ley prevé diferentes controles para que el poder ejecutivo no termine manipulando la voluntad de los medios. Por empezar el organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Además se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
A su vez, para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación estará previsto el control del Congreso de la Nación. Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo tanto, tenemos ciertos mecanismos institucionales como para confiar en que la nueva ley podrá superar ampliamente a la anterior. Lo que resta es ver como se implementará, quienes son las personas que estarán a cargo de su aplicación, lo cual necesariamente remite a la idea de democracia. Funcionarios del poder ejecutivo, legisladores, miembros de la sociedad civil, serán los encargados de llevar esto adelante. Habrá que estar atentos: no vaya a ser que el espíritu de la ley termine desdibujándose por una mala implementación. Pero ese ya no es un problema de la ley.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente: Rebelión.org
Miren cuando no la SIP, a los que les conviene presta su voz, su tribuna, por qué no lo hizo lo mismo con las radio emisoras clausuradas en Hondura o con la radio La Voz de Bagua en Perú clausurada por el gobierno de García Pérez.
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APM
En marzo del año pasado, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su cumbre en Caracas, escribimos que, fiel a su estilo invariable desde que fuera creada a iniciativa de central estadounidense de inteligencia (CIA), esa entidad iba a convertir su cita en una provocación contra Venezuela, Ecuador y el conjunto de países de la región que intentan recortarle el poder a los oligopolios mediáticos.
Varios meses antes, la SIP preanunciaba en un informe lo que decidiría en la reunión caraqueña. Respecto de Venezuela, la SIP decía “la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente”.
Al referirse a Ecuador sentenciaba que “el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director de diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes”.
En su campaña desinformativa –especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas, y ahora sostiene a la de Honduras- la entidad criticaba que el presidente Correa hubiese decidido entonces llevar a la justicia “a los medios que atenten contra la verdad”.
Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente ecuatoriano no hacía otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras.
Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de los grandas corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizadas manos.
Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicado sus concepciones de “guerras mediáticas” contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia (y ahora Argentina) por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de Argentina (de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP) en www.pecyp.com.ar.
La SIP también acometía contra Brasil. Decía: “hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos e medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución”.
Por supuesto que esas imputaciones no tenía apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.
Este año la entidad patronal de medios y cautiva de la CIA enderezó sus cañones especialmente contra Argentina, tras haber sido aprobada aquí, hace pocas semanas, una de las leyes regulatorias del espacio radioeléctrico más democráticas de la actualidad.
En ocasión del informe que acabamos de recordar la SIP llegaba a criticar al ex presidente Néstor Kirchner porque durante su mandato no ofrecía conferencias de prensa, desconociendo que ningún texto sobre periodismo profesional, ni muchos menos legislación alguna, obligan a un jefe de Estado a adoptar tal o cual modalidad para relacionarse con la prensa.
Las “preocupaciones” de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.
Por eso, entre el 6 y el 11 de noviembre próximo 800 propietarios de empresas periodísticas de las tres regiones de América se reunirán en Buenos Aires, para apoyar a los oligopolios locales y criticar al gobierno argentino, debido a la promulgación de la nueva ley de medios audiovisuales, que le pone fin a los abusos de las corporaciones. Por supuesto, el discurso de la SIP se enmascara detrás del reclamo de “libertad de expresión”.
El diario La Nación, de Buenos Aires, –histórico militante de la SIP y defensor de cuanta dictadura soportó este país- informó días pasado: “en un escenario marcado por la creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, la SIP, cuya presidencia anual está a cargo del editor colombiano Enrique Santos, del diario El Tiempo, de Bogotá, realizará en noviembre su 65 asamblea general en Buenos Aires”. El comité receptor del encuentro es presidido, justamente, por el director de La Nación, Bartolomé Mitre.
Se hará presente buena parte la plana mayor de sistema de poder que sostiene a los grandes monopolios transnacionales (no sólo mediáticos), como de el designado subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, Arturo Valenzuela; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno; la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Caroline Alkinson; el presidente de la división global de Google para nuevos desarrollos y negocios, Alberto Nikesh, y los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Por supuesto, periodistas “sobresalientes” de los grandes medios locales no perderán la oportunidad de rendirle pleitesía a sus patrones. Allí estarán Nelson Castro, Julio Blank, María O´Donnell, el secretario general de redacción de La Nación, Héctor D´Amico, y el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum. También figurarán Magdalena Ruiz Guiñazú y los columnistas políticos Joaquín Morales Solá (La Nación) y Eduardo Van der Kooy (Clarín).
Además, se anunció el patrocinio de empresas, empresarios y cámaras patronales, como Techint, Banco Galicia, Dell, Papel Prensa y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entre otras. Como se ve, un sector relevante de la familia opositora al derecho a una información democrática acompañará a la SIP.
Fuente: Rebelión.org
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APM
En marzo del año pasado, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su cumbre en Caracas, escribimos que, fiel a su estilo invariable desde que fuera creada a iniciativa de central estadounidense de inteligencia (CIA), esa entidad iba a convertir su cita en una provocación contra Venezuela, Ecuador y el conjunto de países de la región que intentan recortarle el poder a los oligopolios mediáticos.
Varios meses antes, la SIP preanunciaba en un informe lo que decidiría en la reunión caraqueña. Respecto de Venezuela, la SIP decía “la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente”.
Al referirse a Ecuador sentenciaba que “el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director de diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes”.
En su campaña desinformativa –especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas, y ahora sostiene a la de Honduras- la entidad criticaba que el presidente Correa hubiese decidido entonces llevar a la justicia “a los medios que atenten contra la verdad”.
Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente ecuatoriano no hacía otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras.
Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de los grandas corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizadas manos.
Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicado sus concepciones de “guerras mediáticas” contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia (y ahora Argentina) por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de Argentina (de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP) en www.pecyp.com.ar.
La SIP también acometía contra Brasil. Decía: “hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos e medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución”.
Por supuesto que esas imputaciones no tenía apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.
Este año la entidad patronal de medios y cautiva de la CIA enderezó sus cañones especialmente contra Argentina, tras haber sido aprobada aquí, hace pocas semanas, una de las leyes regulatorias del espacio radioeléctrico más democráticas de la actualidad.
En ocasión del informe que acabamos de recordar la SIP llegaba a criticar al ex presidente Néstor Kirchner porque durante su mandato no ofrecía conferencias de prensa, desconociendo que ningún texto sobre periodismo profesional, ni muchos menos legislación alguna, obligan a un jefe de Estado a adoptar tal o cual modalidad para relacionarse con la prensa.
Las “preocupaciones” de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.
Por eso, entre el 6 y el 11 de noviembre próximo 800 propietarios de empresas periodísticas de las tres regiones de América se reunirán en Buenos Aires, para apoyar a los oligopolios locales y criticar al gobierno argentino, debido a la promulgación de la nueva ley de medios audiovisuales, que le pone fin a los abusos de las corporaciones. Por supuesto, el discurso de la SIP se enmascara detrás del reclamo de “libertad de expresión”.
El diario La Nación, de Buenos Aires, –histórico militante de la SIP y defensor de cuanta dictadura soportó este país- informó días pasado: “en un escenario marcado por la creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, la SIP, cuya presidencia anual está a cargo del editor colombiano Enrique Santos, del diario El Tiempo, de Bogotá, realizará en noviembre su 65 asamblea general en Buenos Aires”. El comité receptor del encuentro es presidido, justamente, por el director de La Nación, Bartolomé Mitre.
Se hará presente buena parte la plana mayor de sistema de poder que sostiene a los grandes monopolios transnacionales (no sólo mediáticos), como de el designado subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, Arturo Valenzuela; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno; la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Caroline Alkinson; el presidente de la división global de Google para nuevos desarrollos y negocios, Alberto Nikesh, y los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Por supuesto, periodistas “sobresalientes” de los grandes medios locales no perderán la oportunidad de rendirle pleitesía a sus patrones. Allí estarán Nelson Castro, Julio Blank, María O´Donnell, el secretario general de redacción de La Nación, Héctor D´Amico, y el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum. También figurarán Magdalena Ruiz Guiñazú y los columnistas políticos Joaquín Morales Solá (La Nación) y Eduardo Van der Kooy (Clarín).
Además, se anunció el patrocinio de empresas, empresarios y cámaras patronales, como Techint, Banco Galicia, Dell, Papel Prensa y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entre otras. Como se ve, un sector relevante de la familia opositora al derecho a una información democrática acompañará a la SIP.
Fuente: Rebelión.org
Cuando no los empresarios, creo que en todas partes gozan de privilegios para hacer empresa, por ejemplo en Ica Perú los agroexportadores tienen una legislación ver ---> LA IMPERIOSA NECESIDAD DE UN CAMBIO que les da carta blanca para explotar a sus trabajadores, aterran a sus trabajadores si estos intentan formar sindicatos, no tirbutan en la región sino en la capital, están depredando el agua del subsuelo, el oásis de américa laguna de Huacachina está a punto de secar como los otros 6 lagunas. Si pues mientras los gobernantes les cuiden sus bolsillos los empresarios están felices comen juntos, pero cuando un gobierno opta por ajustarles la cuenta los derrocan, les arman conflictos. El caso de las maras en San Salvador, tiene mucho poder, pero quién les otorga tanto poder?,
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Publicado el : 2 de noviembre 2009 - 1:44 de la tarde
| Por Fernando Cabrera
Las propuestas de reforma fiscal hechas por el Gobierno salvadoreño han levantado una ola de protestas de los sectores empresariales de ese país. Según estos, la propuesta gubernamental encierra el peligro de que se restrinja el desarrollo del sector de la exportación. Además, insisten, "con las medidas a tomarse se complicará la importación de insumos y maquinarias necesarias para la industria".
Escuche la entrevista:
[media:audio]Según Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), la implementación de la reforma fiscal que promueve el gobierno de Funes, dejará sin recursos de inversión a las empresas y encarecerá el crédito.
Con la medida el Gobierno de Mauricio Funes se apresta a cumplir una de las promesas que hizo al electorado. "Estamos conscientes de que se tiene que hacer algo en el país. Estamos conscientes que se tiene que elevar los impuestos y tomar otras medidas .Pero en este momento no es oportuno. No es la mejor ocasión", dijo Silvia Cuellar a Radio Nederland en una entrevista.
Fuente: Radio Nederland
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Publicado el : 2 de noviembre 2009 - 1:44 de la tarde
| Por Fernando Cabrera
Las propuestas de reforma fiscal hechas por el Gobierno salvadoreño han levantado una ola de protestas de los sectores empresariales de ese país. Según estos, la propuesta gubernamental encierra el peligro de que se restrinja el desarrollo del sector de la exportación. Además, insisten, "con las medidas a tomarse se complicará la importación de insumos y maquinarias necesarias para la industria".
Escuche la entrevista:
[media:audio]Según Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), la implementación de la reforma fiscal que promueve el gobierno de Funes, dejará sin recursos de inversión a las empresas y encarecerá el crédito.
Con la medida el Gobierno de Mauricio Funes se apresta a cumplir una de las promesas que hizo al electorado. "Estamos conscientes de que se tiene que hacer algo en el país. Estamos conscientes que se tiene que elevar los impuestos y tomar otras medidas .Pero en este momento no es oportuno. No es la mejor ocasión", dijo Silvia Cuellar a Radio Nederland en una entrevista.
Fuente: Radio Nederland
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