Servindi, 26 de abril, 2010.- Aunque pareciera increíble, lo cierto es que el gobierno designó recientemente al general de la policía nacional, Luis Muguruza, acusado por la Fiscalía por el delito de homicidio calificado en agravio de 4 indígenas, como nuevo miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

El general Muguruza es nada menos que la persona que comandó el 5 de junio del 2009 el operativo de desalojo en la Curva del Diablo, Amazonas, en el cual murieron 33 personas y una quedó desaparecida.

El día de hoy se está realizando un paro general en la provincia de Islay, especialmente en los distritos que integran el valle del río Tambo: Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

¿Contra qué protestan? Contra el proyecto minero Tía María, de la Southern. Un proyecto para producir cobre a partir de la extracción de mineral de dos grandes tajos abiertos, ubicados en Cocachacra pero en lugares fronterizos con otros distritos. Dicho proyecto prevé la utilización de enormes cantidades de agua del subsuelo del valle.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, acaba de hacer una advertencia para que el gobierno no responda a la paralización decretada contra el proyecto minero “Tía María”, con una nueva masacre. En resumen ha dicho que no se justifica el empleo de armas letales contra manifestantes desarmados, aún en el caso de una posible toma de la carretera Panamericana por los pobladores que se sienten amenazados por el proyecto de la Southern, que es lo que probablemente ocurra (¿de qué otra manera podrían hacer sentir su protesta?), remarcando que la pérdida de vida es un costo inaceptable para este tipo de conflictos.

Servindi, 14 de abril, 2010.- La fiscal Sandra Alarcón, titular de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, decidió solicitar 10 años de prisión contra Geovanni Acate, director de Radio Oriente (Yurimaguas) sólo por informar lo sucedido durante la protesta amazónica, previa a los hechos de Bagua del 05 de junio del año pasado.

Alarcón sindica a Acate Coronel como cómplice primario del delito “contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de atentados contra los medios de transporte y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio de la población yuriaguina y Estado peruano”.